Sania Chávez Romero

Expediente 317/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
317/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Sania Chávez Romero
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Ampliación de demanda. Agréguese el escrito signado por la quejosa Minerva Gutiérrez Pérez, por sí y en su carácter de representante común de los quejosos Lucía Elena Higadera Flores, Ma. Dolores Ramírez Juárez, Ma. Martha Gutiérrez Cortés, Luis Rey Sosa Arroyo, Jesús Santos Velázquez Guerrero, Francisco Javier López Ávila, Jorge Isaac Martínez Alcántar, José Luis Cruz García, Guillermo Castillo Sotomayor, Alfredo Martínez Márquez, Indra Rojas Martínez, Deneb Esparza Mendoza, Karen Elizabeth Zepeda Miranda, Miguel Isaías Parra García, Alan Guillermo Esparza Mendoza, César Ricardo Terán Guerrero, Martha Río Cortés, Minerba Noemí García Sandoval y Mario Sánchez Escamilla, mediante el cual amplían la demanda de amparo en relación a los actos reclamados consistentes en: El acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. El Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), que establece las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Omisiones materialmente legislativas, por no incluir en el indicado acuerdo general identificado con el inciso b), medidas con perspectiva de género (que se desarrollarán en los conceptos de violación). Lo anterior, a pesar del mandato expreso contenido en el considerando segundo del propio acuerdo, así como en los numerales 1°, párrafo segundo, 27, fracción III, 28, fracción V, 75, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2°, 18 a 20 y sexto transitorio correspondiente a la emisión de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 7, inciso c) y e), 8, inciso c), f) y h), y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 2 a 6, 7, inciso b), 10, 11, 13, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Criterios que regulan la Autorización y Pago a Personal a Cargo del Consejo de la Judicatura Federal que sustituye a otro que se separa temporalmente de su empleo. Actos atribuidos a las autoridades responsables: Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; y en su carácter del Presidente del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación. Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, tomando en consideración que en auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el Titular de este órgano jurisdiccional se declaró impedido para conocer del juicio de amparo número 1009/2018, al que pertenece el cuaderno de antecedentes en que se actúa, mismo que fue remitido al Tribunal Colegiado correspondiente para su calificación, sin que a la fecha haya sido resuelto; en consecuencia, resérvese acordar lo que en derecho corresponda respecto de la citada ampliación de demanda, hasta en tanto sea resuelto el aludido impedimento, toda vez que si bien el titular de este órgano no promovió juicio de amparo por los referidos actos reclamados, también lo es que éstos sí se encuentran vinculados con los que originalmente se reclamaron tanto por los ahora quejosos como por el propio Juez de Distrito. Por otra parte, toda vez que del contenido del escrito de ampliación de demanda se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto por el cual la amplían, en términos de lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Amparo, resuélvase sobre tal medida cautelar solicitada, toda vez que el citado precepto legal establece, incluso, que el que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, excepto cuando se aduzca tener interés personal en el asunto; sin embargo, como se expuso en auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgador estima que no se actualiza esta última hipótesis, toda vez que la hipótesis de impedimento planteada fue la contenida en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de la materia, que de suyo no conlleva tal interés, sino, como se patentizó, esta última hipótesis tiene como fin no sentar un precedente que pudiera afectar la resolución del juicio de amparo en el que son parte. En consecuencia, ante la falta de actualización del interés personal de este juzgador en el caso, se debe proveer lo correspondiente en relación con la suspensión que del acto reclamado se solicitan en el escrito de ampliación de demanda, al no existir obstáculo legal para tal efecto. Máxime que no debe perderse de vista que en nuestro sistema jurídico es inadmisible que un conflicto se quede sin solución, pues ello traería como consecuencia hacer nugatorio el contenido del artículo 17 constitucional. A lo que resulta importante precisar que al referir el citado artículo 53 a "interés personal", es claro que con base en el sistema de impedimentos de la Ley de Amparo, alude al propio "interés personal" a que se contrae la fracción II del precepto 51 del mismo ordenamiento legal (en esa medida y alcance) y no a cualquier otra fracción, como la VI, en razón de que al ser un supuesto de excepción no puede dársele, como se vio, una interpretación extensiva para aplicarse a otras hipótesis. Máxime que la literalidad de ese dispositivo 53, respecto al "interés personal", no deja duda en cuanto a que se refiere a la causal de excusa de la referida fracción II, por lo que, ante ello, no está sujeta a interpretación alguna, menos de carácter extensivo. Por último, debe destacarse que tomando en consideración que el citado artículo 53 de la Ley de Amparo, establece que "El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión", sin mencionar expresamente si en el caso, de plantearse