Santacruz Perla Torres Baños

Expediente 767/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
767/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Santacruz Perla Torres Baños

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; once de octubre de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el ocurso signado por el tercero interesado *****, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente sumario; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 84, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes, distribúyanse los ejemplares entre las demás partes y remítase el escrito de agravios junto con el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, anexando copia del mismo para el Fiscal de la Federación adscrito al tribunal de alzada. Con fundamento en el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, póngase a disposición del Tribunal de alzada la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, para los efectos legales conducentes. Cabe destacar que los autos se remitirán al tribunal de alzada, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente, esto es, que se alleguen las constancias de notificación a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 116/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2004, Tomo XX, página 306). Notifíquese por lista al tercero interesado y por lista al resto de las partes. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 767/2023-V, promovido por ******, por propio derecho, en contra de actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto que se precisan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: ".C. LICENCIADO.Magistrado Titular de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Proceso Penal Acusatorio, con sede en Acapulco, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares." ACTO RECLAMADO: ".Le reclamo.la resolución de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023), que confirma el auto de vinculación a proceso que se dictó dentro de la carpeta que da origen al Toca Penal No. IV.S.P.U.023/2023, y que corresponde a la Carpeta Judicial C-350/2022, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de la víctima de nombre JUAN GREGORIO TORRES BAÑOS, en contra de la suscrita., proveído que no cumple con los requisitos legales exigidos por el artículo 19 Constitucional." SEGUNDO. Trámite del amparo. En proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda instaurada, la cual quedó registrada con el número 767/2023-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se dio a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de amparo se presentó oportunamente, ya que la sentencia reclamada se le notificó a la quejosa el tres de julio de dos mil veintitrés ; por tanto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inició al día hábil siguiente al en que les surtió efectos la notificación y transcurrió del cinco de julio al nueve de agosto pasado, sin contar los días ocho, nueve y quince a treinta y uno de julio de este año, por haber sido inhábiles, de ahí que si la demanda se presentó el veintiuno de julio anterior, es palmario que se instó en tiempo. TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS . DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En esa tesitura, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que en esencia el acto reclamado consiste en: ? La resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, en el toca penal IV.S.P.U.E.023/2023, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa Santacruz Perla Torres Baños, en contra del auto de vinculación a proceso emitido en su contra por la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, en la carpeta judicial C-350/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. CUARTO . Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, dado que al rendir su informe justificado, aceptó su existencia, aunado a que ello se corrobora con las copias certificadas y disco compacto en formato DVD, que contiene los registros de audio y video de las audiencias celebradas en la carpeta judicial C308/2022, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Tiene aplicación, la Jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2010, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Resulta innecesario analizar la sentencia impugnada y los conceptos de violación formulados, en atención a que en suplencia de la deficiencia de la queja, que opera en favor de la quejosa por tener el carácter de imputada en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, como lo dispone el artículo 79, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, pues se advierte la existencia de una violación a las normas que rigen el procedimiento que amerita conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que se precisarán, en aras de garantizar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En el dictado de la sentencia las formalidades esenciales del procedimiento se encuentran contenidas en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el derecho de audiencia que involucra a su vez cuatro aspectos fundamentales: 1. Que la privación se realice mediante juicio; esto es, a través de un procedimiento que se efectúa ante órgano facultado; además, tal procedimiento conlleva una serie de etapas que concluyen en la resolución que dirime la controversia. 2. El juicio sea seguido ante los tribunales previamente establecidos; entendidos no sólo por los órganos que pertenezcan al Poder Judicial y que normalmente desempeñen la actividad judicial, sino cualquiera que realice una función materialmente jurisdiccional, es decir, que aplique normas jurídicas generales a casos concretos en controversia. 3. En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que se manifiestan principalmente en el derecho de defensa y en la facultad de aportar pruebas. 4. Que la privación se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo anterior, refleja la obligación de que, con las salvedades establecidas por la propia Constitución y la jurisprudencia, las autoridades del Estado deben cumplir, en el sentido de abstenerse de cometer actos que mermen determinados bienes de los gobernados sin que se satisfaga el citado derecho. Conforme a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las citadas formalidades al procedimiento conllevan una adecuada y oportuna defensa, las cuales se traducen en las siguientes: V. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; VI. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa; VII. La posibilidad de alegar; y, VIII. