Sandy González Franco
Expediente 1824/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 39 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1824/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 26/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sandy González Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
PERSONAL. ...se declara que la citada sentencia en la que se sobreseyó y no amparó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y en caso de que existan documentos originales exhibidos por la parte quejosa; se ponen a disposición...
- Incidental
... se declara que sí es susceptible de depuración el cuaderno original del incidente de suspensión, por su parte, se declara que es susceptible de destrucción el cuaderno duplicado del presente incidente.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia de fecha 27/octubre/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Sentencia cuyo contenido es: "ISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 1824/2019, promovido por Sandy González Franco, por propio derecho, contra actos del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Sandy González Franco demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables 1. Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su actual denominación. 2. Director General del Consejo de Honor y Justicia (ahora Comisión de Honor y Justicia) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 3. Subdirectora de Instrumentación de Procedimientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 4. Guadalupe "N", personal de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia (ahora Comisión de Honor y Justicia) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Actos reclamados - Acuerdo de radicación de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual, se determinó el inicio del procedimiento administrativo *** y se decretó la suspensión temporal de carácter preventivo contra la quejosa; así como, su acuerdo aclaratorio de tres de octubre de ese mismo año. Precisión de los actos reclamados que se realiza de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, luego del análisis en conjunto de la demanda, sus escritos aclaratorios y de ampliación, por ser un todo considerado, en relación con las demás constancias allegadas a este sumario. Sirve de apoyo a tal determinación, la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Semanario Judicial y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, visible a fojas 227, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." SEGUNDO. FUNDAMENTO. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados; señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio los contenidos1, 14, 16, 20 y 123, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. ADMISIÓN. Previo desahogo de las prevenciones formuladas en autos, mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número 1824/2019; por lo que, se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, fijándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. REANUDACIÓN DE PLAZOS. Por acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus del COVID-19, se reanudaron plazos y, por tanto, se fijó nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de primero de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la ampliación de demanda contra la autoridad y por los actos que han quedado relacionados en el resultando primero, consistentes en el cuerdo de radicación de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve y su acuerdo aclaratorio de tres de octubre de ese mismo año, dictados en el expediente ***. Lo anterior, sin tener como acto reclamado destacado el consistente en la falta de notificación de los referidos acuerdos, por no haberse desahogado en sus términos la prevención que para tal efecto se formuló en autos. En consecuencia, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se otorgó la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, haciendo de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional; misma que, sin asistencia de las partes, tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer del presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. INEXISTENCIA. Uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual, incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. La ley de la materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. Resulta atendible, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con el número 553, aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 368, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Conforme a lo expuesto, no son ciertos los actos que se atribuyen al Director General de la ahora Comisión de Honor y Justicia, a la Subdirectora de Instrumentación de Procedimientos y a Guadalupe "N", personal de la Dirección General de la propia Comisión de Honor y Justicia, todos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, relacionados con el inicio del procedimiento administrativo contra la quejosa y la suspensión temporal de carácter preventivo que le fue impuesta. Lo anterior, toda vez que así lo manifestaron dichas autoridades en su informe justificado y porque, además, del análisis de las constancias allegadas al expediente, que al constar en copia certificada merecen eficacia probatoria plena de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, queda demostrado que el