Santiago Gonzalez Contreras

Expediente 1119/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1119/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Jesus Arias Silvan
  • Santiago Gonzalez Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA 6.- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1119/2022-6, promovido por **********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el cuatro de julio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el seis siguiente y turnada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, el siete posterior, Adriana Contreras Hilario, Santiago González Contreras y Jesús Arias Silván, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO El acuerdo de fecha 07 de junio de 2022, dictado dentro del expediente laboral número 704/2017 P.E. dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco." AUTORIDAD RESPONSABLE 1 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. RADICACIÓN Y DECLINACIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, el citado Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, radicó la demanda de amparo bajo el expediente 1075/2022-IX y declinó a este órgano jurisdiccional la competencia del referido juicio de amparo, por conocimiento previo. TERCERO. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. En proveído de trece de julio de dos mil veintidós, este juzgado federal aceptó la competencia del precitado juicio de amparo y admitió a trámite la demanda bajo el expediente 1119/2022-6; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El treinta de agosto de dos mil veintidós, se emplazó mediante oficio al tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco (foja 68). Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, dentro del expediente laboral 704/2017 P.E., de su índice, en el cual se declara no procedente solicitar fecha para la audiencia incidental de liquidación. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado -aun cuando fue negado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado- lo cual se corrobora con las copias certificadas deducidas del expediente laboral de origen 704/2017 P.E., que remitió al presente asunto. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable; ello, porque de las aludidas constancias se deduce que el siete de junio de dos mil veintidós, la responsable emitió el acuerdo reclamado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso ordinal 107, fracción IV, de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la anterior transcripción, se advierte que además de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de la Materia, las mismas pueden sobrevenir de diversos artículos de la Ley en comento o de disposiciones de la Constitución Federal. Además, que tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, sólo procede el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución; así pues, los actos que se realicen durante el procedimiento de ejecución de sentencia no son recurribles en esta vía. Ahora bien, en el presente caso, el acto del cual se adolecen los impetrantes del amparo es el acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, emitido por el tribunal responsable, dentro del expediente laboral 704/2017 P.E., de su índice, en el cual declara no procedente solicitar fecha para la audiencia incidental de liquidación, toda vez que en el laudo emitido en el citado controvertido de origen, únicamente se condenó a la entidad demandada a la afiliación y pagos de prerrogativas contenidas en las condiciones generales de trabajo, así como al reconocimiento y declaración que los quejosos son trabajadores de base; de ahí que, es válido considerar que el procedimiento desarrollado en el expediente laboral de origen, actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Con lo anterior, tenemos que el acto aquí reclamado (acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós), por su naturaleza y características procesales, no corresponde a la última resolución, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado a que alude la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En efecto, el acto del que se adolece la parte quejosa, fue realizado después de concluido el juicio, en la fase de cumplimiento forzoso de la sentencia, por lo que se trata de un acto dentro de la etapa de ejecución de sentencia, acto mismo ante el cual resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de las premisas previamente establecidas, pues es inconcuso que dicha determinación no constituye la última en ejecución de sentencia. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 28/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, con número de registro 164639 de texto y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Asimismo, se desprende que los elementos de la definición de última resolución, no se actualizan en el acto que aquí se reclama, pues no constituye la última pronunciada en la etapa de ejecución del procedimiento de origen, dado que se trata de un acto intermedio dictado en la fase ejecutiva, por lo que, el acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado, no es con lo que culmina el procedimiento de ejecución, porque no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, que es en contra de la cual procede el juicio de amparo en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuyo propósito es que se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, por lo que la improcedencia del juicio de amparo abarca las actuaciones tendentes a impedir la ejecución de la cosa juzgada. Luego, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que determine el cumplimiento total de la condena, o la imposibilidad jurídica y material para ello, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo. Bajo esta premisa, resulta claro que el acto reclamado en esta vía constitucional, evidentemente no constituye la última resolución emitida en el indicado procedimiento de ejecución que se ha instaurado en el juicio original y tampoco afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, por ende, no se encuentra en la hipótesis de procedencia del juicio constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1998, página 230, con número de registro 196894, de texto y rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Así como la diversa tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, de texto y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En ese contexto, como anteriormente se había anticipado, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo; y por tal motivo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. De igual forma, no representa obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que se admitiera a trámite la demanda de amparo, pues, la simple admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, en tanto que tal cuestión es de orden público y de estudio preferente, por ende, debe ser analizada en cualquier momento, incluso en segunda instancia por el tribunal revisor. En apoyo a las consideraciones expuestas es aplicable la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 1994, cuyo contenido enseguida se transcribe: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, más dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de trece de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerandos cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de diez de octubre del año en curso, se dio vista a las partes con las documentales remitidas por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de ocho días para que las partes se impongan de su contenido transcurre del catorce al veinticinco de octubre del año en curso; con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 del citado ordenamiento legal. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, SE DIFIERE la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado el veintidós de septiembre del presente año, remite copia certificada de las constancias que le fueron requeridas, relativas al expediente laboral 704/2017 P.E., de su índice; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las copias certificadas de las constancias que anexó a su oficio que se provee, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Así también, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada constantes de (2) dos tomos y déjense a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

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