Santiago Flores Melecio
Expediente 474/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Santiago Flores Melecio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, remitiendo su juicio de amparo 11421/2023-V y seis copias de traslado del escrito inicial, en virtud de que consideró que este Juzgado Federal debe conocer ese asunto dado que se tuvo previo conocimiento del juicio de origen de donde derivan los actos reclamados. Acúsese de recibo vía interconexión. En consecuencia, se acepta el conocimiento del asunto de conformidad con los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común. Remítase oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con inserción de esta determinación, copia del oficio con registro 15607, juicio de amparo 11421/2023-V y seis copias de traslado del escrito inicial, para que lo turne nuevamente a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a efecto de ingresarlo y registrarlo como un nuevo juicio de amparo; de igual forma, realice la compensación correspondiente para que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales federales en términos del penúltimo párrafo del numeral 46 del referido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional se pronuncia respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y como dicha determinación es de carácter oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, procédase a su estudio. Mediante sentencia del doce de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para los siguientes efectos: - Dejara sin efectos el acuerdo reclamado de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1354/2022; y, - En su lugar, siguiendo los lineamientos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, emita otro, mediante el cual admita a trámite el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en contra del auto del veintisiete de marzo del mismo año, a fin de resolver lo que en derecho corresponda con libertad de jurisdicción. Por auto del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. Al respecto, mediante oficio registrado con número de promoción 13741 el Juez Mixto del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, adjuntó las constancias con las cuales acredito su dicho, consistentes en copia certificada del auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés. Así las cosas, es evidente que ya se acató puntualmente el fallo protector, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de la materia se tiene por cumplido. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia dictada el doce de septiembre de esta anualidad, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas e intégrese el cuaderno incidental respectivo. En ese sentido, se requiere al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, visto el escrito del quejoso **********, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y dos minutos del doce de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 474/2023-I, promovido por *********, por derecho propio, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este periodo, el secretario hace constar que el quejoso y la autoridad judicial responsable ofrecieron diversas pruebas documentales. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 474/2023-I; y, R E S U L T A N D O I. Santiago Flores Melecio, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. II. Previo desahogo de prevención y su ratificación, por auto del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés -por un lado- se desechó respecto del acto ahí precisado y -por otro- se admitió la demanda de amparo con el número 474/2023-I; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. III. Por auto del veintitrés de junio de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento del tercero interesado. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado deriva de un proceso civil y se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda de amparo, se hacen consistir en: El acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1354/2022, mediante el cual se desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de veintisiete de marzo del mismo año. Tercero. Es cierto el acto reclamado al Juez Civil del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, por tanto se tiene por cierto. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley. Cuarto. Previo al estudio de fondo del asunto, se deben analizar las causas de improcedencia invocadas por las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, el juez responsable sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, toda vez que, con motivo de la oposición del quejoso a las diligencias de información de dominio solicitadas por Abel Pérez Rodríguez, ordenó suspender el trámite del expediente natural por el plazo de seis meses -auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós-, a fin de que el opositor inicie el procedimiento correspondiente. El citado precepto, en la fracción que invoca la autoridad responsable, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Lo anterior es así, porque el acto que se reclame en la vía de control constitucional ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado, a fin de que la autoridad federal esté en aptitud de analizar su legalidad o constitucionalidad a la luz de los conceptos de violación propuestos por el inconforme, de manera que no puede coexistir el juicio de amparo con otro procedimiento ordinario que tenga la misma finalidad, ya que, además de que con ello se vulnera el principio de definitividad, daría lugar a la posibilidad de que se emitieran dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias, en detrimento de los principios de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre tales premisas, el argumento que expone la autoridad responsable resulta infundado, pues el hecho de haber suspendido el trámite del expediente de origen por el plazo de seis meses, con la finalidad de que el quejoso, en su caso, promueva el procedimiento de oposición correspondiente, no