Santiago Alberto Cancab Pool

Expediente 2280/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2280/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • Santiago Alberto Cancab Pool
  • SANTIAGO ALBERTO CANCAB POOL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se ordena agregar el oficio firmado por el Juez Especializado en Justicia Penal para Adolecentes, del Sistema Acusatorio Oral, del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña consistentes en una documental y un disco versátil digital (DVD); mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolecentes del Sistema Acusatorio y Oral, residente en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la agraviada en el goce del derecho humano violado, como dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Por último, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario constitucional coincide en su totalidad con el expediente electrónico correspondiente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir esta fecha, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo número 2280/2022-IV-A, promovido por ********************, en su carácter de defensora pública del adolescente ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el veintiuno siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, en su carácter de defensora pública del adolescente ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Juez Especializada en Justicia Penal Para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: La resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Juez de Ejecución Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, residente en esta ciudad, en el expediente ********************, en la que ordena suspender el cómputo del plazo de las medidas de sanción que le fueron impuestas al quejoso en sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, hasta en tanto sea presentado al Juzgado de ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la responsable Juez Especializada en Justicia Penal Para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, residente en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado [promoción 22861]. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815. Tesis identificada con el número 749). CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor. No se soslaya que la parte tercero interesada al apersonarse señaló esgrimir causas de improcedencia del juicio, pero las mismas una vez analizadas se observa que son sólo argumentaciones que califican como alegatos, ya que ninguna de ellas está sustentada en alguna causal de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, como a continuación se expondrá. Para una mejor comprensión del asunto, resulta conveniente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, los que se desprenden de las constancias remitidas por la Juez responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del ordinal 2º de la Ley de Amparo, de las que se obtiene lo siguiente: 1.- Que el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la carpeta judicial ********************-J.E., del índice de la autoridad responsable, en la que se impuso al quejoso adolescente una sanción no privativa de libertad, la cual se determinó que iniciaría el veintinueve de abril de dos mil veintidós, y culminaría el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. 2.- En fecha 29 de abril de 2022, tuvo verificativo la audiencia inicial de ejecución, asistiendo tanto el adolescente ********************, como su hermano y persona responsable ********************. 3.- Por acuerdo de 27 de mayo de dos mil veintidós, y debido a los incumplimientos reportados por la autoridad administrativa, el fiscal especializado solicitó se fije una audiencia a fin de tratar dichos incumplimientos, programándose para el 6 de junio del presente año, a las 10:30 horas; no obstante, dicho joven y su persona responsable, no comparecieron a la cita. 4.- En auto de 14 de junio del año actual, se fijó el 24 de junio de 2022, a las 11:00 horas, para la audiencia relativa a los incumplimientos de ********************, sin embargo, nuevamente no acudieron el adolescente y su persona responsable. 5.- Por memorial presentado el 19 de julio de 2022, el fiscal especializado licenciado Emmanuel de Jesús Aké Mex, solicitó se decretara la suspensión del cómputo del plazo del procedimiento de ejecución y se ordenara la búsqueda, localización y comparecencia con auxilio de la fuerza pública ante este juzgado especializado, del referido adolescente y de su persona responsable, a efecto de que celebrara una audiencia para tratar los incumplimientos en los que ha incurrido el joven. 6.- Derivado de lo anterior, en acuerdo de 23 de agosto de 2022 la Juez especializada accedió a la petición del fiscal especializado y suspendió el cómputo del plazo de las medidas de sanción que le fueron impuestas en sentencia de 22 de marzo de 2022, a ******************** hasta en tanto éste sea presentado ante ese juzgado especializado, en razón de que, por causas atribuibles a él, no se han concretado las finalidades de las medidas de sanción, señaladas en el artículo 153, primer párrafo de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, debido a sus inasistencias a las sesiones programadas por la autoridad administrativa y se ordenó su comparecencia con el auxilio de la fuerza pública ante el juzgado especializado, del adolescente y de su persona responsable. 