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciembre de 1995, consultable en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Constitucional, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En ese orden de ideas, el artículo 14 Constitucional dispone que nadie podrá ser privado de la libertad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por otro lado, el numeral 20 de la Constitución General de la República, en su texto actual y aplicable al particular, establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En el mencionado dispositivo constitucional, interpretado conjuntamente con la legislación secundaria aplicable al caso, como principios generales del proceso se prevén, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez; que la presentación de los argumentos y las pruebas se realizará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; que éstos también serán observados en las audiencias preliminares a juicio; y que la resoluciones de los órganos jurisdiccionales deberán ser emitidas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones. Ahora bien, la transgresión de lo previsto en los numerales 14 y 20 Constitucionales es susceptible de analizarse en la vía indirecta, pues tal violación al procedimiento no sería factible de analizarse en la vía directa. Se afirma lo anterior, ya que no debe perderse de vista lo sostenido la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 74/2018 (10a.), es decir, que las violaciones a derechos fundamentales, cometidas en un procedimiento penal acusatorio, no son susceptibles de analizarse en la vía directa cuando ocurrieron en etapas previas al juicio oral. Ante tal circunstancia, si tenemos que el acto reclamado consiste en una resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso -comprendido en la etapa inicial del procedimiento penal-, se insiste, el análisis de la violación al procedimiento en esta etapa, es factible estudiarse en la vía indirecta. Robustece a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 175, del Tomo I, Libro 61, diciembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital: 2018868, de rubro y texto: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable". Para comprender la relevancia de la oralidad en este nuevo proceso penal acusatorio adversarial, en adición al contenido constitucional, así como al derecho de alegar -inmerso en el recurso de apelación-, debemos invocar los artículos 4°, 5°, 62, 63, 67, segundo párrafo, 467, fracción VIII, 471, 474, 475, 476, 477, 478 y 479, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 4. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución.". "Artículo 5. Principio de publicidad. Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código." "Artículo 62. Asistencia del imputado a las audiencias Si el imputado se encuentra privado de su libertad, el Órgano jurisdiccional determinará las medidas especiales de seguridad o los mecanismos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia: impedir la fuga o la realización de actos de violencia de parte del imputado o en su contra. Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia el día y hora en que se determine; en caso de no presentarse, el Órgano jurisdiccional podrá imponerle un medio de apremio y en su caso, previa solicitud del Ministerio Público, ordenar su comparecencia. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, se encuentre en libertad, deje de asistir a una audiencia, el Ministerio Público solicitará al Órgano jurisdiccional la imposición de una medida cautelar o la modificación de la ya impuesta." "Artículo 63. Notificación en audiencia. Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente.". "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) VII. El auto que resuelve la vinculación a proceso;.". "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada." "Artículo 474. Envío a Tribunal de alzada competente Concluidos los plazos otorgados a las partes para la sustanciación del recurso de apelación, el Órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de alzada que deba conocer del mismo." "Artículo 475. Trámite del Tribunal de alzada Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el Tribunal de alzada se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso." "Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión. El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso." "Artículo 477. Audiencia Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio. En la audiencia, el Tribunal de alzada podrá solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus escritos." "Artículo 478. Conclusión de la audiencia La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma." "Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente." Los artículos trascritos disponen que serán apelables los autos que como en el caso resuelven la vinculación del imputado al proceso, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien, aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso. El recurso de apelación se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones; al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada. Una vez que hubieren trascurrido los términos concedidos a las partes para la promoción, adhesión o solicitud de aclaración de agravios, se turnarán los autos del juicio al Tribunal de alzada correspondiente, quien se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso. En caso de que alguna de las partes hubiere manifestado en su escrito de agravios, o en la adhesión a los mismos, su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios, que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión. En esta audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio, pudiendo el Tribunal de alzada solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus escritos. La sentencia que resuelva el recurso de apelación, podrá ser dictada de plano, en audiencia o, podrá ser dictada por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la citada audiencia. Dicha resolución de apelación confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. Conviene retomar el dispositivo 476, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece la posibilidad de que las partes, o el propio juzgador, soliciten la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios. Dicha audiencia de alegatos aclaratorios, no debe confundirse con la diversa audiencia prevista en el numeral 478 del citado ordenamiento legal, ya que el objeto de aquélla es distinto al señalado en este último precepto. Esto es así, pues el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las sentencias que resuelvan algún recurso de apelación pueden ser dictadas en dos momentos: c) De plano en audiencia; o, d) Por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En este contexto, el segundo supuesto identificado con el inciso b), no llega al extremo de que el Tribunal de apelación omita celebrar la audiencia en segunda instancia, pues del texto de esta porción normativa se aprecia que al establecer el plazo de tres días para dictar la sentencia por escrito, toma como punto de partida "la celebración de la misma", esto es, la celebración de la audiencia, lo que significa en forma incontrovertible que en ambos casos debe celebrarse la audiencia, y la sentencia es factible de dictarse en esa misma audiencia, o dentro de los tres días siguientes a su celebración. Por otro lado, el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede interpretarse como una facultad conferida a las partes para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que, esa prerrogativa únicamente se ciñe a la diversa audiencia de alegatos aclaratorios a que se refiere el numeral 476 del citado ordenamiento legal, por lo que dar una interpretación distinta a tal disposición expresa significaría que las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, lo cual se contrapone con lo dispuesto en el artículo 1º de dicho ordenamiento al establecer que las disposiciones adjetivas del Código Nacional Procesal son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. En este orden de ideas, la figura de la audiencia pública para dictar sentencia, cuyo