Santiago García Hernández

Expediente 742/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
742/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Santiago García Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Santiago García Hernández; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 742/2022-7, promovido por **********, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, Santiago García Hernández solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detalla: ACTO RECLAMADO Omisión de la autoridad responsable de DICTAR LAUDO en el expediente 1547/2019." AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se radicó y admitió la demanda con el expediente 742/2022-7; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al fiscal del Ministerio Público de la adscripción; dada la naturaleza del acto materia de la controversia constitucional no se tuvo a las demandadas en el juicio natural como parte tercero interesada; no se ordenó tramitar incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente por la parte quejosa; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco de dictar el laudo en el juicio laboral 1547/2019 de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta responsable fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que se le requirió el mismo mediante oficio 17520/2022, comunicación que recibió el veinte de mayo de dos mil veintidós, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos [Foja 21]; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del veintitrés de mayo al diez de junio de dos mil veintidós, con excepción de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que rindiera su informe respectivo. Ahora, si bien es cierto que la responsable no rindió su informe con justificación, dicha condición no es suficiente para tener por presuntivamente cierta la conducta negativa atribuida por la parte impetrante, dado que si bien tratándose de actos negativos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de la autoridad responsable, también es cierto que previo al estudio de tal abstención, deben considerarse la existencia de una condición de actualización, lo cual coloque a la autoridad en la obligación de proceder conforme la exigencia del gobernado. Esto significa que, con independencia de las afirmaciones vertidas por el quejoso, la existencia de la omisión se desprende, en principio de una correlación entre facultad y obligación que constriñen la relación, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que le de vida, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición y no simplemente por el hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su ejecutoria 1a. XXIV/98 indicó que, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, si en el particular la relación jurídica entre la autoridad y el gobernado establecen efectivamente la condición que genera el acto reclamado. Con arreglo a lo anterior, para que este órgano de control de amparo se encuentre en aptitud de precisar la existencia de la conducta omisiva incoada a la responsable, la parte peticionaria debió acreditar en principio que es receptora de la obligación que aducen no fue atendida, en la especie, debió validar fuera de toda duda, estar sometido a la jurisdicción de la responsable, esto es, era indispensable comprobar la existencia del juicio laboral, que es parte en esa controversia y además, que dicho procedimiento se encuentra en el momento procesal que aduce como fuente de reclamo -dictar el laudo-; para entonces encontrarse en condición de ser destinataria de la obligación que aduce se ha omitido. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Consecuentemente, se tiene plenamente probada la inexistencia del acto reclamado en la presente controversia. En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia del acto génesis de la presente controversia constitucional. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITEENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********* por las razones apuntadas en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, del que se obtiene que en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de diez de mayo de la anualidad en curso, informa que el veintiséis de mayo citado, recepcionó promoción dirigida al CES-100/2012-S-2, signada por el representante de los actores, con la que dará cuenta al Pleno de la Sala Superior en la próxima Sesión Ordinaria; por lo que, una vez aprobado el acuerdo correspondiente será remitido a este órgano jurisdiccional. No obstante, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 del citado ordenamiento legal, requiérase mediante oficio a la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que sea notificado del presente provenido, informe el estado procesal del cuadernillo de ejecución de sentencia 100/2012-S-2; asimismo, remita copia certificada de la Sesión Ordinaria de veintiocho de mayo de dos mil veintidós, relativa al citado sumario. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá multa por la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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