Santa Marquez Castillo
Expediente 56/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Santa Marquez Castillo
Actuaciones
- Principal
Agréguese... oficio... se desprende que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo formulada por ****, quedando registrada bajo el progresivo 232/2023-II de su índice... archívese este juicio como asunto concluido...
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, uno de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Santa Márquez Castillo, por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Dos, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro 56/2023. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama a la referida autoridad responsable lo siguiente: La orden de desposeimiento y desalojo del inmueble de su propiedad y que tiene en posesión desde el año dos mil diez, mismo que se identifica como parcela 95 Z-1 P1/2, ubicado en el Ejido Agua Linda, Municipio de Pantepec, Puebla, que cuenta con una superficie de 0-52-10.27 hectáreas. Incompetencia. En virtud de lo anterior, la suscrita debe seguir una estructura lógica y jurídica para emitir una decisión, conforme a los elementos allegados por la parte quejosa, por lo que, en primer lugar, se debe analizar si se tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva al gobernado a través de prácticas judiciales que resulten pertinentes y necesarios para cumplir con los propios establecidos en el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece que las reglas a que a de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" De la transcripción del artículo se advierten tres hipótesis: I) Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función al lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado. En esas condiciones, si en términos de lo dispuesto por el citado artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente para conocer de la demanda de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En el caso, es dable precisar que de las manifestaciones vertidas por la promovente en su demanda de amparo, se advierte que la hoy quejosa se ostenta como tercera extraña. En ese orden de ideas, respecto al tema, conviene distinguir entre los terceros extraños a juicio en estricto sentido y los que lo son por equiparación. Así, tercero extraño a juicio en estricto sentido es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones en él dictadas, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Mientras que, por su parte, tercero extraño a juicio por equiparación es la persona que no ha sido emplazada al juicio, o que fue llamada a él en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. De manera que, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno. En ese contexto, es dable traer como hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el numeral 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende la sentencia emitida en autos del Juicio de Amparo 211/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en la que se negó el amparo a Florentino Márquez Martínez. Así, de la referida ejecutoria se obtiene que las partes en el juicio agrario 76/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Dos, con sede en esta ciudad lo son Juan Alejo María (actor) y Florentino Márquez Martínez (demandado); y que en dicho expediente el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se dictó la sentencia respectiva, en la que resolvió: "PRIMERO.- El actor JUAN ALEJO MARÍA, acreditó los hechos constitutivos de su pretensión consistente en que se declare la terminación del contrato de arrendamiento del uno de diciembre del dos mil diecisiete, al haber fenecido el término de su vigencia de acuerdo con los razonamientos y fundamentos legales que fueron vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia. SEGUNDO.- En consecuencia de haber declarado la terminación del contrato de uno de diciembre de dos mil diecisiete, se condena al demandado a desocupar y entregar al actor JUAN ALEJO MARÍA la superficie de cuatrocientos metros cuadrados de la parcela número 95 Z-1 P1/2 con superficie total de 00-52-10.27 hectáreas localizada en el ejido de "EL OJITE", municipio de Pantepec de Juárez, Puebla 14 Z-1 P1/1". TERCERO.- Se absuelve al demandado FLORENTINO MÁRQUEZ MARTÍNEZ, del pago de daños y perjuicios que dice el actor le han sido ocasionados por la posesión que ha ejercido el demandado, conforme a los expuesto y fundado en la parte considerativa de esta sentencia.". De ahí que, en el caso, la ahora quejosa es tercera extraña en estricto sentido, ya que no es parte en la relación jurídico procesal del juicio agrario 76/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Dos, con sede en esta ciudad, pero aduce que sus derechos se ven afectados por actos realizados en dicho expediente. En esa medida, para poder fijar a que Juzgado de Distrito le corresponde conocer la demanda de amparo por razón de territorio, en el caso concreto, se debe considerar la ejecución material de los actos reclamados que, en suma, pretende proteger la quejosa con la interposición del amparo. Con base en lo anterior, se aprecia con claridad que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, no es competente por razón de territorio para conocer ni resolver el juicio de amparo en que se actúa, pues se estima que ello, conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde a los Jueces de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, pues la parte quejosa pretende defender el inmueble que se identifica como parcela 95 Z-1 P1/2, ubicado en el Ejido Agua Linda, Municipio de Pantepec, Puebla, mismo que cuenta con una superficie de 0-52-10.27, hectáreas, con motivo de la orden emitida en el expediente agrario 76/2019, del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32 con sede en Tuxpan, Veracruz, por lo que se estima que es en dicha adscripción donde tiene ejecución el acto reclamado. Así las cosas, si se acude a las reglas previstas en el citado arábigo 37 de la ley de la materia, se está en el caso de actos cuya ejecución se deberá llevar a cabo en la antes citada localidad Pantepec, Puebla, por lo que este órgano jurisdiccional asume la actualización de la hipótesis legal estipulada, puesto que se estima que se está en presencia de actos que sí ameritan ejecución, la cual se efectuará en diversa ciudad a aquélla en que este juzgado federal ejerce competencia por razón de territorio, dado los efectos positivos derivados del acto que en esta vía se reclama. Máxime que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado, salvo en los casos en que los actos no tienen ejecución. Cobra aplicación al caso la tesis visible en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, Materia Común (registro 805490), sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, con rubro: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Así como la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece publicada en la página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." No pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que no resulta aplicable al caso concreto, pues el punto que define el criterio del Alto Tribunal se refiere a circunstancias diferentes, recordando que en aquel contexto se reclamó el auto exequendo, así como el emplazamiento y demás actuaciones en su carácter de tercero extraño a juicio por equiparación. Así, en la parte quejosa en aquel caso se asumía parte del juicio y quería participar en él, de ahí que reclamase el emplazamiento como origen de la violación, a los efectos de que formalmente se le emplazara a juicio. En consecuencia, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, se ordena remitir el expediente creado al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, a quien se estima competente, y desde luego, se encuentre en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. En el entendido que no se provee respecto de la suspensión provisional solicitada, dado que en el caso en particular no se está en el supuesto que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no se encuentran dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 de la propia ley. Cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, y remítanse las actuaciones que integran el presente juicio al homólogo federal para que determine lo conducente, solicitando atentamente sirva acusar recibo como corresponda. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, debido a que la ley en cita, no contempla como tal los estrados. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martha Eva Santes Pérez por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista.[.]
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