SANTA YAZMÍN ALCÁNTARA GONZÁLEZ y Otros.

Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1080/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • SANTA YAZMÍN ALCÁNTARA GONZÁLEZ y Otros.
  • Santa Yazmín Alcántara González

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones caratula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ""..."", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1080/2022. Desechamiento Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. Así, en ejercicio de la facultad que a este juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, conforme a lo que enseguida se expone. Al analizar íntegramente la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Ahora, considerando lo anterior y la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, la diligencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, llevada a cabo en el expediente familiar ""..."" de su registro, a través del cual, entre otras cuestiones, se estableció mediante convenio, que la aquí quejosa "".."", otorgará pensión alimenticia provisional a favor de la menor con iniciales ""..."", y se le otorga el plazo de diez días para realizar el trámite de filiación con su menor hija, y realice el registro ante la Oficialía del Registro Civil correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedora a un arresto por ocho horas.. Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos, que para los efectos del amparo, se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Bajo ese orden de ideas, como ya se especificó el acto reclamado en esta instancia, lo constituye la diligencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, llevada a cabo en el expediente familiar ""..."" de su registro, misma que está sujeta al plazo genérico de quince días para promover el juicio, establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que no se ubica en alguna de sus excepciones, anotadas en párrafos que anteceden. Lo anterior, porque en el caso no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Por último, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Dicho precepto normativo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1. Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Al en que el promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución. 3. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los actos. La primera hipótesis implica la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este "tuvo conocimiento" del acto reclamado en determinada fecha, lo que implica tener la convicción de que el interesado se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto que se contiene en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "...se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada, conducta que puede considerarse como una confesión expresa del afectado. Ilustra lo expresado, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Ahora, dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. De ahí que, con independencia de lo manifestado por las partes, quien resuelve, primero debe verificar de la demanda de amparo, si existe algún medio por el que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. Con esas directrices, a fin de demostrar que respecto del citado acto reclamado en este juicio de amparo, opera la causal de improcedencia referida, es menester traer a colación que la parte quejosa "".."", reclama en esta instancia constitucional, la diligencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, llevada a cabo en el expediente familiar ""..."" de la estadística del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro. En ese sentido, en el caso concreto, respecto del acto aquí reclamado, se actualiza la tercera de las hipótesis anotadas, ya que de la diligencia reclamada -que como anexo exhibió la quejosa en su escrito de demanda- se advierte que el diecisiete de agosto del año en curso, en el expediente familiar "".."" del registro de la autoridad judicial responsable, la aquí quejosa ""....""", celebró convenio con Gabriela Rosario Alcántara González, al tenor de las siguientes clausulas: "AUDIENCIA DE CARÁCTER FAMILIAR.- En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las NUEVE HORAS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señalada para que tenga lugar la presente audiencia. (.) -CLAUSULAS: ---CLAUSULA PRIMERA.- Ambas partes reconocen la competencia de este juzgado. ---CLAUSULA SEGUNDA.- Ambas partes se reconocen la personalidad con la que comparecen a la presente diligencia. ---CLAUSULA TERCERA.- Los comparecientes ""..."" convienen en que la ciudadana "".."" ejerza LOS CUIDADOS Y ATENCIONES DE LA adolescente ""..."", mismos que ejercerá en el domicilio ubicado en Andador Camilo Arriaga casa número cinco, manzana treinta y siete, Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, comprometiéndose a informar a esta autoridad cualquier cambio de domicilio que hubiera.