Sandro de la Caridad Díaz Falcon

Expediente 2293/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2293/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Sandro de la Caridad Díaz Falcon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veinticinco de enero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1. DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el expediente no obra la constancia de notificación efectuada a la Fiscal del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional respecto del acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, requiérase al fedatario encargado de las notificaciones del presente expediente para que de inmediato proceda a llevar a cabo la notificación a la citada parte, respecto del proveído en mención; o en caso de haberla efectuado, devuelva la constancia a la secretaría a fin de acordar lo conducente. Notifíquese y cúmplase... ACUERDO DE 25 DE ENERO DE 2023. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y al efecto anexa copia certificada de los procedimientos administrativos de los quejosos ***********. En cuanto al domicilio y delegados que señala la autoridad responsable, dígasele que deberá estar a lo acordado en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós. Por otro lado, al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, las documentales que anexa la referida autoridad, consistentes en copia certificada del expediente administrativo de los quejosos (*********** Ahora, de una revisión a dichas constancias se advierte que el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, respecto a los quejosos ***********, debido a que no se presentaron al control de firmas correspondiente, y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio iniciado respectivamente a cada uno de ellos. Ahora, por lo que hace al quejoso (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, se determinó su salida de la estación migratoria por haber acreditado estar de manera regular en el territorio nacional mexicano; por lo que se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio iniciado al mismo. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano de control constitucional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que, esencialmente el acto reclamado en el presente juicio consiste en la detención con fines de deportación e incomunicación de los quejosos (1) Sandro de la Caridad Díaz Falcón; (2) Carlos Díaz Ferrán y/o Carlos Díaz Ferrón ; (3) Ángel Luis Borrero Borrero y/o Ángel Luis Borrego Borrego; (4) Darián Izquierdo Díaz y/o Dorian Izquierdo Díaz y/o Darlon Izquierdo Díaz y/o Damián Izquierdo Díaz; (5) Kenny Adolfo Castillo Rodríguez; (6) Daniel Lustre Ortega y/o Daniel Luztra Ortega; y (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, ordenó la salida provisional de los quejosos (1) Sandro de la Caridad Díaz Falcón; (2) Carlos Díaz Ferrán y/o Carlos Díaz Ferrón ; (3) Ángel Luis Borrero Borrero y/o Ángel Luis Borrego Borrego; (4) Darián Izquierdo Díaz y/o Dorian Izquierdo Díaz y/o Darlon Izquierdo Díaz y/o Damián Izquierdo Díaz; (5) Kenny Adolfo Castillo Rodríguez y (6) Daniel Lustre Ortega y/o Daniel Luztra Ortega; posteriormente, el veintitrés de diciembre siguiente, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio iniciado a los mismos. Asimismo; por lo que respecta al quejoso (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable determinó su salida de la estación migratoria por haber acreditado estar de manera regular en el territorio nacional mexicano; por lo que se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio iniciado al mismo. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (once de diciembre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Ello pues fueron los quejosos (1) Sandro de la Caridad Díaz Falcón; (2) Carlos Díaz Ferrán y/o Carlos Díaz Ferrón ; (3) Ángel Luis Borrero Borrero y/o Ángel Luis Borrego Borrego; (4) Darián Izquierdo Díaz y/o Dorian Izquierdo Díaz y/o Darlon Izquierdo Díaz y/o Damián Izquierdo Díaz; (5) Kenny Adolfo Castillo Rodríguez y (6) Daniel Lustre Ortega y/o Daniel Luztra Ortega, quienes incumplieron con las medidas que les fueron impuestas por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido en su contra quedó terminado. De la misma manera, el procedimiento administrativo seguido en su contra del quejoso (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez quedó concluido, al haber acreditado estar de manera regular en el territorio nacional mexicano. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido a los peticionarios de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que combatían ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, el catorce de diciembre de dos mil veintidós y el veintitrés de diciembre siguiente, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, respecto a los quejosos **********, toda vez que no se presentaron al control de firmas correspondiente; y, por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio respectivo. De igual manera el procedimiento administrativo seguido en al quejoso *********** quedó concluido, al haber acreditado estar de manera regular en el territorio nacional mexicano. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior, que los quejosos hayan reclamado diversos actos; empero, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia directa de la privación de su libertad, no se tienen como destacados. Máxime que si bien el promovente de la demanda de amparo señaló como acto reclamado la incomunicación de los quejosos, de la constancia actuarial de doce de diciembre de dos mil veintidós, se advierte que el fedatario respectivo pudo acceder a las instalaciones migratorias y tuvo a la vista a los quejosos mencionadas y de las constancias que integran los autos, se advierten las constancias de llamada telefónica de doce de diciembre de dos mil veintidós, otorgada a los quejosos. Tampoco es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las doce horas con once minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, notifico por medio de lista EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, a la PARTE QUEJOSA, dictado por el juzgado de mi adscripción. Lo anterior de conformidad con el Artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y al efecto anexa copia certificada de los procedimientos administrativos de los quejosos (1) Sandro de la Caridad Díaz Falcón; (2) Carlos Díaz