Santiago David Cervantes López

Expediente 78/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
78/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Santiago David Cervantes López
  • Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de depuración. De acuerdo al artículo 18 fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es depurable, bajo los lineamientos precisables en el último párrafo del citado numeral, toda vez que se negó el amparo solicitado. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Remisión de oficios. Finalmente, se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda.

  2. Incidental

    I. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. a) Cuaderno original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, pues no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general en comento. IV. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del acuerdo general en comento, se precisa que en el presente expediente no existe ningún documento original que devolver a las partes. V. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda.

  3. Incidental

    Vista la certificación que antecede, comuníquese a las autoridades responsables que a partir de esta fecha la suspensión definitiva deja de surtir efectos; sin que ello implique que se deje sin materia el juicio en lo principal. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda exhibir la garantía hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados. Notifíquese.

  4. Principal

    Como está ordenado en auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, a las nueve horas del once de febrero de dos mil veintiuno, notifico por lista a los terceros interesados BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a través de quien resulte ser su representante legal y a Martina Marisol Norzagaray Moreno, la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, que en síntesis señala: R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, se solicitó amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: Todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario 577/2013, el cual se encuentra en ejecución de sentencia, respecto de un inmueble del que es copropietario el quejoso, por virtud de sociedad conyugal con la demandada. SEGUNDO. Trámite del juicio. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, se admitió la demanda; se requirió el informe justificado; se ordenó emplazar a los terceros interesados; se dio la intervención legal al representante social de la adscripción y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio; de conformidad con los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se reclama: La privación de los derechos de propiedad y posesión que asegura ejerce sobre el cincuenta por ciento del inmueble ubicado en calle Valamar número 3835, Sección A, del Fraccionamiento Real Pacífico, en esta ciudad, con motivo de la sociedad conyugal que tiene establecida con la parte demandada; ello, en el juicio sumario civil hipotecario 577/2013, del cual se ostenta tercero extraño. TERCERO. Certeza de los actos impugnados. Es cierto que ante el juzgador responsable se tramita el juicio sumario civil hipotecario 577/2013, mismo que se encuentra en fase de ejecución, puesto que así lo manifestó en su informe justificado (foja 27). Lo que se corrobora con la copia certificada del juicio de origen, remitida en apoyo a su informe, a la que se otorga valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. CUARTO. Causas de improcedencia. No se advierte causal de improcedencia que se actualice; en consecuencia, se analiza la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Estudio de fondo. El quejoso sostiene, en esencia, que el proceder de la autoridad responsable trasgrede en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las actuaciones derivadas del juicio sumario civil hipotecario 577/2013 del índice del juzgado responsable, afectan su derecho de copropiedad respecto del inmueble ubicado en calle Valamar número 3835, Sección A, del Fraccionamiento Real Pacífico, en esta ciudad, dada la calidad de socio conyugal que tiene con la demandada Martina Marisol Norzagaray Moreno, desde el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, sin haber sido oído y vencido en juicio. Agrega, que no tiene el carácter de causahabiente de la tercera interesada, porque su matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal es de fecha anterior al contrato hipotecario y a todos los actos derivados del juicio sumario de origen. Son infundados los conceptos de violación. Para sostener la calificativa de los motivos de disenso, se narran los antecedentes del caso obtenidos del tomo de pruebas allegado por la responsable como complemento a su informe, los cuales son los siguientes: a).