Santa Ibarra Rios

Expediente 1740/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1740/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Santa Ibarra Rios
  • SANTA IBARRA RIOS y Otros.
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto, el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; en concordancia con el capítulo 7, apartado 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ya que si bien se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional, de autos se desprende que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Depuración del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, depúrese el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, de la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado, de dos de agosto de dos mil veintidós, en la que hace constar los motivos por los que no le fue posible notificar a la parte quejosa, el proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, por las consideraciones que expone en la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós: Cuernavaca, Morelos; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo en que se actúa, se advierte que a la fecha no se ha informado a este Juzgado Federal, si las menores quejosas han sido inoculadas con la primera dosis de la vacuna contra el virus SARSCOV2, o si en su caso ya cuenta con el esquema completo de vacunación, no obstante, de que se han dictado diversos requerimientos en autos, tanto a la autoridad vinculada como a la parte quejosa, por lo tanto, en atención a lo anterior, se provee: De lo anterior, este órgano jurisdiccional hace valer que en el presente controvertido se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a.-J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En este caso, las menores quejosas -por conducto de su representante-, se duelen en esencia de la omisión de integrar al grupo etario de cinco a once años de edad años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la omisión a ser vacunadas con el biológico autorizado. Antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 deben calificarse como una pandemia y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS COV2 (COVID-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID- 19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID- 19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre de dos mil veintiuno, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin del año dos mil veintiuno y al setenta por ciento (70%) para junio del presente año. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. ... Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. . En ese sentido, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la declaración realizada el catorce de junio de dos mil veintidós, por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (Hugo López Gatell Ramírez), respecto a que a partir del quince de junio del año en curso, se abriría el registro para vacunar a niños a partir de los cinco años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx; lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación. De igual forma, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, en su cuenta oficial de twitter (@SSM_Morelos), publicó un comunicado oficial, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el que da a conocer que ya se puede realizar el pre-registro de las personas de doce año o más, para obtener la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19, como se ilustra a continuación: Circunstancia que puede ser corroborada a través del portal electrónico oficial https:--mivacuna.salud.gob.mx-index.php habilitado por la Secretaría de Salud, para realizar el registro de personas candidatas a recibir la aludida vacuna, del que se desprende lo siguiente: Información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro y texto: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Ello demuestra que efectivamente es posible realizar el registro de personas que deseen vacunarse, menores de edad entre 5 a 11 (cinco a once) años de edad. Por lo que, a partir de esa fecha se activó un registro para ese grupo de menores de edad en todo el País para que reciban las dosis correspondientes. Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que las directas menores quejosas, a la presente fecha, cuenta con ocho, siete y seis años de edad (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su progenitores y que se corrobora con las actas de nacimiento que anexaron a aquella). Es evidente que ya se encuentran dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a las menores de entre 5 a 11 (cinco a once) años sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa quejosa menor de edad. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página y que más adelante se expondrán, a fin de realizar el trámite correspondiente; y en atención a lo expuesto deberán de estar informados de los comunicados que emitan las autoridades locales de su entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita la Secretaría de Salud del Estado de Morelos o la Secretaría de Salud (federal) para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS- CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que, previo registro, le sea aplicada la primera y segunda dosis del multicitado biológico que requiere, en el caso de que aún no se hayan aplicado. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, pues tal eventualidad permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión) y que hasta este momento no se tiene la certeza de si las menores quejosas han sido vacunas, esto, en razón de que no se ha informado a este Órgano Jurisdiccional dicha situación; lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad de entre 5 a 11 (cinco a once) años, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a los niños y adolescentes de este grupo de edad, con o sin comorbilidades, en todo el País; sector de la población a la que pertenece el menor peticionario del amparo, lo cual se acredita en términos del acta de nacimiento. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, lo cierto es que ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes al momento de promover el presente juicio de amparo, porque en la actualidad ya se ha incluido a los niños de entre cinco y once años, en la política nacional de vacunación, lo que indudablemente actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues ha cesado el acto reclamado, esto es, la falta de vacunación de las menores quejosa, al ser incluidas en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID- 19, lo que aconteció al haberse publicado que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrirá el registro para vacunar a niños de 5 a 11 (cinco a once) años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. El anterior criterio es acorde con lo sostenido por este propio juzgado en el diverso juicio de amparo ****, en auto de doce de mayo del año en curso, el cual quedó firme por diverso proveído de seis de los corrientes, donde se abordó el mismo tema. . Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de 5 a 11 años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna para evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa quejosa menor de edad. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo a la parte quejosa, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo en que se actúa, se advierte que a la fecha no se ha informado a este Juzgado Federal, si las menores quejosas han sido inoculadas con la primera dosis de la vacuna contra el virus SARSCOV2, o si en su caso ya cuenta con el esquema completo de vacunación, no obstante, de que se han dictado diversos requerimientos en autos, tanto a la autoridad vinculada como a la parte quejosa, por lo tanto, en atención a lo anterior, se provee: De lo anterior, este órgano jurisdiccional hace valer que en el presente controvertido se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a.-J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En este caso, las menores quejosas -por conducto de su representante-, se duelen en esencia de la omisión de integrar al grupo etario de cinco a once años de edad años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la omisión a ser vacunadas con el biológico autorizado. Antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 deben calificarse como una pandemia y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS COV2 (COVID-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID- 19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID- 19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre de dos mil veintiuno, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin del año dos mil veintiuno y al setenta por ciento (70%) para junio del presente año. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. ... Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. . En ese sentido, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la declaración realizada el catorce de junio de dos mil veintidós, por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (Hugo López Gatell Ramírez), respecto a que a partir del quince de junio del año en curso, se abriría el registro para vacunar a niños a partir de los cinco años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx; lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación. De igual forma, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, en su cuenta oficial de twitter (@SSM_Morelos), publicó un comunicado oficial, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el que da a conocer que ya se puede realizar el pre-registro de las personas de doce año o más, para obtener la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19, como se ilustra a continuación: Circunstancia que puede ser corroborada a través del portal electrónico oficial https:--mivacuna.salud.gob.mx-index.php habilitado por la Secretaría de Salud, para realizar el registro de personas candidatas a recibir la aludida vacuna, del que se desprende lo siguiente: Información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro y texto: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Ello demuestra que efectivamente es posible realizar el registro de personas que deseen vacunarse, menores de edad entre 5 a 11 (cinco a once) años de edad. Por lo que, a partir de esa fecha se activó un registro para ese grupo de menores de edad en todo el País para que reciban las dosis correspondientes. Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que las directas menores quejosas, a la presente fecha, cuenta con ocho, siete y seis años de edad (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su progenitores y que se corrobora con las actas de nacimiento que anexaron a aquella). Es evidente que ya se encuentran dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a las menores de entre 5 a 11 (cinco a once) años sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa quejosa menor de edad. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página y que más adelante se expondrán, a fin de realizar el trámite correspondiente; y en atención a lo expuesto deberán de estar informados de los comunicados que emitan las autoridades locales de su entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita la Secretaría de Salud del Estado de Morelos o la Secretaría de Salud (federal) para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS- CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que, previo registro, le sea aplicada la primera y segunda dosis del multicitado biológico que requiere, en el caso de que aún no se hayan aplicado. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, pues tal eventualidad permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión) y que hasta este momento no se tiene la certeza de si las menores quejosas han sido vacunas, esto, en razón de que no se ha informado a este Órgano Jurisdiccional dicha situación; lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad de entre 5 a 11 (cinco a once) años, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a los niños y adolescentes de este grupo de edad, con o sin comorbilidades, en todo el País; sector de la población a la que pertenece el menor peticionario del amparo, lo cual se acredita en términos del acta de nacimiento. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, lo cierto es que ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes al momento de promover el presente juicio de amparo, porque en la actualidad ya se ha incluido a los niños de entre cinco y once años, en la política nacional de vacunación, lo que indudablemente actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues ha cesado el acto reclamado, esto es, la falta de vacunación de las menores quejosa, al ser incluidas en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID- 19, lo que aconteció al haberse publicado que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrirá el registro para vacunar a niños de 5 a 11 (cinco a once) años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. El anterior criterio es acorde con lo sostenido por este propio juzgado en el diverso juicio de amparo ****, en auto de doce de mayo del año en curso, el cual quedó firme por diverso proveído de seis de los corrientes, donde se abordó el mismo tema. . Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de 5 a 11 años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna para evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa quejosa menor de edad. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo a la parte quejosa, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio remitido por el Delegado de Programas para el Desarrollo en Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, informa lo siguiente: ".se realizó una búsqueda dentro del sistema INFOSIDER a fin de localizar los comprobantes de vacunación de las menores de iniciales A.K.G.I., L.A.G.I. y C.Z.S., sin embargo, a la fecha no se encuentra registro de que las quejosas se hayan inoculado contra el VIRUS SARS-COV2." En atención a lo anterior, se tiene al oficiante informando los motivos de imposibilidad con los que cuenta para dar debido cumplimiento; asimismo, toda vez que por auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se solicitó a la parte quejosa manifestara bajo protesta de decir verdad, si a la fecha en que se actúa las menores de iniciales A.K.G.I., L.A.G.I. y C.Z.S., ya han recibido la primera dosis o en su caso si cuentan con el esquema completo de vacunación, y de ser posible anexaran los certificados de vacunación correspondientes, mismo plazo que se encuentra transcurriendo. Por tanto, una vez que fenezca el plazo concedido, provéase lo conducente. Notifíquese.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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