Santiago Barrera Mendoza

Expediente 51/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
51/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Santiago Barrera Mendoza
  • Legislatura Constitucional del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el acuerdo de cuenta, mediante el cual, la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusa recibo el oficio con el que se remitieron las constancias respectivas, a fin de substanciar el recurso de revisión hecho valer por ******************** autorizado de la parte quejosa, contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, e informa que admitió a trámite el mismo, el cual fue registrado como recurso de revisión ********************de ese índice; circunstancias de las que se toma conocimiento. Cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintidós de junio de la presente anualidad, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer ** autorizado en términos amplios de la parte quejosa, contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; asimismo, en dicho auto se ordenó que una vez que se integrara debidamente el expediente, se remitiera al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para su substanciación. En consecuencia, toda vez que ya obran en autos las constancias de notificación practicadas a las partes del recurso en comento, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, el escrito original de interposición del recurso y expresión de agravios, así como copia de éstos para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de substanciar el medio de impugnación en comento. Finalmente, se comisiona a la oficial judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que vincule el expediente electrónico a efecto de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso en comento, esté en posibilidad de consultar las constancias que requiera. Cúmplase.

  3. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que mediante autos de veinticinco de enero y nueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios 22202001010005L/396/2023 y SAP/CJ/470/2023, signados en ese orden por el representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México y el Presidente de la H. "LXI" Legislatura del Estado de México, a través de los cuales, rindieron sus informes justificados. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: 1. La promulgación, orden de publicación, discusión, aprobación, refrendo del Código Financiero del Estado de México vigente en el dos mil veintidós, específicamente por lo que hace al artículo 95 fracción I en el que se contiene principalmente los incisos C), D), F) y H), relativos a las tarifa enumeradas del 1 al 8 relativas a la inscripción de actos referidos en los señalados incisos; asimismo, el impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en los artículos 113, 114 y 115 que contiene la tarifa en una tabla progresiva, así como la mecánica para su cálculo. 2. Lo anterior, en virtud de su acto de aplicación, consistente en el cálculo y liquidación de la tributación correspondiente. Por otra parte, como se advierte de las constancias que remitió el Notario Público Ciento Tres del Estado de México, a las cuales, dada su naturaleza de públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales; pues, aunque obran en formato DVD, las mismas deben considerarse como prueba documental pública lato sensu. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Se estima que en el presente asunto, por lo que hace al acto de aplicación de la norma reclamada de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por lo que hace a la norma reclamada de inconstitucional, se aprecia de oficio la actualización de la causa de improcedencia indicada en la fracción XII, del numeral indicado, como se expondrá a continuación. En efecto, para dar claridad la causa de improcedencia relacionada con el acto de aplicación de la norma reclamada de inconstitucional, es necesario reproducir el contenido de los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación armónica y sistemática de los numerales invocados, permite advertir que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo establecido para tal efecto, el cual, por regla general, es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo; esto es, el cómputo para la interposición de la demanda de amparo empezará a contar desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación a la parte quejosa de la resolución o acto reclamado, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Es decir, se distingue que el plazo deberá empezar a contar al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento o la confesión, dado que no puede generalizarse el mismo, sino que es necesario que se haga distinción en cada caso concreto. En el presente caso, como quedó apuntado, si el ahora quejoso reclama la aplicación del artículo 95 fracción I en el que se contiene principalmente los incisos C), D), F) y H), relativos a las tarifa enumeradas del 1 al 8 relativas a la inscripción de actos referidos en los señalados incisos; asimismo, el impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en los artículos 113, 114 y 115 que contiene la tarifa en una tabla progresiva, así como la mecánica para su cálculo, entonces era menester que dicho acto se combatiera dentro del plazo de quince días que, para el efecto establece el numeral 17 de la Ley de Amparo, contado desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del mismo. Ahora bien, es necesario mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, está