- ---CLAUSULA CUARTA. Ambas partes convienen en que la ciudadana "".."" otorgará por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la adolescente ""..."", el equivalente al medio salario mínimo vigente diario, cual en la actualidad equivale a la cantidad de $ ""..."" misma que incrementara conforme incremente dicho salario mínimo, cantidad que entregara de manera semanal los días lunes a su hermana ""..."" previo recibo que ésta le otorgue a su favor." Así también, de la diligencia en comento, la cual constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, se advierte que la juez responsable determinó lo siguiente: "(.) Enseguida la ciudadana juez de los autos acuerda: téngase por hechas las manifestaciones tanto de los comparecientes, de la ciudadana agente del ministerio público adscrita y de la representante en esta audiencia de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, y consecuentemente con fundamento en los artículos 20, 148, 149, 150, 155, 158, 159 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 962 y 963 del código de procedimientos civiles vigente en el Estado, tomando en consideración que el convenio a que se ha hecho referencia en ésta audiencia celebrado por las Ciudadanas ""..."", no contiene cláusula contraria a la moral ni al derecho y a fin de privilegiar el interés superior de la menor de edad con iniciales en su nombre """..."", a fin de proteger el sano desarrollo de la menor de edad involucrada en el presente asunto, SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES DEL CONVENIO PROVISIONAL TRANSCRITO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, OBLIGÁNDOSE A LAS PARTES A CUMPLIRLO EN SUS TÉRMINOS. Enseguida se exhorta a los ciudadanos """...."" en términos del artículo 104 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que eviten influir negativamente en la menor de edad con iniciales en su nombre ""-....."", respecto de la persona que se encuentra ejerciendo la custodia, y viceversa, pues deben atender que la convivencia pactada tiene como finalidad establecer y reforzar los lazos filiales de la menor de edad con su familia ampliada, por lo que dicha convivencia debe ser respetuosa y pro activa hacia dichos lazos, independientemente de que habiten en domicilios distintos, y den cumplimiento a sus obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa, así mismo, se les exhorta para que eviten discutir o pelear delante de la menor de edad, porque tener una actitud contraria al requerimiento efectuado, afecta el sano desarrollo de la misma, a lo que manifiestan quedar requeridos y enterados. Asimismo en atención a que no existe acreditada jurídicamente la filiación de la adolescente ""...""., con su progenitora, en este acto se requiere a la ciudadana ""..."" para que dentro del plazo de diez días realice los tramites respectivos para lograr ante el Registro civil en el Estado el registro de su hija, debiendo para tal efecto exhibir la documental que acredite dicho trámite, bajo APERCIBIMIENTO que en caso de no hacerlo, se HARÁ ACREEDORA A UN ARRESTO POR OCHO HORAS, lo anterior, con fundamento en los artículos 53, 79 fracción IV y 963 del Ordenamiento legal en consulta, medio de apremio que se considera eficaz por esta juzgadora para hacer cumplir determinaciones y para persuadir a la ocursante para que realice los tramite respectivos y brinde seguridad jurídica de la adolescente involucrada en el presente asunto además de que el procedimiento es de orden público y no puede estar sujeto a la voluntad de las partes; Se apercibe con ese medio de apremio por considerarlo el más eficaz para persuadir a las partes al cumplimiento de lo ordenado, y queden conminando a cumplir sin opción alguna. Se impone por el plazo de ocho horas, ya que es un tiempo que les permite no desatender sus actividades, y que los persuadiría a cumplir con lo determinado por esta autoridad, mismas que como ya se dijo son necesarias para que esta Autoridad cuente con los elementos necesarios y estén en condiciones de dictar una sentencia justa y apegada a derecho. Ahora bien, tomando en consideración la problemática existente en el presente asunto, con fundamento en los artículos 53, 963 y 967 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, esta autoridad considera procedente el realizar el desahogo de una VALORACIÓN PSICOLÓGICA A LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL PRESENTE ASUNTO "".."" y su pareja sentimental quien a pregunta expresa manifestó responde al nombre de ""..."" y su actual pareja sentimental JOSE HERNÁNDEZ DÍAZ, para lo cual SE ORDENA ENVIAR ATENTO OFICIO A LA DIRECCION DE PERICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, a efecto de que dentro del plazo de tres días se sirva designar un perito en psicología para que previo discernimiento de cargo realice la valoración psicológica de las partes. Asimismo, en respeto al derecho a participar en el presente procedimiento y toda vez que es necesario escuchar a adolescente ""..."", para estar en condiciones de acordar respecto de la convivencia de dicho menor de edad con su progenitor no custodio, por lo que se difiere la presente audiencia, señalándose para su desahogo LAS ONCE HORAS DEL VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, fecha que se señala por así permitirlo la carga excesiva de trabajo con que cuenta la Dirección de Periciales, pues la fecha señalada, es