SANTIAGO DEL NIÑO DE ATOCHA LOPEZ QUINTAL y Otros.

Expediente 871/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
871/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • CAMILO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ y Otros.
  • Camilo Antonio López Gómez
  • SANTIAGO DEL NIÑO DE ATOCHA LOPEZ QUINTAL y Otros.
  • Gerente Regional de Transmisión Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad Transmisión, empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Por otra parte, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y se declaró sin materia la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá destruirse, tal como lo establece inciso c), del artículo 21, Capítulo Octavo del aludido Acuerdo General. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 871/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en esta ciudad, promovido por********************y********************alias********************, contra la omisión que reclama del Gerente Regional de Transmisión Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad Transmisión, empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad (denominación correcta). (...) QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. En efecto, de las constancias remitidas por la responsable se aprecia que mediante oficio ******************** de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Superintendente de Zona Transmisión ******************** dio contestación a la solicitud que la parte quejosa formuló mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós la solicitud. Al efecto, la responsable refirió que la línea de transmisión ********************, denominada ******************** de ********************, es la que atraviesa el tablaje catastral ******************** del municipio de ********************, ********************, denominado "********************", la cual entró en operación desde el cuatro de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, por lo que desde esa fecha quedó constituida la servidumbre de paso en la modalidad de conducción de energía eléctrica, sin que dicha servidumbre requiera declaración judicial. Determinación que es congruente con lo solicitado por la parte quejosa en su escrito de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, si los actos combatidos en esta vía constitucional se hicieron consistir en la omisión de proveer la solicitud de la parte quejosa y, durante la tramitación de este expediente, se advierte que se atendió su petición, la cual es congruente con su petición, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encontraran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el emparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior que no se haya dado vista a la parte quejosa respecto a la contestación otorgada por el Superintendente de Zona Transmisión ********************, mediante oficio ******************** de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, pues atendiendo a la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad y las prestaciones inmersas que, en su caso, se le podrían reclamar, la transgresión al derecho de petición se colma, en la vía de amparo, una vez que la autoridad otorga respuesta congruente entre lo solicitado y lo respondido, sin que el juzgador de amparo se encuentre constreñido a analizar la regularidad constitucional o legalidad de la respuesta otorgada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, visible a página 1490, del rubro y texto siguientes: [.] Esto, porque el nuevo no constituye un acto de autoridad, pues no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, el oficio ******************** de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés es una acto declarativo, en tanto que solamente proporcionó la información solicitada por la parte quejosa, por ende, esa determinación no emana de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de coordinación entre particulares. Ese tipo de relación difiere sustancialmente, de la que se entabla entre autoridad y gobernado y, al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia del Juicio Constitucional y en la Ley de Amparo en vigor, se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública". Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, tesis P. XXVII/97, página 118, del rubro siguiente: [.] De lo anterior tenemos que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, o bien omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así pues, se insiste, el indicado oficio no puede estimarse como un acto de autoridad, sino, por el contrario, uno derivado del actuar de la Comisión Federal de Electricidad como empresa prestadora de un servicio de energía. Por tanto, no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Respecto a la materia de dichos actos reclamados, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia por contradicción de tesis número 156/2017, con número de tesis 2ª./J 156/2017 (10), materia común, civil de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: [.] Sin que sea obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado agregado en esta fecha, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************y********************alias********************, contra la omisión de la autoridad responsable, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 871/2023-I, promovido por ****; contra actos del Gerente Regional de Transmisión Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad. (...) CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Estudio de la suspensión definitiva. En principio, cabe referir que la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar especial, su objeto principal es mantener la materia del juicio, evitar daños irreparables a las partes, y en algunos casos, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que alega se vulneró con el acto de autoridad. Su fuente constitucional es el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son desarrollados por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, los requisitos que deben analizarse para determinar la procedencia de la medida cautelar son los siguientes: 1. Que expresamente la solicite el quejoso; 2. Que haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; 5. Llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, y 6. Cumplidos los requisitos precisados, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley citada. Es aplicable la jurisprudencia, de P./J. 19/2020 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO" Siguiendo esa metodología, se estudiará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. Expresamente la solicite el quejoso. Este requisito se encuentra colmado. En efecto, de las constancias que integran este sumario incidental, se advierte que ****** y *****; pidieron la protección constitucional, respecto de los actos reclamados al Gerente Regional de Transmisión Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado y sus consecuencias, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Para lo anterior, debe tomarse en cuenta la clasificación