implica estimar que se actualice lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIX, de la ley de la materia. Lo anterior, en el entendido que de las actuaciones que remitió como apoyo de su informe justificado, no se advierten elementos para arribar a una conclusión diversa. Hecho el anterior pronunciamiento, sin que de oficio se advierta que se actualice alguna causa de improcedencia, se continúa con el análisis de los motivos de inconformidad expuestos por el quejoso. Quinto. Para un adecuado estudio del asunto, es necesario reseñar las principales actuaciones que obran en el expediente 1354/2022, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, a saber: - Mediante acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable admitió a trámite las diligencias de información de dominio que solicitó Abel Pérez Rodríguez, en relación con el inmueble ubicado en "cerro El Colorado de la colonia de San José La Loma, en San Juan Zitlaltepec, Municipio de Zumpango, Estado de México, actualmente calle sin nombre, sin número, colonia San José La Loma, San Juan Zitlaltepec, Municipio de Zumpango, Estado de México"; por ende, a fin de recibir la información con citación de la autoridad municipal, de los colindantes y de la persona que a su nombre se expidan las boletas prediales, se ordenó publicar la solicitud por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" y en otro periódico de circulación diaria. - Santiago Flores Melecio, a través del escrito registrado con el número 17287/2022, manifestó oponerse a las diligencias de información de dominio, toda vez que, según su dicho, es el propietario del bien inmueble; ocurso al que recayó el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, de cuyo contenido se destaca lo siguiente: "Con el escrito de cuenta se tiene por presentado a SANTIAGO FLORES MELECIO, visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3.27 y 3.28 del Código de Procedimientos Civiles, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el promovente; (.) previniéndose al opositor que en caso de no promover formalmente dicha oposición dentro del plazo concedido, quedará sin efectos." ( Por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable agregó a los autos el escrito del ahora quejoso y, en respuesta a su petición de dar por concluido el concluido el trámite del expediente de origen, sustentada medularmente en el argumento de que es el propietario y poseedor del bien inmueble con base en las pruebas que ofreció, acordó lo siguiente: "Con el escrito de cuenta se tiene por presentado a SANTIAGO FLORES MELECIO, visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 3.1 y 3.27 del Código de Procedimientos Civiles, no ha lugar a tener por presentada la formal oposición al presente procedimiento, en razón que, tal y como lo indica el último precepto legal invocado, quien se sienta afectado con la información de dominio o de posesión, lo alegara por escrito y se suspenderá el curso del expediente de información; circunstancia que ha acontecido, pues por auto del veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022), atento a la oposición del promovente se suspendió el curso del presente asunto jurídico, por el plazo de seis meses, para el efecto de que el ocursante inicie proceso de oposición. En este contexto, atendiendo la naturaleza del Procedimiento Judicial no Contencioso, debe decirse que, en este, no se ventila cuestión litigiosa entre partes; luego entonces, la determinación judicial que el opositor refiere de que se afecta su esfera patrimonial, deberá decidirse en Juicio de controversia, autónomo al en que se actúa". - En desacuerdo con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revocación, mismo que se desechó de plano por auto del treinta de marzo de dos mil veintitrés; determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, y se sustentó en las siguientes consideraciones: "Agréguese a sus autos el escrito presentado por SANTIAGO FLORES MELECIO; visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.362, 3.1 y 3.27 del Código de Procedimientos Civiles, por notoriamente improcedente, se desecha de plano el recurso de revocación, en contra del auto del veintisiete (27) de marzo del año en curso, donde de manera clara se expuso que, el último precepto invocado, determina que quien se sienta afectado con la información de dominio o de posesión, lo alegará por escrito y se suspenderá el curso del expediente de información; circunstancia que ha acontecido, pues por auto del veinticinco (25) de noviembre de la anualidad próxima pasada, atento a la oposición del promovente se suspendió el curso del presente asunto jurídico, por el plazo de seis meses, para el efecto de que el ocursante inicie proceso de oposición; es decir, juicio de controversia y autónomo al en que se actúa, donde se determine sobre el dominio del inmueble. Empero, la Legislación Procesal en la materia, no regula que, con la manifestación de oposición, se dé por terminado el procedimiento de diligencias de información de dominio; verbigracia, el numeral 3.28 de la Ley Procesal Civil, prevé que si el ejecutor deja transcurrir seis meses sin promover en el procedimiento de oposición, quedará éste sin efecto, haciéndose en su caso, la cancelación que proceda. Por ende, deberá instruirse correctamente del contenido de la tesis invocada que señala que, en virtud de oposición, el negocio, más no el trámite, se convierte en contencioso y que, en algunos casos el legislador reglamentó la existencia de la oposición en una clase determinada de diligencias de jurisdicción voluntaria, en las que el legislador mismo ordenó se dieran por terminadas. Así, resulta evidente el yerro de la promovente, porque contrario a lo afirmado, el legislador mexiquense previno la suspensión y no la terminación del procedimiento de inmatriculación judicial en caso de oposición, por lo que una disposición distinta resulta inaplicable como se le ha explicado ya con anterioridad". Ahora bien, del análisis íntegro de los conceptos de violación, se