Santiago Arellano Soria

Expediente 551/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
551/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2019

Partes del expediente

  • Santiago Arellano Soria

Actuaciones

  1. Principal

    i. Se requiere cumplimiento. Del análisis integral de las actuaciones se advierte que a la fecha la autoridad responsable Tesorería del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, no ha dado cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, en la medida en que no ha acreditado haber devuelto a la parte quejosa el numerario vinculado a los recargos a que se refieren los recibos de pago reclamados, y su actualización, ya que la concesión del amparo se hizo extensiva al cobro y recepción de tales recargos; además, tampoco ha comunicado qué gestiones se encuentra realizando para ello, por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a dicha autoridad responsable para que, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se le notifique el presente proveído, acredite a este órgano jurisdiccional haber dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos trazados en el fallo protector. ii. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo anterior en el lapso indicado, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, se hará acreedora a una multa por el equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; así como a la sustanciación del incidente de inejecución correspondiente, que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. iii. Estese a lo acordado. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por Adrián Garma Rivero, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento que ha dado la autoridad responsable referida al fallo protector; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes. iv. Cambio de Titular. Por último, hágase del conocimiento de las partes que desde el uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta que remite el Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veinticinco de febrero del año en curso, informa que mediante oficio SHP/824/2019 de fecha diecinueve de febrero del presente año, dio contestación a la petición del oficio FE/108/2019, de la Fiscalía Estatal respecto el otorgamiento a la ampliación de recursos adicionales; misma respuesta que resulto ser negativa. En consecuencia, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión a la Fiscalía General del Estado de Jalisco para que dentro del término improrrogable de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla a cabalidad la ejecutoria emitida en el presente asunto. Para lo cual la autoridad responsable deberá: Realizar las gestiones necesarias a fin de cumplir con la emisión del cheque por la cantidad de $742,249.31 (setecientos cuarenta y dos mil, doscientos cuarenta y nueve pesos con treinta y un centavos, moneda nacional), mismo que deberá ser entregado al quejoso Luis Enrique Hernández Molina. Importe que deberá ser actualizado hasta el momento en que se efectúe materialmente la entrega del numerario, ya que de lo contrario no se colmarían cabalmente los efectos de la concesión del amparo, en la inteligencia que se deberán descontar los cálculos de retención de impuestos, anticipos, descuentos y aquellos conceptos que legalmente procedan. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento, para que la obligue a cumplir con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, en los términos apuntados; en la inteligencia que el requerimiento que le debe hacer debe ser real, en el sentido de hacerle saber las consecuencias de no cumplir el fallo protector y, en su caso hacerle efectivos los apercibimientos que le ha hecho, no simplemente acreditar que le remitió oficio requiriendo, porque con ello no cumple su verdadero actuar como superior jerárquico, sino que, debe darle el trámite y seguimiento real correspondiente para que se logre que se cumpla el fallo protector; actuar de forma contraria, esto es, limitarse simplemente a mandarle oficios requiriéndolo no conduce a obligarla a que cumpla los efectos del juicio de amparo; en ese sentido, se exhorta al mencionado Gobernador del Estado, a que acredite actos reales que realice con el ánimo de que su inferior cumpla la sentencia de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), bajo el apercibimiento que de no demostrar que la conminó a que cumpliera el fallo protector, se le impondrá a su titular una multa en los mismos términos descritos en el párrafo que antecede.

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