derecho fundamental se encuentra contenido en el artículo 20 Constitucional, no se observó adecuadamente en el juicio natural, pues en el dictado de la resolución reclamada, el Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, no celebró la audiencia pública a que se refiere el artículo 478, del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, se cometió una infracción a las leyes que rigen el procedimiento acusatorio, concretamente en la segunda instancia, que trascendió al resultado de la sentencia reclamada. En estas condiciones, es evidente que la trasgresión apuntada trascendió al resultado del fallo, ya que se trata de una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en la segunda instancia, que tiene trascendencia directa en los derechos de los hoy quejosos. No es inadvertido el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 16/2021 (11ª), publicada el diez de septiembre de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, con el Registro Digital 2023535, de rubro: "RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS HECHOS VALER POR ESCRITO, NO TRANSGREDE LA ORALIDAD DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO NI LOS PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN, PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN."; toda vez que en dicha jurisprudencia se analizó la constitucionalidad del artículo 476, del Código Nacional de Procedimientos Penales y no la interpretación del numeral 478, del mismo ordenamiento legal, que fue lo que se realizó en este juicio de amparo, es decir, se trata de un diverso supuesto al aquí analizado. Al respecto, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia citada, nuestro máximo tribunal de justicia estableció, en lo conducente: " .B) Análisis constitucional del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales conforme al derecho de toda persona a ser sentenciada en audiencia pública previa citación de las partes y a contar con un recurso efectivo. 49. Como adelantamos, el señor ********** considera que el artículo impugnado es violatorio del derecho a ser sentenciado en audiencia pública previa citación de las partes, en relación con el distinto a contar con un recurso efectivo, tutelados en los artículos 17, párrafos segundo y sexto, 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Federal,(24) vinculados con los diversos 8.2, inciso h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(25) 50. Desde el punto de vista del recurrente, al permitir el artículo impugnado que no se celebre la audiencia aclaratoria de agravios, redunda en una infracción a ser citado para exponer oralmente sus motivos de inconformidad ante el tribunal que resolverá la apelación. Ante ello, dicho recurso no resulta efectivo. 51. Para pronunciarnos sobre los reclamos del recurrente debemos señalar que el derecho de toda persona a ser citada o llamada para conocer de un procedimiento que afecta sus derechos, a que obtenga una sentencia que resuelva sobre las pretensiones de las partes en la contienda, y a gozar de un recurso, junto con el derecho a ofrecer pruebas y alegar, constituyen un bloque asociado con la garantía de audiencia, la cual integra las formalidades esenciales del procedimiento,(26) y que se erigen como parte del debido proceso a partir de sus dos núcleos esenciales, esto es, siguiendo esas formalidades en un ámbito de igualdad, y atendiendo a los derechos inherentes a las personas en condiciones especiales de vulnerabilidad que acuden al juicio.(27) 52. La citación o llamamiento al juicio o recurso no sólo garantiza la posibilidad de que la persona convocada logre su audiencia frente al acto privativo, como lo es en el caso una resolución definitiva de segunda instancia, también que pueda ejercer los derechos que le asisten durante la sustanciación de la contienda judicial relativa hasta obtener una determinación que resuelva el punto controvertido sometido al análisis de un órgano jurisdiccional. 53. Sin embargo, el ejercicio de los derechos relativos dentro de la contienda y la forma de solucionarla debe atender a la naturaleza del acto o procedimiento al cual esa persona es llamada. 54. En ese sentido, el precepto impugnado establece un mecanismo diseñado durante la sustanciación del recurso de apelación en el sistema penal vigente, el cual reconoce los derechos de las partes en el proceso, y se desarrolla bajo los principios constitucionales de oralidad, contradicción, inmediación, concentración, continuidad y publicidad que, desde luego, permean tanto en las etapas del juicio como en los recursos ordinarios que le derivan. 55. Debido a ello, el sistema que se obtiene del artículo reclamado se relaciona con la forma de conocer con claridad los agravios que serán considerados para resolver el recurso de apelación. Como lo precisó esta Primera Sala en el mencionado amparo directo en revisión 2666/2020, esto ocurre a través de dos formas: a) a petición de la parte recurrente; o b) cuando el Tribunal de Apelación lo considere necesario. Desahogada o no la audiencia, el expediente queda en estado de emitir resolución.(28) 56. En el primer caso, si la parte recurrente o la que se adhirió a la apelación considera necesario aclarar sus agravios, solicitará al Tribunal de Apelación que escuche sus alegaciones aclaratorias en audiencia pública, supuesto en el cual, el órgano jurisdiccional se ve compelido a llevar a cabo esa audiencia y recibir las aclaraciones verbales relativas.(29) 57. En el segundo supuesto, el órgano de apelación, a la luz del contenido de los agravios hechos valer, si considera que existen razones para solicitar su aclaración parcial o total, y con ello queden precisados los motivos de reclamo hechos valer, lo cual garantizará que los planteamientos efectuados sean realmente atendidos. 58. En ese entendimiento, es posible apreciar que el citado mecanismo se erige, por un lado, como una garantía a la parte que ha formulado agravios para dejar en claro algunas posturas que considere que requieren precisiones, o encaminar de manera clara sus argumentos. Por el otro, actúa como una herramienta al alcance del órgano jurisdiccional para facilitar su tarea en la precisión de los reclamos y la forma en que deberá atenderlos para resolver el recurso conforme a los principios de exhaustividad, prontitud, congruencia, y completitud. 59. Así, la celebración de la audiencia aclaratoria de agravios en apelación no constituye una obligación para el tribunal de alzada, ya que su desahogo está condicionado a que la parte que expresó agravios la solicite, o bien, a que el órgano jurisdiccional considere necesaria su realización. En ambos supuestos se sigue el mismo objetivo, que es la debida identificación y alcance de los motivos de inconformidad para emitir una resolución que resuelva de manera efectiva el recurso como objetivos del recurso de apelación. Por lo que el mecanismo que regula el precepto impugnado cuenta con una razonabilidad constitucionalmente válida. 60. A partir de lo señalado, el hecho de que no se celebre la audiencia aclaratoria de alegatos cuando no se reúnan los requisitos a petición de parte(30) o atendiendo a un acto oficioso necesario por parte del Tribunal de Apelación, no significa que al recurrente le sea transgredido el derecho a ser sentenciado en audiencia pública, en este caso en segunda instancia, previa citación. 