Santiago Contreras Contreras
Expediente 204/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Santiago Contreras Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha no obra constancia que acredite que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, haya cumplido con la ejecutoria de amparo (con el trámite del juicio laboral número 1472/2015, en el que después de realizar una minuciosa revisión, determine las pruebas que faltan por desahogar y hecho lo anterior, decrete las medidas necesarias para su desahogo). Requerimiento En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable en cita, para que dentro de término de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Subsiste apercibimiento En el entendido de que subsisten los apercibimientos que les fueron formulados en auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de engrose de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a SANTIAGO CONTRERAS CONTRERAS; sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: ".para el efecto de que acatando los términos establecidos en la ley, continúe con el trámite del juicio laboral 1472/2015, en el que después de realizar una minuciosa revisión del expediente laboral, determine las pruebas que faltan por desahogar; y, hecho lo anterior, decrete las medidas necesarias para logar su desahogo, para lo cual podrá hacer uso de los medios de apremio que establece la legislación aplicable; sin que haya lugar a conceder el amparo a fin de que la autoridad responsable cierre la instrucción y emita el laudo respectivo, toda vez que los alcances de la concesión deben limitarse en función de la etapa procedimental, en que se sitúa el acto reclamado, de ahí que lo conducente sea que la responsable continúe con la tramitación del juicio por la fase que corresponda, acatando los términos de ley, ello a fin de respetar y cumplir lo que la garantía individual en cuestión exige y, por tanto, resarcir así al impetrante de garantías en el pleno goce de la misma, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades laborales responsables no tienen superior jerárquico que les ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 204/2019, promovido por Santiago Contreras Contreras, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintidós de febrero del año en curso en el buzón judicial de la en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido al día siguiente hábil, por razón de turno este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, José Luis Nieto Millán, en su carácter de apoderado de Santiago Contreras Contreras, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. El promovente del amparo estimó violados en perjuicio de su representado los derechos humanos protegidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintiséis de febrero de la presente anualidad, se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número VI-204/2019; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en la dilación en la administración de justicia derivada de los siguientes actos: La dilación en la administración de justicia derivada del hecho de que desde el ocho de marzo de dos mil diecisiete, se proveyó lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes, sin que a la fecha se haya verificado el desahogo de las mismas en su totalidad. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que es cierta la existencia de los actos que se le reclaman. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas actuaciones. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Es fundado el concepto de violación y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en el que la promovente esencialmente argumenta que el actuar de la responsable viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la responsable no ha realizado oportunamnete las gestiones necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada dentro del expediente laboral número 1472/2015, inobservando con su actuar los dispuesto en el citado precepto constitucional. Ahora bien, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Ahora bien, resulta correcta la apreciación del ahora solicitante de la tutela constitucional, pues efectivamente la actitud omisa de la autoridad responsable, resulta violatoria de la garantía de pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente. De la exégesis del precepto constitucional transcrito, se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. En ese orden, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que es cierto el acto reclamado, situación que se corrobora con las constancias remitidas por la misma, se advierte que se encuentra radicado el expediente laboral 1472/2015, promovido por la parte impetrante del amparo, y que en el mismo desde el ocho de marzo de dos mil diecisiete, proveyó lo relativo al ofrecimiento y admisión de pruebas, señaló días y horas para el desahogo de la pruebas admitidas, sin que a la fecha se hayan desahogado en su totalidad, ni se han agotado los medios de apremio que establece la ley a efecto de llevar a cabo el desahogo de las pruebas pendientes a fin de que se declare cerrada la instrucción. En ese contexto, evidente resulta que el Presidente del Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues si en el expediente natural desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, siendo hasta el ocho de marzo de dos mil diecisiete, que la responsable emitió un acuerdo en el cual se desecharon unas pruebas y se admitieron otras y señaló días y horas para el desahogo de la pruebas admitidas, sin que a la fecha se hayan desahogado en su totalidad, ni se han agotado los medios de apremio que establece la ley a efecto de llevar a cabo el desahogo de las que están pendientes a fin de que se declare cerrada la instrucción, pero de autos no se advierte que hubiere ordenado la práctica de diligencias posteriores al doce de noviembre de dos mil dieciocho, conforme lo dispone el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, sino que lo hizo hasta el mes de marzo de dos mil diecinueve, y ello sin que de las constancias remitidas se advierta la entrega del oficio de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dirigido a la institución bancarias correspondiente, lo que evidencia la violación al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe decirse que el referido proveído no justifica el proceder del Tribual responsable, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que son inaplicables de manera supletoria los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley Burocrática (actualmente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios), precisamente porque está última legislación prevé un procedimiento diferente para la emisión de sus laudos, diverso al de la codificación obrera citada en primer término. En efecto, el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios señala el procedimiento a seguir, del que destaca que aquél se reducirá a la presentación de la demanda y contestación y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos, y se pronunciará resolución, a menos que se requiera la práctica de diligencias posteriores, como lo sería en el caso concreto; sin embargo, desde aquella actuación a la fecha ya han transcurrido más de dos años sin que se cierre la instrucción y se dicte el aludo. En ese sentido, si a la fecha no se han desahogado las mismas, dichos términos exceden en demasía al que alude el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, por ende, es que la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulte violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. Máxime si se tiene en consideración que no se tiene la certeza de cuáles fueron las pruebas ofrecidas por las partes y si ya se proveyó respecto de la totalidad de ellas, pues si bien en auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se tuvieron por desahogadas algunas y se ordenó recabar una diversa documental, para lo cual se giró oficio a la institución bancaria BBVA Bancomer S. A, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, como ya se dijo, no se advierte que dicha comunicación de haya enviado y que por lo tanto se vaya a tener por desahogada dicha probanza, lo cual redunda en la violación al artículo 17 Constitucional señalado. En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso Santiago Contreras Contreras, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que acatando los términos establecidos en la ley, continúe con el trámite del juicio laboral 1472/2015, en el que después de realizar una minuciosa revisión del expediente laboral, determine las pruebas que faltan por desahogar; y, hecho lo anterior, decrete las medidas necesarias para logar su desahogo, para lo cual podrá hacer uso de los medios de apremio que establece la legislación aplicable; sin que haya lugar a conceder el amparo a fin de que la autoridad responsable cierre la instrucción y emita el laudo respectivo, toda vez que los alcances de la concesión deben limitarse en función de la etapa procedimental, en que se sitúa el acto reclamado, de ahí que lo conducente sea que la responsable continúe con la tramitación del juicio por la fase que corresponda, acatando los términos de ley, ello a fin de respetar y cumplir lo que la garantía individual en cuestión exige y, por tanto, resarcir así al impetrante de garantías en el pleno goce de la misma, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Santiago Contreras Contreras, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de abril de dos mil diecinueve. AUTORIDAD INFORMA. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad responsable informa a este órgano de control jurisdiccional los tramites que ha realizado dentro del juicio laboral de origen; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que da lugar. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que la autoridad responsable envía sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.DAA
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