dictado del acuerdo relativo correspondió a diversa autoridad. En consecuencia, toda vez que del análisis de las constancias que obran en el expediente no se advierte que se hubiere rendido prueba alguna que resultare idónea y suficiente para demostrar la existencia de los actos que en lo particular se atribuyen a las indicadas autoridades o, en su caso, la injerencia o participación de éstas en su emisión, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio por cuanto hace a los actos de autoridad que se les reprocha. Es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible a foja 355 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, que establece: "INFORME JUSTIFICADO QUE NIEGA EL ACTO RECLAMADO. Si las autoridades responsables niegan los actos que les son atribuidos por los quejosos y dichos informes negativos no fueron desvirtuados en forma alguna, procede sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo que señala la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 284 apareció publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 236, que a la letra señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." TERCERO. CERTEZA DE ACTOS. Son ciertos los actos que se atribuyen a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, consistentes en el acuerdo de radicación de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual, se determinó el inicio del procedimiento administrativo CHJ/0560/19-07 y se decretó la suspensión temporal de carácter preventivo contra la quejosa; así como, en su acuerdo aclaratorio de tres de octubre de ese mismo año. Lo anterior, puesto que así lo reconoció dicha autoridad en su informe justificado; siendo que, además, la existencia de los actos que se impugnan y la injerencia o participación del citado órgano colegiado en su emisión, se corrobora con las documentales públicas que fueron allegadas a este sumario y que integran el procedimiento de origen, las cuales, como se indicó, merecen eficacia probatoria plena de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con la tesis de jurisprudencia número novecientos cuarenta, visible en la página mil quinientos treinta y ocho, de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos noventa y ocho, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invoca la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, argumentando que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; en específico, que no instó el juicio de nulidad de conformidad con los artículos 31 y 73 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tal causa de improcedencia es inoperante. El principio de definitividad que impone la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, conlleva que la acción constitucional es procedente sí, previamente a su ejercicio, el gobernado agotó el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, a través del cual éste podría ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, dicho principio admite excepciones, reguladas en la propia Ley de Amparo y en los criterios adoptados por los órganos del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, conviene citar la tesis LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a foja 156 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, julio de 2000, que literalmente precisa: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Conforme a dicho criterio, se puede concluir que la parte quejosa no tenía obligación de agotar el juicio contencioso antes de promover la presente vía constitucional, habida cuenta que el acto de que esencialmente se duele -acuerdo de inicio-, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio que le ocasiona daños de imposible reparación. Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización de advierta oficiosamente, lo procedente es analizar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO.En su demanda de amparo y escrito de ampliación, la parte quejosa aduce sustancialmente que existe violación a los artículos 1° y 14 constitucionales, puesto que la suspensión temporal de carácter preventivo deriva de un procedimiento administrativo que dice desconocer. Insiste en señalar, que no tuvo la oportunidad de conocer el acto de autoridad que dio origen a esa medida y, por lo tanto, no pudo ejercer una adecuada defensa; que en el expediente *** la responsable no cumplió el estándar mínimo que le permitiera ser oída y vencida en dicho procedimiento; y que, por consiguiente, si no existe notificación personal tampoco puede proseguir la autoridad con las subsecuentes etapas del procedimiento. En diverso apartado, la quejosa expone violación al artículo 16 constitucional pues, a su parecer, no existe una determinación fundada y motivada en la cual se plasmen los razonamientos lógico jurídicos por los que a la fecha se inicia y prosigue el procedimiento administrativo ***, pese a que nunca se le notificó el acuerdo de inicio. Los conceptos de violación cuya síntesis precede, dada su estrecha vinculación, se analizarán conjuntamente de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo. El artículo 14 constitucional tutela los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que todo gobernado debe tener ante los actos de privación, que previamente a la emisión de ellos, deben otorgarse por parte de las autoridades responsables, es decir, dar oportunidad al gobernado de ofrecer pruebas y formular alegatos