Santiago Christian Coronado Gallegos

Expediente 119/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
119/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Santiago Christian Coronado Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 1-A. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de veintitrés de marzo del año actual, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. Por otra parte, dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, es decir fuera de la residencia de este Juzgado, pero dentro de esta jurisdicción, en términos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, a través del correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar, que el actuario adscrito a este Juzgado debe trasladarse a dicho centro carcelario, a fin de notificar esta determinación. Finalmente, agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual comunica, entre otras cosas, que remitirá los informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables; atento a lo anterior, se reserva proveer lo que en derecho proceda, hasta en tanto alleguen a estos autos, los citados informes de suspensión.

  2. Principal

    MESA 1-A. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia oficial en Toluca, , con el que en cumplimiento al proveído de doce de marzo de esta anualidad, emitido en el juicio de amparo XXX, de su índice, remite los autos originales del mencionado juicio, promovido por XXXX, así como el original del referido juicio de amparo. Lo anterior, por considerar que ese órgano carece de competencia legal para conocer el presente asunto. Acúsese recibo. Con apoyo en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 119/2021. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se apertura por no haberse solicitado expresamente; de igual manera, por cuanto el Juzgado declinante se pronunció en relación a la suspensión de plano del acto reclamado, se deja de hacer pronunciamiento alguno. DESECHAMIENTO Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 1, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" Analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, pues, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra versan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" En ese precepto legal se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. En primer lugar, es conveniente señalar que en la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, ya se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1 de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Bajo ese contexto, por tratarse el acto reclamado de situaciones relacionadas con las condiciones de reclusión del quejoso, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que la actuación reclamada se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación, por ende, lo relativo a la de atención médica, se encuentra dentro de las mismas. Ahora bien, por su parte los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad, y 74, 76, 77 y 78, referentes a los servicios de atención médica, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII dela Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambió de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Nacional, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, CONTEMPLA LAS PETICIONES RELATIVAS A CASOS URGENTES, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la de atención médica a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, donde la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. En el caso, Santiago Christian Coronado Gallegos, reclama la falta de atención medica de acuerdo a sus padecimientos, en el centro de reclusión en que se encuentra; por lo que es inconcuso, que respecto a dicho acto, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, el que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; lo anterior sin perjuicio de que algunos de los actos requieren atención urgente, pues no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo que motive el otorgamiento de la suspensión; pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes como el que nos ocupa, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resolviera en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, ambién tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento. Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Cobra aplicación lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018 en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, al resolver que respecto de las peticiones por casos urgentes, relacionadas con las condiciones de internamiento, el gobernado previamente a la promoción del juicio de amparo, debe acudir ante el juez correspondiente para solventar la afectación a su esfera jurídica de derechos. Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 79/2018 (10a), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, cuyos datos de identificación al rubro y texto son los siguientes: Décima Época, Registro: 2018548, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), Página: 230. "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En ese orden, en la especie no se aprecia que el quejoso XXXX, haya agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su petición, situación de la que se duele en esta vía constitucional. Es menester precisar que, de las manifestaciones vertidas por el quejoso en la diligencia de notificación realizada el ocho de marzo de dos mil veintiuno, se aprecia lo siguiente: "Solicito licenciada (o) que me represente adscrpita (sic) al juzgado, en segundo punto solicito (sic) atención medica debido debido aun problema de salud dese ase (sic) días que me causan calentura dolor de huesos etc. Gracias."; no se advierte que en el caso en estudio, la falta de atención medica solicitada a las autoridades penitenciarias respecto de sus padecimientos, someta al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, todo lo cual, desde luego, comprometería gravemente su dignidad e integridad personal. Se dice lo anterior, pues se advierte que el aquí quejoso, se duele de que el padecimiento que tiene le causa calentura y dolor de huesos, sin que pueda ocasionar cualquiera de las consecuencias irreversibles mencionadas. Por ello, este juzgador a partir de un juicio valorativo ponderando las declaraciones vertidas en la demanda de amparo, y de las constancias que obran en auto, se estima que en el caso concreto, la falta de atención medica que se reclama, no encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause al quejoso una aflicción física y/o mental que afecte gravemente su dignidad e integridad personal equiparables a un tormento. Sustenta lo anterior, el criterio1 emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita; por tanto, con fundamento en lo contemplado en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR XXX. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el citado Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residente en Villa Comaltitlán, Chiapas, donde se encuentra recluido el quejoso, a quien deberá realizarse las notificaciones en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, por el correo electrónico autorizado, que el actuario adscrito a este Juzgado debe trasladarse al citado centro carcelario para los efectos indicados.

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