- El nueve de julio de dos mil trece, se admitió el juicio sumario civil hipotecario 577/2013, promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de Martina Marisol Norzagaray Moreno (fojas 90 a 91). b).- El uno de octubre de dos mil trece, se tuvo a la demandada dando contestación a la acción entablada en su contra y se señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos; misma que se verificó el veintiocho del mismo mes y año (fojas 179 a 183 y 214 a 216, respectivamente). c).- El dieciocho de marzo de dos mil catorce, se aprobó en todos cada una de sus términos el convenio de transacción judicial celebrado por las partes contendientes, obligándose a estar y pasar por él, como se tratase de una sentencia ejecutoriada (fojas 299 a 312). d).- El trece de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo a apoderado legal de la parte actora, denunciando el incumplimiento del convenio, por lo que el juez de origen requirió a la demandada por el término de tres días, a fin de que manifestara y comprobara estar al corriente de los pagos a que se obligó, apercibiéndola que de no dar cumplimiento se procedería a la ejecución forzosa del convenio (fojas 327 y 328) e).- En fase de ejecución, el treinta de agosto de dos mil dieciocho, se designó perito valuador respecto del inmueble que sería rematado, a quien se le tuvo por exhibiendo el dictamen, el siete de enero de dos mil diecinueve (fojas 347 a 351 y 352, respectivamente). f).- El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de remate y se adjudicó el inmueble en favor de la parte actora (fojas 412 a 415). g).- El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, el juez natural dictó auto en el que aprobó el remate verificado en el juicio; el cual, fue confirmado por la Sala de Circuito Zona Sur de esta ciudad, en interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 204/2019 (fojas 423 y 447 a 450). h) El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se requirió a la parte demanda por el otorgamiento voluntario de la escritura pública de inmueble adjudicado a la actora (foja 457). i) El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en rebeldía de la demandada, el juez responsable ordenó extender la escritura pública del bien inmueble hipotecado en favor de la parte actora (foja 462). j) Finalmente, el seis de febrero de dos mil veinte, el juez de instancia ordenó el desalojo de la demandada, del bien inmueble materia del juicio, a fin de ponerlo en posesión material y jurídica de la actora (fojas 481 a 484). Como se anticipó, son infundados los motivos de disenso planteados, por las siguientes consideraciones: El derecho de previa audiencia reconocido en el artículo 14 de la Carta Magna, consiste en que nadie puede ser privado de sus propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; se le otorgue la oportunidad de formular alegatos; y, la autoridad deberá dictar una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ahora, para proteger el derecho real inmobiliario a través del juicio de amparo es necesaria la existencia de un título sustentado en una institución jurídica prevista por la ley, que genere el derecho que se defiende. Bajo esas premisas, el quejoso debe justificar plenamente que le asiste tal carácter, en tanto que lo actuado en el procedimiento de origen, que es de orden público, se vería afectado con la intervención de un tercero en detrimento de los derechos reconocidos en juicio en favor de quien ejerció la acción y su derecho al embargo para garantizar el pago que consigna el título de crédito base de la acción. En esas condiciones, el quejoso allegó la certificación del acta de matrimonio 00282 celebrado con Martina Marisol Norzagaray Moreno, expedida por la oficialía 009 del Registro Civil, con sede en esta ciudad, de la que se desprende que se unieron bajo el régimen de sociedad conyugal el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Documental pública que reviste valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Probanza que concatenada con la escritura pública ocho mil ciento treinta y dos, otorgada ante la fe del Notario Público Número ciento setenta, con ejercicio y residencia en esta ciudad, generan la convicción de que el quejoso es copropietario del inmueble que alude en su demanda, con motivo de la sociedad conyugal que le une con la demandada en el sumario de origen, aun y cuando no existan capitulaciones matrimoniales, o no se hayan allegado al juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues en términos del artículo 86 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley, se presumen como pertenecientes a dicha sociedad los bienes adquiridos por los consortes a título individual. No obstante ello, para poder determinar si un cónyuge puede o no considerarse como tercero extraño al juicio hipotecario que se siga contra su consorte, deberá atenderse a los siguientes supuestos: I.