Santiago Dominguez Vazquez
Expediente 835/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Santiago Dominguez Vazquez
- Ma. Esther Villaseñor Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese recurrido el auto de treinta de junio del presente año, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. QUEDA FIRME En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se desechó la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. COMISIÓN AL SECRETARIO Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. ANOTACIONES EN EL SISE Y CARATULA Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la demanda de amparo promovida por Ma. Esther Villaseñor Gutiérrez en representación de SANTIAGO DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ y ANTONIO DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, contra actos del Juez Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec y diversas autoridades, de quienes reclama el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la que se ordenó el traslado de los mencionados de las Cárceles Distritales de Cuautla y Jonacatepec, Morelos al Centro Federal de Readaptación Social número 11, con sede en Hermosillo, Sonora y su ejecución. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 835/2023-PJ, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Incompetencia. Una vez decretado lo anterior, esta sede constitucional estima necesario señalar que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, y por consiguiente una cuestión de orden público, debe ser analizada oficiosamente por este órgano jurisdiccional, para legitimarse en el momento de decidir el fondo de un litigio al dictar la sentencia respectiva, por lo que es de precisarse que es el acto y las autoridades los que determinan dicha incompetencia. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo promovida este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos arriba a la conclusión de que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se vierten. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese sentido, para determinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, debe primero precisarse donde tiene ejecución el acto reclamado, para lo cual resulta necesario el siguiente estudio. La parte quejosa reclama la orden de traslado de SANTIAGO DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ y ANTONIO DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ de las Cárceles Distritales de Cuautla y Jonacatepec, Morelos al Centro Federal de Readaptación Social número 11, con sede en Hermosillo, Sonora, emitida por el Juez Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, asimismo, de la demanda de amparo se desprende que los impetrantes del amparo actualmente se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, con sede en Hermosillo, Sonora. En ese sentido, y al advertirse que el acto reclamado tiene efectos positivos sobre las cuestiones de internamiento de los mismos quejosos, dado que los beneficios alcanzados en el caso de ser procedente la demanda de amparo, surtirán efectos en el lugar donde se encuentren recluidos; por tanto, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, en turno. En tales circunstancias, de acuerdo con lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, determina carecer de competencia legal, por razón de territorio para conocer y resolver en el presente juicio de amparo. En consecuencia, por no corresponder conocer del asunto por turno a este Juzgado Federal, a fin de salvaguardar los derechos de la parte quejosa, en obvio de mayores dilaciones y en acatamiento a la jurisprudencia 1a./J.64/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe en el párrafo siguiente, gírese atento oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, para que la presente demanda sea turnada al Juzgado de Distrito que por razón de turno, le corresponda conocer del juicio en que se actúa, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. solicitando de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Además, se pone a su disposición el expediente electrónico del juicio de amparo 835/2023; para lo cual se instruye a la Oficial Judicial A de este Juzgado Federal, a efecto de que vincule el expediente al número de expediente que le corresponda. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Asimismo, se solicita al Juez que corresponda conocer del mismo, comunique a este órgano jurisdiccional, la determinación que considere respecto a la incompetencia planteada. De la notificación a la parte quejosa. En ese sentido, toda vez que el domicilio para llevar a cabo la notificación del presente auto a la parte quejosa, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos; con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que se constituya en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 11, con sede en Hermosillo, Sonora, y le notifique el contenido del presente auto a los quejosos SANTIAGO DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ y ANTONIO DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ; habilitándolo para que realice tal formalidad procesal, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de amparo. En ese sentido, este juzgado federal otorga plenitud de jurisdicción al Juez de Distrito exhortado para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de la comunicación oficial de referencia. Se solicita al homólogo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial ÚNICAMENTE por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Domicilio. Por otra parte, con base en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo en cita, se tiene como domicilio para recibir y oír notificaciones personales, el lugar donde se encuentran recluidos SANTIAGO DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ y ANTONIO DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, es decir, el Centro Federal de Readaptación Social número 11, con sede en Hermosillo, Sonora. Además, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio en su demanda de amparo. Autorizados. Asimismo, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indica y con facultades amplias a Alma Delia Astudillo Téllez, en razón de que acreditó tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Medios especiales de comunicación Además, se tienen por señalados los medios electrónicos (números de teléfono y correo electrónicos, a efecto de establecer contacto con dicha parte procesal, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime pertinente. Asimismo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Suspensión de oficio y de plano. Ahora bien, por cuanto a la petición de la parte quejosa de que se le conceda la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, debe decirse que la misma será pronunciada por el Juez competente, toda vez que el presente asunto se ubica en los supuestos previstos en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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