7.- En consecuencia al punto anterior, por oficio recibido el 30 de agosto deI año en curso, el policía primero Gaspar René Chalé Paredes, Policía Estatal de Investigación, adscrito a la Comandancia de Delitos Cometidos por Adolescentes, informó que se constituyó al predio número ********************, donde se entrevistó con ********************, hermana del joven ********************, quien señaló que éste no se encontraba en el domicilio, pues, ya no vive ahí, desconociendo su domicilio actual. 8.- En audiencia celebrada el 12 de septiembre de 2022, a petición del fiscal especializado, se declaró a ********************, sustraído de la acción de la justicia, decretando su búsqueda, localización y presentación con auxilio de la fuerza pública ante el juzgado de origen; asimismo, se giró oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, a fin de ubicar el lugar de residencia actual del adolescente en cuestión, así como, para obtener información de sus circunstancias personales. En relación con lo anterior, se tiene que el acto reclamado en el presente asunto es la resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Juez responsable en la que ordenó suspender el cómputo del plazo de las medidas de sanción que le fueron impuestas al quejoso en sentencia, hasta en tanto sea presentado al Juzgado de ejecución; la cual es de contenido siguiente: "[.] Ahora bien, en relación con la anterior determinación la parte quejosa vierte diversos conceptos de violación en su contra, los cuales resultan esencialmente fundados. En efecto, la parte amparista señala que el acto reclamado viola los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución, toda vez que no se encuentra debidamente fundado y motivado en lo relativo a la suspensión del cómputo de los plazos de la medida de sanción, toda vez que dicha suspensión no se encuentra prevista en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ni en ninguna otra legislación que pueda ser aplicable de manera supletoria, es decir no existe un fundamento legal que permita a los jueces suspender en etapa de ejecución el cómputo de los plazos de la medida de sanción; pues lo único que la citada ley especial establece es la prescripción de la sanción por sustracción en las medidas privativas de libertad, lo cual está establecido en el artículo 12 de la misma. Resulta fundado y suficiente dicho motivo de agravio para otorgar la protección constitucional; ya que de una revisión a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no se observa que se le confiera potestad alguna al juzgador para suspender una sanción no restrictiva de libertad. La legislación en mención, establece en el LIBRO CUARTO "EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS", las DISPOSICIONES GENERALES, cuyo artículo 176, señala que la etapa de ejecución de las medidas de sanción y de internamiento preventivo comprende todas las acciones destinadas a asegurar su cumplimiento y lograr el fin que con su aplicación se persigue, así como todo lo relativo al trámite y resolución de los incidentes que se presenten; asimismo, se observan los siguientes numerales: "[.]". Ahora bien, de los dispositivos legales antes citados, los cuales derivan de las disposiciones aplicables a la ejecución de las sanciones, incluyendo las no privativas de libertad, como acontece en el caso del aquí quejoso, inexiste alguna disposición legal que faculte al juzgador a suspender el cómputo de dichas sanciones. En la especie, se desprende del acto reclamado, tal como lo señala la parte quejosa, que la resolutora de origen no citó el fundamento legal por el cual el legislador le otorgara potestad para realizar el acto judicial que llevó a cabo, lo cual es esencial para el respeto del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional. Lo cual, al margen de que ello constituya una violación formal, lo cierto es que tal omisión trasciende al fondo del asunto, en la medida que no se trata de una mera inconsistencia en la cita del precepto legal aplicable, sino que de una revisión a la ley que rige el acto en materia de ejecución, inexiste algún precepto legal que señale que el juez en fase de ejecución en materia de justicia para adolescentes pueda suspender el cómputo del plazo de las medidas de sanción que le fueron impuestas en sentencia, así como lo realizó la autoridad responsable. En efecto, en respeto al derecho de legalidad las autoridades actuando frente al gobernado sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, y en el caso particular, no existe tal autorización legal, lo que de suyo hace que el acto sujeto a revisión constitucional se advierta que es violatorio de los derechos fundamentales del aquí quejoso adolescente. El Alto Tribunal de la República ha establecido que los derechos fundamentales de seguridad