61. Lo anterior, porque a partir del contenido del precepto impugnado, la ausencia de dicha audiencia no implica que la parte recurrente no haya sido llamada a la tramitación del recurso y estuviera en oportunidad de imponerse de su contenido, y de expresar agravios, pues conforme al artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(31) aquél es informado sobre la tramitación de la segunda instancia. Asimismo, deberá señalar domicilio para ser notificado de las determinaciones que emita el Tribunal de Apelación. 62. El artículo reclamado tampoco impide, ni limita que a la parte recurrente o la que se ha adherido al recurso le sea dictada sentencia de apelación de plano en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes como lo dispone el precepto 478 del aludido Código Nacional.(32) 63. Por tanto, es infundado el reclamo planteado por el señor **********, puesto que el artículo 476 impugnado no es violatorio del derecho a ser sentenciado en audiencia pública previa citación, aplicable al recurso de apelación, a que se refiere el numeral 17, párrafo sexto, de la Constitución Federal. (.). 145. Este precepto se "encuentra en el título XII de Recursos, capítulo II Recursos en particular, apartado II Trámite de apelación, que comprende del artículo 471 al 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho artículo se denomina emplazamiento a las otras partes y establece la llamada audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios. (56) Importa aclarar que esta audiencia no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 del propio ordenamiento legal, en cuanto éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia, entre otro supuesto. 146. En efecto, la literalidad del artículo 476 impugnado, leído junto con el contenido del último párrafo del artículo 471 del propio código procesal, el cual señala que al contestar o al adherirse al recurso de apelación, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el tribunal de alzada, permite considerar -con claridadque la intención del legislador fue establecer el derecho a las partes para que, a su potestad, sean escuchados oral y públicamente en una audiencia por el tribunal de alzada, de ahí que el objeto de esta última es distinto al señalado por el citado artículo 478. (.)." Lo anterior, permite apreciar que expresamente se estableció la constitucionalidad del precepto 476, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en dado caso de que no se haya celebrado la audiencia de aclaración de alegatos, por no haberse reunido los requisitos de la solicitud de parte o que se haya atendido a un acto oficioso necesario por parte del Tribunal de Apelación, no significa que se transgreda el derecho del implicado a ser sentenciado en audiencia pública, previa citación de las partes, pues ello puede ocurrir de plano en la audiencia prevista por el diverso numeral 478, del referido ordenamiento legal, o por escrito dentro de los tres días siguientes al desahogo de la misma. Así, la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, prevista en el artículo 476, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es diversa a la audiencia a que se refiere el numeral 478, del citado ordenamiento legal, puesto que su objeto es distinto, lo que lleva a corroborar que, como se ha dicho, existen dos tipos de audiencias, la de alegatos aclaratorios de agravios, prevista en el artículo 476, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, la diversa establecida en el numeral 478, del mismo ordenamiento legal. Criterio que reiteró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 21/2021(11ª.), publicada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro digital número 2023737 y el rubro: "AUDIENCIA ACLARATORIA DE ALEGATOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LA PREVÉ, NO VULNERA EL DERECHO DE TODA PERSONA A SER SENTENCIADA EN AUDIENCIA PÚBLICA, PREVIA CITACIÓN, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS.". Sentadas las premisas anteriores, las constancias que integran el toca penal IV.S.P.U.E.023/2023, de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, demuestran que al resolver el recurso de apelación interpuesto por la ahora quejosa para impugnar el auto de vinculación a proceso emitido por la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, en la carpeta judicial C-350/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, la responsable no celebró la audiencia pública a que refiere el dispositivo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual, como se dijo, trastoca las formalidades esenciales del procedimiento del sistema penal acusatorio, cuyo mecanismo para emitir resoluciones fue creado a base de audiencias, de tal manera que al haber actuado de esa manera, no cumplió con las reglas del debido proceso en segunda instancia, lo que impide estudiar el fondo del asunto. Esto es, resulta innecesario el análisis de los motivos de disenso propuestos, porque deben subsanarse las violaciones procesales cometidas en la segunda instancia, para que se emita una resolución en el recurso de apelación; aunado a que los agravios de la apelación serán nuevamente examinados una vez que la Sala responsable celebre la audiencia de mérito, lo que actualiza un impedimento técnico para realizar un pronunciamiento de fondo. Corolario de ello, acorde con los principios de interpretación conforme y pro persona, previstos en el segundo párrafo, del artículo 1º de la Ley Fundamental se concluye que el acto reclamado es inconstitucional. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, realice lo siguiente: 4. Deje insubsistente la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal IV.S.P.U.E.023/2023, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la quejosa por la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, en la carpeta judicial C-350/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar; 5. Reponga el procedimiento a fin de que, conforme a lo destacado en esta sentencia respecto del trámite de la fase de segunda instancia, lleve a cabo la audiencia pública que establece el artículo 478, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual deberá citar a las partes de conformidad con el numeral 477, del referido ordenamiento legal; y, 6. Abierta la audiencia y llevada a cabo en términos legales, con libertad de jurisdicción, deberá emitir la resolución de alzada que corresponda, ya sea en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes al de su celebración. Lo anterior, siempre y cuando no se emita alguna determinación o sobrevenga alguna situación que legalmente impida su desahogo. Finalmente, considerando el efecto para el que se concede la protección constitucional, resulta innecesario ocuparse del estudio de los conceptos de violación, acorde a la Jurisprudencia 107, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." (Visible en la página 85, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI). Por lo antes expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el resultando primero, en términos de las consideraciones vertidas en el último considerando de esta sentencia, y para los efectos ahí plasmados. Notifíquese personalmente. Lo resolvió Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO EL PROVEIDO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL ESTABLECE: "Acapulco de Juárez, Guerrero, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 