que de los actos reclamados elaborado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera) así como la determinación sobre si resultan susceptibles de admitir suspensión. En el presente asunto, el acto reclamado, consistente en la omisión de dar contestación al escrito de la parte quejosa, no es susceptible de suspenderse porque no constituye un acto de ejecución irreparable. En efecto, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la naturaleza omisiva de los actos reclamados no es relevante para determinar automáticamente la improcedencia de la medida cautelar, lo cierto es que se advierte que el acto reclamado no se trata de una omisión de ejecución irreparable que amerite una tutela anticipada como lo dispone el artículo 147 de la Ley de Amparo. En efecto, los efectos restitutorios a que hace alusión el indicado numeral permiten que la persona alcance transitoriamente un beneficio que puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En el caso particular, el suscrito considera que no es procedente la suspensión definitiva solicitada, pues se reclama la transgresión al derecho de la impartición de justicia, por lo que de concederse la suspensión, los efectos harán nugatorios una eventual concesión del amparo. En efecto, si con motivo de la medida cautelar se ordenara a la autoridad responsable diera contestación a su escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, ello extinguiría los efectos del acto reclamado y restituiría en forma permanente el derecho transgredido, lo que desnaturalizaría el juicio de amparo, dejando sin materia el mismo. Además, a través de su informe justificado, la responsable podrá exponer las razones y fundamentos que permitan al juzgador de la sentencia definitiva emitir un fallo conforme al artículo 17 constitucional, lo cual no es materia de la suspensión. Máxime que la omisión reclamada no tiene como consecuencia directa la transgresión de un derecho subjetivos delos enmarcados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis PC.IV.A.1 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo II, visible a página 1843, del rubro y texto siguientes: [.] Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a *** y ****, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Gerente Regional de Transmisión Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por ******************** alias ******************** contra actos del GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN PENINSULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado. Requerimiento de informe previo. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a la autoridad responsable y requiérasele su informe previo, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento. (...) Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama de la responsable, lo siguiente: La omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Estudio de la suspensión provisional. En principio, cabe referir que la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar especial, su objeto principal es mantener la materia del juicio, evitar daños irreparables a las partes, y en algunos casos, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que alega se vulneró con el acto de autoridad. Su fuente constitucional es el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son desarrollados por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, los requisitos que deben analizarse para determinar la procedencia de la medida cautelar son los siguientes: 1. Que expresamente la solicite el quejoso; 2. Que haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; 5. Llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, y 6. Cumplidos los requisitos precisados, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley citada. Es aplicable la jurisprudencia, de P./J. 19/2020 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO" Siguiendo esa metodología, se estudiará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. Expresamente la solicite el quejoso. Este requisito se encuentra colmado. En efecto, de las constancias que integran este sumario incidental, se advierte que ******************** alias ******************** pidió la protección constitucional, respecto de los actos reclamados al GERENTE REGIONAL DE TRANSMISIÓN PENINSULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, con residencia en esta ciudad. Existencia del acto cuya suspensión se solicita. El requisito se encuentra colmado, ya que para decidir sobre la suspensión provisional debe atenderse a las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, por lo que el Juez debe partir del supuesto de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado y sus consecuencias, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Para lo anterior, debe tomarse en cuenta la clasificación que de los actos reclamados elaborado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera) así como la determinación sobre si resultan susceptibles de admitir suspensión. En el presente asunto, el acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito de la parte quejosa, no es susceptible de suspenderse porque no constituye un acto de ejecución irreparable. En efecto, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la naturaleza omisiva de los actos reclamados no es relevante para determinar automáticamente la improcedencia de la medida cautelar, lo cierto es que se advierte que el acto reclamado no se trata de una omisión de ejecución irreparable que amerite una tutela anticipada como lo dispone el artículo 147 de la Ley de Amparo. En efecto, los efectos restitutorios a que hace alusión el indicado numeral permiten que la persona alcance transitoriamente un beneficio que puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En el caso particular, el suscrito considera que no es procedente la suspensión provisional solicitada, pues se reclama la transgresión al derecho de la impartición de justicia, por lo que de concederse la suspensión, los efectos harán nugatorios una eventual concesión del amparo. En efecto, si con motivo de la medida cautelar se ordenara a la autoridad responsable diera contestación a su escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, ello extinguiría los efectos del acto reclamado y restituiría en forma permanente el derecho transgredido, lo que desnaturalizaría el juicio de amparo, dejando sin materia el mismo. Además, a través de su informe justificado, la responsable podrá exponer las razones y fundamentos que permitan al juzgador de la sentencia definitiva emitir un fallo conforme al artículo 17 constitucional, lo cual no es materia de la suspensión. Máxime que la omisión reclamada no tiene como consecuencia directa la transgresión de un derecho subjetivos delos enmarcados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis PC.IV.A.1 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo II, visible a página 1843, del rubro y texto siguientes: [.] Así, ante los motivos antes expuestos, se NIEGA la SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.

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