advierte que el quejoso aduce que el acuerdo reclamado vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, con base en los siguientes argumentos: a) Manifiesta que la autoridad responsable le otorgó un término de seis meses para realizar formal oposición en un procedimiento diverso al expediente 1354/2022, en contravención a lo dispuesto por los artículos 3.27 y 3.28 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. En tal sentido, expone que presentó su oposición inicial desde el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, con la finalidad de dar por terminadas las diligencias de información de dominio que solicitó Abel Pérez Rodríguez; sin embargo, afirma que el juzgador responsable, lejos de declarar concluido el procedimiento, le concedió el plazo de seis meses para realizar formal oposición en un procedimiento diverso, a pesar de que el artículo 3.28 del código adjetivo civil, establece que dicha promoción debe hacerse en el procedimiento de oposición que resultó dentro del expediente natural, siendo claro que el A quo pasó por alto este precepto, o bien, lo aplicó de manera incorrecta, pues no es posible -afirma- que lo comprometa a instar un procedimiento diverso, dados los hechos que sustentan su oposición, mismos que reiteró posteriormente en el recurso de revocación. b) Sostiene que de conformidad con la legislación procesal civil, sí se contempló la suspensión en este tipo de procedimiento y justo se hace dentro de dicha institución jurídica, sin que haya razón lógica para pensar que debe ser en un procedimiento diverso. c) Manifiesta que la oposición, en esta clase de procedimientos, lleva implícita una controversia entre dos interesados y, por esa sola oposición, el procedimiento judicial no contencioso pierde su naturaleza, por lo cual ofreció pruebas ad cautelam, a fin de demostrar que, sin más trámite, la autoridad responsable debía dar por concluido el procedimiento, ya que la característica principal del procedimiento suspendido es la ausencia de controversia o de parte contendiente, pues ello es la razón más lógica y, desde su perspectiva, de más fácil entendimiento lógico jurídico, por lo cual considera que se le causa perjuicio y se vulneran sus derechos humanos de propiedad, posesión, certeza jurídica y debido proceso. Los anteriores argumentos, cuyo estudio se aborda de manera conjunta con apoyo en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, son fundados, atento a la causa de pedir del quejoso. Para exponer las razones que sustentan lo anterior, es necesario destacar que el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional encuentra su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, cuyo segundo párrafo establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Este derecho, cabe señalar, también se desprende del artículo 8, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto dispone lo siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." De conformidad con los citados preceptos, se advierte que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no sólo implica la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes previamente establecidos a fin de solicitar impartición de justicia, sino que, además, conlleva la obligación que tiene el Estado de asegurar el buen funcionamiento de los mismos, a efecto de que, en los plazos y términos que marcan las leyes y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su consideración. En tal sentido, si bien es verdad que a toda persona le asiste el derecho de acudir a los tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella, a través de un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y en el que además se le garantice el derecho a un recurso efectivo, también lo es que el gobernado debe acatar los requisitos, términos y condiciones que fije el legislador ordinario en las leyes sustantivas y procesales para esos efectos. Al caso se transcribe, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV (abril de 2007), página 124, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Expuesto lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto por los artículos 1.362, 1.363 y 1.364 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, a saber: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363. La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364. Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día." Como se advierte, el primer numeral transcrito toma como base las reglas de procedencia del recurso de apelación que establece el diverso 1.378 del código que se consulta, y, por exclusión, dispone que los autos y decretos que no son apelables podrán ser revocados por el juez o tribunal que los dictó. Por su parte, el segundo ordinal estatuye que la revocación deberá interponerse, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente, a efecto de que la autoridad jurisdiccional, previo desahogo del trámite previsto en el artículo 1.364, resuelva lo conducente dentro del plazo de tres días. En ese orden de ideas, al analizar el contenido del acuerdo reclamado del treinta de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito concluye que la autoridad responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que, sin una razón legalmente válida que lo justifique, desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el auto del veintisiete de marzo del mismo año, haciendo nugatorio el derecho a un recurso judicial efectivo que le asiste al inconforme, con la consecuente transgresión, además, a los principios de legalidad y de seguridad jurídica que se desprenden del artículo 16 de la propia Carta Magna. Se afirma lo anterior, porque el mencionado acuerdo no es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación y, por exclusión, entonces procede el diverso de revocación, en términos de lo dispuesto por el numeral 1.362 del código adjetivo civil. De ahí que, si dicho proveído se le notificó al accionante el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, como se advierte de la razón