Santiago Alberto Elguea Cordero
Expediente 724/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Santiago Alberto Elguea Cordero
- Sayuri Yumiko Cerda Mellado
- Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que únicamente el quejoso Santiago Alberto Elguea Cordero, y Aurora Galindo Pérez, progenitora de la terceras interesadas ahora mayores de edad María Fernanda Elguea Galindo y Jerges Sebastián Elguea Galindo, realizaron manifestaciones respecto a la vista que se dio con las constancias relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitidas por el juez responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver de oficio, si de acuerdo con dichas constancias, la ejecutoria se encuentra o no cumplida, o si existe imposibilidad jurídica o material para cumplirla. Así, se tiene que mediante sentencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Santiago Alberto Elguea Cordero, para los efectos siguientes: "1. Dejar insubsistente el auto de formal prisión de treinta de julio de dos mil diecinueve dictado en la causa penal 04/2019; 2. En su lugar dictar otro en la que: a) Reitere en los mismos términos el auto de formal prisión decretado contra Santiago Alberto Elguea Cordero; y b) Con libertad de jurisdicción, ordene la investigación de bienes propiedad del procesado susceptibles de ser embargados y, a la brevedad, cuantifique y garantice la reparación del daño. Esto, salvo que el procesado otorgue fianza suficiente, a consideración de la juez responsable, para garantizar la mencionada reparación." Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, el que mediante ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de revisión número 65/2020, confirmó la sentencia recurrida. Consecuencia de ello, en proveído de veintidós de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento al fallo constitucional. Atento a lo anterior, mediante oficio recibido en este Juzgado el doce de mayo del año en curso, dicha responsable remitió copia certificada de diversas constancias deducidas de la causa penal 4/2019 de su índice, con las cuales adujo encontrarse impedida para dar cumplimiento al fallo constitucional. Ahora bien, del examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y el cumplimiento que de la misma dio la responsable, permite advertir que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo constitucional. Es así, dado que en diligencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, llevada a cabo por la juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en la causa penal 4/2019 de su índice, quien actuó con el secretario de acuerdos que autorizó y dio fe, en presencia del agente del Ministerio Público y de la defensora Pública, ambos adscritos a ese Juzgado, la ofendida Aurora Galindo Pérez y el procesado aquí quejoso Santiago Alberto Elguea Cordero, previa identificación, ratificaron sus escritos de siete de febrero y diez de marzo de dos mil veinte, mediante los cuales aquella se dio por pagada de la reparación del daño a favor de sus hijos ahora mayores de edad María Fernanda Elguea Galindo y Jerges Sebastián Elguea Galindo y le otorgó al citado procesado el perdón por las razones que expresó. En la propia diligencia, María Fernanda Elguea Galindo y Jerges Sebastián Elguea Galindo, previa identificación y protesta de ley, también manifestaron darse por pagadas de la reparación del daño y le otorgaron a su progenitor aquí quejoso el perdón por las razones que expusieron. Luego, los tres ofendidos solicitaron el sobreseimiento de la causa penal a favor del procesado aquí impetrante del amparo, petición de la cual estuvieron conformes tanto el Ministerio Público como la defensora Pública, ambos adscritos al Juzgado de la causa. Atento a lo expuesto, por los motivos y fundamentos que en la propia diligencia se expusieron, la juez responsable declaró extinguida la acción penal y en consecuencia decretó el sobreseimiento del proceso a favor del procesado aquí impetrante del amparo. Sin que pase inadvertido que a la fecha la juez de instancia no haya informado si dicho sobreseimiento causó ejecutoria o no, dado que tal pronunciamiento resulta inminente ante la propia petición de sobreseimiento formulado por la parte ofendida, ministerio público, defensora de oficio y el propio procesado. De lo anterior se sigue que, como se adelantó, existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, puesto que, ante el sobreseimiento del proceso decretado a favor del procesado aquí quejoso, no le es posible a la juez de instancia cumplir los deberes impuestos en el fallo constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, junio de 2007, página 140, novena época, materia común, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. Ahora bien, cabe precisar que los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Los preceptos legales antes transcritos establecen, en lo interesante, que si se considera de imposible cumplimiento la sentencia ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite y resolución correspondiente y se formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. No obstante, en el caso concreto no procede decretar el cese en el conocimiento del presente asunto y remitir los autos Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite y resolución del incidente de inejecución correspondiente, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." Lo anterior, porque en autos quedó plenamente demostrado que en la causa penal de origen se decretó el