Santiago Fernández del Castillo Potestad Representante legal de

Expediente 898/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
898/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Santiago Fernández del Castillo Potestad Representante legal de

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio vía interconexión que remite la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el acusa recibo e informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado federal, en relación a la demanda de amparo promovida por Operadora y Mantenedora Golfo Centro, sociedad anónima de capital variable, a través de su representante Santiago Fernández del Castillo Potestad, misma que registró bajo el juicio de amparo 1273/2021 y previno a la parte promovente de amparo, para que ratificara el escrito de desistimiento que se remitió en alcance a la incompetencia planteada. De lo anterior, este órgano de control constitucional toma conocimiento para los efectos correspondientes del caso. Ahora bien, cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por medio del cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente expediente; en consecuencia, dígase a la autoridad oficiante, que el diez de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, resolución que causó ejecutoria por auto de cuatro de diciembre del mismo año, y en proveído doce del mismo mes y año, se ordenó su archivo definitivo, lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese: por oficio a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su depuración. Notifíquese: por lista a las partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve **************************, quien acredita su personalidad con el instrumento público setenta y un mil seis (71, 006) del Notario Público número ciento dos de la Ciudad de México, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra de las autoridades y actos que enseguida se precisan: Autoridades Responsables. Gerente de Operación de Bienes Concesionados del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria del Fideicomiso, número 1936, Fondo Nacional de Infraestructura. Director de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados y Delegado Fiduciario del del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria del Fideicomiso, número 1936, Fondo Nacional de Infraestructura Comité de Expertos designados por las partes en el Contrato Público número BNO-APP-006G1C003-E52-2017 de Asociación Público Privada para la Prestación de los Servicios de Mantenimiento, Rehabilitación y Operación de la Autopista Golfo Centro. Actos Reclamados El oficio **********************, Rehabilitación y Operación de la Autopista Golfo Centro, la quejosa debía pagar $102´315,836.00 (ciento dos millones trescientos quince mil pesos 00/100 M.N.), por conceptos de supuestos vehículos eludidos operativos y $8´787,725.36 (ocho millones setecientos ochenta y siete mil setecientos veinticinco pesos 36/100 M.N.), por concepto de costo financiero. La condición 3.3.4.4 inciso b) del contrato "MRO" modelo de requerimientos de servicio, disposición administrativa aplicada a través del oficio DGAF/DGROBC/GOBC/151300/154/2020 de quince de abril de dos mil veinte. La orden de ejecución del crédito determinado mediante oficio DGAF/DGROBC/GOBC/151300/154/2020 de quince de abril de dos mil veinte, a través de deducciones a los pagos del propio contrato, embargo y la inminente intervención en las casetas. Fórmese expediente impreso y electrónico, bajo el número 898/2021-II. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. INCOMPETENCIA Ahora bien, de conformidad con lo que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo, este juzgado considera que es legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por la quejosa antes referida, por las razones que a continuación se exponen: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El aludido precepto establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar o se esté ejecutando, sino que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda. Es importante destacar que para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del Juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho; por otro lado, para que se actualice la diversa regla prevista en el segundo párrafo del aludido artículo 37 de la Ley de la materia, es necesario que haya datos o elementos que permitan advertir que el acto haya comenzado a ejecutarse y se siga ejecutando en otro distrito. En ese aspecto, toda vez que la quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como actos reclamados: El oficio DGAF/DGROBC/GOBC/151300/154/2020 de quince de abril de dos mil veinte, en el que se resolvió que derivado del contrato público número BNO-APP-006G1C003-E52-2017, de Asociación Público Privado para la prestación de los servicios de mantenimiento, Rehabilitación y Operación de la Autopista Golfo Centro, la quejosa debía pagar $102´315,836.00 (ciento dos millones trescientos quince mil pesos 00/100 M.N.), por conceptos de supuestos vehículos eludidos operativos y $8´787,725.36 (ocho millones setecientos ochenta y siete mil setecientos veinticinco pesos 36/100 M.N.), por concepto de costo financiero. La condición 3.3.4.4 inciso b) del contrato "MRO" modelo de requerimientos de servicio, disposición administrativa aplicada a través del oficio DGAF/DGROBC/GOBC/151300/154/2020 de quince de abril de dos mil