Santiago Barbosa Mireles
Expediente 1132/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Santiago Barbosa Mireles
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la determinación de veintinueve de agosto del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, contra actos atribuidos al Titular de la Delegación Estatal en Durango, de la Fiscalía General de la República y otra autoridad; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. Notifíquese.
- Principal
I. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de cinco de julio del año en curso, se giró la requisitoria al Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en la ciudad de Cuencamé, Durango, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado comisionara personal de su adscripción a fin de que se realizara el emplazamiento de la tercero interesada ***. II. Se requiere requisitoria. En mérito de lo anterior, requiérase al referido Juez para que informe el estado que actualmente guarda la citada requisitoria, así como las gestiones que ha realizado para llevar a cabo su diligenciación; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo en México (Unidad de Medida de Actualización), con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. III. Diferimiento. En esas condiciones, a efecto de que la comunicación de mérito sea devuelta por la autoridad requerida, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Titular de la Delegación Estatal en Durango de la Fiscalía General de la República y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1132/2023. III. Decisión sobre la instancia. 1. Desechamiento: El acto reclamado consistente en: "La determinación notificada mediante oficio número ***, de fecha 08 de julio de 2023 la cual me fue notificada el 09 de los corrientes y año en curso, mediante la cual se me informa el estado que guarda la referida carpeta de investigación, el cual advierte que con motivo de mi escrito de denuncia de fecha 30 de junio de 2023, sin fundar y motivar en forma debida remite a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango lo actuado, aduciendo que de la misma se desprenden delitos de competencia del fuero común, lo que evidentemente no es correcto, con el fin de que sea esa Fiscalía Estatal la que siga Investigando. Por lo que reclamo, la negativa darle trámite a la Denuncia Interpuesta de la que se desprenden los hechos que son constitutivos de delitos fiscales y financieros, fraude procesal y presumiblemente operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio de los intereses de la federación". Del análisis del acto en mención, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse la demanda como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", conviene traer a cuenta la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Alto Tribunal de contenido siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el presente caso, respecto del acto reclamado al agente del Ministerio Público Titular de la Célula II del equipo de investigación I en Durango, de la Fiscalía General de la República, consistente en la resolución de ocho de julio de dos mil veintitrés se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Tales numerales, estatuyen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto;" Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo y el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, determinó lo siguiente: ".los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso evidentemente de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera que la propuesta que está a su consideración, es en el sentido de que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo." Al respecto emitió la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2009721 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Como puede verse, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, determinó que si bien el legislador en el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, ello no era dable interpretarlo literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, considerando el más alto tribunal que interpretando ese numeral acorde con la Constitución Federal, con el fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, concluyó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Así, se puede concluir que el criterio adoptado por nuestro más alto tribunal, con relación a la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en tratándose de autoridades que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, se actualiza hasta la última resolución con carácter de definitiva, que se pronuncie conforme al trámite previsto y regulado por la legislación ordinaria. Caso concreto Conforme a lo anterior, es evidente que la resolución de ocho de julio de dos mil veintitrés dictada dentro de la carpeta de investigación ***, mediante la que el fiscal responsable declaró carecer de competencia legal por fuero para seguir conociendo de dicha indagatoria no tiene el carácter de definitiva y, por ende, no causa a los quejosos una afectación real y directa, y tampoco se trata de actos de imposible reparación, en tanto que la afectación a la esfera de derechos de los accionantes se manifestó una vez que la autoridad investigadora del fuero común aceptó el conocimiento de los hechos denunciados. En esa medida, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. IV. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la invocada ley, a *** y ***, ambos de apellidos ***, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones al resto de personas que refiere, toda vez que no cuentan con dicho requisito. V. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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