767/2023-V, promovido por ******, por propio derecho, en contra de actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto que se precisan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: ".C. LICENCIADO.Magistrado Titular de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Proceso Penal Acusatorio, con sede en Acapulco, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares." ACTO RECLAMADO: ".Le reclamo.la resolución de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023), que confirma el auto de vinculación a proceso que se dictó dentro de la carpeta que da origen al Toca Penal No. IV.S.P.U.023/2023, y que corresponde a la Carpeta Judicial C-350/2022, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de la víctima de nombre JUAN GREGORIO TORRES BAÑOS, en contra de la suscrita., proveído que no cumple con los requisitos legales exigidos por el artículo 19 Constitucional." SEGUNDO. Trámite del amparo. En proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda instaurada, la cual quedó registrada con el número 767/2023-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se dio a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de amparo se presentó oportunamente, ya que la sentencia reclamada se le notificó a la quejosa el tres de julio de dos mil veintitrés ; por tanto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inició al día hábil siguiente al en que les surtió efectos la notificación y transcurrió del cinco de julio al nueve de agosto pasado, sin contar los días ocho, nueve y quince a treinta y uno de julio de este año, por haber sido inhábiles, de ahí que si la demanda se presentó el veintiuno de julio anterior, es palmario que se instó en tiempo. TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS . DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En esa tesitura, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que en esencia el acto reclamado consiste en: ? La resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, en el toca penal IV.S.P.U.E.023/2023, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa Santacruz Perla Torres Baños, en contra del auto de vinculación a proceso emitido en su contra por la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, en la carpeta judicial C-350/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. CUARTO . Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, dado que al rendir su informe justificado, aceptó su existencia, aunado a que ello se corrobora con las copias certificadas y disco compacto en formato DVD, que contiene los registros de audio y video de las audiencias celebradas en la carpeta judicial C308/2022, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Tiene aplicación, la Jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2010, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Resulta innecesario analizar la sentencia impugnada y los conceptos de violación formulados, en atención a que en suplencia de la deficiencia de la queja, que opera en favor de la quejosa por tener el carácter de imputada en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, como lo dispone el artículo 79, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, pues se advierte la existencia de una violación a las normas que rigen el procedimiento que amerita conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que se precisarán, en aras de garantizar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En el dictado de la sentencia las formalidades esenciales del procedimiento se encuentran contenidas en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el derecho de audiencia que involucra a su vez cuatro aspectos fundamentales: 1. Que la privación se realice mediante juicio; esto es, a través de un procedimiento que se efectúa ante órgano facultado; además, tal procedimiento conlleva una serie de etapas que concluyen en la resolución que dirime la controversia. 2. El juicio sea seguido ante los tribunales previamente establecidos; entendidos no sólo por los órganos que pertenezcan al Poder Judicial y que normalmente desempeñen la actividad judicial, sino cualquiera que realice una función materialmente jurisdiccional, es decir, que aplique normas jurídicas generales a casos concretos en controversia. 3. En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que se manifiestan principalmente en el derecho de defensa y en la facultad de aportar pruebas. 4. Que la privación se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo anterior, refleja la obligación de que, con las salvedades establecidas por la propia Constitución y la jurisprudencia, las autoridades del Estado deben cumplir, en el sentido de abstenerse de cometer actos que mermen determinados bienes de los gobernados sin que se satisfaga el citado derecho. Conforme a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las citadas formalidades al procedimiento conllevan una adecuada y oportuna defensa, las cuales se traducen en las siguientes: V. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; VI. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa; VII. La posibilidad de alegar; y, VIII. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciembre de 1995, consultable en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Constitucional, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En ese orden de ideas, el artículo 14 Constitucional dispone que nadie podrá ser privado de la libertad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por otro lado, el numeral 20 de la Constitución General de la República, en su texto actual y aplicable al particular, establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En el mencionado dispositivo constitucional, interpretado conjuntamente con la legislación secundaria aplicable al caso, como principios generales del proceso se prevén, entre otros, que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez; que la presentación de los argumentos y las pruebas se realizará de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; que éstos también serán observados en las audiencias preliminares a juicio; y que la resoluciones de los órganos jurisdiccionales deberán ser emitidas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones. Ahora bien, la transgresión de lo previsto en los numerales 14 y 20 Constitucionales es susceptible de analizarse en la vía indirecta, pues tal violación al procedimiento no sería factible de analizarse en la vía directa. Se afirma lo anterior, ya que no debe perderse de vista lo sostenido la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 74/2018 (10a.), es decir, que las violaciones a derechos fundamentales, cometidas en un procedimiento penal acusatorio, no son susceptibles de analizarse en la vía directa cuando ocurrieron en etapas previas al juicio oral. Ante tal circunstancia, si tenemos que el acto reclamado consiste en una resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso -comprendido en la etapa inicial del procedimiento penal-, se insiste, el análisis de la violación al procedimiento en esta etapa, es factible estudiarse en la vía indirecta. Robustece a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 175, del Tomo I, Libro 61, diciembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital: 2018868, de rubro y texto: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable". Para comprender la relevancia de la oralidad en este nuevo proceso penal acusatorio adversarial, en adición al contenido constitucional, así como al derecho de alegar -inmerso en el recurso de apelación-, debemos invocar los artículos 4°, 5°, 62, 63, 67, segundo párrafo, 467, fracción VIII, 471, 474, 475, 476, 477, 478 y 479, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 4. