Sandy Martínez Ramos
Expediente 85/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/02/2017
Partes del expediente
- Sandy Martínez Ramos
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE DEL AMPARO, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISÉIS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, residente en esta ciudad. 3. Sindicato de Trabajadores Chiapanecos al Servicio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad. Los que hizo consistir en: "IV). ACTO RECLAMADO.- INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE LAUDO PENDIENTE ÚNICAMENTE AL SUSCRITO DE DARLE CUMPLIMIENTO Y DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO ****QUE ANTE EL INCUMPLIMIENTO NO SURTE LOS EFECTOS DE MIS COMPAÑEROS A LA RENUNCIA DE EJERCER OTROS ACTOS FUTUROS Reclamo de la Autoridad Ordenadora.- Presidente Municipal, a través del Síndico ambos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la omisión intencionada de dar cumplimiento a la ejecutoria del laudo del 07 de Octubre de 2014, dándole parcialmente cumplimiento a una parte de mis compañeros quedando únicamente el cumplimiento del suscrito. Reclamamos de la autoridad Ejecutora.- SINDICATO DE TRABAJADORES CHIAPANECOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (SITRACHISA), el acoso sindical del que nos ha hecho objeto, en contubernio con la ordenadora, al iniciarnos un procedimiento violatorio inquisitivo propio del porfiriato, instalando un tribunal especial y propio, violando nuestros estatutos de nuestro sindicato al que pertenecemos y en el que se ungieron antidemocráticamente directiva". (sic) ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 85/2017-XV. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". En la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución General de la República, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los numerales insertos se advierte que la fracción XXIII del primer cardinal referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. Bajo ese orden de ideas, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación: entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, administrativo, agrario o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia por contradicción de tesis 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el Tomo XXXIV, Septiembre de dos mil once que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la nueva legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Establecido el concepto y características de lo que la ley y la jurisprudencia han determinado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se tiene que la quejosa señala como autoridades responsables al AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, AL PRESIDENTE MUNICIPAL y SINDICATO DE TRABAJADORES CHIAPANECOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD -parte patronal en el juicio laboral 161/E/2011, mismas que no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior, ya que el acto reclamado a las citadas autoridades lo constituye la omisión de acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio burocrático; de ahí que en la especie se afirme que no existe vinculación entre los actos propios de la ejecución del laudo y la omisión atribuible a las autoridades responsables. Esto es así, porque en el procedimiento de ejecución de los laudos establecido en el Título Noveno, Capítulo Sexto (sic) de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, que es el ordenamiento legal aplicable, el ayuntamiento demandado en el juicio natural mantiene una relación de coordinación con la ahí actora, esto es un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues en ese caso el Estado, se encuentra en su calidad de patrón con la quejosa -parte actora-, no de supra a subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado, en contra de ese municipio puede y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor del impetrante -en su carácter de trabajador-, lo que evidencia que, en tal procedimiento, el Ayuntamiento de Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no actúa con el carácter de autoridad; por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, obligatoriamente, a través de la vía ordinaria y forzosa instituida en la ley aplicable para ese fin. En efecto, en el referido Título Noveno, Capítulo Sexto (sic), titulado "De los Medios de Apremio y Ejecución de los Laudos ", de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, los artículos 103 y 106 establecen: "Artículo 103. El tribunal para hacer cumplir sus determinaciones; podrá imponer multas de hasta cien días de salario mínimo vigente en la entidad, mismas que podrán ser aplicadas hasta en tres ocasiones. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachara auto de ejecución y comisionara a un actuario para que, asociado de la parte interesada, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en este Artículo". "Artículo 104. Las multas se harán efectivas por la secretaria de planeación y finanzas del estado, para lo cual el tribunal girara el oficio correspondiente. La tesorería informara al tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro". "Artículo 104 Bis. Agotados los requerimientos anteriores y de persistir el incumplimiento de la determinación del tribunal, a petición de la parte interesada se procederá al embargo precautorio de bienes, para ello, el tribunal comisionara a un actuario para que se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución o en su defecto se señalen bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas. Para ello, se estará a las normas y procedimientos dispuestos en el código de procedimientos civiles del estado". "Artículo 105. Las autoridades civiles y militares están obligadas a prestar auxilio al tribunal, para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello". "Artículo 106. Para hacer cumplir sus determinaciones, el tribunal tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictara todas las medidas necesarias en la forma y términos establecidos en la presente ley y las que a su juicio sean procedentes". En virtud de esos preceptos se establece la función trascendental, herramientas vinculatoria y una amplia gama de instrumentos legales que el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, tiene para hacer cumplir los laudos, pues para tal propósito: El tribunal está constreñido a dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita. En caso de incumplimiento del laudo, el tribunal dictará el auto de ejecución y comisionará al actuario para que asociado del actor requiera de pago, así como ordenará los medios de apremio que procedan para su ejecución. Para el cumplimiento del laudo se podrán decretar, en el siguiente orden, los medios de apremio consistentes en: 1. El requerimiento con amonestación y el señalamiento de los medios de apremio que se podrán ordenar. 