proporcionada por esa dirección, previa llamada telefónica que realiza la perito en psicología presente, para que se lleve a cabo el desahogo de la AUDIENCIA DE CARÁCTER FAMILIAR en la que será escuchada la mencionada adolescente, en presencia de la perito en psicología designada, la representante social adscrita, y esta esta autoridad cuente con los elementos necesarios al momento de dictar la sentencia en el presente expediente y se determine respecto a la convivencia del actor con su menor hija; por lo que GIRESE OFICIO AL DIRECCIÓN DE PERICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, haciéndole saber la fecha y hora antes señalada, solicitando la designación de un perito para realizar la escucha de dicha adolescente, lo que cítese a las partes para que comparezcan a dicha diligencia; requiriéndose a la ciudadana """..."" para que se presente conjuntamente con la adolescente antes citada; y para el caso de que la persona que ejerce los cuidados o la adolescente en comento, se encuentre enferma, deberá de precisar acreditar el lugar en el cual se encuentre interna, bajo APERCIBIMIENTO A AMBAS PARTES que en caso de incomparecencia o no presentarse a la menor en mención, se HARÁN ACREEDORES A UN ARRESTO POR OCHO HORAS, lo anterior, con fundamento en los artículos 53 y 79 fracción IV del Ordenamiento legal en consulta, medio de apremio que se considera eficaz por esta juzgadora para hacer cumplir determinaciones y para persuadir a las partes para que comparezcan en la fecha señalada; aunado a que la fecha señalada fue atendiendo a la carga de trabajo de la citada perito, pues es un hecho notorio que los peritos psicólogos de la Dirección de Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tienen una carga excesiva de trabajo, por lo que no es posible estar reprogramando a voluntad de las partes la presente audiencia ordenada en autos y además de que el procedimiento es de orden público y no puede estar sujeto a la voluntad de las partes; Se apercibe con ese medio de apremio por considerarlo el más eficaz para persuadir a las partes al cumplimiento de lo ordenado, y queden conminando a cumplir sin opción alguna. Se impone por el plazo de ocho horas, ya que es un tiempo que les permite no desatender sus actividades, y que los persuadiría a cumplir con lo determinado por esta autoridad, mismas que como ya se dijo son necesarias para que esta Autoridad cuente con los elementos necesarios y estén en condiciones de dictar una sentencia justa y apegada a derecho. En vista de que se ha logrado la comparecencia de la ciudadana ""..."", se dejan sin efecto los oficios ordenados por auto e quince de junio de dos mil veintidós. NOTIFIQUESE AL RESTO DE LAS PARTES INVOLUCRADAS Y CÚMPLASE. No habiendo nada más que agregar, se da por terminada la presente diligencia firmando al calce y margen los que intervinieron, previa su lectura y ratificación. Se cierra el acta que se autoriza. DOY FE." Diligencia la anterior que fue firmada por los que en ella intervinieron, en la misma fecha (diecisiete de agosto de dos mil veintidós), a saber, por la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, la aquí quejosa ""...""" , la Agente del Ministerio Público adscrita a dicho juzgado, la agente de asistencia social adscrita a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, y el secretario de acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, como se advierte a continuación: Luego, queda de manifiesto que en la especie, la quejosa tuvo conocimiento de la diligencia reclamada, en la propia fecha que se llevó a cabo, es decir, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, por tanto, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra la diligencia reclamada, se debe computar a partir del día siguiente al que tuvo conocimiento del acto reclamado. En efecto, tal como quedó acreditado, la aquí quejosa ""..."", compareció a la citada diligencia llevada a cabo en el expediente familiar ""..."" de la estadística del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro y suscribió el convenio respectivo, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del dieciocho de agosto al ocho de septiembre dos mil veintidós, excluyéndose de tal término los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto, tres y cuatro de septiembre del año en curso, por ser sábados y domingos, y por lo tanto, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia; así como el cinco de septiembre del actual, al haberse suspendido las labores presenciales y no correr los términos procesales, conforme al oficio "".."" de cinco del mes y año en curso, suscrito por Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y coordinador de jueces de Distrito y del Centro de Justicia Penal Federal del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Por tanto, si el escrito de demanda fue presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, según se advierte del sello de recepción que consta en la citada demanda, indefectiblemente pone de manifiesto que la demanda constitucional se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de ahí, que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y extracto: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y ser el presente asunto de naturaleza civil. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ""..."", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1080/2022. Desechamiento Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. Así, en ejercicio de la facultad que a este juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, conforme a lo que enseguida se expone. Al analizar íntegramente la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Ahora, considerando lo anterior y la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, la diligencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, llevada a cabo en el expediente familiar ""..."" de su registro, a través del cual, entre otras cuestiones, se estableció mediante convenio, que la aquí quejosa "".."", otorgará pensión alimenticia provisional a favor de la menor con iniciales ""..."", y se le otorga el plazo de diez días para realizar el trámite de filiación con su menor hija, y realice el registro ante la Oficialía del Registro Civil correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedora a un arresto por ocho horas.. Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos, que para los efectos del amparo, se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Bajo ese orden de ideas, como ya se especificó el acto reclamado en esta instancia, lo constituye la diligencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, llevada a cabo en el expediente familiar ""..."" de su registro, misma que está sujeta al plazo genérico de quince días para promover el juicio, establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que no se ubica en alguna de sus excepciones, anotadas en párrafos que anteceden. Lo anterior, porque en el caso no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Por último, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Dicho precepto normativo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1. Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Al en que el promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución. 3. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los actos. La primera hipótesis implica la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este "tuvo conocimiento" del acto reclamado en determinada fecha, lo que implica tener la convicción de que el interesado se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto que se contiene en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "...se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada, conducta que puede considerarse como una confesión expresa del afectado. Ilustra lo expresado, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Ahora, dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. De ahí que, con independencia de lo manifestado por las partes, quien resuelve, primero debe verificar de la demanda de amparo, si existe algún medio por el que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. Con esas directrices, a fin de demostrar que respecto del citado acto reclamado en este juicio de amparo, opera la causal de improcedencia referida, es menester traer a colación que la parte quejosa "".."", reclama en esta instancia constitucional, la diligencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, llevada a cabo en el expediente familiar ""..."" de la estadística del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro. En ese sentido, en el caso concreto, respecto del acto aquí reclamado, se actualiza la tercera de las hipótesis anotadas, ya que de la diligencia reclamada -que como anexo exhibió la quejosa en su escrito de demanda- se advierte que el diecisiete de agosto del año en curso, en el expediente familiar "".."" del registro de la autoridad judicial responsable, la aquí quejosa ""....""", celebró convenio con Gabriela Rosario Alcántara González, al tenor de las siguientes clausulas: "AUDIENCIA DE CARÁCTER FAMILIAR.- En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las NUEVE HORAS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señalada para que tenga lugar la presente audiencia. (.) -CLAUSULAS: ---CLAUSULA PRIMERA.- Ambas partes reconocen la competencia de este juzgado. ---CLAUSULA SEGUNDA.- Ambas partes se reconocen la personalidad con la que comparecen a la presente diligencia. ---CLAUSULA TERCERA.- Los comparecientes ""..."" convienen en que la ciudadana "".."" ejerza LOS CUIDADOS Y ATENCIONES DE LA adolescente ""..."", mismos que ejercerá en el domicilio ubicado en Andador Camilo Arriaga casa número cinco, manzana treinta y siete, Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, comprometiéndose a informar a esta autoridad cualquier cambio de domicilio que hubiera.