Sandra Verónica Delgado King
Expediente 2556/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2556/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/01/2023
Partes del expediente
- Sandra Verónica Delgado King
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual solicita se acuse recibo del testimonio de la resolución dictada en la queja 274/2022; en consecuencia, agréguese a los autos y en atención a lo que solicita hágase del conocimiento a la Superioridad, que mediante proveído de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidas copias certificadas de los testimonios de las quejas 274, 275 y 301, todas del año en curso del índice del Tribunal citado con anterioridad, acuerdo del cual derivo el oficio 43770/2022, mismo que fue notificado ante la Oficina de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Ahora bien, con copia simple de dicho oficio, infórmese lo anterior al Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y de nueva cuenta, acúsese de recibido de los testimonios de las quejas indicadas en el párrafo anterior.
- Principal
Agréguese el escrito signado por ********************, autorizada en amplios términos de la parte quejosa, como lo solicita y visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable no ha informado lo referente al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto, con respecto al juicio laboral ********************; en consecuencia, con apoyo en el artículo 17 Constitucional, así como en los diversos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informe los actos realizados a efecto de cumplir con la ejecución de la sentencia o para el caso de que ya lo haya realizado lo acredite con las constancias correspondientes, apercibida que de no hacerlo.-
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zapopan, Jalisco, a las diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías número 2049/2021, el Juez Óscar Arturo Murguía Mesina, Titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa con el licenciado Rafael Covarrubias Mercado, Secretario que autoriza y da fe, en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario da lectura a la demanda de garantías y procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, así como del informe rendido por la autoridad responsable, el cual se tuvo por recibido en acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno; asimismo, el Secretario hace constar que en proveído de once de noviembre de la presente anualidad, por el que se admitió a trámite la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, se reconoció con el carácter de tercero interesado Tiendas Chedraui, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien resultara ser su propietario o representante legal, de la cual fue imposible lograr su emplazamiento, no obstante las gestiones llevadas a cabo por este órgano de control constitucional; a lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo por recibido el informe con justificación, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; ahora bien, no pasa desapercibido para este Juzgador, que desde el auto admisorio de la demanda de amparo, se tuvo como tercero interesado a Tiendas Chedraui, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien resultara ser su propietario o representante legal, ordenándose su emplazamiento al presente juicio de garantías en los domicilios precisados por la parte quejosa, en acatamiento a la Tesis Jurisprudencial Número 90/2010, aprobada en Sesión del tres de noviembre del dos mil diez, en que se resolvió la Contradicción de Tesis número 96/2010 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero (antes Tribunal Colegiado del Sexto Circuito) y Segundo (antes Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito), ambos en Materia Civil del Sexto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO"; sin embargo el emplazamiento a dicha tercero resultó infructuoso, según se advierte de actuaciones entre las que sobresale la constancia levantada por la Actuario Judicial adscrito este Juzgado de Distrito, por lo que este Juzgador considera que debe integrarse el presente expediente de amparo y en su caso será la autoridad responsable quien deba proceder a la localización de la parte demandada, aquí tercero interesada en la etapa de ejecución de sentencia y si bien es cierto, que el carácter de tercero interesado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso b), de la fracción III, del artículo 5o de la Ley de Amparo y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado, no menos cierto es que no puede estimarse que las personas que refiere la parte quejosa tengan interés en la omisión de la responsable al abstenerse de tramitar y resolver dentro de los términos legales el expediente laboral número 13/2012/17-F, omisión que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías; finalmente, no pasa desapercibido para este Juzgado Federal, que el informe con justificación rendido por la responsable se tuvo por recibido el siete de diciembre de dos mil veintiuno y que al día de hoy no han transcurrido los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia visible en la página once, del Tomo VI, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2001, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."; sin embargo, toda vez que los actos reclamados consisten en la paralización total del juicio laboral 13/2020/17-F, al no proveer respecto de la pruebas ofrecidas en el juicio, las cuales fueron ofrecidas en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, con lo que se impide la prosecución del juicio laboral de donde emana el acto reclamado, por lo que en el caso que nos ocupa, no es aplicable la jurisprudencia que se transcribe, aunado a que resulta más benéfico el resolver el juicio de garantías en que se actúa, que diferir por ocho días. A continuación, se abre el periodo probatorio y dentro de la etapa de admisión o desechamiento, se acuerda: con apoyo en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se admiten las documentales ofrecidas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación. Al no existir diversos medios de convicción que admitir o desechar, se cierra ese período y se abre el de desahogo, dentro del cual, con base en los numerales invocados en último término, se tienen por desahogadas, en razón de su propia naturaleza, las pruebas mencionadas, con apoyo en lo dispuesto por los numerales mencionados. Sin pruebas pendientes de proveer, se cierra esta etapa. Enseguida, se abre la de alegatos, la que del mismo modo se cierra, en virtud de que ninguna de las partes presentó escrito haciendo valer ese derecho, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Con lo anterior se dan por concluidas estas dos fases de la presente audiencia y se levanta esta acta para constancia legal, por lo que el Juez de Distrito procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 2049/2021, promovido por María José Asencio Barajas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, María José Asencio Barajas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, los que se hicieron consistir en la paralización total del juicio laboral 13/2020/17-F, al no proveer respecto de la pruebas ofrecidas en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, con lo que se impide la prosecución del juicio laboral de donde emana el acto reclamado. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, conocer de la demanda de garantías, misma que por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, la admitió a trámite; la registró bajo expediente 2049/2021; pidió informe justificado a la autoridad responsable; otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la Representación Social Federal de la adscripción; y, seguido el juicio por todos sus trámites legales, el día de hoy tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y catorce de noviembre del dos mil dieciocho, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y a la actual denominación de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Antes de analizar la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías y su anexo, atendiendo a su contenido con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación del acto reclamado, la tesis P.VI/2004, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, se advierte que lo reclamado a la autoridad responsable, consiste en la paralización total del juicio laboral 13/2020/17-F, al no proveer respecto de la pruebas ofrecidas en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, con lo que se impide la prosecución del juicio laboral de donde emana el acto reclamado. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Décimo Sétima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistentes en la paralización total del juicio laboral 13/2020/17-F, al no proveer respecto de la pruebas ofrecidas en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, con lo que se impide la prosecución del juicio laboral de donde emana el acto reclamado, lo anterior, en virtud de que al rendir el correspondiente informe con justificación, afirmó la existencia de los actos reclamados, por lo que se tiene plenamente acreditada. CUARTO. No se transcribirán los conceptos de violación, en atención a la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto dicen textualmente lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultan substancialmente fundados, atendiendo la causa de pedir. Así es, la quejosa aduce violación a la garantía de obtener justicia pronta y expedita, que contempla el artículo 17, de la Constitución General de la República, pues alega que la responsable no ha dictado la determinación correspondiente sobre la admisión o rechazo de las pruebas ofertadas en el juicio laboral del que emana el acto reclamado, no obstante que desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, reservó los autos para proveer lo conducente. Ahora bien, el artículo 17, de la Constitución General de la República en lo que interesa textualmente dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". De la lectura del artículo trascrito, se advierte que toda persona tiene derecho que se administre justicia por los tribunales jurisdiccionales competentes en los plazos y términos que fijen las leyes. En el presente asunto, la quejosa medularmente reclama que la responsable no ha dictado en el término que marca la ley, la resolución correspondiente que determine la admisión o rechazo, o bien la fecha para su desahogo de las pruebas de las cuales se reservó a proveer lo conducente desde el veinticuatro de febrero de la presente anualidad, en los autos del juicio laboral número 13/2020/17-F y hasta la fecha en que el mismo presentó su demanda no se había llevado a cabo el dictado de esa determinación. En efecto, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, concatenado con el informe justificado rendido por la responsable Decima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como la prueba documental que adjuntó al mismo, se advierte que la responsable ha sido omisa en proveer lo conducente respecto de la admisión o no de las pruebas ofertadas al juicio laboral de donde emana el acto reclamado, de lo cual se reservó a proveer desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, sin que a la fecha en que se presentó el escrito de demanda haya ordenado con conducente. Ahora bien, los artículos 838 y 883, de la Ley Federal del Trabajo textualmente en lo que interesa al presente asunto dicen: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días". Entonces, de los preceptos trascritos se advierte de manera indubitable que la responsable, debe de dictar sus resoluciones dentro de la audiencia de que se trate, o bien, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, lapso que sin lugar a dudas concluyó en exceso, no obstante haya otorgado un término de tres días adicionales; asimismo, se desprende que en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, la Junta señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, sin que a la fecha de la presentación del escrito de demanda la citada responsable haya acordado lo condecente, por lo que se estima que viola con ello lo contenido por el anteriormente citado precepto constitucional, pues la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que consagra a favor de los gobernados, tiene entre otros, el principio de que la justicia sea pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; por tanto, dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta y es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada número 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV del mes de mayo de dos mil dos, Novena Época, bajo el rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Consecuentemente, al resultar el acto reclamado violatorio de las garantías fundamentales de la quejosa María José Asencio Barajas, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Décima Sétima Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, dado el tiempo transcurrido, de inmediato acuerde conforme a derecho corresponda con relación a las probanzas ofertadas en el juicio laboral 13/2020/17-F y que se reservó a proveer desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, para que así restituya al agraviado en el pleno goce de la garantía individual transgredida. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o, 73 a 79 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María José Asencio Barajas, contra actos de la autoridad responsable, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Juez Óscar Arturo Murguía Mesina, Titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el licenciado Rafael Covarrubias Mercado, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. MAG/Fjchm EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO LIC. OSCAR ARTURO MURGUÍA MESINA EL SECRETARIO LIC. RAFAEL COVARRUBIAS MERCADO
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