2. Multa, la cual podrá ser hasta cien días de salario mínimo en la entidad. 3. El auxilio de las autoridades civiles y militares que deben prestar para hacer cumplir las resoluciones del tribunal de trabajadores. Las diligencias de requerimiento de pago, con la prevención o aplicación de los medios de apremio señalados, se harán por conducto del actuario en el domicilio del demandado. De lo expuesto se advierte que la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en favor de la quejosa, quien tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral 161/E/2014. Así, en ese procedimiento de ejecución destaca que el tribunal referido está en aptitud de requerir el pago del adeudo, al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en su calidad de patrón obligado, en términos de lo previsto en el artículo 103 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, y de poder hacer cumplir también lo decidido en el laudo a través de los medios de apremio establecidos en la propia ley. Esto es así, ya que como ha quedado precisado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 103 a 106, el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, está legalmente facultado para aplicar los medios de apremio necesarios para el cumplimiento del laudo dictado. Ahora bien, y por cuanto que la quejosa le reclama al referido Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el incumplimiento a la ejecutoria del laudo emitido en el juicio obrero 161/E/2014, debe decirse que en el caso no aplica ya que la solicitud formulada por la quejosa deriva de una relación jurídica del ayuntamiento como patrón con la ahí actora, parte quejosa, en una plano de igualdad y bilateralidad dentro de una etapa de ejecución del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral de origen, de donde deriva el acto reclamado, en donde como se ha señalado en líneas anteriores es la propia ley, la que establece la gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que se emiten en dicha relación durante la etapa de ejecución, por lo que dicho acto negativo escapa de la procedencia del juicio, ya que la petición cuya negativa se reclama no fue elevada al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, sino en una relación regulada por el derecho privado en el que el referido ayuntamiento actúa como particular y respecto del cual ya se encuentran expeditos sus derechos ante el tribunal para que a través de los instrumentos legales se logre el cumplimiento de los laudos. Se apoya lo anterior en la jurisprudencia 79/2014, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 9, agosto de 2014, materia común, página 699, con número de registro electrónico 2007066, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. Por lo tanto dicho acto resulta improcedente por cuanto que como ya se dijo los actos reclamados provienen de un juicio laboral, en donde no se demandó a una institución o dependencia federal o estatal a la cual sea aplicable la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública Federal o de las Entidades Federativas, al estipular que en contra de éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo, sino que se demandó a un municipio y, como ya se dijo, en la ley laboral aplicable sí se prevé que en contra de los municipios -como es el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas- sea procedente decretar medidas para el cumplimiento del laudo que fue favorable a la actora, aquí quejosa. Luego entonces, como ha quedado precisado en párrafos que anteceden, a diferencia del referido artículo 4, en la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, sí se prevé el procedimiento de ejecución forzoso a seguir en contra del laudo dictado en favor de la quejosa, en el cual sí se faculta al tribunal burocrático, para que dicte auto de ejecución y de ser necesario aplique los medios de apremio para el cumplimiento del laudo respectivo dictado en contra del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el juicio laboral 161/E/2011. En tal virtud, se tiene que en el procedimiento de ejecución ordinario, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no actúa con el carácter de autoridad, sino que actúa frente a la quejosa bajo una relación jurídica de coordinación con la actora, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, se cita en apoyo la jurisprudencia, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, visible en la página 1721, Libro XIX, del Tomo 3, del mes de abril del año 2013 (sic), Décima época, materia común, laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La autoridad que en el juicio laboral en el que figuró como parte, en todo momento actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues cuando el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio correspondiente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado confiere al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 227, de rubro: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", por lo que dicha omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, en sentido contrario, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE promovida por SANDY MARTÍNEZ RAMOS, contra actos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Presidente Municipal y el Sindicato de Trabajadores Chiapanecos al Servicio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, residentes en esta ciudad. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, ya que pese a que no todos cuentan con su respectiva cédula en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve el presente juicio, no se hace necesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, por el que solicita la entrega material y formal de las copias fotostáticas certificadas con las que acreditó su personalidad en el presente juicio, y se le expida un juego de copias certificadas de las mismas. Hágase del conocimiento del promovente que no es procedente acordar de conformidad su petición, en razón de que de la revisión minuciosa realizada a los autos se advierte que dichos documentos ya fueron devueltos a su autorizado, licenciado ***, dada la solicitud del propio quejoso efectuada por escrito presentado ante este órgano juzgador el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, acordada de conformidad en proveído de veintiocho de diciembre siguiente, y previa razón de entrega de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 209, 210 y 215).
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