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución.". "Artículo 5. Principio de publicidad. Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código." "Artículo 62. Asistencia del imputado a las audiencias Si el imputado se encuentra privado de su libertad, el Órgano jurisdiccional determinará las medidas especiales de seguridad o los mecanismos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia: impedir la fuga o la realización de actos de violencia de parte del imputado o en su contra. Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia el día y hora en que se determine; en caso de no presentarse, el Órgano jurisdiccional podrá imponerle un medio de apremio y en su caso, previa solicitud del Ministerio Público, ordenar su comparecencia. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, se encuentre en libertad, deje de asistir a una audiencia, el Ministerio Público solicitará al Órgano jurisdiccional la imposición de una medida cautelar o la modificación de la ya impuesta." "Artículo 63. Notificación en audiencia. Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente.". "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) VII. El auto que resuelve la vinculación a proceso;.". "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada." "Artículo 474. Envío a Tribunal de alzada competente Concluidos los plazos otorgados a las partes para la sustanciación del recurso de apelación, el Órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de alzada que deba conocer del mismo." "Artículo 475. Trámite del Tribunal de alzada Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el Tribunal de alzada se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso." "Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión. El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso." "Artículo 477. Audiencia Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio. En la audiencia, el Tribunal de alzada podrá solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus escritos." "Artículo 478. Conclusión de la audiencia La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma." "Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente." Los artículos trascritos disponen que serán apelables los autos que como en el caso resuelven la vinculación del imputado al proceso, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien, aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso. El recurso de apelación se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones; al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada. Una vez que hubieren trascurrido los términos concedidos a las partes para la promoción, adhesión o solicitud de aclaración de agravios, se turnarán los autos del juicio al Tribunal de alzada correspondiente, quien se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso. En caso de que alguna de las partes hubiere manifestado en su escrito de agravios, o en la adhesión a los mismos, su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios, que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión. En esta audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio, pudiendo el Tribunal de alzada solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus escritos. La sentencia que resuelva el recurso de apelación, podrá ser dictada de plano, en audiencia o, podrá ser dictada por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la citada audiencia. Dicha resolución de apelación confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. Conviene retomar el dispositivo 476, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece la posibilidad de que las partes, o el propio juzgador, soliciten la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios. Dicha audiencia de alegatos aclaratorios, no debe confundirse con la diversa audiencia prevista en el numeral 478 del citado ordenamiento legal, ya que el objeto de aquélla es distinto al señalado en este último precepto. Esto es así, pues el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las sentencias que resuelvan algún recurso de apelación pueden ser dictadas en dos momentos: c) De plano en audiencia; o, d) Por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En este contexto, el segundo supuesto identificado con el inciso b), no llega al extremo de que el Tribunal de apelación omita celebrar la audiencia en segunda instancia, pues del texto de esta porción normativa se aprecia que al establecer el plazo de tres días para dictar la sentencia por escrito, toma como punto de partida "la celebración de la misma", esto es, la celebración de la audiencia, lo que significa en forma incontrovertible que en ambos casos debe celebrarse la audiencia, y la sentencia es factible de dictarse en esa misma audiencia, o dentro de los tres días siguientes a su celebración. Por otro lado, el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede interpretarse como una facultad conferida a las partes para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que, esa prerrogativa únicamente se ciñe a la diversa audiencia de alegatos aclaratorios a que se refiere el numeral 476 del citado ordenamiento legal, por lo que dar una interpretación distinta a tal disposición expresa significaría que las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, lo cual se contrapone con lo dispuesto en el artículo 1º de dicho ordenamiento al establecer que las disposiciones adjetivas del Código Nacional Procesal son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. En este orden de ideas, la figura de la audiencia pública para dictar sentencia, cuyo derecho fundamental se encuentra contenido en el artículo 20 Constitucional, no se observó adecuadamente en el juicio natural, pues en el dictado de la resolución reclamada, el Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, no celebró la audiencia pública a que se refiere el artículo 478, del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, se cometió una infracción a las leyes que rigen el procedimiento acusatorio, concretamente en la segunda instancia, que trascendió al resultado de la sentencia reclamada. En estas condiciones, es evidente que la trasgresión apuntada trascendió al resultado del fallo, ya que se trata de una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en la segunda instancia, que tiene trascendencia directa en los derechos de los hoy quejosos. No es inadvertido el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 16/2021 (11ª), publicada el diez de septiembre de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, con el Registro Digital 2023535, de rubro: "RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS HECHOS VALER POR ESCRITO, NO TRANSGREDE LA ORALIDAD DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO NI LOS PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN, PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN."; toda vez que en dicha jurisprudencia se analizó la constitucionalidad del artículo 476, del Código Nacional de Procedimientos Penales y no la interpretación del numeral 478, del mismo ordenamiento legal, que fue lo que se realizó en este juicio de amparo, es decir, se trata de un diverso supuesto al aquí analizado. Al respecto, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia citada, nuestro máximo tribunal de justicia estableció, en lo conducente: " .B) Análisis constitucional del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales conforme al derecho de toda persona a ser sentenciada en audiencia pública previa citación de las partes y a contar con un recurso efectivo. 