mediante el juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento por los tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Mientras que, el artículo 16 constitucional determina que ninguna persona podrá ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones o derechos, sino mediante un acto por escrito emitido por autoridad competente, la cual se encuentra obligada a fundar y motivar el acto de molestia. Lo cual, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia, implica que a toda persona a la que se le pretenda causar una molestia (entendida como una perturbación o afectación) en su esfera jurídica, por parte de los órganos del estado, se le deberá entregar por escrito el acto debidamente fundado y motivado; encontrándose las autoridades obligadas además a fundar su competencia. Cabe precisar que por acto de molestia debemos entender aquella actuación de la autoridad que provoca una mera perturbación en la esfera jurídica del gobernado; tal acto no constituye el fin último, ya que la afectación no es de manera definitiva o permanente, sino que es de carácter provisorio o transitorio. El propio artículo 16 constitucional permite a cualquier autoridad, emitir actos de molestia contra los gobernados, sin embargo, la emisión de tales actos debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: 1. Que conste por escrito; 2. Que provenga de autoridad competente, y 3. Que se encuentre fundado y motivado. El primero de los requisitos en cuestión, exige que la conducta de la autoridad conste por escrito, asegurando con ello la certeza sobre su existencia, y que el afectado conozca con precisión qué autoridad lo emitió, su contenido y sus consecuencias, y de esa manera sea factible su análisis y confrontación con las normas en que se debe fundar, para determinar su legalidad y por ende, su constitucionalidad. El segundo, constituye sin duda el principio de legalidad que rige dentro del sistema jurídico mexicano, en el que las facultades de las autoridades deben reconocerse en una ley, lo que implica que su conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal, requisito que sin duda debe contenerse de manera específica en el acto mismo de molestia, de modo tal que se otorgue al justiciable la oportunidad de verificar si la actuación de la autoridad se adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invocó, o que ésta sea contradictoria a la ley fundamental o secundaria, y en caso contrario, controvertir, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo. El último requisito exigido por el numeral invocado, consiste en que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. De lo expuesto se obtiene que todo acto de autoridad dirigido a un particular debe hacerse por escrito, estar debidamente fundado y motivado, es decir, invocar los supuestos de la norma dentro de los cuales encuadran los hechos origen de tal acto, y además, la autoridad que lo emita debe acreditar su competencia especificando el o los preceptos de la ley que la regulan, dada la diferencia existente entre fundar el acto y justificar la competencia del funcionario que lo suscribe, pues para que éste adquiera eficacia legal, es indispensable que sea emitido por quien para ello se encuentre legitimado, circunstancia que se debe acreditar expresando, además del carácter de la autoridad que lo suscribe, el dispositivo legal, acuerdo o decreto que la faculte para tal efecto. Resulta atendible la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo sesenta y cuatro, abril de mil novecientos noventa y tres, página cuarenta y tres, de epígrafe y sinopsis: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado." Así como, la tesis 674 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, tomo III, Parte TCC, página 493, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." Es así que haciendo una interpretación conjunta y armónica de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los indicados preceptos constitucionales -que en lo sustancial estima vulnerados la quejosa-, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, así como también que se expresen los preceptos legales aplicados al caso, formulando las razones particulares o causas especiales que originaron a la autoridad a actuar en la forma en que lo hizo, existiendo además, adecuación entre los fundamentos legales aplicados y los motivos plasmados por la autoridad, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer efectivamente las causas por las cuales la autoridad determinó cierta postura y los fundamentos legales que la apoyen, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito de legalidad respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de combatirlo. Precisado lo anterior y a efecto de determinar si asiste o no razón a la parte quejosa, se procede a efectuar el análisis del acuerdo de radicación de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en relación con su acuerdo aclaratorio de tres de octubre de ese mismo año. Documentales públicas de las cuales se advierte que los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia tuvieron por recibido el oficio *** de catorce de marzo de dos mil diecinueve, por virtud del cual, el Director General de Asuntos Internos remitió la carpeta de investigación administrativa *** y sus anexos, solicitando se diera inicio a un procedimiento administrativo disciplinario contra Sandy González