- ---CLAUSULA CUARTA. Ambas partes convienen en que la ciudadana "".."" otorgará por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la adolescente ""..."", el equivalente al medio salario mínimo vigente diario, cual en la actualidad equivale a la cantidad de $ ""..."" misma que incrementara conforme incremente dicho salario mínimo, cantidad que entregara de manera semanal los días lunes a su hermana ""..."" previo recibo que ésta le otorgue a su favor." Así también, de la diligencia en comento, la cual constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, se advierte que la juez responsable determinó lo siguiente: "(.) Enseguida la ciudadana juez de los autos acuerda: téngase por hechas las manifestaciones tanto de los comparecientes, de la ciudadana agente del ministerio público adscrita y de la representante en esta audiencia de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, y consecuentemente con fundamento en los artículos 20, 148, 149, 150, 155, 158, 159 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 962 y 963 del código de procedimientos civiles vigente en el Estado, tomando en consideración que el convenio a que se ha hecho referencia en ésta audiencia celebrado por las Ciudadanas ""..."", no contiene cláusula contraria a la moral ni al derecho y a fin de privilegiar el interés superior de la menor de edad con iniciales en su nombre """..."", a fin de proteger el sano desarrollo de la menor de edad involucrada en el presente asunto, SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES DEL CONVENIO PROVISIONAL TRANSCRITO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, OBLIGÁNDOSE A LAS PARTES A CUMPLIRLO EN SUS TÉRMINOS. Enseguida se exhorta a los ciudadanos """...."" en términos del artículo 104 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que eviten influir negativamente en la menor de edad con iniciales en su nombre ""-....."", respecto de la persona que se encuentra ejerciendo la custodia, y viceversa, pues deben atender que la convivencia pactada tiene como finalidad establecer y reforzar los lazos filiales de la menor de edad con su familia ampliada, por lo que dicha convivencia debe ser respetuosa y pro activa hacia dichos lazos, independientemente de que habiten en domicilios distintos, y den cumplimiento a sus obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa, así mismo, se les exhorta para que eviten discutir o pelear delante de la menor de edad, porque tener una actitud contraria al requerimiento efectuado, afecta el sano desarrollo de la misma, a lo que manifiestan quedar requeridos y enterados. Asimismo en atención a que no existe acreditada jurídicamente la filiación de la adolescente ""...""., con su progenitora, en este acto se requiere a la ciudadana ""..."" para que dentro del plazo de diez días realice los tramites respectivos para lograr ante el Registro civil en el Estado el registro de su hija, debiendo para tal efecto exhibir la documental que acredite dicho trámite, bajo APERCIBIMIENTO que en caso de no hacerlo, se HARÁ ACREEDORA A UN ARRESTO POR OCHO HORAS, lo anterior, con fundamento en los artículos 53, 79 fracción IV y 963 del Ordenamiento legal en consulta, medio de apremio que se considera eficaz por esta juzgadora para hacer cumplir determinaciones y para persuadir a la ocursante para que realice los tramite respectivos y brinde seguridad jurídica de la adolescente involucrada en el presente asunto además de que el procedimiento es de orden público y no puede estar sujeto a la voluntad de las partes; Se apercibe con ese medio de apremio por considerarlo el más eficaz para persuadir a las partes al cumplimiento de lo ordenado, y queden conminando a cumplir sin opción alguna. Se impone por el plazo de ocho horas, ya que es un tiempo que les permite no desatender sus actividades, y que los persuadiría a cumplir con lo determinado por esta autoridad, mismas que como ya se dijo son necesarias para que esta Autoridad cuente con los elementos necesarios y estén en condiciones de dictar una sentencia justa y apegada a derecho. Ahora bien, tomando en consideración la problemática existente en el presente asunto, con fundamento en los artículos 53, 963 y 967 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, esta autoridad considera procedente el realizar el desahogo de una VALORACIÓN PSICOLÓGICA A LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL PRESENTE ASUNTO "".."" y su pareja sentimental quien a pregunta expresa manifestó responde al nombre de ""..."" y su actual pareja sentimental JOSE HERNÁNDEZ DÍAZ, para lo cual SE ORDENA ENVIAR ATENTO OFICIO A LA DIRECCION DE PERICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, a efecto de que dentro del plazo de tres días se sirva designar un perito en psicología para que previo discernimiento de cargo realice la valoración psicológica de las partes. Asimismo, en respeto al derecho a participar en el presente procedimiento y toda vez que es necesario escuchar a adolescente ""..."", para estar en condiciones de acordar respecto de la convivencia de dicho menor de edad con su progenitor no custodio, por lo que se difiere la presente audiencia, señalándose para su desahogo LAS ONCE HORAS DEL VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, fecha que se señala por así permitirlo la carga excesiva de trabajo con que cuenta la Dirección de Periciales, pues la fecha señalada, es proporcionada por esa dirección, previa llamada telefónica que realiza la perito en psicología presente, para que se lleve a cabo el desahogo de la AUDIENCIA DE CARÁCTER FAMILIAR en la que será escuchada la