Ferrán y/o Carlos Díaz Ferrón ; (3) Ángel Luis Borrero Borrero y/o Ángel Luis Borrego Borrego; (4) Darián Izquierdo Díaz y/o Dorian Izquierdo Díaz y/o Darlon Izquierdo Díaz y/o Damián Izquierdo Díaz; (5) Kenny Adolfo Castillo Rodríguez; (6) Daniel Lustre Ortega y/o Daniel Luztra Ortega; y (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez. En cuanto al domicilio y delegados que señala la autoridad responsable, dígasele que deberá estar a lo acordado en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós. Por otro lado, al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, las documentales que anexa la referida autoridad, consistentes en copia certificada del expediente administrativo de los quejosos (1) Sandro de la Caridad Díaz Falcón; (2) Carlos Díaz Ferrán y/o Carlos Díaz Ferrón ; (3) Ángel Luis Borrero Borrero y/o Ángel Luis Borrego Borrego; (4) Darián Izquierdo Díaz y/o Dorian Izquierdo Díaz y/o Darlon Izquierdo Díaz y/o Damián Izquierdo Díaz; (5) Kenny Adolfo Castillo Rodríguez; (6) Daniel Lustre Ortega y/o Daniel Luztra Ortega; y (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez Ahora, de una revisión a dichas constancias se advierte que el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, respecto a los quejosos (1) Sandro de la Caridad Díaz Falcón; (2) Carlos Díaz Ferrán y/o Carlos Díaz Ferrón ; (3) Ángel Luis Borrero Borrero y/o Ángel Luis Borrego Borrego; (4) Darián Izquierdo Díaz y/o Dorian Izquierdo Díaz y/o Darlon Izquierdo Díaz y/o Damián Izquierdo Díaz; (5) Kenny Adolfo Castillo Rodríguez y (6) Daniel Lustre Ortega y/o Daniel Luztra Ortega, debido a que no se presentaron al control de firmas correspondiente, y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio iniciado respectivamente a cada uno de ellos. Ahora, por lo que hace al quejoso (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, se determinó su salida de la estación migratoria por haber acreditado estar de manera regular en el territorio nacional mexicano; por lo que se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio iniciado al mismo. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano de control constitucional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que, esencialmente el acto reclamado en el presente juicio consiste en la detención con fines de deportación e incomunicación de los quejosos (1) Sandro de la Caridad Díaz Falcón; (2) Carlos Díaz Ferrán y/o Carlos Díaz Ferrón ; (3) Ángel Luis Borrero Borrero y/o Ángel Luis Borrego Borrego; (4) Darián Izquierdo Díaz y/o Dorian Izquierdo Díaz y/o Darlon Izquierdo Díaz y/o Damián Izquierdo Díaz; (5) Kenny Adolfo Castillo Rodríguez; (6) Daniel Lustre Ortega y/o Daniel Luztra Ortega; y (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, ordenó la salida provisional de los quejosos (1) Sandro de la Caridad Díaz Falcón; (2) Carlos Díaz Ferrán y/o Carlos Díaz Ferrón ; (3) Ángel Luis Borrero Borrero y/o Ángel Luis Borrego Borrego; (4) Darián Izquierdo Díaz y/o Dorian Izquierdo Díaz y/o Darlon Izquierdo Díaz y/o Damián Izquierdo Díaz; (5) Kenny Adolfo Castillo Rodríguez y (6) Daniel Lustre Ortega y/o Daniel Luztra Ortega; posteriormente, el veintitrés de diciembre siguiente, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio iniciado a los mismos. Asimismo; por lo que respecta al quejoso (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable determinó su salida de la estación migratoria por haber acreditado estar de manera regular en el territorio nacional mexicano; por lo que se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio iniciado al mismo. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (once de diciembre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Ello pues fueron los quejosos (1) Sandro de la Caridad Díaz Falcón; (2) Carlos Díaz Ferrán y/o Carlos Díaz Ferrón ; (3) Ángel Luis Borrero Borrero y/o Ángel Luis Borrego Borrego; (4) Darián Izquierdo Díaz y/o Dorian Izquierdo Díaz y/o Darlon Izquierdo Díaz y/o Damián Izquierdo Díaz; (5) Kenny Adolfo Castillo Rodríguez y (6) Daniel Lustre Ortega y/o Daniel Luztra Ortega, quienes incumplieron con las medidas que les fueron impuestas por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido en su contra quedó terminado. De la misma manera, el procedimiento administrativo seguido en su contra del quejoso (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez quedó concluido, al haber acreditado estar de manera regular en el territorio nacional mexicano. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido a los peticionarios de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que combatían ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, el catorce de diciembre de dos mil veintidós y el veintitrés de diciembre siguiente, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, respecto a los quejosos (1) Sandro de la Caridad Díaz Falcón; (2) Carlos Díaz Ferrán y/o Carlos Díaz Ferrón ; (3) Ángel Luis Borrero Borrero y/o Ángel Luis Borrego Borrego; (4) Darián Izquierdo Díaz y/o Dorian Izquierdo Díaz y/o Darlon Izquierdo Díaz y/o Damián Izquierdo Díaz; (5) Kenny Adolfo Castillo Rodríguez y (6) Daniel Lustre Ortega y/o Daniel Luztra Ortega, toda vez que no se presentaron al control de firmas correspondiente; y, por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio respectivo. De igual manera el procedimiento administrativo seguido en al quejoso (7) Reyes Fabricio Velásquez Jiménez quedó concluido, al haber acreditado estar de manera regular en el territorio nacional mexicano. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior, que los quejosos hayan reclamado diversos actos; empero, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia directa de la privación de su libertad, no se tienen como destacados. Máxime que si bien el promovente de la demanda de amparo señaló como acto reclamado la incomunicación de los quejosos, de la constancia actuarial de doce de diciembre de dos mil veintidós, se advierte que el fedatario respectivo pudo acceder a las instalaciones migratorias y tuvo a la vista a los quejosos mencionadas y de las constancias que integran los autos, se advierten las constancias de llamada telefónica de doce de diciembre de dos mil veintidós, otorgada a los quejosos. Tampoco es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las doce horas con once minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.

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