condicionada a la procedencia del referido juicio contra dicho acto de aplicación, por lo que el juzgador de amparo podrá pronunciarse válidamente sobre la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, siempre y cuando no se actualice una causa que afecte la procedencia del juicio respectivo contra el acto de aplicación de aquéllas. Que es así, pues estableció que cuando se controvierte en amparo una norma general que regula los elementos de un tributo con motivo de su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero en auxilio de la administración quien realiza el entero respectivo a la hacienda pública, previa entrega de los recursos correspondientes por el contribuyente, pues es quien a su voluntad y conforme lo que prevé la ley, dispone y entrega los recursos al referido tercero, afectando su patrimonio por razón de ser el sujeto pasivo del tributo; por lo que, el cómputo del plazo de los quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda contra el acto de aplicación realizado por un tercero, inicia el día siguiente a aquel en que tiene noticia plena de la afectación patrimonial correspondiente; además de que el contribuyente está en posición de exigir al tercero que haga de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación en comento, pues el desconocimiento de la normativa aplicada es atribuible al propio contribuyente; de lo contrario se sujetaría a la voluntad de los contribuyentes el inicio del plazo establecido por la ley para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes aplicadas con motivo de un pago realizado por estos con los recursos que se encuentran a su disposición. Criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 82/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL. Si una norma general que regula los elementos de un tributo se controvierte en el juicio de amparo con motivo de su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero en auxilio de la administración quien realiza el entero respectivo a la hacienda pública, previa entrega de los recursos correspondientes por el contribuyente, la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente oportunamente respecto de ese acto el cual, en primer lugar, se realiza con la concurrencia de la voluntad de éste, pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos es él quien decide, dentro del margen legal respectivo, entregarlos al referido tercero; en segundo, implica una afectación patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo del tributo y, en tercer lugar, concreta lo previsto en las normas generales que son fuente de esa afectación. Ante ello, el cómputo del plazo de 15 días señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente que tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, inicia el día siguiente a aquel en que este entrega esos recursos, ya que en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial correspondiente, máxime que el contribuyente se encuentra en la posición jurídica y material de exigir al tercero que haga de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación en comento, por lo que si opta por realizar el pago respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será atribuible al propio contribuyente; sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el inicio del plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes aplicadas con motivo de un pago realizado por éstos con los recursos que se encuentran a su disposición, aun cuando en esos supuestos pueden optar por no sufrir el impacto patrimonial en tanto no tengan conocimiento pleno de la causa legal de la afectación". Asimismo, las jurisprudencias 2a./J. 81/2019 (10a.) y 2a./J. 83/2019 (10a.), que son de la redacción siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL. Cuando se controvierte en el juicio de amparo una norma general que regula los elementos de un tributo, con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero en auxilio de la administración, para determinar si la demanda se presentó oportunamente debe considerarse si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, o bien, si éstos se encuentran bajo resguardo del contribuyente, ya que de actualizarse este último supuesto el entero se llevará a cabo con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, pues al tener a su disposición el monto a erogar, es él quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación patrimonial en su perjuicio en la que se concreta lo previsto en las normas tributarias que regulan el tributo, por lo que el plazo de 15 días hábiles establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda inicia a partir de que el quejoso tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida afectación." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente." Ahora, en el presente caso, la fecha para computar el inicio del plazo para impugnar el acto de aplicación de la norma general respectiva, es la de doce de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que el peticionario de amparo firmó el informe para el derechohabiente sobre el cálculo de Impuestos y Derechos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y por ende, tuvo noticia plena de la respectiva afectación patrimonial. Lo anterior es así, pues en la fecha mencionada en el informe para el derechohabiente sobre el cálculo de Impuestos y Derechos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se asentó lo siguiente: "1. Comprendo que el cálculo y pago de los impuestos y derechos de mi crédito número ******************** es responsabilidad exclusiva del Notario Público que está formalizando la operación. 