49. Como adelantamos, el señor ********** considera que el artículo impugnado es violatorio del derecho a ser sentenciado en audiencia pública previa citación de las partes, en relación con el distinto a contar con un recurso efectivo, tutelados en los artículos 17, párrafos segundo y sexto, 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Federal,(24) vinculados con los diversos 8.2, inciso h), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(25) 50. Desde el punto de vista del recurrente, al permitir el artículo impugnado que no se celebre la audiencia aclaratoria de agravios, redunda en una infracción a ser citado para exponer oralmente sus motivos de inconformidad ante el tribunal que resolverá la apelación. Ante ello, dicho recurso no resulta efectivo. 51. Para pronunciarnos sobre los reclamos del recurrente debemos señalar que el derecho de toda persona a ser citada o llamada para conocer de un procedimiento que afecta sus derechos, a que obtenga una sentencia que resuelva sobre las pretensiones de las partes en la contienda, y a gozar de un recurso, junto con el derecho a ofrecer pruebas y alegar, constituyen un bloque asociado con la garantía de audiencia, la cual integra las formalidades esenciales del procedimiento,(26) y que se erigen como parte del debido proceso a partir de sus dos núcleos esenciales, esto es, siguiendo esas formalidades en un ámbito de igualdad, y atendiendo a los derechos inherentes a las personas en condiciones especiales de vulnerabilidad que acuden al juicio.(27) 52. La citación o llamamiento al juicio o recurso no sólo garantiza la posibilidad de que la persona convocada logre su audiencia frente al acto privativo, como lo es en el caso una resolución definitiva de segunda instancia, también que pueda ejercer los derechos que le asisten durante la sustanciación de la contienda judicial relativa hasta obtener una determinación que resuelva el punto controvertido sometido al análisis de un órgano jurisdiccional. 53. Sin embargo, el ejercicio de los derechos relativos dentro de la contienda y la forma de solucionarla debe atender a la naturaleza del acto o procedimiento al cual esa persona es llamada. 54. En ese sentido, el precepto impugnado establece un mecanismo diseñado durante la sustanciación del recurso de apelación en el sistema penal vigente, el cual reconoce los derechos de las partes en el proceso, y se desarrolla bajo los principios constitucionales de oralidad, contradicción, inmediación, concentración, continuidad y publicidad que, desde luego, permean tanto en las etapas del juicio como en los recursos ordinarios que le derivan. 55. Debido a ello, el sistema que se obtiene del artículo reclamado se relaciona con la forma de conocer con claridad los agravios que serán considerados para resolver el recurso de apelación. Como lo precisó esta Primera Sala en el mencionado amparo directo en revisión 2666/2020, esto ocurre a través de dos formas: a) a petición de la parte recurrente; o b) cuando el Tribunal de Apelación lo considere necesario. Desahogada o no la audiencia, el expediente queda en estado de emitir resolución.(28) 56. En el primer caso, si la parte recurrente o la que se adhirió a la apelación considera necesario aclarar sus agravios, solicitará al Tribunal de Apelación que escuche sus alegaciones aclaratorias en audiencia pública, supuesto en el cual, el órgano jurisdiccional se ve compelido a llevar a cabo esa audiencia y recibir las aclaraciones verbales relativas.(29) 57. En el segundo supuesto, el órgano de apelación, a la luz del contenido de los agravios hechos valer, si considera que existen razones para solicitar su aclaración parcial o total, y con ello queden precisados los motivos de reclamo hechos valer, lo cual garantizará que los planteamientos efectuados sean realmente atendidos. 58. En ese entendimiento, es posible apreciar que el citado mecanismo se erige, por un lado, como una garantía a la parte que ha formulado agravios para dejar en claro algunas posturas que considere que requieren precisiones, o encaminar de manera clara sus argumentos. Por el otro, actúa como una herramienta al alcance del órgano jurisdiccional para facilitar su tarea en la precisión de los reclamos y la forma en que deberá atenderlos para resolver el recurso conforme a los principios de exhaustividad, prontitud, congruencia, y completitud. 59. Así, la celebración de la audiencia aclaratoria de agravios en apelación no constituye una obligación para el tribunal de alzada, ya que su desahogo está condicionado a que la parte que expresó agravios la solicite, o bien, a que el órgano jurisdiccional considere necesaria su realización. En ambos supuestos se sigue el mismo objetivo, que es la debida identificación y alcance de los motivos de inconformidad para emitir una resolución que resuelva de manera efectiva el recurso como objetivos del recurso de apelación. Por lo que el mecanismo que regula el precepto impugnado cuenta con una razonabilidad constitucionalmente válida. 60. A partir de lo señalado, el hecho de que no se celebre la audiencia aclaratoria de alegatos cuando no se reúnan los requisitos a petición de parte(30) o atendiendo a un acto oficioso necesario por parte del Tribunal de Apelación, no significa que al recurrente le sea transgredido el derecho a ser sentenciado en audiencia pública, en este caso en segunda instancia, previa citación. 61. Lo anterior, porque a partir del contenido del precepto impugnado, la ausencia de dicha audiencia no implica que la parte recurrente no haya sido llamada a la tramitación del recurso y estuviera en oportunidad de imponerse de su contenido, y de expresar agravios, pues conforme al artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(31) aquél es informado sobre la tramitación de la segunda instancia. Asimismo, deberá señalar domicilio para ser notificado de las determinaciones que emita el Tribunal de Apelación. 62. El artículo reclamado tampoco impide, ni limita que a la parte recurrente o la que se ha adherido al recurso le sea dictada sentencia de apelación de plano en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes como lo dispone el precepto 478 del aludido Código Nacional.(32) 63. Por tanto, es infundado el reclamo planteado por el señor **********, puesto que el artículo 476 impugnado no es violatorio del derecho a ser sentenciado en audiencia pública previa citación, aplicable al recurso de apelación, a que se refiere el numeral 17, párrafo sexto, de la Constitución Federal. (.). 