veinte. La orden de ejecución del crédito determinado mediante oficio DGAF/DGROBC/GOBC/151300/154/2020 de quince de abril de dos mil veinte, a través de deducciones a los pagos del propio contrato, embargo y la inminente intervención en las casetas. Es evidente que los requerimientos de servicio, la orden de pago dirigidos a la promovente de amparo por las cantidades de $102´315,836.00 (ciento dos millones trescientos quince mil pesos 00/100 M.N.), por conceptos de supuestos vehículos eludidos operativos y $8´787,725.36 (ocho millones setecientos ochenta y siete mil setecientos veinticinco pesos 36/100 M.N.), por concepto de costo financiero, así como la ejecución del crédito determinado mediante oficio DGAF/DGROBC/GOBC/151300/154/2020 de quince de abril de dos mil veinte, tendrán su ejecución en el lugar en donde Operadora y Mantenedora Golfo Centro, sociedad anónima de capital variable, tiene su domicilio fiscal, el cual de acuerdo a la demanda de amparo se advierte que se encuentra en la Ciudad de México. Aunado al hecho de que de su escrito inicial de demanda se advierte que la celebración del Contrato de Asociación Público Privada para la Prestación de Servicios de Mantenimiento, Rehabilitación y Operación de la Autopista Golfo Centro, que dan origen a los actos que por esta vía se reclaman, se llevó a cabo en la Ciudad de México y que las autoridades señaladas como responsables radican en la misma entidad; por ende la ejecución del acto que por esta vía reclama se encuentra fuera de la jurisdicción de esta entidad. No pasa desapercibido el hecho de que la moral quejosa también haya señalado como acto destacado el embargo y la inminente intervención en casetas las cuales se encuentran distribuidas en Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz; sin embargo, dichos actos los reclama como una posible consecuencia del requerimiento de pago formulado por las autoridades responsables, ya que incluso su petición de la suspensión de los actos reclamados, lo hace para el efecto de que no se ejecute el cobro de las cantidades descritas en el oficio DGAF/DGROBC/GOBC/151300/154/2020 de quince de abril de dos mil veinte. En consecuencia, al ubicarse su domicilio fiscal en la Ciudad de México, lugar en donde está obligada a dar cumplimiento al requerimiento de pago que reclama, es ahí donde se considera que tendrán ejecución los actos reclamados Por tanto, este juzgado resulta incompetente para conocer de la demanda de amparo. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.". Por tanto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se estima que resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, y por ende, se ordena remitir el presente juicio de amparo, solicitando de la manera más atenta, el acuse de recibo correspondiente. Con copia del escrito inicial de demanda, así como del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, en virtud que el que señala en su escrito de demanda, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional; sin perjuicio de que las determinaciones de mayor trascendencia, podrán notificarse de manera personal, en el domicilio indicado, de conformidad a lo previsto en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Sin embargo, dada la trascendencia de la presente determinación, para hacer del conocimiento del promovente de amparo la radicación del presente asunto, y tomando en cuenta que el domicilio que señaló la moral quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa Operadora y Mantenedora Golfo Centro, sociedad anónima de capital variable, a través de quien legalmente la represente, en el domicilio ubicado en Avenida Horacio 1844 interior 7A, colonia Polanco, I sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11510 en la Ciudad de México. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia respectiva o dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído señale domicilio para tal efecto, en el Municipio de Naucalpan de Juárez. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no desahogar este requerimiento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II y 29 de la ley de la materia. Se faculta al juez exhortado para que con plenitud de jurisdicción acuerde promociones, en su caso, aplique las medidas necesarias de apremio conducentes a efecto de cumplimentar la diligencia de mérito, habilite días y horas inhábiles a los actuarios respectivos, a fin de que pueda llevar a cabo la diligencia ordenada en autos, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se solicita al similar habilite días y horas inhábiles a los actuarios respectivos, a fin de que pueda llevar a cabo la diligencia ordenada en autos, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se ordena remitir la presente comunicación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro correspondiente, utilizando la firma electrónica autorizada para tal efecto, en términos del párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: .La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase por autorizada la consulta del expediente Electrónico a través del usuario que proporciona "Mhurtado90", en el entendido que para tal efecto, se ha efectuado el registro del usuario que refiere en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa (a través de exhorto) y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

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