mencionada adolescente, en presencia de la perito en psicología designada, la representante social adscrita, y esta esta autoridad cuente con los elementos necesarios al momento de dictar la sentencia en el presente expediente y se determine respecto a la convivencia del actor con su menor hija; por lo que GIRESE OFICIO AL DIRECCIÓN DE PERICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, haciéndole saber la fecha y hora antes señalada, solicitando la designación de un perito para realizar la escucha de dicha adolescente, lo que cítese a las partes para que comparezcan a dicha diligencia; requiriéndose a la ciudadana """..."" para que se presente conjuntamente con la adolescente antes citada; y para el caso de que la persona que ejerce los cuidados o la adolescente en comento, se encuentre enferma, deberá de precisar acreditar el lugar en el cual se encuentre interna, bajo APERCIBIMIENTO A AMBAS PARTES que en caso de incomparecencia o no presentarse a la menor en mención, se HARÁN ACREEDORES A UN ARRESTO POR OCHO HORAS, lo anterior, con fundamento en los artículos 53 y 79 fracción IV del Ordenamiento legal en consulta, medio de apremio que se considera eficaz por esta juzgadora para hacer cumplir determinaciones y para persuadir a las partes para que comparezcan en la fecha señalada; aunado a que la fecha señalada fue atendiendo a la carga de trabajo de la citada perito, pues es un hecho notorio que los peritos psicólogos de la Dirección de Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tienen una carga excesiva de trabajo, por lo que no es posible estar reprogramando a voluntad de las partes la presente audiencia ordenada en autos y además de que el procedimiento es de orden público y no puede estar sujeto a la voluntad de las partes; Se apercibe con ese medio de apremio por considerarlo el más eficaz para persuadir a las partes al cumplimiento de lo ordenado, y queden conminando a cumplir sin opción alguna. Se impone por el plazo de ocho horas, ya que es un tiempo que les permite no desatender sus actividades, y que los persuadiría a cumplir con lo determinado por esta autoridad, mismas que como ya se dijo son necesarias para que esta Autoridad cuente con los elementos necesarios y estén en condiciones de dictar una sentencia justa y apegada a derecho. En vista de que se ha logrado la comparecencia de la ciudadana ""..."", se dejan sin efecto los oficios ordenados por auto e quince de junio de dos mil veintidós. NOTIFIQUESE AL RESTO DE LAS PARTES INVOLUCRADAS Y CÚMPLASE. No habiendo nada más que agregar, se da por terminada la presente diligencia firmando al calce y margen los que intervinieron, previa su lectura y ratificación. Se cierra el acta que se autoriza. DOY FE." Diligencia la anterior que fue firmada por los que en ella intervinieron, en la misma fecha (diecisiete de agosto de dos mil veintidós), a saber, por la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, la aquí quejosa ""...""" , la Agente del Ministerio Público adscrita a dicho juzgado, la agente de asistencia social adscrita a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, y el secretario de acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, como se advierte a continuación: Luego, queda de manifiesto que en la especie, la quejosa tuvo conocimiento de la diligencia reclamada, en la propia fecha que se llevó a cabo, es decir, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, por tanto, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra la diligencia reclamada, se debe computar a partir del día siguiente al que tuvo conocimiento del acto reclamado. En efecto, tal como quedó acreditado, la aquí quejosa ""..."", compareció a la citada diligencia llevada a cabo en el expediente familiar ""..."" de la estadística del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro y suscribió el convenio respectivo, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del dieciocho de agosto al ocho de septiembre dos mil veintidós, excluyéndose de tal término los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto, tres y cuatro de septiembre del año en curso, por ser sábados y domingos, y por lo tanto, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia; así como el cinco de septiembre del actual, al haberse suspendido las labores presenciales y no correr los términos procesales, conforme al oficio "".."" de cinco del mes y año en curso, suscrito por Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y coordinador de jueces de Distrito y del Centro de Justicia Penal Federal del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Por tanto, si el escrito de demanda fue presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, según se advierte del sello de recepción que consta en la citada demanda, indefectiblemente pone de manifiesto que la demanda constitucional se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de ahí, que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y extracto: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y ser el presente asunto de naturaleza civil. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.

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