Santiago Castro Palacios
Expediente 16/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Santiago Castro Palacios
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el auto de catorce de enero del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena archivo Al no existir tramite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un auto que desechó la demanda; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 16/2022 y fórmense los expedientes tanto físico como electrónico que refiere el artículo 3° de la Ley de Amparo. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario señala como acto reclamado: La resolución interlocutoria de cinco de enero del presente año, dictada en Juicio Especial por Alimentos ****, seguido ante el Juzgado Primero de lo Familiar de Ciudad Valles, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno. Antecedentes del acto reclamado De la narración bajo protesta de decir verdad efectuada por el promovente en su escrito de demanda, se advierten como antecedentes los siguientes: 1. El acto reclamado deriva del Juicio Especial por Alimentos ****, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Ciudad Valles, San Luis Potosí, promovido por ****, en contra de ****. 2. En el citado juicio el dos de diciembre pasado se dictó un auto en el cual se fijaron las ocho horas con treinta minutos para la continuación de la audiencia de recepción de pruebas y alegatos, y se determinó que las pruebas confesionales ofertadas por las partes, se practicarían con o sin asistencia de las mismas 3. En contra de dicha determinación el hoy quejoso interpuso recurso de revocación, argumentando una imposibilidad física para moverse y por ende acudir al desahogo de la probanza confesional ofertada por su contraparte a su cargo. 4. El cinco de enero de la presente anualidad el Juzgado Primero de lo Familiar de Ciudad Valles, San Luis Potosí, resolvió la interlocutoria, declarando infundados los agravios y determinó que el recurso era improcedente. -Determinación que constituye el acto reclamado- Actualización de la causal de improcedencia En efecto, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de cinco de enero de dos mil veintidós, pronunciada en el Juicio Especial por Alimentos 829/2020, seguido ante el Juzgado Primero de lo Familiar de Ciudad Valles, San Luis Potosí, relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el que entre otras cuestiones se fijó fecha y hora para la continuación de la audiencia de recepción de pruebas y alegatos, y se determinó que las pruebas confesionales ofertadas por las partes, se practicarían con o sin asistencia de las mismas, no es un acto de imposible reparación, ya que será hasta el momento el que se resuelva el aludido juicio, que podría advertirse o no afectación alguna. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En el caso se considera que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone que el juicio constitucional en la vía indirecta procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos dentro de juicio, cuando su ejecución es de imposible reparación. También se establece que por "imposible reparación" debe entenderse aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esa determinación, no tiene el carácter de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no vulnera alguno de los derechos sustantivos del inconforme, consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, como son la vida, la integridad física, el patrimonio, la libertad personal, entre otros, sino que en todo caso constituye una mera violación adjetiva o en todo caso, procesal. El Tribunal Pleno se pronunció estableciendo su sentido y alcance de la irreparabilidad de los actos reclamados, precisando que para ser calificados como irreparables, los actos necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Incluso, destacó, que ahora no es factible resolver los asuntos con el anterior criterio, el cual reconocía la procedencia del juicio de amparo "a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior", ya que de continuar aceptando ese criterio se incurría en desacato a la Ley de Amparo vigente. Criterio que se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con base en ello, es claro que en el caso sólo se afectan derechos adjetivos; si bien dicho precedente se emitió bajo la observancia de la ley de amparo actualmente abrogada considerando los conceptos de "afectación en grado predominante y superior" que actualmente abandonó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que sirve para establecer que las resoluciones que desechan o confirman incidentes, solamente producen afectaciones procesales o adjetivas. Resulta pertinente precisar que los actos que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por tanto, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la promovente, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir a los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir. En esas circunstancias, los actos de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por las garantías constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo, no transgrede tales derechos. Es aplicable por su contenido jurídico, la Jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que continua siendo aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, que establece: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Asimismo, es ilustrativa al caso, la Jurisprudencia 4a. 12 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRUEBAS, ADMISION DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACION PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento." Bajo ese contexto legal, la resolución que pretende combatir, no afecta de manera inmediata y cierta algún derecho sustantivo del peticionario de amparo, no produciéndose la hipótesis contemplada por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, para poder impugnar la resolución mencionada mediante el juicio de amparo indirecto. Máxime que, de lo narrado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierte que el Juicio Especial por Alimentos ****, del índice del Juzgado Primero Familiar de Ciudad Valles, San Luis Potosí, promovido por ****, en contra de ****, está en trámite, pues no se ha dictado sentencia, por lo que el aquí promovente tiene la posibilidad de obtener una resolución favorable a sus intereses. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada procede desechar de plano la presente demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, presentada por Santiago Castro Palacios. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Domicilio Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en calle independencia número 5, altos 1 y 2, zona centro de esta ciudad. Autorizado Por otro lado se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elías Emanuel Palacios Figueroa, toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Expedición de copias Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido que a efecto de que se haga entrega de las copias que lleguen a solicitar las partes, deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este Juzgado Federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las doce treinta a dieciocho treinta horas, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias, en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto. Protección de datos personales Conforme a los artículos 9 y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 108 de la Ley Federal en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: Número de expediente: 16/2022 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 16/2022 y fórmense los expedientes tanto físico como electrónico que refiere el artículo 3° de la Ley de Amparo. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario señala como acto reclamado: La resolución interlocutoria de cinco de enero del presente año, dictada en Juicio Especial por Alimentos ****, seguido ante el Juzgado Primero de lo Familiar de Ciudad Valles, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno. Antecedentes del acto reclamado De la narración bajo protesta de decir verdad efectuada por el promovente en su escrito de demanda, se advierten como antecedentes los siguientes: 1. El acto reclamado deriva del Juicio Especial por Alimentos ****, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Ciudad Valles, San Luis Potosí, promovido por ****, en contra de ****. 2. En el citado juicio el dos de diciembre pasado se dictó un auto en el cual se fijaron las ocho horas con treinta minutos para la continuación de la audiencia de recepción de pruebas y alegatos, y se determinó que las pruebas confesionales ofertadas por las partes, se practicarían con o sin asistencia de las mismas 3. En contra de dicha determinación el hoy quejoso interpuso recurso de revocación, argumentando una imposibilidad física para moverse y por ende acudir al desahogo de la probanza confesional ofertada por su contraparte a su cargo. 4. El cinco de enero de la presente anualidad el Juzgado Primero de lo Familiar de Ciudad Valles, San Luis Potosí, resolvió la interlocutoria, declarando infundados los agravios y determinó que el recurso era improcedente. -Determinación que constituye el acto reclamado- Actualización de la causal de improcedencia En efecto, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de cinco de enero de dos mil veintidós, pronunciada en el Juicio Especial por Alimentos 829/2020, seguido ante el Juzgado Primero de lo Familiar de Ciudad Valles, San Luis Potosí, relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el que entre otras cuestiones se fijó fecha y hora para la continuación de la audiencia de recepción de pruebas y alegatos, y se determinó que las pruebas confesionales ofertadas por las partes, se practicarían con o sin asistencia de las mismas, no es un acto de imposible reparación, ya que será hasta el momento el que se resuelva el aludido juicio, que podría advertirse o no afectación alguna. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En el caso se considera que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone que el juicio constitucional en la vía indirecta procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos dentro de juicio, cuando su ejecución es de imposible reparación. También se establece que por "imposible reparación" debe entenderse aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esa determinación, no tiene el carácter de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no vulnera alguno de los derechos sustantivos del inconforme, consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, como son la vida, la integridad física, el patrimonio, la libertad personal, entre otros, sino que en todo caso constituye una mera violación adjetiva o en todo caso, procesal. El Tribunal Pleno se pronunció estableciendo su sentido y alcance de la irreparabilidad de los actos reclamados, precisando que para ser calificados como irreparables, los actos necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Incluso, destacó, que ahora no es factible resolver los asuntos con el anterior criterio, el cual reconocía la procedencia del juicio de amparo "a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior", ya que de continuar aceptando ese criterio se incurría en desacato a la Ley de Amparo vigente. Criterio que se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con base en ello, es claro que en el caso sólo se afectan derechos adjetivos; si bien dicho precedente se emitió bajo la observancia de la ley de amparo actualmente abrogada considerando los conceptos de "afectación en grado predominante y superior" que actualmente abandonó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que sirve para establecer que las resoluciones que desechan o confirman incidentes, solamente producen afectaciones procesales o adjetivas. Resulta pertinente precisar que los actos que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por tanto, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la promovente, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir a los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir. En esas circunstancias, los actos de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por las garantías constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo, no transgrede tales derechos. Es aplicable por su contenido jurídico, la Jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que continua siendo aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, que establece: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Asimismo, es ilustrativa al caso, la Jurisprudencia 4a. 12 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRUEBAS, ADMISION DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACION PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento." Bajo ese contexto legal, la resolución que pretende combatir, no afecta de manera inmediata y cierta algún derecho sustantivo del peticionario de amparo, no produciéndose la hipótesis contemplada por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, para poder impugnar la resolución mencionada mediante el juicio de amparo indirecto. Máxime que, de lo narrado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierte que el Juicio Especial por Alimentos ****, del índice del Juzgado Primero Familiar de Ciudad Valles, San Luis Potosí, promovido por ****, en contra de ****, está en trámite, pues no se ha dictado sentencia, por lo que el aquí promovente tiene la posibilidad de obtener una resolución favorable a sus intereses. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada procede desechar de plano la presente demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, presentada por Santiago Castro Palacios. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Domicilio Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en calle independencia número 5, altos 1 y 2, zona centro de esta ciudad. Autorizado Por otro lado se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elías Emanuel Palacios Figueroa, toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Expedición de copias Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido que a efecto de que se haga entrega de las copias que lleguen a solicitar las partes, deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este Juzgado Federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las doce treinta a dieciocho treinta horas, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias, en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto. Protección de datos personales Conforme a los artículos 9 y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 108 de la Ley Federal en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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