Santiago Carrasco Mariano
Expediente 870/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Santiago Carrasco Mariano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL 870/2021-3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de treinta de agosto del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 870/2021 Acuerdo: pral.870/2021 mesa 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Se agrega escrito. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito firmado por el licenciado ****, apoderado legal de ***, parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; y, bajo protesta de decir verdad, aclara su demanda e indica que reclama lo siguiente: La omisión de las responsables de realizar apercibimientos en los acuerdos de veintidós de octubre de dos mil dieciocho y once de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. Asimismo, manifiesta que quedó notificado del acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho el trece de noviembre de ese año, en tanto que del diverso auto de once de junio del año en curso, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Ahora, se advierte, la parte quejosa cumplió con todas las prevenciones insertas en el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, es preciso efectuar el pronunciamiento relativo en términos de lo dispuesto por el numeral 112 de la Ley de Amparo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, ***+ Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Así, del análisis de la demanda y del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el primer precepto indicado en tesis de jurisprudencia obligatoria 34/2014, sostuvo la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra la desestimación de las excepciones atinentes a presupuestos procesales, como es la personalidad, al sostener: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, *****+De la lectura conjunta de dichas disposiciones y el criterio obligatorio invocado se tiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando en la vía indirecta se reclaman actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. *** Los derechos sustantivos, para efectos de las disposiciones citadas, son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, etcétera, que se encuentran anclados a los derechos fundamentales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera. **** Cuando se está en presencia de actos con efectos intraprocesales, sólo pueden afectar derechos adjetivos del gobernado, respecto de los cuales no es factible determinar, en forma inmediata, si le causará un perjuicio irreparable, puesto que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento,**** En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables a la: 1) Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y 2) Junta ESPECIAL Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Y como acto reclamado: Los autos de veintidós de octubre de dos mil dieciocho y once de junio de dos mil veintiuno, en los que las responsables omitieron realizar apercibimientos de los medios de prueba conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. Asimismo, a manera de antecedentes, refirió, en lo sustancial, lo siguiente: Que el seis de diciembre de dos mil diecisiete demandó ante la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca a la Comisión Federal de Electricidad y al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, *** En dicha fecha se llevó a cabo únicamente la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento de pruebas, reservándose el derecho para calificarlas. En acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho -acto reclamado- se señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, sin establecer los apercibimientos para la imposición de los medios de apremio a los funcionarios, en relación a la prueba admitida al tercero interesado. En proveído de once de junio de dos mil veintiuno -acto reclamado- se señalaron diversas fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas a las partes y, en relación a la prueba de cotejo admitida al tercero interesado, Comisión Federal de Electricidad, pero la Junta responsable omitió pronunciarse sobre los apercibimientos para la imposición de los medios de apremio a los funcionarios, en el desahogo de la prueba de cotejo. De lo anterior se aprecia que la parte quejosa reclama, en esencia, de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca los autos de veintidós de octubre de dos mil dieciocho y once de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, dictados en el juicio laboral 857/2017, en el cuales se señalaron fecha y hora para el desahogo de pruebas admitidas al tercero interesado, Comisión Federal de Electricidad, en los que no se establecieron los apercibimientos para la imposición de los medios de apremio a los funcionarios, y su ejecución a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. **** En consecuencia, debe considerarse que esa violación procesal, hasta el momento, no transciende en la esfera jurídica de la quejosa, pues sólo podrá afectarle en el supuesto de que obtenga un laudo desfavorable y que influya en su resultado tal violación procesal, en cuyo caso podrá reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra aquél, en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el laudo se podrá apreciar si el acto reclamado en esta instancia constitucional se vulneraron las defensas de la quejosa, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Lo anterior permite evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues los actos reclamados dejan de tener efectos que sean de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como podría ser la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, la libertad, la salud, las relaciones de familia, etcétera; ya que sus consecuencias producen únicamente efectos intraprocesales que son susceptibles de extinguirse sin haber originado afectación alguna en