un impedimento, debe proveerse sobre la medida cautelar en una sola determinación o si debe abrirse y tramitarse un incidente de suspensión para tal efecto, se estima que es más acorde a los principios de imparcialidad y certeza jurídica de la partes, que lo relativo a la medida cautelar se provea en un sola determinación, pues de esa forma se evita que el juzgador que se declare impedido emita diversas resoluciones que necesariamente implicarían el trámite de un incidente. Medida Cautelar El análisis de procedencia de la medida cautelar solicitada y, en su caso, los alcances serán exclusivamente en relación con los efectos de los actos reclamados que se desprenden justamente del apartado de la ampliación de la demanda de amparo intitulado "suspensión", mismos que consisten en: "a) Se permita a los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras que utilicen servicio de transporte de trabajo, el uso de éste. Con especial relevancia a quienes por su minoría de edad, deben asistir al CENDI. b) Se permita a los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras que utilicen el servicio de comedor existente en los edificios del PJF. c) Se autorice y paguen las sustituciones de las personas que tengan algún tipo de licencia autorizada por el ISSSTE, con especial referencia a aquellas que hayan sido otorgadas por cuestiones de maternidad. d) Se autoricen y paguen las licencias por paternidad. e) Se conceda el aumento de las remuneraciones de las suscritas, con base en el factor inflacionario del mes que corresponda". Lo anterior con apoyo, en la Jurisprudencia número 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 98, tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos". Cabe precisar que de los anexos que los quejosos acompañaron a la demanda inicial, se advierte que todos ellos son: 1. Minerva Gutiérrez Pérez, secretaria de tribunal adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 2. Lucia Elena Higadera Flores, secretaria de tribunal adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 3. Ma. Dolores Ramírez Juárez, secretaria de tribunal adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 4. Ma. Martha Gutiérrez Cortés, secretaria de tribunal adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 5. Luis Rey Sosa Arroyo, secretario de tribunal adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 6. Jesús Santos Velázquez Guerrero, secretario de tribunal adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 7. Francisco Javier López Ávila, secretario de tribunal adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 8. Jorge Isaac Martínez Alcántar, secretario de tribunal adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 9. José Luis Cruz García, secretario de tribunal adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 10. Guillermo Castillo Sotomayor, actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 11. Alfredo Martínez Márquez, secretario particular de magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; 12. Indra Rojas Martínez, secretaria de tribunal adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito; 13. Deneb Esparza Mendoza, secretaria de juzgado adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán; 14. Karen Elizabeth Zepeda Miranda, actuaria judicial adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán; 15. Miguel Isaías Parra García, secretario de juzgado adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán; 16. Alan Guillermo Esparza Mendoza, secretario de tribunal adscrito al Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito; 17. César Ricardo Terán Guerrero, secretario de tribunal adscrito al Primer Tribunal en Materia Civil del Décimo Primer Circuito; 18. Martha Río Cortés, secretaria de tribunal adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito; 19. Minerba Noemí García Sandoval, secretaria de tribunal adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito; y, 20. Mario Sánchez Escamilla, secretario de tribunal adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito. Ahora bien, en relación con la procedencia de la medida cautelar, el artículo 128 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Y que al proveer respecto de la medida cautelar solicitada, el juzgador atienda el contenido del siguiente precepto: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente." Además de los requisitos señalados en el precepto que antecede, en diversos criterios emitidos por los tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federación, se han establecido los siguientes criterios de procedencia para decretar la suspensión de los actos reclamados, en el orden que enseguida se citan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva se requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera); 4. La parte quejosa debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la medida cautelar provisional y, en grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la jurisprudencia por reiteración XXVII.3o. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007358, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Por otro lado, cabe destacar, que si bien es cierto no se ha establecido un criterio que defina concluyentemente lo que debe entenderse por interés social, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido razonablemente que en términos generales, es aquél que de concederse la suspensión, se privaría a la colectividad de un beneficio que las leyes le otorgan. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 8, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1973, Parte II, Séptima Época, registro: 805484, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." Del criterio precedente, se advierte que interés social es todo aquello que tienda a la protección del derecho subjetivo que la normatividad positiva (llámese ley constitucional o secundaria) otorga a la comunidad social como tal, siempre y cuando se contraponga con el derecho subjetivo de cada uno de los miembros en particular. No pasa desapercibido que el interés social se encuentra estrechamente vinculado al concepto de orden público, no obstante que resulte difícil su definición; así, el interés social es aquél que existe cuando, debido a la existencia y realización de algún acto, omisión u hecho, la sociedad, considerada como la comunidad de personas que integran una población determinada puede obtener un provecho o una ventaja previstos en la ley, ya sea mediante la satisfacción de una necesidad colectiva, o el rechazo de cualquier trastorno que resulte en un mal público, todo ello con el propósito de alcanzar el bienestar común. De ahí que, al valorarse cada caso en concreto, se debe ponderar en qué forma se logra el respeto al orden público y al interés social, lo que llevará a concluir si se debe o no conceder la medida cautelar, pues si bien, existen leyes que otorgan beneficios a la colectividad, de los que no debe privársele, por encima de esas leyes está la Constitución y es entonces cuando debe considerarse que el interés social y el orden público no se salvaguardan sólo con el respeto a las leyes, sino fundamentalmente, con la tutela de los derechos humanos, ya que la sociedad también se encuentra interesada en que no queden irremediablemente consumadas las violaciones a esos derechos. Por tanto, se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública. Por otra parte, se contravienen disposiciones de orden público al conceder la suspensión cuando dichas disposiciones tutelen auténticamente los derechos de la colectividad, tiendan a evitar un mal público o busquen satisfacer una necesidad pública, siempre que la suspensión afecte a ese orden público y, en su caso, se deben examinar los diversos grados de afectación que se causen al interés social y al orden público, así como los daños y perjuicios que pude sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis consultable en la página 185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, volumen 72, Sexta Parte, registro: 254979, de título: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN." Así como la tesis consultable en la página 187 del Semanario Judicial del Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados del Primer Circuito, volumen 72, Sexta Parte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro: 254980, de rubro: "SUSPENSIÓN. PRUEBA DEL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL." Establecido lo anterior, al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para decidir sobre la suspensión de los actos reclamados, en relación con sus consecuencias jurídicas, se procede realizar el siguiente análisis: Tratándose de medidas cautelares, como la que es solicitada por la parte quejosa, opera un principio fundamental, que a continuación se expone: Apariencia del buen derecho. El cual apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y, Con la teoría de la apariencia del buen derecho, es factible que los Juzgadores de amparo realicen la comprobación de la existencia del derecho humano que debe ser protegido, lo que constituye la base y el sustento para decretar una medida cautelar, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, cuando así lo amerite el caso, hacer una restitución provisional con el fin de mantener viva la materia del juicio en lo principal; evitando con ello que los actos reclamados se consumen de tal forma que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, volviendo con ello inocuo el juicio constitucional. Así, en uso de la atribución conferida al juzgador de amparo para que realice un asomo provisional a la constitucionalidad del acto -apariencia del buen derecho- y a efecto de evitar que se genere algún perjuicio en relación con la parte quejosa, de acuerdo con lo expuesto en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corta de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, Novena Época, con número de registro 165659, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTELA APARIENCIA DEL BUENDERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". Por tanto, en uso de dicha atribución, a simple vista o en un asomo provisional no se advierte que las consecuencias de los actos reclamados resulten inconstitucionales, pues gozan de presunción de constitucionalidad, ya que a los aquí impetrantes les corresponde formular argumentos suficientes a fin de demostrar su inconstitucionalidad, los cuales únicamente son susceptibles de analizarse en la sentencia relativa al juicio principal, por lo que no se advierte la existencia algún derecho humano que deba ser protegido o restituido de manera provisional, con la finalidad de mantener viva la materia del juicio de amparo, ni que los actos puedan consumar de manera que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado. Lo anterior, aunado a que de momento no se advierte que los ahora quejosos se encuentren en las hipótesis o sean destinatarios de las consecuencias jurídicas de los actos por los cuales solicitan la medida cautelar, es decir, no se acredita que tengan hijos que utilicen transporte de trabajo y que éstos asistan al CENDI, que cuenten con algún tipo de licencia