signada por la fedataria adscrita al juzgado de origen, debe estimarse acreditado que presentó oportunamente el recurso de revocación mediante el escrito con número de promoción 4682/2023, de acuerdo con los datos impresos en la primera foja, relativos a su recepción y registró el veintinueve de marzo del mismo año. En esas condiciones, se considera que la autoridad responsable debió corroborar el cumplimento de los requisitos previamente señalados, y admitir a trámite el medio ordinario de defensa que hizo valer el quejoso, opuesto a lo que acordó en el proveído reclamado. Al caso es aplicable, por analogía, la jurisprudencia PC.I.C. J/6 C (10a.), aprobada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10 (septiembre de 2014), Tomo II, página 1255, Materia Civil, Décima Época, que establece: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ES APELABLE LA RESOLUCIÓN CONCLUSIVA DEL PROCEDIMIENTO POR RAZONES FORMALES O PROCESALES, SIN DECIDIR LA PETICIÓN DEL PROMOVENTE. (Legislación para el Distrito Federal). La queja es un recurso extraordinario que sólo procede en los supuestos previstos expresamente en la ley, sin posibilidad de extenderla a otros casos, mediante la analogía o por mayoría de razón. El rechazo de la solicitud de las diligencias de jurisdicción voluntaria no está comprendido en el supuesto previsto en el artículo 723, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque sólo contempla su procedencia contra la inadmisión de la demanda principal de un proceso contencioso, y la promoción de inicio de dichas diligencias no es una demanda, pues la doctrina predominante y la ley positiva actual emplean este vocablo, en el derecho procesal, exclusivamente para identificar al escrito mediante el cual se inicia una contienda jurisdiccional, dirigida a la obtención de una sentencia vinculatoria para las partes, pero no para el acto de apertura de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. No obsta para lo anterior, el empleo de la palabra providencia en el artículo 898 del código en cita, porque esta voz es admisible, tanto para la resolución desestimatoria de la petición del promovente, como para la que da por concluido el procedimiento por razones procesales o formales, sin entrar al análisis de lo pedido. En cambio, en conformidad con el sistema de procedencia de los medios de impugnación, previsto en el título décimo segundo del mencionado código, los recursos allí establecidos también, son aplicables, por regla general, a las diligencias de jurisdicción voluntaria, cuyas resoluciones se clasifican en decretos y autos, ya que en ellas se emite sentencia, de modo que todas sus resoluciones son impugnables, en principio, mediante el recurso de revocación, con la salvedad de la determinación conclusiva denominada providencia, que por disposición expresa y directa del artículo 898 citado es apelable, en donde el concepto providencia abarca cualquier resolución terminal, tanto los casos en que se decide otorgar o negar lo pedido por el solicitante, como aquellos en que se da por concluido el procedimiento por razones procesales o formales. Además, la procedencia del recurso de apelación se justifica aquí, por el beneficio que el promovente puede obtener con la alzada, consistente en la satisfacción de sus pretensiones, sin verse en la necesidad de promover las diligencias dos o más veces, aunque el rechazo del Juez carezca de fundamento; esto es, con la apelación se privilegia el principio de economía procesal." Determinación anterior que, en el caso concreto, no soslaya la facultad que le asiste al juez responsable para no admitir cualquier promoción, recurso o incidente que deba calificarse como malicioso, frívolo o improcedente, en caso de advertir que lo solicitado tiene un evidente propósito dilatorio o la finalidad de alterar el método y orden del procedimiento, o bien, que resulte notorio que no concurren los presupuestos de derecho que justifiquen dar trámite al medio de defensa o incidente de que se trate; ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.136 del código adjetivo civil para esta entidad. En tal sentido, es importante precisar que de las consideraciones expuestas en el acuerdo reclamado, al igual que del contenido de los preceptos que invocó el juzgador responsable como apoyo de su determinación, no se advierten elementos para concluir, de manera notoria y manifiesta, que el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa reúna las particularidades antes indicadas, menos aun considerando que el A quo abordó cuestiones que, en todo caso, corresponden al estudio de fondo del citado medio ordinario de defensa. De ahí que, a fin de respetar y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional que le asiste al quejoso, consagrado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso judicial efectivo, debe admitirse a trámite el recurso de revocación interpuesto contra del auto de veintisiete de marzo de dos mil veintidós. Al caso se cita, por las razones que informa, la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9 (agosto de 2014), Tomo I, página 536, Materia Constitucional, relativa a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." En las relatadas condiciones, toda vez que los conceptos de violación de la parte quejosa son fundados, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que el Juez Civil del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México: ( Deje sin efectos el acuerdo reclamado de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 1354/2022; y, ( En su lugar, siguiendo los lineamientos señalados en esta sentencia, dicte otro, mediante el cual admita a trámite el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en contra del auto del veintisiete de marzo del mismo año, a fin de resolver lo que en derecho corresponda con libertad de jurisdicción. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ***********, en términos y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
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