Sandy Julissa Flores Santos

Expediente 1093/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1093/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Iraheta Y/O Iraeta Dionicio
  • Sandy Julissa Flores Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra del proveído dictado en el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorios a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó estado para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al que acompaña un anexo, sin que sea necesario dar vista con su contenido a las partes, por los motivos que a continuación se expondrán. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales gozan de valor probatorio pleno, por tratarse de documentales expedidas por servidor público autorizado en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se desprende que en proveído veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado presentado por los aquí quejosos Sandy Julissa Flores Santos y Roberto Iraheta Dionicio y/o Roberto Iraeta Dionicio, por sí y en representación de los menores de iniciales R.J.I.F, S.J.I.F, y J.R.I.F; y Joselyn Yamileth Flores Santos, por sí y en representación de la menor de iniciales A.M.P.F, y, consecuentemente, les fue expedida la constancia relativa y se les asignó Clave Única de Registro de Población para Extranjeros. De ahí que resulta inconcuso que en el caso particular se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, en el presente juicio de amparo los citados quejosos, propiamente, reclaman de la autoridad responsable, la omisión de admitir a trámite su solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, con la consecuente omisión de expedir a su favor la constancia relativa y de inscribirlos al Registro Nacional de Población, que se traducen en la falta de acceso de los quejosos a los servicios de salud; empero, de las constancias antes apuntadas se advierte que con posterioridad a la fecha de la presentación del libelo que originó este juicio, la autoridad administrativa admitió a trámite la solicitud de los quejosos y les asignó la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros, por lo que es válido colegir que a la fecha de la emisión del informe de la autoridad responsable han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía. Sobre todo, si se tiene en consideración que cualquier orden de detención, retención o deportación que se puedan ejecutar en contra de los quejosos, devienen inexistentes para los efectos del presente juicio de amparo, sino que con la admisión a trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugio a la parte quejosa, la asignación de la clave única de refugiados; la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para extranjeros, es indubitable que han cesado los efectos de los actos reclamados en la demanda inicial. Por tanto, ante la evidente actualización de la causa de improcedencia arriba invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad a la celebración de la audiencia constitucional relativa, pues, de hacerlo, se contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte relativa a la impartición pronta y expedita de justicia a los gobernados. Apoya este razonamiento, el criterio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Y la conclusión alcanzada por aquella misma instancia, en la jurisprudencia 10/2002, publicada en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, que está señalada para las diez horas del veinte de octubre de dos mil veintitrés, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las providencias que ha dictado para dar cumplimiento a la suspensión definitiva de los actos reclamados en este incidente. En tal virtud, téngase por rendida la información de la autoridad administrativa oficiante y, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. Se concede a Sandy Julissa Flores Santos y Roberto Iraheta Dionicio y/o Roberto Iraeta Dionicio, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales R.J.I.F, S.J.I.F, y J.R.I.F, y por Joselyn Yamileth Flores Santos, por sí y en representación de su menor hija de iniciales A.M.P.F., la suspensión definitiva contra los actos que atribuyen al Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, y lístese

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