- Que el acreedor hipotecario no haya tenido conocimiento del estado civil de casado de su deudor hipotecario. II.- Que haya contado con dicha información. En el primer supuesto, se establece que si de las declaraciones que otorgó el deudor hipotecario en el contrato principal o en la propia escritura constitutiva de la hipoteca, la documentación e información que éste haya suministrado al acreedor de manera previa a la contratación, las generales que asiente el notario en la escritura respectiva, o bien de lo que se inscriba, en su caso, en el propio Registro Público de la Propiedad, no se advierte que el contratante estaba casado, dicho desconocimiento no le puede resultar reprochable al acreedor hipotecario, al que beneficia tanto el principio de buena fe contractual, como los efectos publicitarios del registro inmobiliario, en cuyo caso, el cónyuge que no participó en la contratación y que, por ende, no fue demandado, no puede ser considerado tercero extraño al juicio hipotecario. En cambio, en la segunda hipótesis, se dispone que si a pesar de lo que arroje el citado registro, se prueba que el acreedor hipotecario tuvo acceso de algún modo a la información relativa al estado civil del deudor, percatándose de que éste era casado, tampoco sería legítimo que abusara de esa equivocación u omisión registral y al amparo de ella enderezara su acción solamente en contra del cónyuge otorgante de la hipoteca, por lo que debe considerarse al otro cónyuge como tercero extraño y, en cumplimiento de un deber de probidad procesal, deberá entablarse el juicio contra ambos. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD LEGAL. SUPUESTOS EN LOS QUE UNO DE LOS CÓNYUGES TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO HIPOTECARIO ENTABLADO EN CONTRA DEL OTRO CONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO VIGENTE HASTA EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO). La anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal sostuvo el criterio de que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal prevista por la legislación sustantiva civil del Estado de Jalisco, vigente hasta el trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, pasan a formar parte del fondo común, salvo prueba en contrario, por lo que el cónyuge que invoque la propiedad de un bien que se encuentre en este supuesto no está obligado a demostrar que fue adquirido a costa del caudal común. Partiendo de la base de que el inmueble hipotecado es común, habrá que tomarse en cuenta que los artículos 226 y 228 del citado Código Civil para la referida entidad federativa disponen que las acciones que afecten bienes sociales deberán dirigirse contra ambos cónyuges y que los bienes inmuebles comunes no podrán ser obligados ni enajenados por un cónyuge sin el consentimiento del otro, principios que vinculan a los acreedores y deudores hipotecarios, pues será necesario el consentimiento de ambos consortes, como parte deudora, para que el contrato de garantía sea válido y, en su caso, demandar a ambos para hacer efectivo su crédito. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo que ha sustentado la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, en el sentido de que la sociedad legal es un simple régimen económico matrimonial y no una sociedad con personalidad jurídica, de ahí que sus efectos no sean hacia el exterior, sino al interior, de suerte que, frente a terceros, cada cónyuge puede ostentarse como el único titular de los bienes adquiridos por él, individualmente, salvo que hiciera del conocimiento de aquéllos la situación jurídica del bien. En este orden de ideas, resulta inconcuso que para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 226 y 228 del Código Civil del Estado de Jalisco, en el sentido de que debe demandarse en juicio a ambos consortes, se deben cumplir dos presupuestos, a saber: a) Que el inmueble objeto del juicio hipotecario sea social y, b) Que el acreedor tenga conocimiento del estado civil de casado del contratante. Para conocer lo anterior, el acreedor puede recurrir a diversas fuentes, como son, ejemplificativamente, las declaraciones que otorgó el deudor hipotecario en el contrato principal o en la propia escritura constitutiva de la hipoteca, la documentación e información que éste haya suministrado al acreedor de manera previa a la contratación, las generales que asiente el notario en la escritura respectiva, o bien, de lo que se asiente, en su caso, en el propio Registro Público de la Propiedad, el cual, aun cuando por su propia normatividad y cualidades, es el medio idóneo para evidenciar esta situación jurídica, no es el único elemento del que se puede valer el acreedor para informarse sobre el estado civil de su deudor hipotecario. Así las cosas, para poder determinar si el cónyuge puede o no considerarse como tercero extraño al