los derechos fundamentales de la parte quejosa, porque la violación alegada puede repararse posteriormente al reclamar la resolución final. Sirve de apoyo para determinar la conclusión anterior, la parte conducente, de la tesis de jurisprudencia vinculante cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Para que el juicio de garantías proceda de manera inmediata contra una ley aplicada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin necesidad de esperar a que éste culmine, es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación. De lo contrario, si la parte quejosa únicamente alega que se afecta su posibilidad de defensa, implicando cuestiones meramente procesales, el juicio resulta improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues en este caso, atendiendo al principio de definitividad, la acción procede hasta que se dicte la resolución definitiva con la cual culmine el procedimiento, momento en que se podrán combatir tanto la ley, como el procedimiento mismo, y la resolución final." (Jurisprudencia 1a./J. 29/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VII, Mayo de 1998 Registro: 196227 Materia(s): Común, Página: 150) Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61,, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, **** Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, de rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". De igual forma, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, , página 1641, del rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,*** Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
pral.870/2021 mesa 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Se agrega escrito. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito firmado por el licenciado ****, apoderado legal de ***, parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; y, bajo protesta de decir verdad, aclara su demanda e indica que reclama lo siguiente: La omisión de las responsables de realizar apercibimientos en los acuerdos de veintidós de octubre de dos mil dieciocho y once de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. Asimismo, manifiesta que quedó notificado del acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho el trece de noviembre de ese año, en tanto que del diverso auto de once de junio del año en curso, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Ahora, se advierte, la parte quejosa cumplió con todas las prevenciones insertas en el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, es preciso efectuar el pronunciamiento relativo en términos de lo dispuesto por el numeral 112 de la Ley de Amparo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, ***+ Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Así, del análisis de la demanda y del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el primer precepto indicado en tesis de jurisprudencia obligatoria 34/2014, sostuvo la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra la desestimación de las excepciones atinentes a presupuestos procesales, como es la personalidad, al sostener: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, *****+De la lectura conjunta de dichas disposiciones y el criterio obligatorio invocado se tiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando en la vía indirecta se reclaman actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. *** Los derechos sustantivos, para efectos de las disposiciones citadas, son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, etcétera, que se encuentran anclados a los derechos fundamentales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera. **** Cuando se está en presencia de actos con efectos intraprocesales, sólo pueden afectar derechos adjetivos del gobernado, respecto de los cuales no es factible determinar, en forma inmediata, si le causará un perjuicio irreparable, puesto que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento,**** En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables a la: 1) Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y 2) Junta ESPECIAL Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Y como acto reclamado: Los autos de veintidós de octubre de dos mil dieciocho y once de junio de dos mil veintiuno, en los que las responsables omitieron realizar apercibimientos de los medios de prueba conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. Asimismo, a manera de antecedentes, refirió, en lo sustancial, lo siguiente: Que el seis de diciembre de dos mil diecisiete demandó ante la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca a la Comisión Federal de Electricidad y al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, *** En dicha fecha se llevó a cabo únicamente la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento de pruebas, reservándose el derecho para calificarlas. En acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho -acto reclamado- se señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, sin establecer los apercibimientos para la imposición de los medios de apremio a los funcionarios, en relación a la prueba admitida al tercero interesado. En proveído de once de junio de dos mil veintiuno -acto reclamado- se señalaron diversas fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas a las partes y, en relación a la prueba de cotejo admitida al tercero interesado, Comisión Federal de Electricidad, pero la Junta responsable omitió pronunciarse sobre los apercibimientos para la imposición de los medios de apremio a los funcionarios, en el desahogo de la prueba de cotejo. De lo anterior se aprecia que la parte quejosa reclama, en esencia, de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca los autos de veintidós de octubre de dos mil dieciocho y once de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, dictados en el juicio laboral 857/2017, en el cuales se señalaron fecha y hora para el desahogo de pruebas admitidas al tercero