Sandra Yolanda Rangel Ramírez

Expediente 1068/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1068/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2016

Partes del expediente

  • Sandra Yolanda Rangel Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa *********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en proveído de dieciséis de los corrientes; en ese sentido, se acuerda: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, para entender por qué el suscrito estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, es menester apuntar los antecedentes del acto reclamado que la parte quejosa narró en su demanda de amparo, de lo que se advierte: 1. Que en auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, el Juzgado Cuarto Civil de Partido Judicial de esta ciudad, dentro del juicio ordinario mercantil M-0004/2012, ordenó la adjudicación directa en favor de la persona moral denominada ********** y/o **********, de un inmueble que según refiere la quejosa, es de su propiedad, el cual se conoce como "Fracción IV de Monte Nuevo", municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, -determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-. 2. Que por ese motivo interpuso, por conducto de su mandatario judicial en ese juicio de origen, recurso de apelación en contra de dicho auto, mismo que fue desechado por la responsable mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso, al estimar que la determinación impugnada (proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis), no es apelable, fundando su determinación en los artículos 1334, 1345, 1345 Bis 5 y 1345 Bis 8, todos del Código de Comercio, considerando además la responsable, la obligación relativa a que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les faculta, de modo que es innegable que si la norma aplicable que es el Código de Comercio, no reconoce la determinación atacada por el ocursante como apelable, entonces esa autoridad está impedida para admitir y dar trámite al recurso interpuesto, por no ser el idóneo para impugnar la decisión de conceder la adjudicación directa de que se trata, a su contrario en juicio. 3. En consecuencia de lo anterior, la quejosa, por conducto de su mandatario judicial hizo valer la denegada apelación, a lo que la responsable en proveído de ocho de noviembre del año en curso, determinó no acordar favorablemente tal petición al no estar regulada en el Código de Comercio, estimando notoriamente improcedente tal petición. Puntualizado lo anterior, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de revocación, en virtud de que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 1334 del Código de Comercio vigente, que estatuye: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Del numeral transcrito se desprende que son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Entonces, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la determinación emitida por el Juez responsable el veintiuno de octubre del año en curso, en la que ordenó la adjudicación directa en favor de la persona moral denominada ********** y/o **********, de un inmueble que según refiere la quejosa, es de su propiedad, el cual se conoce como "Fracción IV de Monte Nuevo", municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato -determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-; es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer el medio de impugnación idóneo a través del cual pudiera ser modificado total o parcialmente el auto impugnado, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; No consiste en órdenes de aprehensión reaprehensión o autos de vinculación a proceso; y, La parte quejosa no es persona extraña al juicio mercantil del que emana el acto reclamado, en virtud que es parte demandada. Por lo que, evidente resulta que la solicitante del amparo debió promover el medio de defensa idóneo para cumplir con el principio de definitividad, rector de la instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. No pasa inadvertido para este operador jurídico que la parte quejosa, por conducto de su mandatario judicial, hubiera interpuesto el recurso de apelación en el juicio de origen en contra del acto reclamado en esta instancia constitucional (proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis), medio de impugnación que fue desechado por la responsable mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso, y como consecuencia de lo anterior la recurrente hizo valer la denegada apelación, misma que también fue desechada en diverso auto de ocho de noviembre del año que corre, sin embargo, al no haberse señalado por la parte quejosa los proveídos de veintiocho de octubre y ocho de noviembre, ambos de dos mil dieciséis, como acto reclamado, esta autoridad, se encuentra imposibilitado para analizar dichos actos. Máxime que el acto reclamado por la parte quejosa es el proveído veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se adjudicó el bien inmueble a favor de la parte actora del juicio de origen, respecto del cual debió de agotar el principio de definitividad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 4°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en proveído de dieciséis de los corrientes; en ese sentido, se acuerda: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, para entender por qué el suscrito estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, es menester apuntar los antecedentes del acto reclamado que la parte quejosa narró en su demanda de amparo, de lo que se advierte: 1. Que en auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, el Juzgado Cuarto Civil de Partido Judicial de esta ciudad, dentro del juicio ordinario mercantil M-0004/2012, ordenó la adjudicación directa en favor de la persona moral denominada ********** y/o **********, de un inmueble que según refiere la quejosa, es de su propiedad, el cual se conoce como "Fracción IV de Monte Nuevo", municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, -determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-. 