juicio hipotecario que se siga contra su consorte, deberá atenderse a las circunstancias particulares del caso, pues pueden presentarse diversos supuestos: a) Que el acreedor hipotecario no haya tenido conocimiento del estado civil de casado de su deudor hipotecario, o bien, b) Que haya tenido dicha información. En el primer supuesto, si de ninguno de los medios lógicos y razonables en un proceso de contratación se advirtió que el contratante estaba casado, así como tampoco se desprendió de la información registral obtenida, dicho desconocimiento no le puede resultar reprochable al acreedor hipotecario, al que beneficia tanto el principio de buena fe contractual, como los efectos publicitarios del registro inmobiliario, en cuyo caso, el cónyuge que no participó en la contratación y que, por ende, no fue demandado, no puede ser considerado tercero extraño al juicio hipotecario, en cambio, si a pesar de lo que arroje el citado registro, se prueba que el acreedor hipotecario tuvo acceso de algún modo a la información relativa al estado civil del deudor hipotecario, percatándose de que éste era casado, tampoco sería legítimo que abusara de esta equivocación u omisión registral y al amparo de ella enderezara su acción solamente en contra del cónyuge otorgante de la hipoteca, por lo que debe considerarse al otro cónyuge como tercero extraño y, en cumplimiento de un deber de probidad procesal, deberá entablarse el juicio contra ambos". (Jurisprudencia 1a./J. 81/2001, consultable en la página veinticuatro del tomo XIV, noviembre de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Sin que pase inadvertido que el criterio se refiera al régimen de sociedad legal que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, el cual no está contemplado en la legislación local; sin embargo, ello no es impedimento para aplicar la consideración alcanzada en la misma en el presente caso, ya que dicha figura jurídica (sociedad legal) contiene iguales supuestos a los de la sociedad conyugal que prevé la legislación sinaloense, es decir, en ambas sociedades, en lo que al punto importa, destaca que los bienes forman parte de un fondo o patrimonio común y el dominio de éstos reside en ambos consortes mientras subsista la sociedad. Ello es así, en razón de que el Código Civil para el Estado de Jalisco, establece que el régimen de la sociedad legal consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes, cuya administración y dominio corresponde a ambos cónyuges indistintamente, con las limitaciones que se establecen en la ley. Asimismo, señala que la sociedad puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si así lo convienen los esposos, o a petición de alguno de los cónyuges, cuando el socio administrador, por su negligencia o torpe administración patrimonial, hace peligrar a su consocio o disminuir considerablemente los bienes comunes, y cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus acreedores o es declarado en quiebra, o sujeto a concurso de acreedores. Por su parte, el Código Familiar para el Estado de Sinaloa, establece que la sociedad conyugal se regirá por capitulaciones matrimoniales, que tal régimen puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los que adquieran con posterioridad, que el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad -y no se haya reglamentado la administración a través de las capitulaciones-, y que la omisión de formular capitulaciones no impide que se cumpla la voluntad de los cónyuges o que constituya un obstáculo para que se produzcan los efectos de la comunidad de bienes pretendida. Bajo ese contexto, lo que torna aplicable al caso la jurisprudencia transcrita, es que en ella se determinó lo atinente a si en el juicio hipotecario seguido contra uno de los miembros de la sociedad legal, se viola o no la garantía de audiencia cuando no habiendo sido llamado a juicio el cónyuge no demandado se afecta un bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad, pero que no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad precisamente en favor de la sociedad legal, planteamiento que constituye la materia de estudio en la presente resolución. Establecido lo anterior, en el caso, la deudora hipotecaria Martina Marisol Norzagaray Moreno, cónyuge del aquí quejoso, el veintitrés de agosto de dos mil ocho, celebró contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, por la adquisición de un lote identificado con el número 7, de la Manzana 79, ubicado en calle Valamar, número 3835, del fraccionamiento Real Pacífico, sección A, en esta ciudad, con una superficie de 107, 250 metros cuadrados, por la cantidad de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), siendo la acreedora hipotecaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple; acto que quedó protocolizado en el testimonio público ocho mil ciento treinta y