Franco, entre otros elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y, con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, emitieron el acuerdo relativo, precisando la imputación hecha a la ahora quejosa -Recurrió a medios violentos para realizar la detención del C. (.) quien supuestamente se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, toda vez que el 17 de marzo de 2018 en el estacionamiento e garaje del domicilio particular del C. (.) ubicado en (.), fue captado mediante videograbación agrediendo físicamente al ciudadano en cita, para presentarlo ante la autoridad competente, no actuando dentro del orden jurídico, ya que dejó de observar los principios Generales del Uso de la Fuerza consagrados en la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal-, relacionando las constancias remitidas para tal efecto, concluyendo, en la parte que interesa, lo siguiente: "Con los hechos y medios de prueba descritos y relacionados, este Consejo de Honor y Justicia considera que se cuenta con los elementos técnico-jurídicos suficientes para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, ya que con su actuar los CC. (.) y Policía Segundo 890355 Sandy González Franco transgredieron lo dispuesto en los artículos 16, 17, fracciones I y X en relación con el 52, fracción III, de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, adminiculado con el Capítulo Tercero Uso de la Fuerza Capítulo Primero de los Principios Generales, artículos 8, fracción II, incisos a) y d), fracción III, inciso V, así como el artículo 10, fracciones I y II de la Ley que Regula el Uso del Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal (.)" Como se advierte, mediante el oficio número *** de catorce de marzo de dos mil diecinueve, el Director General de Asuntos Internos de aquella dependencia remitió diversas documentales a la ahora Comisión de Honor y Justicia, solicitando su valoración para determinar el inicio del procedimiento administrativo contra la quejosa. En tal sentido, se tiene que los artículos 53 y 55 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal establecen lo siguiente: "Artículo 53. En cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública habrá un Consejo de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para: I. Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos policiales a los principios de actuación previstos en la presente ley, así como a las normas disciplinarias de cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública; II. Resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de los elementos; III. Otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos y recompensas, y IV. Conocer y resolver los recursos de rectificación. El Consejo de Honor y Justicia velará por la honorabilidad y reputación de los Cuerpos de Seguridad Pública y combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o la corporación, para tal efecto, gozará de las más amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los agentes y para practicar las diligencias que le permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución." "Artículo 55. En todo asunto que deba conocer el Consejo de Honor y Justicia, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular y se sujetará al siguiente procedimiento: I. Desde luego se hará saber al elemento sujeto al procedimiento, la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan y pueda defenderse por sí o por persona digna de su confianza o, en su defecto, se le nombrará un defensor de oficio, concediéndole diez días hábiles para que ofrezca las pruebas pertinentes y señalándole lugar, día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad y las que fueren en contra del derecho, la moral y las buenas costumbres; II. En dicha audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas y el interesado podrá presentar, en forma verbal o por escrito, los alegatos que a su derecho convengan. El Consejo dictará su resolución debidamente fundada y motivada, dentro de los diez días siguientes y la notificará personalmente al interesado; III. La resolución tomará en consideración la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes del elemento sujeto a procedimiento, así como las pruebas desahogadas; IV. De todo lo actuado se levantará constancia por escrito; y V. Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia que recaigan sobre el recurso de rectificación, serán definitivas. Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia se agregarán a los expedientes u hojas de servicio de los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública." De lo anterior, se colige que el procedimiento que se instaure a los miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por las faltas en que incurran en la prestación del servicio podrá iniciar por solicitud expresa que formule la autoridad competente; advirtiéndose que, el Consejo de Honor y Justicia -ante quien formalmente se formula esa solicitud- cuenta con amplias facultades para examinar los expedientes y, a su vez, está en aptitud de allegarse de los elementos necesarios para resolver lo conducente. Bajo ese contexto, de las documentales que se allegaron al sumario, se desprende que el Director General de Asuntos Internos solicitó al citado Consejo de Honor y Justicia (ahora Comisión de Honor y Justicia) el inicio del procedimiento administrativo en contra de diversos integrantes de