Santiago Eduardo Beltran Ornel

Expediente 727/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
727/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Santiago Eduardo Beltran Ornel
  • Jesus Ramona Claussen Gastelum
  • SANTIAGO EDUARDO BELTRAN ORNEL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando la resolución relativa a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En Tijuana, Baja California, a las diez horas del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 727/2020-I, promovido por Santiago Eduardo Beltrán Ornelas y Jesús Ramona Claussen Gastélum, por derecho propio, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Naguib Enrique Hernández Delgado, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe, se declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo y sin la asistencia de las partes. En este apartado, se considera necesario precisar que la celebración de esta audiencia constitucional no le depara perjuicio alguno a las partes, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia; lo cierto es que a fin no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la celebración de esta manera. Aunado a que, se estima que no existe vulneración a algún derecho de las partes por su imposibilidad para asistir a la audiencia al no haberse ofrecido medios de prueba que ameriten su presencia, además de que de realizarse de manera remota ocasionaría la dilación en su resolución. De igual manera, no depara ninguna afectación, toda vez que pudieron alegar en forma escrita, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Certificación. En este acto el Secretario hace constar que el término de quince días concedido a la autoridad responsable denominada por el quejoso como Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos contra Robo de Vehículos en Tijuana, Baja California, para que rindiera su informe justificado, transcurrió de la siguiente forma: Parte Fecha notificación Surte efectos Fenece plazo de 15 días Días inhábiles Agente del Ministerio Publico titular de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos contra Robo de Vehículos en Tijuana, Baja California. 27 de noviembre de 2020 (foja 25) 27 de noviembre de 2020 Del 30 de noviembre de 2020 al 18 de diciembre de 2020 5, 6, 12 y 13 de diciembre de 2020, por corresponder a sábados y domingos. Acuerdo. En atención a que transcurrió el plazo de quince días otorgado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos contra Robo de Vehículos en Tijuana, Baja California, para que rindiera su informe justificado, sin que lo hubiere hecho, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por lo que, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá de cierto el acto reclamado. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el Secretario certifica que se dio lectura a las constancias que obran en el presente expediente. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que las partes no ofrecieron pruebas; asimismo, se hace constar que no existen medios de convicción pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, al no haber pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, se da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 727/2020-I; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Santiago Eduardo Beltrán Ornelas y Jesús Ramona Claussen Gastélum, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A) COMO ORDENADORA: JUECES DEL SISTEMA PENAL ORAL, TODOS Y CADA UNO DE ELLOS DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA. B) COMO AUTORIDADES EJECUTORAS: 1.- Fiscal, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de la Unidad Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales ubicada en Calle Río Suchiate No. 100036, Zona Centro de esta Ciudad de Tijuana, Baja California. 2.- Fiscal, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Delegación Mariano Matamoros, ubicada en Callejón Fuerte de Zaltula S/N , Colonia Mariano Matamoros de esta Ciudad de Tijuana, Baja California. 3.- Fiscal, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos Sexuales, ubicada en Alamar Norte Chapultepec, Colonia Alamar, de esta Ciudad de Tijuana, baja California. 4.- Fiscal, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Investigadora Especializada de Delitos contra Robos domiciliarios, en esta Ciudad de Tijuana, Baja California, ubicada en Calle Suchiate No. 100036, Zona Centro, de esta Ciudad de Tijuana, Baja California. 5.- Fiscal, Agente del Ministerio Publico, titular de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos contra Robo de Vehículos en Tijuana, Baja California, ubicada en Alamar Norte Chapultepec, Colonia Alamar, en esta Ciudad de Tijuana, baja California. 6.- Director de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California. RECLAMADO: Reclamo de las Autoridades ya señaladas como Responsables Ordenadoras, LA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O APREHENSIÓN, dictada en mi contra, y de las Segundas la Ejecución en dicha orden por medio los Agentes a su mando." SEGUNDO. Trámite del juicio. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la demanda se registró bajo el número de expediente 727/2020-I, se admitió y se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Luego, en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se declararon inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó como: a) Fiscal, Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales en Tijuana, Baja California; b) Fiscal, Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Investigadora Especializada de Delitos contra Robos Domiciliarios, en Tijuana, Baja California; y, c) Fiscal, Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales Delegación Mariano Matamoros, en Tijuana, Baja California; posteriormente, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y de las constancias allegadas al juicio, se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que enseguida se precisa: No. Autoridades responsables (En su denominación correcta) Acto reclamado 1 Jueces del Sistema Penal Oral del Partido Judicial de Tijuana Baja California (Ordenadora). La orden de presentación y/o aprehensión dictada en su contra, 2 Fiscal, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos Sexuales (Ejecutora). La ejecución de la citada orden de presentación y/o aprehensión dictada en contra de los quejosos. 3 Fiscal, Agente del Ministerio Publico, titular de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos contra Robo de Vehículos en Tijuana, Baja California (Ejecutora). 4 Director de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California (Ejecutora). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, las autoridades responsables reseñadas en el esquema anterior, al rendir su informe justificado, lo hicieron tal como se precisa a continuación: No. Autoridad Ordenadora Sentido del informe Foja(s) 1 Licenciado Jorge Osbaldo Flores Ruíz Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California (oficios 18868, 18869, 18870, 18871, 18872, 18873, 18874, 18875, 18876, 18877, 18878, 18879) Niega 19 No. Autoridades Ejecutoras Sentido del informe Foja(s) 2 Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra Mujeres por Razón de Género (oficio 18882) Niega 40 3 Directora Jurídica en Materia de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Tijuana, Baja California (oficio 18885) Niega 43 4 Agente del Ministerio Publico, titular de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos contra Robo de Vehículos en Tijuana, Baja California (oficio 18884) Omisa 25 De esta manera, se advierte que la autoridad responsable ordenadora al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, misma situación que ocurre con las autoridades señaladas como ejecutoras que rindieron su informe justificado, sin que los quejosos hayan aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación del impetrante de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades en cita corresponde a los solicitantes del amparo. Por consiguiente, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales en torno a dichas autoridades, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, Novena Época, registro 187728, que expresa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a la autoridad ejecutora señalada por el quejoso como Agente del Ministerio Publico, titular de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos contra Robo de Vehículos en Tijuana, Baja California, pues si bien, fue omisa al rendir su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se debe presumir de cierto el acto que se le reclamó (ejecución de la orden de presentación y/o aprehensión), dicha presunción se ve desvirtuada ante la negativa de la autoridad ordenadora. Por lo que es dable concluir que la autoridad omisa no tiene actos que deba ejecutar, ya que no se acreditó la existencia del procedimiento administrativo reclamado. En mérito de las consideraciones precedentes, no existe viabilidad técnica para estudiar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa ante el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Nutre esa determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49 del Tomo 24 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de voz y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Santiago Eduardo Beltrán Ornelas y Jesús Ramona Claussen Gastélum, por derecho propio, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Naguib Enrique Hernández Delgado, que firma y da fe. Doy fe. Paola*

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente juicio se encontraban señaladas las diez horas del seis de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la misma no tuvo lugar dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, lo que implica una reanudación de los plazos y términos que quedaron pausados en este juicio y no su reinicio; asimismo, se precisa que la reanudación de los plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Audiencia Constitucional. Bajo ese contexto, se señalan las diez horas del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto; en el entendido que la misma se celebrará sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba en la que sea necesaria su intervención; para lo cual las partes deberán hacerlo del conocimiento de este juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante videoconferencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Determinación que no depara perjuicio a las partes, al estar en posibilidad de presentar alegatos de manera escrita. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días hábiles concedido al quejoso en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para que corrigiera la denominación de las autoridades señaladas como responsables a) Fiscal, Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales en Tijuana, Baja California; b) Fiscal, Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Investigadora Especializada de Delitos contra Robos Domiciliarios, en Tijuana, Baja California; y, c) Fiscal, Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales Delegación Mariano Matamoros, en Tijuana, Baja California, o bien acreditaran su existencia, sin que al momento lo hubieren hecho. Por lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, se tienen por inexistentes las autoridades antes mencionadas, por lo que se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Notifíquese.

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