sobreseimiento del proceso a favor del procesado aquí impetrante del amparo derivado del perdón que la parte ofendida le otorgó, con la anuncia del propio ministerio público; de manera que no tendría razón jurídica alguna que el tribunal de alzada se pronuncie sobre las obligaciones que a la juez de la causa dejó el fallo constitucional; Máxime que con esta determinación no se deja en estado de indefensión al quejoso, dado que tiene a su alcance el recurso de inconformidad contra dicha determinación, previsto en la fracción II del artículo 201 de la ley de la materia, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, como lo determinó el Alto Tribunal del País en la jurisprudencia cuyo rubro se invocó en párrafos precedentes. En razón de lo anterior, con apoyo en el invocado precepto 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se precisa que este expediente, así como el original del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración correspondiente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Como fue ordenado en la interlocutoria que resolvió el incidente de suspensión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se reitera que transcurridos más de seis meses contados a partir de la fecha en que surtió efectos la notificación de la resolución incidental, procédase a la destrucción del duplicado del incidente del presente juicio. Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Dedúzcase copia autorizada de la presente determinación y agréguese al original del incidente de suspensión, para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Reyna Francisca de la Rosa Fuentes, quien autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que únicamente el quejoso Santiago Alberto Elguea Cordero, y Aurora Galindo Pérez, progenitora de la terceras interesadas ahora mayores de edad María Fernanda Elguea Galindo y Jerges Sebastián Elguea Galindo, realizaron manifestaciones respecto a la vista que se dio con las constancias relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitidas por el juez responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver de oficio, si de acuerdo con dichas constancias, la ejecutoria se encuentra o no cumplida, o si existe imposibilidad jurídica o material para cumplirla. Así, se tiene que mediante sentencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Santiago Alberto Elguea Cordero, para los efectos siguientes: "1. Dejar insubsistente el auto de formal prisión de treinta de julio de dos mil diecinueve dictado en la causa penal ******; 2. En su lugar dictar otro en la que: a) Reitere en los mismos términos el auto de formal prisión decretado contra Santiago Alberto Elguea Cordero; y b) Con libertad de jurisdicción, ordene la investigación de bienes propiedad del procesado susceptibles de ser embargados y, a la brevedad, cuantifique y garantice la reparación del daño. Esto, salvo que el procesado otorgue fianza suficiente, a consideración de la juez responsable, para garantizar la mencionada reparación." Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, el que mediante ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de revisión número ******, confirmó la sentencia recurrida. Consecuencia de ello, en proveído de veintidós de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento al fallo constitucional. Atento a lo anterior, mediante oficio recibido en este Juzgado el doce de mayo del año en curso, dicha responsable remitió copia certificada de diversas constancias deducidas de la causa penal ***** de su índice, con las cuales adujo encontrarse impedida para dar cumplimiento al fallo constitucional. Ahora bien, del examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y el cumplimiento que de la misma dio la responsable, permite advertir que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo constitucional. Es así, dado que en diligencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, llevada a cabo por la juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en la causa penal **** de su índice, quien actuó con el secretario de acuerdos que autorizó y dio fe, en presencia del agente del Ministerio Público y de la defensora Pública, ambos adscritos a ese Juzgado, la ofendida Aurora Galindo Pérez y el procesado aquí quejoso Santiago Alberto Elguea Cordero, previa identificación, ratificaron sus escritos de siete de febrero y diez de marzo de dos mil veinte, mediante los cuales aquella se dio por pagada de la reparación del daño a favor de sus hijos ahora mayores de edad María Fernanda Elguea Galindo y Jerges Sebastián Elguea Galindo y le otorgó al citado procesado el perdón por las razones que expresó. En la propia diligencia, María Fernanda Elguea Galindo y Jerges Sebastián Elguea Galindo, previa identificación y protesta de ley, también manifestaron darse por pagadas de la reparación del daño y le otorgaron a su progenitor aquí quejoso el perdón por las razones que expusieron. Luego, los tres ofendidos solicitaron el sobreseimiento de la causa penal a favor del procesado aquí impetrante del amparo, petición de la cual estuvieron conformes tanto el Ministerio Público como la defensora Pública, ambos adscritos al Juzgado de la causa. Atento a lo expuesto, por los motivos y fundamentos que en la propia diligencia se expusieron, la juez responsable declaró extinguida la acción penal y en consecuencia decretó el sobreseimiento del proceso a favor del procesado aquí impetrante del amparo. Sin que pase inadvertido que a la fecha