Sandra Verónica Sánchez Ramírez

Expediente 915/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
915/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Secretario de Salud del Gobierno Federal
  • Sandra Verónica Sánchez Ramírez
  • Gisela Ronces Sánchez
  • Oscar Castañeda Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de los expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal e incidental permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y posteriormente se procederá a su destrucción y depuración, respectivamente. Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, uno de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, en esencia, informa que el menor de iniciales L.N.V., fue inoculado con la Segunda Dosis de la vacuna contra el SARScoV2, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, como lo acredita con la carta de consentimiento que anexa. Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos, en virtud de que el pasado treinta y uno de agosto de la presente anualidad, se recibió similar información y se proveyó al respecto. Cúmplase.

  3. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el comprobante de vacunación de cuenta, remitido al presente juicio, mediante el cual se acredita la inoculación de la segunda dosis del menor quejoso directo de iniciales L.N.V., quien es parte del presente juicio de amparo. Circunstancia de la que se toma conocimiento. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa directa ** en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales M.B.V. y L.B.V., informó que dichos menores fueron inoculados con la segunda dosis de la vacuna contra el virus SAR-CoV2 para prevenir la COVID-19, refiriendo que se encontraban completos los esquemas de vacunación. Por lo anteriormente expuesto; este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó del Secretario de Salud Federal y otras autoridades, la omisión de las autoridades responsables en aplicar la vacuna contra el SARS-CoV2, a los menores de iniciales H.C.I., E.C.I., E.R.V., S.R.V., L.E.G.S., O.N.R., L.N.V., L.K.R.R., I.D.M.T., M.R.P., N.R.P., G.R.P.R., J.E.P.R., M.B.V., y L.B.V. Asimismo, de las constancias que integran los autos del juicio en que se actúa, se advierte lo siguiente: Se encuentra pendiente que la parte quejosa directa Jacqueline Vallejo Rodríguez en representación de los menores de iniciales E.R.V. quien al día de hoy cuenta con siete años de edad, y S.R.V. quien cuenta con seis años de edad, informara lo correspondiente a la inoculación de la vacuna, en cualquiera de sus dosis, para la prevención de la Covid-19 en México. Que mediante auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el incidente de suspensión del juicio de amparo en que se actúa, Patricia Rocha Reynaga, autorizada de la parte quejosa, informó que el quince de julio del año en curso, se inoculó a los menores quejosos de identidad reservada de iniciales H.C.I., E.C.I., L.E.G.S., O.N.R., L.K.R.R., I.D.M.T., M.R.P., N.R.P., G.R.P.R. y J.E.P.R., con la segunda dosis contra el virus SARS-CoV2. Que se encontraba pendiente la inoculación con la segunda dosis de la vacuna para la prevención de la Covid-19 en México, de los menores quejosos directos de iniciales L.N.V., M.B.V. y L.B.V. En ese sentido, respecto del punto número 1, la parte quejosa directa ha sido omisa en proporcionar, los comprobantes de vacunación solicitados, o bien informar la imposibilidad que ha tenido en inocular a sus menores hijos. Ahora bien, resulta imperante traer a colación la información vertida en la certificación de cuenta, a través de la cual, resulta un hecho de dominio público e indubitable que a partir del dieciséis de junio del año en curso, se aperturó el registro de vacunación para los menores de cinco años de edad en adelante sin comorbilidades, tal y como se constata de las páginas electrónicas siguientes https://www.gob.mx/salud/prensa/291-abierto-el-registro-para-que-ninas-y-ninos-de-cinco-a-11-anos-sean-inmunizados-contra-sars-cov-2?idiom=es, y https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, de tal manera que es un hecho notorio que el grupo etario de personas de cinco años en adelante, ya pueden ser vacunados. En ese sentido, resulta un hecho notorio para este Juzgador, que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que las autoridades sanitarias y, en particular, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha informado que se tomó la decisión de incluir en la Política Nacional de Vacunación a las personas de cinco años en adelante que no necesariamente tengan comorbilidades; y que a partir del día dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro para dichas personas. Luego, si los menores quejosos en cuestión al día de la fecha cuentan con siete años de edad, respecto de E.R.V, y seis años de edad respecto de S.R.V., resulta evidente que están en aptitud de completar el esquema de vacunación a través de los registros que anteriormente se describen. En ese contexto, se ve satisfecha la pretensión de la parte quejosa en el sentido de que se le incluya dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser vacunados contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Por lo que, si se toma en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en el caso de que a la parte quejosa se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a las autoridades responsables a incluirlos dentro de dicha Política Nacional de Vacunación a las personas de cinco años en adelante. Empero, como se precisó, la autoridad administrativa ya efectuó dicha acción; máxime que como la parte promovente de amparo lo señala, las personas menores de edad de que se trata gozan de buena salud; por lo que se encuentran en los supuesto previstos por las autoridades sanitarias. Lo que demuestra que han cesado los efectos reclamados, respecto de los menores quejosos directos de iniciales E.R.V y S.R.V. En diversa guisa, respecto de los puntos números 2 y 3, con la información recibida en auto de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el incidente de suspensión del juicio de amparo en que se actúa, y de la proporcionada el día treinta de agosto pasado por Karen Lizet Vázquez Jiménez, en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales M.B.V. y L.B.V., resulta evidente que estos menores y sus similares de iniciales H.C.I., E.C.I., L.E.G.S., O.N.R., L.K.R.R., I.D.M.T., M.R.P., N.R.P., G.R.P.R., J.E.P.R. y L.N.V., ya cuentan con el esquema de vacunación completo; por lo cual resulta claro que el acto reclamado, de igual forma, ha cesado. Por lo anteriormente expuesto, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con quince minutos del día de la fecha, se deja sin efectos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Incidental

    MESA VI. Toluca, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, por medio del cual * autorizada de la parte quejosa, solicita que se le informe la fecha en la que se llevará a cabo la inoculación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. Por lo anterior, no obstante que la promovente refiere un auto de tres de agosto de dos mil veintidós para apoyar su solicitud, en términos del numeral 88 de la codificación invocada en el párrafo precedente, se cita como hecho notorio el proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio principal del que deriva la presente incidencia, en el que se precisó a la parte quejosa que el día para llevar a cabo la inoculación de la segunda dosis (de los menores faltantes) está programado para el veinticinco de agosto del año en curso, en el Hospital del Niño, Instituto Materno Infantil del Estado de México, ubicado en Paseo Colón sin número, Esquina paseo Tollocan, Colonia Isidro Fabela, en Toluca, Estado de México, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, con los siguientes requisitos: Los menores de edad deberán ser acompañados solamente por uno de sus padres o tutor, debiendo identificarse con INE vigente y presentar copia simple de la misma. Presentar copia certificada y copia simple del acta de nacimiento de los menores, de su Curp y de la primera dosis aplicada. Deberán atender las instrucciones que les sean proporcionadas al momento por el personal encargado de guiar la aplicación de la vacuna, lo anterior con la finalidad de seguir los protocolos y medidas de seguridad contra el virus COVID-19, evitar conglomeraciones y agilizar el programa de vacunación. En ese sentido, hágasele nuevamente del conocimiento a la parte quejosa lo referido, a fin de que esté en aptitud de cumplir con los requisitos señalados por la responsable, haciendo énfasis a los peticionarios de amparo para que una vez que sean inoculados con la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV2, dentro del término de veinticuatro horas siguientes remitan la copia del comprobante de vacunación que lo acredite, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx y se les reitera el apercibimiento decretado en autos (multa) para el caso de que no se aporte la información solicitada o no comparezcan para que los menores quejosos reciban la inoculación correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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