2. Entiendo que los impuestos y derechos generados por el crédito ******************** son cubiertos en nombre y por cuenta míos con cargo a la línea de crédito aprobada por el INFONAVIT, según el cálculo realizado por el Notario Público. 3. Se me ha explicado detalladamente la forma en la que fueron calculados los impuestos y derechos a mi cargo, por un monto de $********************. Impuestos $******************** Derechos $******************** 4. Me doy por enterado de que el Notario Público, después de haber cubierto el pago correspondiente a los Impuestos y Derechos, deberá entregarme los comprobantes de pago por estos conceptos. 5. Comprendo que en caso de que en el futuro surja alguna diferencia por estos conceptos a mi favor, será responsabilidad del Notario Público el realizar la devolución a mi persona. Asimismo, comprendo que toda acción o derecho relacionada con diferencias por estos conceptos deberé reclamarla directamente al Notario Público. En virtud de lo anterior, a partir de este momento relevo de cualquier responsabilidad relacionada con el cálculo y pago de impuestos y derechos por el crédito número ******************** al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)". Por lo anterior, se advierte que el plazo de quince días para promover el juicio biinstancial le transcurrió a la parte quejosa del trece de diciembre de dos mil veintidós al dos de enero de dos mil veintitrés, descontándose los días inhábiles, de conformidad con los arábigos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si el ahora quejoso presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, hasta el trece de enero del año en curso, es evidente que ello ocurrió después de transcurrido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por tal motivo resulta extemporánea la demanda de amparo en el presente asunto, por lo que hace al acto de aplicación de la norma reclamada. No es óbice a lo anterior, que el promovente del amparo manifieste en su demanda de amparo, específicamente en el Capítulo relativo a los antecedentes, que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, tuvo pleno conocimiento del acto reclamado, pues fue en esa fecha que se hizo el traslado de recursos con cargo a su crédito por conceptos de derechos registrales e impuestos de adquisición de bien inmueble al Notario. Puesto que, como ha quedado precisado, de las constancias de autos y conforme a las razones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la fecha en que existe certeza jurídica sobre el conocimiento de la afectación, es aquella en que se actualiza la voluntad del contribuyente para entregar al tercero auxiliar los recursos para satisfacer las contribuciones respectivas; lo que así aconteció en el presente caso, desde la firma del Informe para el Derechohabiente sobre el Cálculo de Impuestos y Derechos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Máxime que si la parte quejosa, como lo expresó en su demanda de amparo, hubiese tenido conocimiento fehaciente de la aplicación de la norma cuestionada en una fecha distinta a la aquí considerada, en su caso, como ya se dijo le correspondía la carga procesal de acreditar su afirmación, lo cual no aconteció en la especie. Por otra parte, por lo que hace al acto consistente en la inconstitucionalidad del artículo 95 fracción I en el que se contiene principalmente los incisos C), D), F) y H), relativos a las tarifa enumeradas del 1 al 8 relativas a la inscripción de actos referidos en los señalados incisos; asimismo, el impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en los artículos 113, 114 y 115 que contiene la tarifa en una tabla progresiva, así como la mecánica para su cálculo, mediante el cual se impone al quejoso la obligación de pagar derechos de registro, se estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la materia. En los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercitar la acción constitucional; los citados preceptos legales disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; (.)". De los preceptos transcritos se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la ley citada. Lo expresado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis de jurisprudencia número P./J. 55/97, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Luego, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque si bien es cierto que en el caso se reclama la inconstitucionalidad del artículo artículo 95 fracción I en el que se contiene principalmente los incisos C), D), F) y H), relativos a las tarifa enumeradas del 1 al 8 relativas a la inscripción de actos referidos en los señalados incisos; asimismo, el impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en los artículos 113, 114 y 115 que contiene la tarifa en una tabla progresiva, así como la mecánica para su cálculo, mediante el cual se impone al ahora quejoso la obligación de pagar derechos de registro y que, por ello, se está frente al supuesto de una norma de observancia general con carácter heteroaplicativo, porque requiere de un acto de aplicación para ser analizable en el sumario actual, también lo es que en el presente juicio, como ya se estableció, respecto del acto de aplicación consistente en la determinación del pago del impuesto en cuestión, se estimó improcedente el juicio de amparo, por haberse promovido la demanda de manera extemporánea. Por lo cual, si es a través del cálculo de Impuestos y