la juez de instancia no haya informado si dicho sobreseimiento causó ejecutoria o no, dado que tal pronunciamiento resulta inminente ante la propia petición de sobreseimiento formulado por la parte ofendida, ministerio público, defensora de oficio y el propio procesado. De lo anterior se sigue que, como se adelantó, existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, puesto que, ante el sobreseimiento del proceso decretado a favor del procesado aquí quejoso, no le es posible a la juez de instancia cumplir los deberes impuestos en el fallo constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia **********: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. Ahora bien, cabe precisar que los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Los preceptos legales antes transcritos establecen, en lo interesante, que si se considera de imposible cumplimiento la sentencia ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite y resolución correspondiente y se formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. No obstante, en el caso concreto no procede decretar el cese en el conocimiento del presente asunto y remitir los autos Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite y resolución del incidente de inejecución correspondiente, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." Lo anterior, porque en autos quedó plenamente demostrado que en la causa penal de origen se decretó el sobreseimiento del proceso a favor del procesado aquí impetrante del amparo derivado del perdón que la parte ofendida le otorgó, con la anuncia del propio ministerio público; de manera que no tendría razón jurídica alguna que el tribunal de alzada se pronuncie sobre las obligaciones que a la juez de la causa dejó el fallo constitucional; Máxime que con esta determinación no se deja en estado de indefensión al quejoso, dado que tiene a su alcance el recurso de inconformidad contra dicha determinación, previsto en la fracción II del artículo 201 de la ley de la materia, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, como lo determinó el Alto Tribunal del País en la jurisprudencia cuyo rubro se invocó en párrafos precedentes. En razón de lo anterior, con apoyo en el invocado precepto 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se precisa que este expediente, así como el original del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración correspondiente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Como fue ordenado en la interlocutoria que resolvió el incidente de suspensión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se reitera que transcurridos más de seis meses contados a partir de la fecha en que surtió efectos la notificación de la resolución incidental, procédase a la destrucción del duplicado del incidente del presente juicio. Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Dedúzcase copia autorizada de la presente determinación y agréguese al original del incidente de suspensión, para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Reyna Francisca de la Rosa Fuentes, quien autoriza y da fe.
- Principal
"... Agréguense a los autos los escritos del quejoso ***** y 2) *****, progenitora de la tercera interesada ****** y del menor de edad de ******; al respecto, se provee: Se tienen por recibidas las documentales que anexan a sus escritos de cuenta, y por hechas las manifestaciones que realizan en relación con la vista que se les dio en proveído de trece de mayo del año en curso, las cuales se tomarán en consideración al momento de resolver el cumplimiento de la ejecutoria del presente juicio amparo. Asimismo, .... se tiene como formas de contacto de la parte quejosa, el correo electrónico pony12be04ty@outlook.com, y el número telefónico 954 103 1043, y por parte de *****, el correo electrónico auroragp13@hotmail.com, y el número telefónico 951 327 1010, a través de los cuales, en su caso, se podrán entablar comunicaciones no procesales. Ahora, en relación a la solicitud de las partes de decretar el desistimiento y archivo del presente juicio, dígaseles que no ha lugar a proveer favorable dicha petición, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra en etapa de ejecución de sentencia....".
- Principal
"... Agréguese el oficio y anexo del Juez Cuarto de lo Penal de Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual, manifiesta la imposibilidad de cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que mediante audiencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento de la causa penal ***** de su índice, y para acreditar su dicho remite las constancias respectivas. En consecuencia, .... dése vista a las partes por el plazo de tres días, con las constancias de cuenta, en el entendido que deberá correrse traslado con dichas constancias que se anexan y así asentarse expresamente en la notificación respectiva, y una vez transcurrido dicho plazo díctese acuerdo respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como lo dispone dicho artículo..."
Quedan 26 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,074 expedientes
- Sandra Pérez Cruz111/2022
- Sandra Ruth Lascarez Dominguez493/2015
- Sandra Ruth Lazcarez Dominguez1685/2014
- Sandy Margarita Revilla Aguero719/2017
- Santa Erendira Rojas Reyes816/2016
- Santa Pablo Agustin27/2021
- Santiago Altamirano Cuellar734/2022
- Santiago Antonio Lopez1630/2014
- Santiago Benitez Sangerman1109/2019
- Santiago Cruz Cruz708/2016
- Santiago Cruz Zurita1466/2021
- Santiago Felix Cruz López1776/2016