interesado, Comisión Federal de Electricidad, en los que no se establecieron los apercibimientos para la imposición de los medios de apremio a los funcionarios, y su ejecución a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. **** En consecuencia, debe considerarse que esa violación procesal, hasta el momento, no transciende en la esfera jurídica de la quejosa, pues sólo podrá afectarle en el supuesto de que obtenga un laudo desfavorable y que influya en su resultado tal violación procesal, en cuyo caso podrá reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra aquél, en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el laudo se podrá apreciar si el acto reclamado en esta instancia constitucional se vulneraron las defensas de la quejosa, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Lo anterior permite evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues los actos reclamados dejan de tener efectos que sean de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como podría ser la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, la libertad, la salud, las relaciones de familia, etcétera; ya que sus consecuencias producen únicamente efectos intraprocesales que son susceptibles de extinguirse sin haber originado afectación alguna en los derechos fundamentales de la parte quejosa, porque la violación alegada puede repararse posteriormente al reclamar la resolución final. Sirve de apoyo para determinar la conclusión anterior, la parte conducente, de la tesis de jurisprudencia vinculante cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Para que el juicio de garantías proceda de manera inmediata contra una ley aplicada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin necesidad de esperar a que éste culmine, es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación. De lo contrario, si la parte quejosa únicamente alega que se afecta su posibilidad de defensa, implicando cuestiones meramente procesales, el juicio resulta improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues en este caso, atendiendo al principio de definitividad, la acción procede hasta que se dicte la resolución definitiva con la cual culmine el procedimiento, momento en que se podrán combatir tanto la ley, como el procedimiento mismo, y la resolución final." (Jurisprudencia 1a./J. 29/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VII, Mayo de 1998 Registro: 196227 Materia(s): Común, Página: 150) Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61,, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, **** Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, de rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". De igual forma, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, , página 1641, del rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,*** Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
PRAL.870/2021 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por el licenciado *** apoderado legal de *** parte quejosa, mediante el cual pretende cumplir con la prevención realizada en auto de diecisiete de agosto de este año; en atención al mismo, se acuerda: 1.1. Prevención. Con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, y en obvio de mayores dilaciones, se previene a la parte quejosa, para que en el plazo otorgado en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (el cual se interrumpió con el escrito de cuenta), por escrito, con las copias necesarias del mismo, y bajo protesta de decir verdad, aclare su instancia constitucional en los términos siguientes. Del escrito de cuenta se aprecia que ahora en el escrito de cuenta la parte quejosa reclama de la 1) Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y 2) presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Tapachula, Chiapas, lo siguient Y, de los antecedentes del acto reclamado indicó, en lo que interesa: De lo anterior se advierte que no dio cumplimiento al requerimiento realizado en auto de diecisiete de agosto de este año, en el que se requirió lo siguiente: (Imagen escaneada) Por ello, aún existe incertidumbre en el señalamiento del acto reclamado, toda vez que la parte quejosa, en el capítulo relativo al acto reclamado, refiere que reclama la "expresión" de los apercibimientos para la imposición de los medios de apremio a los funcionarios (acción) y, por otra parte, hace referencia que las autoridades responsables, en acuerdos de veintidós de octubre de dos mil dieciocho y once de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, omitieron (omisión) pronunciarse respecto a los apercibimientos para la imposición de las multas respectivas. Por tanto, a efecto de que la(s) autoridad(es) responsable(s), en atención al principio de igualdad procesal, pueda(n) rendir su informe justificado, la parte quejosa deberá precisar, con claridad, cuál es el acto reclamado; es decir: Sí reclama de las responsables la imposición de las multas impuestas, o bien; La omisión de las responsables de realizar apercibimientos en los acuerdos de veintidós de octubre de dos mil dieciocho y once de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. En caso de ser esta última, deberá precisar la fecha exacta en que le fue notificado los referidos autos. O, por lo menos, bajo protesta de decir verdad, deberá expresar, en vía de antecedentes, el motivo de esa incongruencia. 1.2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con el requerimiento formulado dentro del plazo restante concedido o de incurrir en evasivas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 1.3. Precisión. Finalmente, se le hace del conocimiento de la parte quejosa que subsiste el plazo y apercibimiento formulados en el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el cual quedó interrumpido con la presentación del escrito de cuenta y se reanudará una vez que quede notificada de este proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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