esa dependencia, entre ellos Sandy González Franco, remitiéndole las documentales relacionadas con la integración del expediente de investigación relativo. En atención a dicha solicitud, los integrantes de ese cuerpo colegiado procedieron a relacionar y valorar los elementos de prueba remitidos, entre los que destacan: el original del formato de queja de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho; la entrevista de diez de julio de ese mismo año, realizada por diverso elemento policial, en que se identificó a los cuatro elementos involucrados en los hechos investigados; parte informativo de los hechos ocurridos el diecisiete de marzo de dos mil dieciocho; entrevistas de los imputados; y, copia certificada de una bitácora de radio. Luego, queda de manifiesto que la responsable procedió a relacionar las probanzas que sustentaron la solicitud de inicio de procedimiento, destacando que de tales constancias se apreciaba que Sandy González Franco probablemente habría incurrido en la siguiente conducta: "Recurrió a medios violentos para realizar la detención del C. (.) quien supuestamente se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, toda vez que el 17 de marzo de 2018 en el estacionamiento e garaje del domicilio particular del C. (.) ubicado en (.), fue captado mediante videograbación agrediendo físicamente al ciudadano en cita, para presentarlo ante la autoridad competente, no actuando dentro del orden jurídico, ya que dejó de observar los principios Generales del Uso de la Fuerza consagrados en la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal"; y, con base en ello, acordó radicar el asunto e iniciar el procedimiento administrativo, ordenando su notificación y citación para la audiencia de ley; de igual forma, como una medida cautelar, decretó la suspensión temporal de carácter preventivo contra los elementos policiales hasta en tanto se dictara la resolución respectiva. Ahora, respecto a la notificación de ese acuerdo, se advierte que fue girada la cedula de notificación identificada con el folio 1876, dirigida a Sandy González Franco, a efecto de comunicarle personalmente aquellas determinaciones; sin embargo, conforme a la constancia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Director General de la Comisión responsable hizo constar lo siguiente: "(.) el día de la fecha, se presentaron en el interior de las oficinas que ocupa la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia los CC. (.) y la C. GONZÁLEZ FRANCO SANDY, quien se identifica con credencial para votar con fotografía, con clave de elector (.), quienes entregan copias de las identificaciones que se detallan para que obren en expediente para constancia legal. Se hace constar que al hacerles del conocimiento el contenido de las cédulas de notificación con números de folios 1875, 1874 y 1876, manifestaron no querer firmar las citadas cédulas ni ningún otro documento, abandonando las instalaciones de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, lo que se asienta para la debida constancia legal. CONSTE Vista la constancia que antecede y atento al contenido de la misma, se: ACUERDA PRIMERO.- Téngase por presentados los CC. (.) y GONZÁLEZ FRANCO SANDY, haciendo constar que los elementos incoados, se negaron a firmar las cédulas de notificación con números de folios 1875, 1874 y 1876 al conocer su contenido, por lo que se les tiene por legalmente notificados del presente procedimiento administrativo instrumentando en su contra. (.) Actuación a la que se acompañó copia certificada del registro de ingreso de la quejosa a esa dependencia, en la fecha indicada, y copia de la identificación descrita. Por lo que, la falta de notificación que pretende evidenciar la hoy quejosa deriva, en todo caso, de la postura negativa que asumió durante dicha comparecencia; sin que, en este asunto, hubiere aportado diverso medio de prueba que resultare idóneo y suficiente para desvirtuar su contenido. Por el contrario, la propia quejosa reconoce que el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve le fue notificado un citatorio para presentarse el nueve de diciembre de ese mismo año en las instalaciones de la Dirección General del entonces Consejo de Honor y Justicia, exhibiendo incluso la notificación personal relativa (folios 03 y 07). Sin que pase inadvertido el señalamiento de la quejosa, respecto a que el nueve de diciembre de dos mil diecinueve no acudió a su centro laboral por problemas de salud y que al llamar para hacer el aviso respectivo, únicamente se le dijo que no faltara a la cita en la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia ya que se le iba a notificar el inicio de un procedimiento administrativo y la medida cautelar decretada en su contra; y que, fue hasta el once de diciembre de ese año, en que acudió a las instalaciones de esa Dirección General, siendo informada respecto a que debía esperar el dictado de la resolución correspondiente. Pues, tales señalamientos de su parte constituyen datos aislados que no están fehacientemente probados en autos. Cabe decir, que no es factible realizar mayor análisis de esas actuaciones, pues, al no desahogarse la prevención formulada en autos, por acuerdo de primero de septiembre de dos mil veinte se declaró precluido el derecho de la quejosa para hacerlo y se hizo efectivo el apercibimiento formulado, por lo que no se tuvo como acto reclamado destacado la falta