Derechos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se llevó a cabo la aplicación de la norma reclamada de inconstitucional, dicho aspecto no puede desvincularse de la normativa impugnada, e impide que se pueda abordar el análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo; pues, pensar lo contrario, sería realizar un estudio relativo respecto de actos abstractos e imprecisos; ello de conformidad con lo establecido en la tesis LXXVI/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 356 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, de la Octava Época, la cual se aplica por identidad de razón, cuyo rubro y texto son: "REGLAMENTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACION. SI NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE ESTOS ULTIMOS, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS. Si se impugna un reglamento mediante el juicio de amparo, no porque con su sola vigencia se causen perjuicios al quejoso, sino con motivo de actos concretos de aplicación, dada la estrecha vinculación existente entre uno y otros, no es posible analizar la constitucionalidad del primero prescindiendo de los segundos; por consiguiente, si se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos de aplicación por no haberse acreditado su existencia, dicho sobreseimiento debe comprender también al reglamento." Así como el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia visible en la página 241 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186 Primera Parte, de la Séptima Época, que a la letra dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación" De igual forma, la tesis XXI.1o.30 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 566 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, correspondiente a la Novena Época, que reza: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Si se aportó en el juicio de amparo indirecto prueba para desvirtuar la negativa del acto reclamado, referente al reglamento que regula la prestación del servicio público de limpia concesionado; con dicha probanza se acreditó desde un punto de vista formal la existencia del acto, o sea, que la autoridad responsable, director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, tiene a su cargo la vigilancia y control del servicio de limpia concesionado, mas no prueba que materialmente se estuviera llevando a cabo dicho acto y, por ende, se afectara la esfera jurídica de los quejosos, hoy inconformes, esto es, que se les irrogara un agravio personal y directo, pues el estudio de una ley o reglamento no puede desvincularse del acto de su aplicación, ya que esto último es lo que acarrea perjuicio, y no cuando se considera en abstracto la ley o reglamento." En tal virtud, si el acto reclamado en la presente instancia, consiste en la inconstitucionalidad del artículo 95 fracción I en el que se contiene principalmente los incisos C), D), F) y H), relativos a las tarifa enumeradas del 1 al 8 relativas a la inscripción de actos referidos en los señalados incisos; asimismo, el impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en los artículos 113, 114 y 115 que contiene la tarifa en una tabla progresiva, así como la mecánica para su cálculo, mediante el cual se impone al quejoso la obligación de pagar derechos de registro, la cual es una norma de carácter heteroaplicativo, y el acto de aplicación relativo a tal norma se traduce en el cálculo de Impuestos y Derechos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respecto del cual, como ya quedó establecido, el juicio de amparo no resultó procedente, por haberse promovido la demanda de manera extemporánea; entonces, no es posible analizar su constitucionalidad en la presente instancia, pues la norma reclamada no puede ser estudiada, sino a través del acto por el cual se aplique la misma, ya que para que sea procedente el juicio de amparo contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, ya se ha establecido que se requiere para su procedencia que exista una agravio resentido por el gobernado, que se traduzca en la aplicación de la norma reclamada, y si en el presente caso es improcedente el amparo por lo que hace a dicho acto de aplicación, es que se justifica determinar en el sentido que ya ha quedado señalado. En las relatadas condiciones, al actualizarse las hipótesis contenidas en las fracciones XII y XIV del artículo 61, la última en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se surte la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (...)". En ese sentido, toda vez que se ha advertido la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de sobreseimiento aludida; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de sobreseimiento por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, Libro 62, Enero de 2019, página 2646, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas del veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que en auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se programó la audiencia constitucional para esta fecha, sin embargo, de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que se encuentra trascurriendo el plazo de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la H. "LXI" Legislatura del Estado de México. Finalmente, a fin de dar oportunidad a lo anterior e integrar debidamente este sumario, la audiencia constitucional programada para esta fecha se difiere, y en su lugar se establecen las diez horas del veintiséis de junio de dos mil veintitrés Notifíquese.

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