Santa Isabel LòPez Mellado

Expediente 1442/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1442/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Santa Isabel LòPez Mellado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese impresión con evidencias criptográficas del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo otorgado al quejoso en proveído de veintidós de marzo del año que transcurre, sin que la quejosa realizara manifestación alguna respecto de las constancias remitidas por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales dela Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se procede a acordar lo conducente. En ese orden de ideas, éste juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente; por lo tanto, procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma Norma, que a la letra establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consiguientemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen, la Jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro expresamente impone: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. (Registro: 188643, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Página: 803.) Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse el contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (Registro: 184572, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Página: 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, que a la letra expresa: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". (Registro: 173878, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común, Página: 991.) Al respecto, cabe precisar que la quejosa señaló como actos reclamados en su demanda de amparo, los siguientes: En ese sentido, de oficio se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El presupuesto procesal dispone que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando en virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Sin embargo, la propia norma prevé como excepción el hecho de que se reclamen, en la vía de amparo indirecto, violaciones a los artículos 19 ó 20 constitucionales; supuesto en el cual se establece que exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones, para efectos de la improcedencia en el juicio de garantías. De lo expuesto, es posible distinguir los elementos o requisitos que deben reunirse para que opere esta causa de improcedencia, a saber: a) La existencia previa, al ejercicio de acción de amparo, de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. b) La emisión dentro de dicho procedimiento de un acto que se tilde de inconstitucional. c) Un cambio de situación jurídica en ese procedimiento que consume irreparablemente las violaciones reclamadas, porque no pueda decidirse en el mismo sin afectarse esa nueva situación. Al respecto, debe tenerse presente el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª. CXI/96, de rubro y texto siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. (Registro: 199,808, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, Diciembre de 1996, página 219) La concurrencia simultánea de los supuestos enunciados en un caso concreto origina la improcedencia del juicio de amparo, pues si en este estuviera ausente alguno de dichos supuestos, la causa de improcedencia en comento se desestimaría. En este contexto, los tribunales de amparo deben resolver si en el caso concreto se actualiza el citado motivo de improcedencia, con base en las manifestaciones de las partes y conforme a las constancias que integren los procedimientos originarios del acto reclamado, pues de ser así, desecharán de plano la demanda, o bien, sobreseerán en el juicio. En este punto, debe resaltarse que esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica -y no a la física- que hace imposible la restauración de las cosas al estado que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado, esto es, en esta no existe imposibilidad material para reparar las violaciones derivadas de dicho acto, sino un impedimento jurídico, pues permitir la destrucción de otros actos de autoridad que escapen a la litis planteada en el proceso constitucional (cuyos fundamentos no pueden valorarse por no integrar el motivo del juicio), constituiría una extralimitación de la sentencia, porque se invalidarían, como consecuencia, actos de autoridad cuya legalidad o inconstitucionalidad no ha sido aún controvertida ni resuelta conforme a derecho. En este sentido, el elemento principal de este motivo de improcedencia es el cambio de situación jurídica dentro de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, que hace irreparables las violaciones reclamadas en la vía constitucional, por no poderse resolver en esta sin afectar la nueva situación que, como se dijo, no forma parte de la litis de amparo. Lo anterior, porque el procedimiento generalmente se entiende como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, es decir, consecuencia uno del otro, presupuesto del siguiente, y aunque, generalmente, la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se pronuncian actos que gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que puedan subsistir con independencia de la ilegalidad de los antecesores; por ende, se dice que estos actos con autonomía cambian la situación jurídica existente al momento de la emisión del evento reclamado, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales alegadas. Además, si el órgano jurisdiccional al analizar el acto reclamado declara fundados los argumentos del quejoso, tendría que anularlo, dejando inexistente una parte del procedimiento, subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo cual es lógica y jurídicamente inadmisible, contrario, incluso, a la finalidad del juicio de amparo, pues la sentencia de amparo no podría restituir al gobernado en el goce de sus derechos fundamentales, debiéndose, por tanto, considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, cabe mencionar los antecedentes relevantes de las constancias que integran el presente juicio de amparo, y que tienen plena eficacia demostrativa al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. 1. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el dieciocho de octubre del año en curso, Santa Isabel López Medallo, por propio derecho, interpuso juicio de amparo en contra de la emisión y ejecución del oficio GN/1043/2021 de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se suspendieron las prestaciones y salario de la quejosa. 2. Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se previno a la quejosa a efecto de que aclarara su demanda de amparo en relación con los antecedentes del acto reclamado, lo cual desahogó mediante escrito recibido el veintisiete siguiente. 3. Atento a lo anterior, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo de la parte quejosa, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados. 4. Por oficio recibido el veintidós de marzo del año en curso, el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales dela Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la quejosa presentó su renuncia voluntaria el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, asimismo, remitió copia certificada de diversas constancias, entre las que destacan: copia certificada del acuerdo de conclusión de Servicio, celebrado por la parte quejosa y por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; renuncia voluntaria suscrito por la quejosa; planilla de compensación económica por terminación de la relación laboral y acuse de recibo de veintidós de febrero del año en curso, por la cantidad de $776,738.19 (setecientos setenta y seis mil, setecientos treinta y ocho pesos 19/100, moneda nacional). Lo relatado, permite establecer que la quejosa reclamó la emisión y ejecución del oficio GN/1043/2021 de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se suspendieron los servicios y salarios de la quejosa; sin embargo, de las constancias que integran el presente expediente, se advierte que la quejosa concluyó la relación laboral con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, por renuncia voluntaria y fue indemnizada. En esa línea de pensamiento, se verificará si en relación con el acto reclamados, opera la causa de improcedencia citada. Cabe destacar que mediante oficio recibido el veintidós de marzo del año en curso, el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales dela Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la quejosa presentó su renuncia voluntaria el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, remitiendo copia certificada que así lo acreditan, mismas que fueron notificadas a la quejosa el veintiocho de marzo del año en curso, y de las cuales se aprecia que cambió la situación jurídica que tenía la quejosa cuando presentó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, pues está demostrado que ya no existe obligación de las autoridades responsables de otorgarle a la parte quejosa funciones dentro de la citada dependencia, ni pagar las prestaciones y el salario respectivo, o, por lo que la situación jurídica a que estaba sujeta la quejosa respecto de los actos reclamados ya no está regida por éstos, sino por la nueva situación jurídica que tiene la quejosa frente a las autoridades señaladas como responsables. Por lo tanto, se concluye que al haberse emitido un acto de terminación de relación laboral entre la quejosa y las autoridades señaladas como responsables, el juicio deviene improcedente por actualizarse el cambio de situación jurídica aludido. Es aplicable por analogía la tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE, EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ACARREA IMPROCEDENCIA DE AMPARO. De advertirse en el juicio de garantías que ha habido un cambio de situación jurídica que origina que no pueda decidirse en éste sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación, procede revocar, en la materia del recurso, el fallo del a quo y sobreseer el juicio de garantías por la causa de improcedencia que señala el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, aplicable por analogía, ya que en el procedimiento administrativo existen las mismas razones jurídicas que en el judicial a que se refiere la susodicha fracción X, cuando en uno o en otro de esos procedimientos la declaración de fondo afecta, necesariamente, no obstante que no se encuentra a debate, la nueva situación jurídica. (Registro: 237921, Séptima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 133-138, Tercera Parte, página 95) En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En razón de lo anterior, éste Juzgado de Distrito deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Consiguientemente, también se deja insubsistente cualquier requerimiento que se hubiere formulado a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha sido omisa en desahogar el requerimiento de veinticuatro de febrero del año en curso, no obstante haber sido debidamente notificado, como se advierte de la constancia de notificación respectiva, Atento a lo anterior, a fin de allegarse de los medios de convicción necesarios para emitir la sentencia que en derecho corresponda; con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, y en el numeral Tercero del Acuerdo por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil veintiuno, se requiere nuevamente al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita en original o copia certificada, la totalidad de las constancias que integran el expediente personal de la quejosa. Apercibido que en caso de ser omiso, se le impondrá a la persona física que ostente el caro de la autoridad requerida, una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por Director General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional, por medio del cual, manifiesta la imposibilidad que le asiste a efecto de dar cumplimiento al requerimiento de veintidós de diciembre del año en curso, en razón de que aduce, la hoy quejosa, Santa Isabel López Medallo, no causó alta en la referida dependencia. Atento a lo anterior, a fin de allegarse de los medios de convicción necesarios para emitir la sentencia que en derecho corresponda; con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, y en el numeral Tercero del Acuerdo por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil veintiuno, SE REQUIERE a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación que se le haga del presente proveído, remita en original o copia certificada, la totalidad de las constancias que integran el expediente personal de la quejosa Santa Isabel López Medallo. Apercibido que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la tesis número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. (No. Registro: 199454, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, V, Febrero de 1997, Página: 108) Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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