Santiago Bercenas Ramirez
Expediente 551/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/09/2022
Partes del expediente
- Santiago Bercenas Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Santiago Bárcenas Ramírez, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del doce al veintiocho de septiembre del año en curso, con exclusión de los días catorce, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y vienticinco de septiembre del año en curso, por ser inhábiles, en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; así como el quince de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con la circular 5/2022 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio S.A./3883/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, proporciona el domicilio donde en el juicio laboral 94/2016 se le practican las notificaciones a los terceros interesados. Lo anterior, toda vez que mediante auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./3859/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, en alcance a su informe justificado, remite el original del laudo dictado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós en el juicio laboral 94/2016. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Milton Alejandro Pech Juárez, en su carácter de apoderado legal de Santiago Bárcenas Ramírez, promovió demanda de amparo contra la negativa de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio laboral 94/2016. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, en su informe justificado mencionó que era cierto el acto reclamado (foja 28). Por otra parte, mediante oficio S.A./3859/2022, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, en alcance a su informe justificado, remitió original de la resolución en forma de laudo dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós en el expediente laboral 94/2016 (foja 38). Documental con valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable la resolución en forma de laudo el veintiséis de agosto de dos mil veintidós en el juicio laboral 94/2016; resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. No se soslaya que la resolución en forma de laudo, carece de la firma de la totalidad de sus integrantes, pues de su certificación, se advierte que el representante de la parte obrera se negó a firmar el mismo. Sin embargo, ello no es impedimento para emitir la presente resolución; pues ésta no prejuzga sobre los requisitos que debe contener la resolución en forma de laudo. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas con treinta minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós. No pasa desapercibido, que en auto de dos de agosto de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados, entre otros a: 1. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, sociedad anónima de capital variable; 2. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, S.A.P.I. sociedad anónima de capital variable; 3. Operadora y Comercializadora Terra Nova, sociedad anónima de capital variable; 4. Mónica Elizabeth Camargo Salinas; y, 5. Francisco Javier Camargo Salinas. Y, que en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se requirió a la Junta responsable para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surtían efectos la notificación de ese acuerdo, proporcionara el domicilio donde en el juicio laboral 94/2016 se le practican notificaciones personales a los terceros interesados citados, cuyo plazo concedido se encuentra transcurriendo. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de los terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la tercera interesada Universidad del Autónoma del Carmen; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de cinco de agosto de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para emplazar a juicio a los terceros interesados siguientes: 1. Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, sociedad anónima de capital variable; 2. Estudios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, S.A.P.I. sociedad anónima de capital variable; 3. Operadora y Comercializadora Terra Nova, sociedad anónima de capital variable; 4. Mónica Elizabeth Camargo Salinas; y, 5. Francisco Javier Camargo Salinas. Toda vez que al constituirse en el domicilio señalado por la quejosa en su escrito inicial de demanda, fue informado por el vigilante que en ese inmueble no se localizan los terceros interesados, ni sabe dónde pudieran ser localizados, agregando que ese local lo ocupa diversa empresa. Ahora bien, en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen; sin embargo, del anexo que remitió como justificación, no se advierte el domicilio de los terceros interesados referidos, para ordenar su emplazamiento a este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcione el domicilio donde en el juicio laboral 94/2016 se le practican notificaciones personales a los terceros interesados citados. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese por lista.
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