Sandra Yaneth Temich Ixtepan y Otros.
Expediente 609/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Missael Aguilar Cosme y Otros.
- Sandra Yaneth Temich Ixtepan y Otros.
- Sandra Yaneth Temich Ixtepan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se declara que el auto a través del cual se desechó la demanda ha causado estado.
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto de diecinueve de julio del año en curso (fojas 24 a 26), ha causado estado. ARCHIVO. Una vez recabadas las notificaciones de este acuerdo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. En relación con las documentales exhibidas en el presente juicio (fojas 9 a 14), dígase a la parte quejosa que conforme al artículo undécimo, párrafo tercero del Acuerdo citado, se dejan a su disposición por el término de noventa días. Apercibida que de no reclamarlas en ese plazo, éstas seguirán agregadas y tendrán igual suerte que este expediente.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
"...de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, este juzgador advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de los preceptos citados se tiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Por perjuicio se entiende para efectos del amparo la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley; o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Al respecto, cabe hacer la acotación que tratándose de los juicios de amparo en los que los actos reclamados sean resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa necesariamente debe aducir ser titular de un derecho subjetivo. Siendo insuficiente para acudir al amparo que alegue contar con un interés legítimo o simple. En otras palabras, el agravio que éstas generen en la esfera jurídica del inconforme forzosamente debe ser personal y directo sobre el derecho subjetivo del que se alega ser titular. En esa tesitura, cuando se reclama un acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sólo puede acudir al juicio de amparo quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos de manera directa y personal. Del análisis del escrito de demanda y aclaratorio, se tiene que los impetrantes refieren ser terceros extraños al juicio ordinario civil **********-IV del índice del Juzgado ********** de Primera Instancia, con residencia en **********. Se duelen medularmente de la orden de desalojo del inmueble que habitan. Así, en el caso particular, como se advierte del ocurso aclaratorio, la parte impetrante manifiesta que no es poseedora con título del inmueble del que se le pretende desalojar, sino ocupantes del predio identificado como **********, de la manzana **********, ubicado a un costado de la **********, colonia **********, perteneciente al Municipio de **********, donde viven con **********, padre de **********, quien promueve con su esposa ********** (ambos habitantes del inmueble). En el entendido que al referido ********** le corresponde el carácter de parte demandada en el expediente ********** del índice del Juzgado ********** de Primera Instancia, con sede en **********. En el cual, a decir de los promoventes, se dictó sentencia definitiva e incluso se aperturó la sección de ejecución, dentro de la cual se ordenó la desocupación de dicho inmueble. Aunado a lo anterior, del escrito de demanda y aclaratorio se advierte los promoventes pretenden instar acción constitucional en su carácter de simples ocupantes. **********-como hijo del demandado **********- y ********** -como esposa del referido **********-. En contra de actos emitidos en el referido juicio **********, dentro del cual se ordenó el desalojo del bien inmueble que habitan. Juicio seguido contra el padre y suegro de estos en su calidad de heredero de la que refieren como propietaria **********(madre del demandado). Precisado lo anterior, conviene asentar que de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 61, fracción XXIII, 62, 107, fracciones IV y V (interpretada a contrario sensu), de la Ley de Amparo; el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, en particular, por actos de autoridad que violen derechos humanos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahora, como ya se dijo, los promoventes reclaman medularmente la orden de desalojo dictada dentro de los autos del expediente **********-IV del índice del Juzgado ********** de Primera Instancia, con sede en **********, Veracruz. De tal situación se desprende que ellos no cuentan con ningún derecho (entendido como título jurídico) respecto de ese bien. Así lo confirman bajo protesta de decir verdad. Máxime que su posesión es la de unos simples ocupantes, por lo que carecen de legitimación para instar el juicio biinstancial. Lo que tiene por consecuencia su falta de legitimación para promover un juicio de amparo en contra de la orden de desocupación del inmueble citado. Sin que pueda considerarse les asista un derecho legítimo, en razón de que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional en el que se encuentran definidas las partes, así como los derechos en disputa, como ellos mismos lo manifiestan en su escrito aclaratorio...Un similar pronunciamiento se emitió al analizar la procedencia de las demandas de amparo que dieron origen a los juicios **********-III y **********-III del índice de este órgano de control constitucional, determinaciones que fueron impugnadas y confirmadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver los recursos de queja en sus expedientes ********** y **********. En tales condiciones, se desecha la demanda de mérito, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo...".
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