Santiago Cruces Galan
Expediente 1101/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1101/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Santiago Cruces Galan
- Juez Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO...SIGNADO POR LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO CIRCUITO...MEDIANTE EL CUAL REMITE TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EL ***** EN EL RECURSO DE QUEJA...EN EL QUE DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR...ACUSESE RECIBO...SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO."
- Principal
VISTO LO DE CUENTA, SE TIENE POR RECIBIDO POR MEDIO DEL CUAL....INFORMA.....DEL QUE SE ADVIERTE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO CIRCUITO, ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO INTERPUESTO...EL CUAL QUEDÓ REGISTRADO CON EL NÚMERO 156/2019. DE LO QUE ESTE JUZGADO TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES...
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Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso***** se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la citada parte quejosa, en contra del auto de ***** mediante el cual se desechó la demanda de amparo en los términos allí precisados. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, remítase el escrito original de cuenta y el anexo que contiene los agravios que causa el auto recurrido; así como copia certificada de las constancias que obran en autos de este juicio de amparo en vía de informe, para que sean tomadas en cuenta para resolver el medio de impugnación aludido, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimo Circuito, para la substanciación del recurso de mérito, agregándose a los autos una copia del mismo. Por otra parte, de conformidad con el citado numeral 101 de la Ley en cita, se rinde informe con justificación, en el sentido de que es cierto el acto impugnado a través del recurso citado****** lo anterior, sin perjuicio de que el tribunal de alzada provea en relación a ello.
- Principal
Desahogo de Prevención. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual desahoga la prevención formulada por este órgano de control constitucional en proveído de once de julio de dos mil diecinueve. En atención a su contenido, y al escrito inicial de demanda, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia debe hacerse de oficio, se advierte que en el caso actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), todos de la Ley de Amparo, por las razones de orden legal que enseguida se exponen. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En ese contexto, se puntualiza que la improcedencia general de la acción de amparo, se traduce en la imposibilidad jurídica del órgano de control constitucional de estudiar y decidir la cuestión planteada, y deberá abstenerse de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de autoridad reclamado, de tal forma que ante dicha imposibilidad la acción de amparo no logra su objetivo y la pretensión del quejoso no se realiza, no porque ésta pudiera ser infundada, sino porque, como ya se dijo, no debe analizarse la cuestión fundamental; por consiguiente, con motivo de la improcedencia de la acción de amparo, el juicio respectivo no concluye con la negativa de la protección federal, sino con el sobreseimiento decretado en el propio juicio, esto último acontece cuando la causa de improcedencia no es notoria, indudable o manifiesta, sino que se surte o se demuestra durante el procedimiento, pues de lo contrario, desde su inicio, daría lugar al desechamiento de plano de la demanda de amparo. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la improcedencia es: "La institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, es decir, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda." Al respecto, es menester puntualizar que existen tres clases de improcedencia: la constitucional, la legal y la jurisprudencial. La primera de ellas, se actualiza cuando la imposibilidad para que el órgano de control estudie y dirima la cuestión fundamental planteada al ejercitarse la acción de amparo, se prevé en la Constitución Federal, y se consigna con vista a determinadas situaciones abstractas con relación a las cuales no es posible, de forma obligatoria, resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que se reclamen. El carácter distintivo de la improcedencia en estudio, estriba en que se consigna por medio absoluto y necesario para todos aquellos casos concretos que puedan enmarcarse dentro de la situación abstracta establecida en la ley fundamental, sin que la actitud asumida por el particular frente al acto de autoridad que lo agravie, la determine. La improcedencia de tipo legal, nace a la vida jurídica cuando la propia Ley de Amparo establece los impedimentos para que el órgano constitucional estudie y decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Por último, la improcedencia jurisprudencial, es aquélla que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, así como la establecida por los Tribunales Colegiados de Circuito, con base en diversos factores tales como la naturaleza del acto reclamado, la índole especial del quejoso y las prohibiciones constitucionales; ya que la jurisprudencia emitida por dichos cuerpos colegiados es de observancia obligatoria, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la Ley de Amparo. En ese sentido, y con sustento en el artículo 107, fracción V, antes transcrito, se concluye que tratándose de actos dentro de un juicio, solo procederá el amparo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Conviene recordar que es reclamable a través del juicio de amparo todo acto de autoridad que viole los derechos humanos del gobernado, según lo dispone el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el arábigo 107 se indican con precisión los casos específicos en que debe promoverse ante el juez de distrito el juicio biinstancial, y tratándose de la hipótesis que regula la fracción V, atinente a los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a fin de que proceda en su contra el juicio de amparo por la vía biinstancial. Para evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia en el juicio de amparo, es preciso señalar que de un análisis integral a la demanda de amparo, se desprende que el promovente bajo protesta de decir verdad, manifestó en esencia lo siguiente: ? En auto de quince de julio de dos mil quince, el Juez Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, admitió a trámite la demanda relativa a el Juicio Sucesorio Testamentario promovida por **********, respecto de los bienes del difunto **********; la cual quedó registrada bajo el expediente 715/2015; fijó las nueve horas con treinta minutos del treinta de octubre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 635 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, a saber la junta de herederos. ? Por auto de nueve de septiembre de dos mil quince, se ordenó emplazar a juicio a **********, en el domicilio que proporcionó **********, proveído en el que se fijaron las ocho horas del veintiocho de septiembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia especificada en párrafos anteriores; así como se ordenó edictos para notificar a **********, todos de apellidos **********; edicto de mérito que fue publicado el catorce y veintiséis de septiembre de dos mil