de notificación del acuerdo de radicación de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, y de su acuerdo aclaratorio de tres de octubre de ese mismo año, ambos dictados en el expediente ***, respecto del cual se encontraba en aptitud de desestimar, entre otras cosas, la referida constancia. En ese orden, resulta evidente que la autoridad responsable apegó su actuación a las formalidades esenciales del procedimiento, particularmente, a las exigencias de los artículos 53 y 55 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; por lo que, el concepto de violación que en tal sentido expone la quejosa es infundado. Siendo igualmente infundado el diverso concepto de violación que hace valer, respecto a que el acuerdo de inicio que impugna, en relación con su auto aclaratorio, no está fundado y motivado; puesto que, del análisis de las referidas actuaciones, así como de los preceptos legales que lo sustentan, se concluye que la autoridad procedió a citar los artículos, fracciones, incisos, subincisos o párrafos, de esos numerales que fundamentan en específico su actuación, así como las razones particulares que la motivaron a determinar el inicio del procedimiento y decretar la medida cautelar, precisando la conducta e infracción en que probablemente incurrió. Por otra parte, la quejosa sostiene que se viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, conforme al cual, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario por sentencia dictada por autoridad competente; y que, en la especie, se vio afectada en sus derechos laborales y salario a través de la medida cautelar de que se trata, sin haber sido declarada culpable o probable culpable en el procedimiento ***. En relación con el principio de presunción de inocencia, como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente; debe decirse que, dicho principio es aplicable al procedimiento administrativo sancionador - con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES." En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Es el presente caso, como ya se indicó, el procedimiento administrativo disciplinario se inició contra la quejosa por considerarse que ésta transgredió los artículos 16, 17, fracciones I y X en relación con el 52, fracción III, de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, adminiculado con el Capítulo Tercero Uso de la Fuerza Capítulo Primero de los Principios Generales, artículos 8, fracción II, incisos a) y d), fracción III, inciso V, así como el artículo 10, fracciones I y II de la Ley que Regula el Uso del Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, ya que del resultado de la carpeta de investigación administrativa ***, instrumentada para determinar su actuación, presuntamente incurrió en hechos sancionables -uso excesivo de la fuerza pública-. Estando probada en autos la relación de los medios de convicción que sirvieron de base para el inicio del procedimiento aludido, los cuales constituyen indicios que sirven como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismas un aserto o la verdad formal que se pretende establecer, sino para que, con el carácter de probabilidad, la quejosa sea vinculada a un procedimiento sancionador con motivo de la presunta infracción de responsabilidad cometida, para determinar si efectivamente incurrió o no en esa conducta irregular, aspectos que la justiciable tiene la posibilidad desvirtuar. Lo anterior permite concluir, que de acuerdo a las condiciones jurídicas en las que se encuentra el inicio de ese procedimiento administrativo y la calidad de la impetrante como posible infractora o responsable, no se desprende la posible aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable en relación con la quejosa, menos la posibilidad de que se emita alguna resolución que suponga la anticipación de la pena o la sanción, por lo cual, contrario a lo argüido por la impetrante, no se considera que en esta etapa del procedimiento administrativo sea vulnerado el principio de presunción de inocencia en lo referente a la conducta irregular imputada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección federal solicitados. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sandy González Franco, respecto de las autoridades y por los actos que han quedado precisados en el resultando primero, de conformidad con lo expuesto en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sandy González Franco, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el primer resultando, atento a los razonamientos que han quedado expuestos en el último considerando de este mismo fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por lista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. Así lo resolvió y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, en unión de la Secretaria Leticia Durán Góngora que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE.".
- Principal
* PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sandy González Franco, respecto de las autoridades y por los actos que han quedado precisados en el resultando primero, de conformidad con lo expuesto en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sandy González Franco, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el primer resultando, atento a los razonamientos que han quedado expuestos en el último considerando de este mismo fallo.
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