autorizada por el ISSSTE, o bien, que tengan relación directa con el pago de alguna licencia por paternidad, sino que ello se menciona de manera genérica. Asimismo, constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, no se cuenta con servicio de comedor comunitario para los trabajadores de los distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Decisión sobre la Medida Cautelar En consecuencia, sin prejuzgar respecto de la constitucionalidad o no de los actos reclamados y dado que existe solicitud expresa de la medida solicitada, con fundamento en los artículos 128, 130 y 138 de la Ley de Amparo, se niega a los quejosos la medida cautelar solicitada, en virtud de lo expuesto en párrafos precedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    por este medio se notifica a la parte quejosa a su representante legal y a sus autorizados la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecinueve que en síntesis dice. Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 317/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rosalba Valle Gutiérrez, quien se ostenta representante legal de Sania Chávez Romero, carácter que acredita con la copia cotejada del poder general para pleitos y cobranzas que anexa para tal efecto, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. Ahora, previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, bajo protesta de decir verdad, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad y, de ser afirmativo, exhiba una copia más del escrito de demanda, así como seis del escrito de cumplimiento (dos-autoridades responsables, una-Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, una-tercera interesada, dos-incidente de suspensión), para correrles traslado a la totalidad de las partes. Lo anterior, toda vez que se advierte que señala como acto reclamado la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil número 718/2017. Toda vez que del capítulo de antecedentes, específicamente en el número cuatro, se advierte que menciona que la quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por no haber observado normas del procedimiento dentro del juicio sumario civil 718/2017; por tanto, deberá señalar el número de dicho juicio de amparo, el acto que se reclamó en el mismo y a que órgano jurisdiccional le tocó conocer del mismo. Señale en qué fecha tuvo conocimiento del juicio sumario civil 718/2017 y los antecedentes de tiempo, modo y lugar, bajo los cuales se enteró del mismo. Especifique el auto que reclama, pues del escrito de demanda solo se advierte que señala como acto la ejecución de la sentencia firme dictada en el juicio 718/2017 y todos los actos que tiendan a ejecutar la misma, sin especificar a cual se refiere y el contenido del mismo. Mencione en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es de la ejecución de la sentencia del citado 718/2017. Lo anterior en atención a que de la lectura integra del escrito de demanda, no se advierte tal circunstancia. Que acredite Rosalba Valle Gutiérrez, con documento idóneo la personalidad de apoderada jurídica de Sania Chávez Romero, en el presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa haya exhibido a su escrito de demanda copia cotejada de un poder general para pleitos y cobranzas; sin embargo se advierte que el mismo consta de dos hojas y se encuentra incompleto, aunado a que en el mismo, se especifica que se suscribió ante Claudia Velasco Osorio, en cuanto Cónsul Encargada del Consulado General de México, y el mismo está firmado por Oscar Rodríguez Cabrera, en cuanto Cónsul General de México, actuando en funciones de Notario Público. Lo anterior, porque la aludida peticionaria se ostenta como representante legal de la quejosa, pero es omisa en acreditar tal carácter con documento idóneo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 7, tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Circunstancias que resultan ineludibles para estar en condiciones de promover sobre la admisión de la demanda de amparo. Apercíbase a la promovente que de no cumplir con lo acordado en el inciso a), se admitirá únicamente por la autoridad señalada en su escrito de demanda; sin embargo, de no cumplir con lo solicitado en los incisos b), c), d), e) y f), se tendrá por no presentada, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. Se hace saber a la parte promovente de los delitos en que incurren LA PARTE QUEJOSA cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene su razón de ser en que si la parte quejosa incurre en falsedad, lo hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito del quejoso es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la peticionaria o en su caso por su apoderado jurídico con facultades amplias, asimismo se aclara que las prevenciones señaladas en los incisos b), c) y e), deberán ser cumplidas por la quejosa, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. En la inteligencia, que dicha aclaración debe de ser realizada bajo protesta de conducirse con la verdad, puesto que la falsedad de declaraciones realizadas ante una autoridad jurisdiccional es severamente castigada por la ley con sanciones privativas de la libertad y pecuniarias, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 261 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios a Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez, ya que acreditó tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito; mientras que al resto de personas que señala, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

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