Sandy Diaz Perez

Expediente 2155/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2155/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Sandy Diaz Perez
  • Fernanda Diaz Perez
  • Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán
  • SANDY DIAZ PEREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el once de noviembre del presente año, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante en este asunto se sobreseyó en el juicio. Lo procedente es declararlo como SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, de conformidad con el artículo 21 del ordenamiento en cita, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el incidental impresos, coinciden en su totalidad con los electrónicos generados con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 2155/2022-VII-B, promovido por Sandy Díaz Pérez, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada F.D.P., contra los actos que reclama de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como de otra autoridad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito recibido el dos de septiembre de dos mil veintidós, por el Secretario de guardia de este Juzgado, compareció la parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y Auxiliar Jurídico de dicha Institución. SEGUNDO. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 2155/2022-VII-B y se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesara de inmediato la incomunicación (negativa de permitirle ver a su hija) y tortura que aseveró sufrir la menor de identidad reservada F.D.P.; asimismo, se hizo la indicación a las autoridades que tuvieren bajo resguardo o custodia a la menor, que de inmediato dictaran las providencias necesarias, a fin de permitir que tuviera contacto con su progenitora, siempre y cuando no existiera mandamiento judicial que restringiera su convivencia; protegiendo en todo momento con su actuación, el interés superior de la menor, tal y como lo establece el artículo 4° de nuestra Constitución Federal. Asimismo, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, se previno a la quejosa Sandy Díaz Pérez, para que dentro del término que prevén los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, manifestara si ampliaba su demanda, señalando como nueva autoridad responsable a la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, sin que realizará pronunciamiento al respecto, por lo que, mediante diverso auto de tres de noviembre actual, se continuó con la tramitación del presente juicio de amparo, únicamente respecto de las responsables y actos que señaló en su escrito inicial de demanda. Finalmente, seguido el juicio en su trámite, el día de la fecha, se verificó la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La determinación dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por la que el Fiscal Investigador en turno adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes, puso a disposición de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en su calidad de depositaria a la menor quejosa de iniciales F.D.P., autoridad que a su vez en ejercicio de la tutela pública del Estado, hizo entrega de la menor quejosa al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), a fin de salvaguardar su integridad física y mental; así como su ejecución. TERCERA. No es cierto el acto reclamado al Auxiliar de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (foja 33); pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de su informe justificado y las constancias que acompañó al mismo (fojas 37 a 53). Apoya a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1002815, visible en la página 830, Tomo ll, Materia Común, del Apéndice 1917-Septiembre de 2011, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, aplicados en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En virtud que la quejosa no señaló como responsable a la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, autoridad que mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, ordenó la puesta a disposición en favor de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en calidad de tutela pública del Estado de la menor quejosa de iniciales F.D.P., en la carpeta de investigación UNATD29-GO/000895/2022; a pesar de haber sido requerida para tal efecto, mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós. Tales preceptos señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . III. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;.". En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la Constitución Federal o de la propia ley. A su vez, las diversas disposiciones transcritas establecen respectivamente, que la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, que dentro de los requisitos de la demanda de amparo, el quejoso debe señalar a las autoridades responsables. Este punto es importante para el asunto que nos ocupa, ya que si no se designan las autoridades responsables, el juicio de amparo resulta improcedente, porque sería jurídicamente imposible examinar la regularidad constitucional de sus actos si no se les llama a juicio, pues no tendrían posibilidad alguna de defenderlos. Entonces, como en el particular la quejosa reclama en esta instancia constitucional, en lo esencial, la determinación dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por la que el Fiscal Investigador en turno adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes, puso a disposición de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en su calidad de depositaria de la menor quejosa de iniciales F.D.P., autoridad que a su vez en ejercicio de la tutela pública del Estado, hizo entrega de la menor al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), a fin de salvaguardar su integridad física y mental. Siendo que de autos se obtiene que efectivamente la referida autoridad ministerial es quien ordenó la puesta a disposición de la menor quejosa en favor de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, quien en ejercicio de la tutela pública del Estado de la referida menor quejosa, en autos de la carpeta de investigación UNATD29-GO/895/2022., la entregó al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), a fin de salvaguardar su integridad física y mental. No obstante, pese a que este órgano jurisdiccional por auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, requirió a la parte quejosa a efecto de si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la Fiscal Investigador en turno adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, la quejosa no desahogó tal requerimiento, por lo que a través del diverso auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, se declaró precluido su derecho para ampliar la demanda respecto a dicha autoridad y acto, y se determinó continuar el juicio únicamente por lo que hace a los actos reclamados y autoridades responsables señalados en forma destacada en su escrito inicial de demanda. Por tanto, si se otorgó vista a la quejosa para que ampliara la demanda contra quien ordenó la puesta a disposición de la custodia de la menor, que por esta vía defiende, la cual no fue llamada a juicio derivado del desinterés de la parte accionante, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para pronunciarse en relación con su constitucionalidad ya que no se le dio la oportunidad de ser oída y justificar su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/205, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Octubre de 1995, página 468, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Es aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 53, del Apéndice 2000 Tomo VI, Común P.R. SCJN., de la Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Por lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, aplicados en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y además conforme al artículo 63, fracción IV del mismo ordenamiento, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sandy Díaz Pérez, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada F.D.P. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; en virtud de que tal actuación no se reclama por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la orden de puesta a disposición con efectos de custodia de la menor quejosa. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 516, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 339, del tomo VI, Parte SCJN, de la Séptima Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, materia común, con número de registro 394472, del rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. En esa medida, resulta innecesario el estudio de las diversas causales de improcedencia que se pudieran actualizar y que hacen valer las responsables, pues basta con que se analice una de ellas para que el sobreseimiento resulte legal". En esa medida, resulta innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte quejosa se manifestó respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Sandy Díaz Pérez, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada F.D.P., contra el acto que reclamó al Auxiliar de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Sandy Díaz Pérez, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada F.D.P., contra el acto que reclamó a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se desprende que la quejosa Sandy Díaz Pérez, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de cuatro de octubre del año en curso, dentro del término conferido, pues no manifestó si señala como nueva autoridad responsable a la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, por lo que no se tiene a dicha autoridad como responsable en el presente asunto y este juicio constitucional se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos y autoridades señalados en la demanda de amparo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, con el que comunica, que en relación con la demanda de amparo promovida por ISELA MARÍA CANTO SIERRA, contra actos del Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores, así como de otras autoridades, que se registrara en este Juzgado con el número 1071/2021-IV-B y que le fuera remitida por cuestión de incompetencia de este Juzgado, aceptó la competencia y desechó parcialmente la demanda de amparo, la cual radicó con el número 67/2022-IV. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General, lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el indicado numeral 20. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y no existiendo razón alguna para que continúe el presente cuaderno de antecedentes en la Secretaría de este Juzgado, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se señala que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad; lo anterior, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano