Santa Irene Nava Tolentino

Expediente 183/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
183/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Santa Irene Nava Tolentino

Actuaciones

  1. Principal

    "...Agréguese el oficio signado por el Juez Municipal de Coatzintla, Veracruz, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 264/2023 -número de orden 376/2023- de este juzgado, enviado para notificar a la quejosa respecto el proveído emitido el cuatro de abril del año en curso. Dese de baja dicha comunicación y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de cuatro de abril del año en curso, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento... Por otro lado, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a la quejosa en proveído de nueve de marzo pasado, a efecto de que señalara domicilio procesal en esta ciudad, sin que lo hubiese hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido acuerdo, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. .."

  2. Principal

    "...Visto el escrito de demanda de amparo promovida vía electrónica por... contra actos de la Cámara de Diputados, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 183/2023-III-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como acto reclamado: a) La aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fechas 22 de febrero de 2023 y 02 de marzo de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y el Director del Diario oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023. En relación a lo anterior, atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la promovente, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, se precisan como actos reclamados de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los siguientes: En la posible desaparición de su centro laboral y plaza de la rama administrativa, lo que vulnera sus derechos laborales humanos adquiridos, pues al eliminar la figura de vocal de capacitación electoral y educación cívica distrital se eliminara por consiguiente la figura de asistente distrital de capacitación electoral, puesto que desempeña a consecuencia de la aprobación, expedición y publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral pública en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Expuesto lo anterior, respecto del acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." De la anterior transcripción, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado ciertos criterios que permiten establecer cuándo un acto o norma general es de contenido puramente electoral por incidir sobre derechos políticoelectorales, de cuyo contenido se obtiene entre otros lo siguiente: a) La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). b) El Tribunal Electoral tiene a su cargo, además de su tradicional facultad para resolver las impugnaciones que se presentan en los procesos electorales federales, el análisis de la constitucionalidad de los actos y resoluciones en esa materia que enuncia el numeral 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conocer del juicio para la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos de votar y ser votado y asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país. Otorgándole además, la facultad de conocer de aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales que vulneran la norma fundamental o derechos laborales entre el Instituto y su personal. c) De la interpretación sistemática de los numerales 41, 94, 99 y 105, fracción II, constitucionales, se advierte que el Órgano Reformador de la Constitución estableció-desde las reformas de 1994 y 1996- un sistema integral de justicia en materia electoral, a fin de que en el orden jurídico mexicano existieran los mecanismos para que las leyes y actos en esa materia estén sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, a través de los medios de control y los plazos que impugnación que expresamente estableció para ello; d) Asimismo, del análisis sistemático de los preceptos citados se desprende que la Carta Magna establece un sistema integral de defensa, que permite, por una parte, impugnar vía de acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, en cuanto se refiere precisamente a lo que atañe exclusivamente a dicha materia; por otro, combatir los actos o resoluciones en materia electoral, entre ellos, los que vulneren el derecho político de los ciudadanos de votar y ser votado; y finalmente prevé en armonía con aquellos medios de control constitucional, el juicio de amparo, a fin de combatir cualquier ley que, aun cuando su denominación o contenido sea esencialmente de electoral, una de sus disposiciones pudiera vulnerar alguna garantía individual y, por ende, el objeto de examen sea sólo ese aspecto, esto es, el juicio de amparo se encuentra acotado, primordialmente, a que se indica en forma estricta sobre los derechos fundamentales de los individuos y, por consiguiente, no serán objeto de impugnación las disposiciones que atañen al ejercicio de derechos políticos. e) Concretamente, en relación con el sistema constitucional de justicia en materia electoral, se aprecia que el artículo 99 de la norma fundamental, establece la competencia otorgada al Tribunal Electoral para conocer de las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado. De lo anterior se sigue que el juicio de amparo previsto en el artículo 103 de la Ley fundamental no podrá hacerse valer en contra de actos o resoluciones de contenido materialmente electoral. La improcedencia del juicio de amparo no surgirá, entonces, por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, sino que es el contenido material del acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de garantías, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. Sirve de apoyo la tesis P. LX/2008 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, materia Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 5, registro digital 168997, de rubro y texto: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Aunando a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación. Apoya el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, emitida por la Segunda Sala de la "Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 323, registro digital 162431, de rubro y texto siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Ahora, los artículos transitorios del acto reclamado son: "CUARTO. El presente Decreto no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023. DÉCIMO. A más tardar en abril de 2023, el Consejero General identificara las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicaría la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, y planificara su ejecución para que, a más tardar el 1 de agosto de 2023, se haya concluido. Los remanentes presupuestales que se generen con motivo de la presente disposición, deben se reintegradas a la Tesorería de la Federación. DÉCIMO PRIMERO. El Instituto garantizará que la reestructuración orgánica que derive del presente Decreto se realice con pleno respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidaran dichos fideicomisos; sus remanentes se entregaran a la Tesorería Federación. DÉCIMO CUARTO. A más tardar el 1° de mayo de 2023, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto ordenada en el presente Decreto, así como la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internaciones, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Los lineamientos deberán establecer la metodología y políticas para cumplir tal fin, así como de los criterios técnicos para garantizar la debida alineación de las estructuras orgánicas y ocupacionales con las atribuciones conferidas en los ordenamientos jurídicos aplicables; evitar la duplicidad de funciones con otras unidades administrativas; establecer y justificar la descripción y perfiles de puestos; ejecutar una efectiva valuación de puestos; propiciar el equilibrio en los tramos de control, y evitar saltos jerárquicos en la línea de mando. Las propuestas que se realicen para cada una de las unidades administrativas técnicamente por el Órgano Interno de Control. DÉCIMO OCTAVO. El Instituto expedirá un nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional a más tardar el 30 de julio de 2023, con el fin de unificar sus dos sistemas: del Instituto y de los organismos públicos locales. VIGÉSIMO TERCERO. A más tardar en la