Sandro Santiago Alonso

Expediente 1462/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1462/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • Sandro Santiago Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    ...Téngase por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta copia certificada de la resolución emitida en la queja 11/2018 de su índice, de la que se desprende que la superioridad declaró infundado el medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa, contra el auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete. Acúsese recibo al citado órgano colegiado, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido...

  2. Principal

    ... el oficio el oficio signado por la Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que remitió el oficio 43055/2017/VI-B y el tomo de pruebas a la autoridad aquí responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, toda vez que se le envió a la primera autoridad citada, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar...

  3. Principal

    ... el escrito de Sandro Santiago Alonso, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "Grupo Si Construye Sociedad Anónima de Capital Variable", parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de quince de diciembre del año en curso... se da curso a la queja planteada, por lo que, ríndase el informe justificado relativo a la queja de que se trata, remítase de inmediato el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Admnistrativa del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos órganos colegiados, con sede en Boca del Río, Veracruz, así como copias certificadas de las constancias relativas necesarias para su resolución; manifestándole que es cierto el acto reclamado...

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a quince de diciembre de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo presentada por Sandro Santiago Alonso, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1462/2017/II-A. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la omisión por parte del Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, de dar contestación a su escrito presentado ante su potestad, el veinticuatro de noviembre del año en curso, en que realizó solicitud del pago de la deuda contraída con la empresa denominada "GRUPO SI CONSTRUYE", Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de diversas obras públicas realizadas. Precisado lo anterior, debe decirse, en principio, que el artículo 8 constitucional reconoce el derecho de petición de los particulares hacia las autoridades del Estado Mexicano; luego, al Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, no le recae el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, y por ello, no le es exigible el cumplimiento de ese derecho en este caso específico, atento a lo que enseguida se expondrá. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que autoridad para efectos del juicio de amparo es el ente que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. En ese orden de ideas, los requisitos de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo se encuentran establecidos en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, si la pretensión de la parte quejosa es que la autoridad responsable finiquite el adeudo que mantiene con la persona moral denominada "GRUPO SI CONSTRUYE", Sociedad Anónima de Capital Variabl, el amparo no resulta ser la vía idónea para obtener el pago del dinero que se le debe, sino que tiene que ser obtenido a través del procedimiento jurisdiccional correspondiente, sobre todo si se atiende a la circunstancia que la relación existente entre la autoridad responsable y la parte aquí quejosa es meramente contractual, es decir, de coordinación no de supra a subordinación, por lo que, se reitera, el supuesto adeudo que tiene la responsable con la quejosa, deberá ser cobrado a través del procedimiento jurisdiccional o contencioso que decida instar a través de los tribunales contenciosos y no a través del juicio de amparo, por no revestir tal solicitud de obtención de pago, un acto de autoridad impugnable a través del juicio de garantías, por no constituir un acto de imperium a través del cual la autoridad responsable motu proprio, de manera imperativa y coercitiva, le imponga al reclamante un acto que afecte su esfera de derecho, lo cual no acontece en el caso, puesto que en el particular el reclamante lo que pretende en esta instancia constitucional es el cobro del adeudo contractual por parte del ente señalado como responsable, a decir, el Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, por lo que a tal acto no le reviste las características de un acto de autoridad. Por las razones anteriores, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no actúa como tal quien recibió el ocurso del quejoso con el que pretende obtener el pago del adeudo reclamado, derivado del contrato celebrado entre ambas partes. Lo cual no se ubica en el contenido del artículo 8 constitucional, que garantiza el derecho de petición a las autoridades, como lo establece la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 126, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.- El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." De igual manera se cita, por su sentido y consideraciones la jurisprudencia número PC.III.L. 5/5 L (10a) sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que aparece publicada en la página 1224, del Tomo II, correspondiente al mes de Octubre de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Similar criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver la queja 76/2017 de su índice. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Teófilo Bello Cervantes y Antonio Navarro Hernández, así como con las restricciones que dicho artículo provee, a Oscar Méndez Martínez, toda vez que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente, por así solicitarlo expresamente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.

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