dos, otorgado ante la fe del Notario Público Número ciento setenta, con ejercicio y residencia en esta ciudad. En dicho documento público, la deudora hipotecaria manifestó ante el fedatario público ser soltera (foja 63, del tomo de pruebas), no obstante encontrarse casada bajo el régimen de sociedad conyugal con el ahora quejoso, desde el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, según se advierte del acta de matrimonio allegada a este juicio (foja 7 del expediente principal). Manifestación que se torna trascendental, porque con ese instrumento únicamente se le reconoció a Martina Marisol Norzagaray Moreno como la acreditada. En consecuencia, se surte el primer supuesto que prevé la jurisprudencia, en el que se estableció que no recae el carácter de tercero extraño al consorte que no fue llamado al juicio hipotecario, ya que de las constancias que integran el sumario de origen, se aprecia que el acreedor hipotecario no tuvo oportunidad de conocer por algún medio a su alcance el estado civil de casado de la deudora hipotecaria. Más aún, cuando la deudora hipotecaria compareció al juicio de origen a contestar la acción entablada en su contra, omitió destacar su estado civil (fojas 97 a 135 del tomo de pruebas). De lo que se sigue que si la cónyuge del quejoso celebró el contrato de crédito con garantía hipotecaria con la institución actora en el juicio de origen, manifestando ser soltera y justamente en esas condiciones fue elaborado dicho acuerdo de voluntades ante el Notario Público, además así se inscribió en el Registro Público de la Propiedad, esto es, solo a nombre de Martina Marisol Norzagaray Moreno y no así con relación al peticionario del amparo, quien no participó en la operación contractual, es innegable que el hoy justiciable en realidad no tiene el carácter de tercero extraño al juicio y, por tanto, no se viola su derecho de audiencia por no haber sido llamado al juicio sumario civil hipotecario de mérito. Esto es así, se insiste, porque el desconocimiento del verdadero estado civil de la cónyuge contratante no le puede resultar reprochable a la parte actora en el juicio de origen en su carácter de acreedor hipotecario, a quien beneficia tanto el principio de buena fe contractual, que le permite apoyarse en las declaraciones de su co-contratante, como los efectos publicitarios del Registro Público de la Propiedad, de ahí que fuese válido que enderezara su demanda solo contra la cónyuge del quejoso, como otorgante del gravamen, es decir, al margen del cónyuge no interviniente en la celebración del contrato de crédito con garantía hipotecaria. Máxime que la mala fe de una de las partes no puede perjudicar derechos adquiridos de buena fe por terceros. Por tanto, contrario a lo alegado por el quejoso, al prevalecer la mala fe con que actuó su cónyuge como deudora sobre la buena fe con que contrató el acreedor hipotecario, no le resulta el carácter de tercero extraño al juicio natural de donde emanan los actos reclamados, y por tanto, lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita. Es aplicable la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO EN ÉSTE EL CÓNYUGE CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL SI EL DEUDOR OCULTÓ O ENGAÑÓ AL ACREEDOR HIPOTECARIO SOBRE LA EXISTENCIA DE DICHO RÉGIMEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA VIGENTE HASTA EL SIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE). De los artículos 178, 183 y 189, fracción VII, del Código Civil para el Estado de Sinaloa, se advierte que el contrato de matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, entre cuyos requisitos se encuentra la designación de quien debe ser el administrador, en tanto que lo que no estuviere expresamente señalado debe regirse por las disposiciones del contrato de sociedad. En este orden, a falta de capitulaciones, la administración de los bienes de la sociedad que en términos del artículo 184 de la citada legislación comprende no sólo de los que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes, corresponde a los dos cónyuges, pues el dominio de los bienes comunes reside en ambos, según el artículo 194 del mismo ordenamiento. En tal virtud, en este último caso, las acciones que afecten bienes inmuebles comunes deberán dirigirse contra ambos cónyuges, debido a que no pueden ser obligados ni enajenados por un cónyuge sin el consentimiento del otro. Estos principios vinculan a los acreedores y deudores hipotecarios, pues será necesario el consentimiento de ambos consortes, como parte deudora, para que el contrato de garantía sea válido y, en su caso, demandar a ambos para hacer efectivo su crédito. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la sociedad conyugal es un simple régimen económico matrimonial y no una sociedad con personalidad jurídica; de ahí que sus efectos no sean hacia el exterior, sino al interior, de suerte que frente a terceros, es factible que cada cónyuge se pueda ostentar como el único titular de los bienes adquiridos por él individualmente, sin hacer del conocimiento de aquéllos la situación jurídica del bien. En ese caso, para que se dé la obligación de demandar en juicio a ambos consortes, deben cumplirse dos presupuestos, que: a) El inmueble objeto del juicio sumario civil hipotecario sea social; y, b) El acreedor tenga conocimiento del estado civil de casado bajo el régimen de sociedad conyugal del contratante. Para conocer lo anterior, el acreedor hipotecario puede recurrir a diversas fuentes, como son, ejemplificativamente, las declaraciones que otorgó el deudor hipotecario en el contrato principal o en la propia escritura constitutiva de la hipoteca, la documentación e información que éste haya suministrado al acreedor de manera previa a la contratación, las generales que asiente el notario en la escritura respectiva, o bien, de lo que se asentó, en su caso, en el propio Registro Público de la Propiedad, el cual, aun cuando por su propia normativa y cualidades, es el medio idóneo para evidenciar esta situación jurídica, no es el único elemento del que puede valerse el acreedor para informarse sobre el estado civil de casado bajo el régimen de sociedad conyugal en el que se encuentra su deudor hipotecario. Así las cosas, para poder determinar si el cónyuge puede o no considerarse como tercero extraño al juicio sumario civil hipotecario que se siga contra su consorte, deberá atenderse a las circunstancias particulares del caso, pues si el deudor hipotecario ocultó o engañó al acreedor sobre la existencia de la sociedad conyugal en la forma apuntada, y éste no estuvo en condiciones de advertir de ninguno de los medios lógicos y razonables en un proceso de contrataciones, que se encontraba casado bajo el régimen matrimonial aludido, y tampoco se desprendió de la información registral obtenida; dicho desconocimiento no le puede resultar reprochable al acreedor, al que benefician tanto el principio de buena fe contractual, como los efectos publicitarios del registro inmobiliario, en cuyo caso, el cónyuge que no participó en la contratación y que, por ende, no fue demandado, no puede ser considerado tercero extraño al juicio sumario civil hipotecario. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 218 de la invocada legislación sustantiva, en el sentido de que, el marido responde a la mujer y ésta a aquél, de los daños y perjuicios que le cause por dolo, culpa o negligencia." (Tesis XII.2o.2 C (10a.), consultable en la página 2453, libro 3, febrero de 2014, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). Aunado a lo anterior, el quejoso no demostró la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la sociedad conyugal a la que aduce pertenece el inmueble controvertido; lo que de conformidad con los artículos 2576 y 2884 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, implica que los derechos de propiedad que el solicitante de amparo ostenta sobre dicho bien, no sean oponibles a terceros de buena fe, en el caso, la moral tercera interesada, quien sí tiene inscrito su derecho real de hipoteca sobre el referido inmueble, tal y como se aprecia al reverso del contrato de apertura de crédito y garantía hipotecaria respectivo. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil". (Jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.), visible en la página 644, libro XXIII, agosto de dos mil trece, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En tales condiciones, contrario a lo señalado por el quejoso, no existe violación alguna en sus derechos fundamentales, con motivo de la existencia del procedimiento de origen y su ejecución, por tanto, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, con apoyo en los artículos 73 a 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Santiago David Cervantes López, contra la privación de los derechos de propiedad y posesión que asegura ejerce sobre el cincuenta por ciento del inmueble ubicado en calle Valamar número 3835, Sección A, del Fraccionamiento Real Pacífico, en esta ciudad, con motivo de la sociedad conyugal que tiene establecida con la parte demandada en el juicio sumario civil hipotecario 577/2013, que reclama del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad; por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal. Se instruye al secretario o secretaria, y al oficial administrativo respectivo para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la Actuaria Judicial de la adscripción, que corresponda. Así lo resuelve y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, hoy treinta de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Juan Alfonzo Salazar Muñoz, secretario que autoriza y da fe.

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