quince, respectivamente, en el diario local del Estado y en el periódico Oficial del Estado de Tabasco. ? En veintiocho de septiembre de dos mil quince, la responsable celebró la diligencia de Junta de Herederos y de nombramiento de Albacea y se designó como nueva albacea a **********, quien presentó un inventario provisional que conforma la masa hereditaria y solicitó se requiriera al aquí quejoso para que informara el estado financiero de la sociedad mercantil denominada Automotriz Tabasco, sociedad anónima de capital variable. ? Dicho requerimiento le fue notificado al aquí quejoso el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, momento en el que aduce tuvo conocimiento de la existencia del juicio sucesorio testamentario de referencia, por lo que el diez de noviembre de ese mismo año, interpuso incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento que se le realizo por medio de edictos. ? El diez de junio de dos mil diecinueve, se dictó la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones planteado, declarándolo no probado; Lo cual constituye el acto reclamado. En ese sentido, se pone de manifiesto la causa de improcedencia del juicio de amparo en forma indudable, pues el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución interlocutoria de diez de junio de dos mil diecinueve, por el cual se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, promovido contra la notificación realizada por edictos, lo que en este momento procesal no acarrea algún perjuicio al promovente de esta instancia en su esfera jurídica fundamental, dado que no es de los considerados como los que tienen una ejecución de imposible reparación, es decir, por la naturaleza del acto reclamado, no vulnera ni restringe algún derecho sustantivo del amparista, puesto que como bien lo describe en su escrito de demanda tiene reconocida su calidad de heredero del autor mortual dentro del juicio de origen, y por sí solo no transgrede los derechos de participación en la etapa procesal correspondiente; pues, la posible violación a las normas del procedimiento que llegase a ocurrir, puede hacerla valer al finalizar la sección primera del juicio sucesorio testamentario, como bien lo refiere el quejoso en su escrito aclaratorio de demanda, de acorde lo estipulado en el artículo 632 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, que se conforma del siguiente modo: "ARTICULO 632.- Secciones del juicio sucesorio En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Cuando no haya inconveniente para ello las secciones podrán tramitarse simultáneamente. Las secciones serán las siguientes: I. Sección primera denominada "De sucesión". Contendrá: la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos; II. Sección segunda, que se designará "De inventarios". Contendrá los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal; III. Sección tercera, llamada "De administración". Contendrá: todo lo relativo a administración, a cuentas, su glosa y calificación; y IV. Sección cuarta, llamada "De partición". Contendrá: el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios. Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez desempeñe el cargo de albacea" Así, si bien acorde al citado precepto legal el podrecimiento del juicio del Juicio Sucesorio cuenta con etapas, las cuales se resuelven por separado; al encontrarse en la primera sección o bien resuelta esta: se advierte que ya tiene reconocido los derechos como heredero; podrá reclamar dicha violación procesal al dictado de la resolución que ponga fin a la mencionada sección. O bien, pueden ser subsanadas al momento del dictado de la resolución que se emita en el juicio natural, que sea favorable a sus intereses; pues de este modo, todas las transgresiones al procedimiento quedarían reparadas; empero, de resultarles adverso a sus pretensiones, podrán combatirla por el medio de defensa legal correspondiente; pues es hasta ese momento en el que se materializaría alguna violación a las normas del adjetivas. En efecto, los actos en juicio susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, como puntualmente lo estableció el legislado en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, son aquellos que de modo directo e inmediato afecten derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna. De ahí, que resulte improcedente el amparo por esta vía, cuando los actos que se reclaman sólo afecta derechos adjetivos o procesales, tal y como acontece en la especie, pues podrían ser reparados al momento del dictado de la resolución que emane del juicio sucesorio testamentario multicitado. Es ese sentido, es de establecerse la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derecho humanos constitucionalizados, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados hasta el momento en que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Por tanto, al confrontar el contenido de lo que debe entenderse por actos en juicio de imposible reparación, con el acto que se combate por esta vía, se llega a la conclusión que éste no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación relevante a algún derecho fundamental, pues a través del mismo no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino que únicamente, en su caso, produce efectos formales o intraprocesales. Además que, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en la norma, sino hasta el preciso momento en el que la autoridad, resuelve la controversia planteada, siempre y cuando, ésta le resulte adversa a sus intereses. En esa tesitura, se puede advertir que el acto combatido por la parte quejosa, no es procedente en la vía biinstancial que intenta, por cuanto que ya se ha visto que de acuerdo con el referido artículo 107, fracción V, del ordenamiento anotado, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y en la situación particular, el acto reclamado no reúne esa singular característica, pues la resolución reclamada, no tiene una ejecución de imposible reparación en la medida en que, esa decisión, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos que protegen las normas constitucionales, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que además, de ninguna manera puede influir en el resultado final del juicio de donde deviene el acto reclamado. Máxime que el acto por esta vía impugnado, no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia contenidas en el citado artículo 107 de la Ley de Amparo y tampoco se actualiza alguno de los supuestos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para la procedencia del juicio de garantías indirecto contra actos dentro del juicio, que afectan de manera irremediable los derechos sustantivos del gobernado. Tiene aplicación en lo concerniente, la jurisprudencia 244, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, Octava Época, cuyo rubro y texto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS... En las apuntadas condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En ese orden de ideas, es evidente que en el caso a estudio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por **********. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo; las cuales son manifiestas porque se determinan con base en los elementos aportados con la demanda porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa... Notifíquese como corresponda.
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