145. Este precepto se "encuentra en el título XII de Recursos, capítulo II Recursos en particular, apartado II Trámite de apelación, que comprende del artículo 471 al 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho artículo se denomina emplazamiento a las otras partes y establece la llamada audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios. (56) Importa aclarar que esta audiencia no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 del propio ordenamiento legal, en cuanto éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia, entre otro supuesto. 146. En efecto, la literalidad del artículo 476 impugnado, leído junto con el contenido del último párrafo del artículo 471 del propio código procesal, el cual señala que al contestar o al adherirse al recurso de apelación, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el tribunal de alzada, permite considerar -con claridadque la intención del legislador fue establecer el derecho a las partes para que, a su potestad, sean escuchados oral y públicamente en una audiencia por el tribunal de alzada, de ahí que el objeto de esta última es distinto al señalado por el citado artículo 478. (.)." Lo anterior, permite apreciar que expresamente se estableció la constitucionalidad del precepto 476, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en dado caso de que no se haya celebrado la audiencia de aclaración de alegatos, por no haberse reunido los requisitos de la solicitud de parte o que se haya atendido a un acto oficioso necesario por parte del Tribunal de Apelación, no significa que se transgreda el derecho del implicado a ser sentenciado en audiencia pública, previa citación de las partes, pues ello puede ocurrir de plano en la audiencia prevista por el diverso numeral 478, del referido ordenamiento legal, o por escrito dentro de los tres días siguientes al desahogo de la misma. Así, la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, prevista en el artículo 476, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es diversa a la audiencia a que se refiere el numeral 478, del citado ordenamiento legal, puesto que su objeto es distinto, lo que lleva a corroborar que, como se ha dicho, existen dos tipos de audiencias, la de alegatos aclaratorios de agravios, prevista en el artículo 476, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, la diversa establecida en el numeral 478, del mismo ordenamiento legal. Criterio que reiteró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 21/2021(11ª.), publicada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro digital número 2023737 y el rubro: "AUDIENCIA ACLARATORIA DE ALEGATOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LA PREVÉ, NO VULNERA EL DERECHO DE TODA PERSONA A SER SENTENCIADA EN AUDIENCIA PÚBLICA, PREVIA CITACIÓN, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS.". Sentadas las premisas anteriores, las constancias que integran el toca penal IV.S.P.U.E.023/2023, de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, demuestran que al resolver el recurso de apelación interpuesto por la ahora quejosa para impugnar el auto de vinculación a proceso emitido por la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, en la carpeta judicial C-350/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, la responsable no celebró la audiencia pública a que refiere el dispositivo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual, como se dijo, trastoca las formalidades esenciales del procedimiento del sistema penal acusatorio, cuyo mecanismo para emitir resoluciones fue creado a base de audiencias, de tal manera que al haber actuado de esa manera, no cumplió con las reglas del debido proceso en segunda instancia, lo que impide estudiar el fondo del asunto. Esto es, resulta innecesario el análisis de los motivos de disenso propuestos, porque deben subsanarse las violaciones procesales cometidas en la segunda instancia, para que se emita una resolución en el recurso de apelación; aunado a que los agravios de la apelación serán nuevamente examinados una vez que la Sala responsable celebre la audiencia de mérito, lo que actualiza un impedimento técnico para realizar un pronunciamiento de fondo. Corolario de ello, acorde con los principios de interpretación conforme y pro persona, previstos en el segundo párrafo, del artículo 1º de la Ley Fundamental se concluye que el acto reclamado es inconstitucional. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, realice lo siguiente: 4. Deje insubsistente la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal IV.S.P.U.E.023/2023, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la quejosa por la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares, en la carpeta judicial C-350/2022, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar; 5. Reponga el procedimiento a fin de que, conforme a lo destacado en esta sentencia respecto del trámite de la fase de segunda instancia, lleve a cabo la audiencia pública que establece el artículo 478, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual deberá citar a las partes de conformidad con el numeral 477, del referido ordenamiento legal; y, 6. Abierta la audiencia y llevada a cabo en términos legales, con libertad de jurisdicción, deberá emitir la resolución de alzada que corresponda, ya sea en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes al de su celebración. Lo anterior, siempre y cuando no se emita alguna determinación o sobrevenga alguna situación que legalmente impida su desahogo. Finalmente, considerando el efecto para el que se concede la protección constitucional, resulta innecesario ocuparse del estudio de los conceptos de violación, acorde a la Jurisprudencia 107, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." (Visible en la página 85, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI). Por lo antes expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el resultando primero, en términos de las consideraciones vertidas en el último considerando de esta sentencia, y para los efectos ahí plasmados. Notifíquese personalmente. Lo resolvió Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe."

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las once horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 767/2023-V, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, secretario que autoriza, con sustento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos: dando lectura de ellas, entre las que destacan el escrito de demanda; auto admisorio; informe justificado rendido por la autoridad responsable; auto en el que se tuvo por recibido; proveído que difirió la audiencia para esta fecha; y constancias de notificación a las partes. La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva el presente juicio. Abierto el periodo de pruebas: El secretario da cuenta a la Jueza con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. La Jueza provee: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en razón de su propia y especial naturaleza, medios de convicción que serán tomados en consideración al momento de resolver este sumario constitucional. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos: El Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; y que la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado responsable, no formuló intervención ministerial. Acto seguido, la Jueza acuerda: con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por verificar, se levanta la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron. El Secretario La Jueza César Barajas García Laura Elizabeth Miranda Torres.

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