sesión ordinaria de mayo 2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá un reglamento único que regule el funcionamiento de su estructura orgánica, así como la organización y el funcionamiento de las comisiones del Consejo General y los órganos del Instituto. VIGÉSIMO QUINTO. El Instituto Nacional Electoral, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizará un nuevo cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales de su personal y de los organismos públicos locales, para ser aplicados dentro de los 180 días siguientes a la fecha referida, con el fin de adecuar las remuneraciones a los topes establecidos en el artículo 127 constitucional. En ningún caso, se considerara que el personal del Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales realizan un trabajo especializado o técnico calificado que justifique una excepción al límite establecido en la fracción ll del párrafo segundo de la disposición constitucional señalada. VIGÉSIMO SEXTO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración deberá emitir lineamientos que regulen las funciones de su personal de la rama administrativa, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto." La aquí quejosa acude a la instancia constitucional por derecho propio, ostentando un cargo en la Junta Distrital número Cinco del Instituto Nacional Electoral con sede en Poza Rica Veracruz, exhibiendo diversas constancias con las que acredita la relación laboral. De los preceptos mencionados se advierte que la reforma electoral implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, siendo el Consejo General la institución encargada de su ejecución en donde uno de los fines es el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. En ese sentido, la reforma electoral tiene por efecto una modificación en la estabilidad del empleo de la promovente, pues se eliminarían los centros de trabajo y plazas; modificación laboral que deriva de la reforma electoral reclamada a las autoridades legislativas. Por lo que se concluye que la causa de pedir versa sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo de la peticionaria del amparo que serán ejecutadas por el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General. Modificaciones salariales y de funciones que constituyen conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y la promovente del amparo. Por ello, tal diferencia laboral debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia, pues tiene que ver con la aplicación del Decreto reformatoria de leyes electorales. Es aplicable a lo explicado, la tesis P. LXXX/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, materia constitucional y laboral, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Junio de 2000, página 27, con registro digital: 191699, de rubro y texto: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES QUE CONTENGAN NORMAS EN MATERIA DE TRABAJO O QUE SE REFIERAN A CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE DICHO ÓRGANO Y SUS SERVIDORES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99, fracciones III, VI y VIII, y párrafo quinto, de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros conflictos, las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que, en lo general, violen normas constitucionales o legales, además de tener competencia no sólo para conocer de los conflictos o diferencias laborales que surjan entre dicho tribunal o el Instituto Federal Electoral y sus servidores, sino también sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de algún precepto constitucional. En estas condiciones, los actos de aplicación de leyes electorales que, como el artículo 169, inciso g), párrafo I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contengan normas en materia de trabajo o que se refieran a conflictos o diferencias laborales que se presenten entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, no pueden ser examinados dentro del juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues existe un régimen especial establecido para la resolución de tales cuestiones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral." Aunado lo anterior, de las manifestaciones que realiza la quejosa en la demanda de amparo, no se advierte que a la fecha se haya aplicado alguna norma modificada en su perjuicio, ni que éstas tengan el carácter de autoplicativas, menos aún que se hayan materializado sus despidos del Instituto Nacional Electoral. Aún más, no aporta ningún medio de convicción que a la fecha de la presentación de la demanda, hubiera sido informada que la relación laboral que dice tener con el organismo autónomo de que se trata hubiera sido rescindida; cuestión que estaba obligada a probar aun de manera indicaría para acreditar una afectación a su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que sea despedida, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica. Por ende, del acto señalado, se advierte que la demanda de amparo se promueve ad cautelam, como una prevención -lo que no es permisible- dado que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es la existencia de un agravio personal y directo. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente únicamente, cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad inminente que pueda irrogarles algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que los quejosos pretenden es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por otra parte, el sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral, contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite reclamar normas generales de carácter electoral vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; de ahí que, la parte quejosa, en su calidad de ciudadana o electora, no tenga legitimación para controvertir las normas reclamadas; sin que se situé en excepción alguna a dicho criterio, al no acreditar ser titular de un derecho subjetivo en concreto, ni de un interés legítimo individual o colectivo, por no ubicarse, ya sea de manera directa o indirecta, en una especial situación frente al orden jurídico materia de la reforma electoral controvertida. Finalmente, es un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la Controversia Constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral en contra del decreto aquí reclamado, en la que concedió la suspensión respecto todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de las cosas se mantengan en el estado que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Por ende, al no participar el acto reclamado de las notas distintivas de los actos de imposible reparación o de las violaciones en grado predominante o superior, se actualiza la causa de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61 fracción XV, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa, señaló domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el "********************; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Municipal en Coatzintla, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione personal a su cargo, a fin de que realice lo siguiente: Le notifique el contenido íntegro del presente proveído. La requiera para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que sea notificados este auto, o en el acto de la diligencia, señale domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, de no hacerlo, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos. Hecho que sea lo anterior, se sirva devolver la comunicación oficial de que se trata a la brevedad posible debidamente diligenciada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la Secretaria, supervise que la Oficial Judicial A encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, en días y horas hábiles, en el entendido que las mismas serán de manera electrónica. Empero, a fin de no vulnerar derechos a los justiciables y en aras de impartir una justicia pronta y expedita, con fundamento en lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le permite el uso de cualquier medio tecnológico que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente en caso de que el mismo sea formado de manera física, y así de una manera más ágil haga uso de estás. El presente proveído será firmado electrónicamente, ya que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la autógrafa. Notifíquese vía despacho.

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