y legalidad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutelan es que el gobernado "jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión". A lo expuesto, es aplicable la jurisprudencia 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 176546, publicada en la página 162, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica, en sentido amplio, en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. En efecto, todos los actos emanados del poder público deben de realizarse en completa armonía con las reglas del Derecho, de tal suerte que el principio de legalidad se viene a constituir no sólo como el derecho fundamental de seguridad jurídica que permite a los gobernados evitar el abuso de la autoridad en el ejercicio del poder, sino, además, es la fórmula de la dirección que el pueblo de un Estado, a través de sus representantes, puede imponer a los órganos públicos. Como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un Estado de Derecho "el principio de legalidad [.] preside la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias". De ahí que el principio de legalidad proyecta su teleología en dos vertientes: (I) el hecho de obtener la sumisión de todos los actos estatales al conjunto de la normatividad vigente; y (II) el sometimiento de todos los actos singulares y concretos a un régimen estricto de seguridad jurídica. Por ello, es válido afirmar que el principio de legalidad puede ser entendido como "la cualidad de lo que es conforme al Derecho". La legalidad expresa así la conformidad al Derecho y es sinónimo de regularidad jurídica. En esa inteligencia, uno de los mecanismos más útiles y seguros para mantener el orden jurídico vigente en un Estado y, ofrecer de esa manera a los administrados las condiciones necesarias que los conduzcan a la justicia social y al bien común, lo es, significativamente, la aplicación y observancia del principio de legalidad. De ahí que si el referido principio, constituye el sistema más amplio y protector de la seguridad jurídica de los gobernados frente al actuar de la autoridad, y particularmente frente a la administración pública, es dable colegir que tal axioma constitucional ordena a los operadores jurídicos, en especial a los jueces ajustar sus actos al orden jurídico aplicable. Máxime que en materia penal existe la obligación también de vigilar la exacta aplicación de la ley, de ahí la necesidad de que la juez responsable ciñera su actuar a alguna norma jurídica que le permitiera suspender el cómputo del plazo de las medidas de sanción que le fueron impuestas al adolescente quejoso en sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós. Sobre todo que esta determinación de suspensión opera en contra de los intereses del adolescente quejoso, pues de acuerdo con el artículo 179 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece las facultades del juzgador, señala en su fracción VI, la de aplicar la ley más favorable a las personas adolescentes a quienes se les haya dictado una medida. En esa guisa, es indudable que el proceder de la autoridad responsable viola el derecho fundamental genérico de legalidad, reconocido en el artículo 16 de la Ley Suprema de la Nación, conforme al cual las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por lo tanto, siendo el acto reclamado contrario al orden constitucional procede conceder al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: 1.- Dejar insubsistente el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, sólo en la parte relativa a la suspensión del cómputo del plazo de las medidas de sanción impuestas al aquí amparista adolescente; y, 2.- Dictar una nueva determinación en la que al atender la petición ministerial de suspensión, la niegue dada la ausencia de la facultad legal para ello; al margen de que pueda dictar de manera fundada y motivada, diversas medidas y acciones para concretar la finalidad de las medidas de sanción, las cuales deberán estar previstas en la ley aplicable. Finalmente, debe indicarse que dado que los conceptos de violación analizados resultaron fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, ello hace innecesario el estudio de los restantes argumentos contenidos en la demanda, encaminados a combatir la cuestión de fondo debatida, pues como se dijo, las deficiencias formales descritas impiden analizar el fondo del asunto. Es aplicable, la jurisprudencia 1335 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1498, Séptima Época, registro 1003214, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ********************, por conducto de ********************, en su carácter de defensora pública, en contra de los actos de la Juez Especializada en Justicia Penal Para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, residente en esta ciudad, por los motivos y para los efectos expuestos en la parte final del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el alegato ministerial 731/2022, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Como solicita la representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese.

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