2. Que por ese motivo interpuso, por conducto de su mandatario judicial en ese juicio de origen, recurso de apelación en contra de dicho auto, mismo que fue desechado por la responsable mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso, al estimar que la determinación impugnada (proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis), no es apelable, fundando su determinación en los artículos 1334, 1345, 1345 Bis 5 y 1345 Bis 8, todos del Código de Comercio, considerando además la responsable, la obligación relativa a que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les faculta, de modo que es innegable que si la norma aplicable que es el Código de Comercio, no reconoce la determinación atacada por el ocursante como apelable, entonces esa autoridad está impedida para admitir y dar trámite al recurso interpuesto, por no ser el idóneo para impugnar la decisión de conceder la adjudicación directa de que se trata, a su contrario en juicio. 3. En consecuencia de lo anterior, la quejosa, por conducto de su mandatario judicial hizo valer la denegada apelación, a lo que la responsable en proveído de ocho de noviembre del año en curso, determinó no acordar favorablemente tal petición al no estar regulada en el Código de Comercio, estimando notoriamente improcedente tal petición. Puntualizado lo anterior, el suscrito considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de revocación, en virtud de que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 1334 del Código de Comercio vigente, que estatuye: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Del numeral transcrito se desprende que son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Entonces, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la determinación emitida por el Juez responsable el veintiuno de octubre del año en curso, en la que ordenó la adjudicación directa en favor de la persona moral denominada ********** y/o **********, de un inmueble que según refiere la quejosa, es de su propiedad, el cual se conoce como "Fracción IV de Monte Nuevo", municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato -determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-; es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer el medio de impugnación idóneo a través del cual pudiera ser modificado total o parcialmente el auto impugnado, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; No consiste en órdenes de aprehensión reaprehensión o autos de vinculación a proceso; y, La parte quejosa no es persona extraña al juicio mercantil del que emana el acto reclamado, en virtud que es parte demandada. Por lo que, evidente resulta que la solicitante del amparo debió promover el medio de defensa idóneo para cumplir con el principio de definitividad, rector de la instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. No pasa inadvertido para este operador jurídico que la parte quejosa, por conducto de su mandatario judicial, hubiera interpuesto el recurso de apelación en el juicio de origen en contra del acto reclamado en esta instancia constitucional (proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis), medio de impugnación que fue desechado por la responsable mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso, y como consecuencia de lo anterior la recurrente hizo valer la denegada apelación, misma que también fue desechada en diverso auto de ocho de noviembre del año que corre, sin embargo, al no haberse señalado por la parte quejosa los proveídos de veintiocho de octubre y ocho de noviembre, ambos de dos mil dieciséis, como acto reclamado, esta autoridad, se encuentra imposibilitado para analizar dichos actos. Máxime que el acto reclamado por la parte quejosa es el proveído veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se adjudicó el bien inmueble a favor de la parte actora del juicio de origen, respecto del cual debió de agotar el principio de definitividad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 4°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1068/2016-VII. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante traer a contexto lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la ley de la materia como a continuación se verá: La irregularidad surge de lo establecido en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta que textualmente dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se advierte de la trascripción anterior, dicho precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto, el promovente en su cometido de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado; sin embargo, soslayó manifestar cuales fueron los elementos por los cuales fueron las razones por las que su desecharon tanto el recurso de apelación que hizo valer en contra del auto que ahora representa el acto reclamado; así como la denegada apelación que refiere. En tal virtud, es menester que el suscrito tenga la certeza de lo apuntado, pues tales datos son determinantes para poder substanciar el sumario, así como para proveer lo relativo en cuanto al incidente de suspensión solicitado. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad: Señale las razones por las cuales se desechó el recurso de apelación que hizo valer en contra del auto que ahora representa el auto reclamado, así como los motivos por los cuales no se le dio trámite a su denegada apelación; y Dado a que es parte en el juicio de origen, exhiba en el plazo precisado copia certificada de las determinaciones señaladas. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Saúl García Cornejo, en virtud de que cuenta con cédula profesional número 1873912, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; De igual manera dígasele al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad su petición de otorgar mandamiento judicial a la persona en mención, toda vez que la ley de la materia no prevé esa figura. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.

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