Santiago Cristobal Santes García

Expediente 585/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
585/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Santiago Cristobal Santes García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General1, al 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: [.] b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ???? ??????????????? ??????????????? Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Por otra parte, toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibidos por el promovente del amparo; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  2. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General1, al 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: [.] b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Por otra parte, toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibidos por el promovente del amparo; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a doce de abril de dos mil veintiuno. Visto; el escrito de Julio Ríos Hernández; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que carece de facultades para promover en presente juicio, ya que mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se le tuvo como autorizado de la parte quejosa únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 585/2019, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto a la pretensión de cumplimiento de las autoridades responsables al fallo amparador; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a calificar el cumplimiento de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si la ejecutoria fue cumplida en su totalidad, es decir, sin excesos ni defectos y en términos del artículo 214 del mismo ordenamiento legal que dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. En primer término, debe destacarse que este auto supone el análisis de la ejecutoria de amparo, así como la precisión de sus alcances y efectos, pues el cumplimiento exige la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada, a fin de determinar si fue exacta y cabalmente acatada; con la finalidad de lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la citada violación. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el doce de noviembre de 2014, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Décima Época, con número de registro 2008030, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO." Mediante sentencia autorizada el treinta de junio de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional solicitada a Santiago Cristóbal Santes García, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, residente en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz: "a) Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente 95/2018, incluida la resolución ahí pronunciada y la comunicación que hizo al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, para que expidiera en favor de Brígida Santes García los certificados parcelarios correspondientes; y b) Reponga el procedimiento en el expediente mencionado a partir del acuerdo de admisión, a fin de que dé al quejoso Santiago Cristóbal Santés García la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal." Esto, al considerarse que de la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario en el expediente 95/2018, se desprende que a Brígida Santés García se le reconoció como sucesora y ejidataria de los derechos agrarios que correspondieron al de cujus Magdaleno Santes García de conformidad con el artículo 18, fracción III, de la Ley Agraria, por lo que se ordenó que se le expidieran en su favor los certificados parcelarios correspondientes. Sin embargo, el quejoso Santiago Cristóbal Santés García allegó al presente juicio de amparo el acta del Registro Civil número 559, concerniente a su nacimiento, de la que se desprende que aparece como su padre el autor de la sucesión, por ende, que se ubica en el supuesto previsto por el mencionado artículo 18, fracción III, de la Ley Agraria; por tanto, es inconcuso que cuenta con el derecho de formular su oposición en las diligencias combatidas. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte se declaró que la sentencia de referencia causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector. Luego, en los diversos proveídos de doce de enero y veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo a dichas autoridades informando el cumplimiento dado al fallo federal con las constancias respectivas. Ahora, de un análisis comparativo general o básico que se realiza a las constancias remitidas, con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, se pone de manifiesto que las autoridades responsables realizaron lo siguiente: a) Se dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 95/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, residente en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, incluida la resolución ahí pronunciada y la comunicación que se hizo al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, para que expidiera en favor de Brígida Santes García los certificados parcelarios correspondientes; y b) Se repuso el procedimiento en ese juicio agrario a partir del acuerdo de admisión con la finalidad de dar al quejoso Santiago Cristóbal Santés García la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal. Lo anterior, se corrobora con el oficio 45/2021 U.A.J.T.U.A.DTO.32, en el que se insertó el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, del que se advierte, en lo que interesa, que el Tribunal responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio agrario 95/2018, a partir del acuerdo de admisión, incluyendo la sentencia, y la aludida comunicación al Delegado del Registro agrario Nacional; asimismo, se repuso el procedimiento en el mencionado juicio agrario a partir del acuerdo de admisión, señalando hora y fecha para la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, instruyéndose al actuario adscrito al tribunal responsable para que emplazara al quejoso Santiago Cristóbal Santes García y se ordenó la cancelación del oficio 976/2018 girado al Delegado del Registro Agrario Nacional, indicándosele que debía cancelar todas las actuaciones que hubiese realizado con motivo de ese oficio. Así como con el diverso oficio DEV/AJ/2014/2020 signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, mediante el cual informó que canceló los asientos registrales de la inscripción de la sentencia dictada en aquel juicio agrario, procediendo a cancelar los certificados de derechos parcelarios 1076772, 1076773, 1076774 y 1076775 expedidos a Brígida Santes García, así como el reconocimiento de los derechos que le fueron transmitidos, adjuntando copia certificada del folio de inscripción 30124058121091967R en la que consta que, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, realizó la inscripción condigna y las anotaciones y/o cancelaciones en el folio agrario respectivo. En estas condiciones, del examen comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades responsables, se obtiene que cumplieron con el núcleo esencial de la concesión consistente en dejar insubsistente lo actuado en el expediente agrario 95/2018, incluida la resolución ahí pronunciada y la comunicación que se hizo al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, para que expidiera en favor de Brígida Santes García los certificados parcelarios correspondientes y reponer el procedimiento a partir del acuerdo de admisión con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del quejoso Santiago Cristóbal Santés García. Sirve de apoyo a esta conclusión, las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2007970 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 75/2014 (10a.) Página: 627 RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubiera omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Esta determinación, sin prejuzgar sobre la validez jurídica de los actos que no fueron materia de litis constitucional, atento a que ese tópico es ajeno a la calificación del cumplimiento. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista de acuerdos a la tercero interesada, como está ordenado en proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, y por oficio a las autoridades responsables. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Jarazeth Patricia Zapata Hernández, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a doce de abril de dos mil veintiuno. Visto; el escrito de Julio Ríos Hernández; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que carece de facultades para promover en presente juicio, ya que mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se le tuvo como autorizado de la parte quejosa únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 585/2019, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto a la pretensión de cumplimiento de las autoridades responsables al fallo amparador; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a calificar el cumplimiento de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si la ejecutoria fue cumplida en su totalidad, es decir, sin excesos ni defectos y en términos del artículo 214 del mismo ordenamiento legal que dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. En primer término, debe destacarse que este auto supone el análisis de la ejecutoria de amparo, así como la precisión de sus alcances y efectos, pues el cumplimiento exige la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada, a fin de determinar si fue exacta y cabalmente acatada; con la finalidad de lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la citada violación. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el doce de noviembre de 2014, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Décima Época, con número de registro 2008030, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO." Mediante sentencia autorizada el treinta de junio de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional solicitada a Santiago Cristóbal Santes García, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, residente en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz: "a) Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente 95/2018, incluida la resolución ahí pronunciada y la comunicación que hizo al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, para que expidiera en favor de Brígida Santes García los certificados parcelarios correspondientes; y b) Reponga el procedimiento en el expediente mencionado a partir del acuerdo de admisión, a fin de que dé al quejoso Santiago Cristóbal Santés García la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal." Esto, al considerarse que de la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario en el expediente 95/2018, se desprende que a Brígida Santés García se le reconoció como sucesora y ejidataria de los derechos agrarios que correspondieron al de cujus Magdaleno Santes García de conformidad con el artículo 18, fracción III, de la Ley Agraria, por lo que se ordenó que se le expidieran en su favor los certificados parcelarios correspondientes. Sin embargo, el quejoso Santiago Cristóbal Santés García allegó al presente juicio de amparo el acta del Registro Civil número 559, concerniente a su nacimiento, de la que se desprende que aparece como su padre el autor de la sucesión, por ende, que se ubica en el supuesto previsto por el mencionado artículo 18, fracción III, de la Ley Agraria; por tanto, es inconcuso que cuenta con el derecho de formular su oposición en las diligencias combatidas. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte se declaró que la sentencia de referencia causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector. Luego, en los diversos proveídos de doce de enero y veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo a dichas autoridades informando el cumplimiento dado al fallo federal con las constancias respectivas. Ahora, de un análisis comparativo general o básico que se realiza a las constancias remitidas, con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, se pone de manifiesto que las autoridades responsables realizaron lo siguiente: a) Se dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 95/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, residente en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, incluida la resolución ahí pronunciada y la comunicación que se hizo al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, para que expidiera en favor de Brígida Santes García los certificados parcelarios correspondientes; y b) Se repuso el procedimiento en ese juicio agrario a partir del acuerdo de admisión con la finalidad de dar al quejoso Santiago Cristóbal Santés García la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal. Lo anterior, se corrobora con el oficio 45/2021 U.A.J.T.U.A.DTO.32, en el que se insertó el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, del que se advierte, en lo que interesa, que el Tribunal responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio agrario 95/2018, a partir del acuerdo de admisión, incluyendo la sentencia, y la aludida comunicación al Delegado del Registro agrario Nacional; asimismo, se repuso el procedimiento en el mencionado juicio agrario a partir del acuerdo de admisión, señalando hora y fecha para la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, instruyéndose al actuario adscrito al tribunal responsable para que emplazara al quejoso Santiago Cristóbal Santes García y se ordenó la cancelación del oficio 976/2018 girado al Delegado del Registro Agrario Nacional, indicándosele que debía cancelar todas las actuaciones que hubiese realizado con motivo de ese oficio. Así como con el diverso oficio DEV/AJ/2014/2020 signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, mediante el cual informó que canceló los asientos registrales de la inscripción de la sentencia dictada en aquel juicio agrario, procediendo a cancelar los certificados de derechos parcelarios 1076772, 1076773, 1076774 y 1076775 expedidos a Brígida Santes García, así como el reconocimiento de los derechos que le fueron transmitidos, adjuntando copia certificada del folio de inscripción 30124058121091967R en la que consta que, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, realizó la inscripción condigna y las anotaciones y/o cancelaciones en el folio agrario respectivo. En estas condiciones, del examen comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades responsables, se obtiene que cumplieron con el núcleo esencial de la concesión consistente en dejar insubsistente lo actuado en el expediente agrario 95/2018, incluida la resolución ahí pronunciada y la comunicación que se hizo al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, para que expidiera en favor de Brígida Santes García los certificados parcelarios correspondientes y reponer el procedimiento a partir del acuerdo de admisión con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del quejoso Santiago Cristóbal Santés García. Sirve de apoyo a esta conclusión, las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2007970 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 75/2014 (10a.) Página: 627 RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubiera omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Esta determinación, sin prejuzgar sobre la validez jurídica de los actos que no fueron materia de litis constitucional, atento a que ese tópico es ajeno a la calificación del cumplimiento. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

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