Sandra Verónica de Lara Robles

Expediente 882/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
882/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Sandra Verónica de Lara Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a seis de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que a la fecha le transcurrió a la promovente el plazo de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de catorce de mayo del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Vía para la rendición de promociones. Atento a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 12/2020, 21/2020, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial -virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jesús Omar López Coronado, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la Agente del Ministerio Público Federal. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el día hábil siguiente a este Juzgado Federal, José de Jesús Mejia Santana, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "A.- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, se reclaman los actos de discusión, aprobación y expedición de los artículos de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, mediante la cual se aplicó el cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción II, inciso 1), 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170 todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. B.- DEL H. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA, se reclama la promulgación y ordenar publicar los de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, mediante la cual se aplicó el cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción II, inciso 1), 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170 todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. .- DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, se reclama el refrendo de los artículos de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, mediante la cual se aplicó el cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción II, inciso 1), 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170 todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. D.- DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS, el refrendo de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, mediante la cual se aplicó el cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción II, inciso 1), 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170 todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. E.- DEL C. DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA, se reclama la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, de los artículos de la Ley de Hacienda para el estado de Coahuila, mediante la cual se aplicó el cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documento" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción II, inciso 1), 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170 todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional. F. DEL C. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN, El cobro y la recaudación de los derechos por "inscripción de documentos" en el registro público de la propiedad de Torreón, Coahuila, así como los conceptos denominados "fomento a la educación y seguridad publica" e "impuesto adicional", contenidos de manera respectiva en los artículos 1, 54 fracción II, inciso 1), 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170 todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado, Impuesto que hoy se tilda de inconstitucional, todos de la Ley de Hacienda por el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en el Estado. Preceptos que se reclaman por su primero acto de aplicación contenidos en el pago por derechos registrales [.]" De todas y cada una de las autoridades anteriormente mencionadas de igual manera se reclaman las consecuencias que por hecho y derechos se suscitaron de la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, y dichas consecuencias consisten en la ejecución que se materializo con el recibo oficial de pago que se ofrece como prueba." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto se violaron, son los contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 639/2020-VII, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Posteriormente, el procedimiento fue suspendido con motivo de las medidas especiales decretadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus "SARS-Cov2"; luego, una vez concluida la vigencia de dichas acciones, se reanudó el presente juicio y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Secretario de Finanzas y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 54, fracción II, inciso 1), 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal de 2020. Del Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad. 2. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en el recibo con número de referencia 763289187, de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, a nombre del peticionario de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al rendir su informe justificado, negó categóricamente los actos que se le reclaman relativos a la aplicación de los preceptos que tilda de inconstitucionales, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridad responsable antes mencionada al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ella atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Además, la negativa en comento se patentiza respecto del refrendo de la legislación combatida, pues el decreto que contiene las modificaciones impugnadas por la parte quejosa, no fue refrendado por la citada autoridad responsable, ya que dicho acto corresponde únicamente al Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y así se encuentra plasmado en la publicación del ordenamiento que se reclama. Por otro lado, la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas. En el caso, aunque dicha autoridad reconoció los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre el cobro de derechos, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de la precitada autoridad sino de la voluntad del quejoso al momento de pagar los derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad. Se dice esto, pues la erogación realizada por la parte quejosa fue espontánea, sin que ello implicara la participación de la mencionada autoridad responsable, en uso de sus facultades de verificación, inspección y requerimiento en materia de contribuciones o de la exigibilidad de un crédito fiscal en forma coactiva, ya que el pago por concepto de derechos obedece a las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por la autoridad en comento, es decir, el quejoso simplemente se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Cuestión que se corrobora con el recibo de pago con número de referencia 763289187, de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, cuyo documento goza de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo . Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa óptica, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a las precitadas autoridades responsables, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ellas, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En el caso, las autoridades responsables Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Saltillo, al rendir sus correspondientes informes justificados reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición, publicación y refrendo de los preceptos cuestionados, respectivamente, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora, con relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por lo anterior, al no haber duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de la legislación y su aplicación atacada por el quejoso, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, al rendir sus informes justificados invocaron la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aducen que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. Al respecto, es parcialmente fundada la causal propuesta por la autoridad responsable, toda vez que no se demostró el acto de aplicación de las hipótesis contenidas en los artículos 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2020. Para demostrar el anterior aserto, conviene realizar un breve estudio sobre la distinción de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas, a efecto de tener una mejor perspectiva sobre la naturaleza de la causal de improcedencia invocada. Así, se tiene que existen normas cuya sola promulgación implica obligatoriedad inmediata a cargo de los ciudadanos o categorías de ciudadanos por ellas previstas, obligatoriedad que es efectiva y actual por tratarse de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenidas, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, es decir, no requieren de un acto posterior para crear, transformar, extinguir y en general, producir efectos en las situaciones concretas de derecho a las que están destinadas a regir. Estas disposiciones legales que son jurídicamente efectivas sin depender de ningún acto de aplicación concreto y ulterior, engendran, por el solo hecho de su expedición, la afectación de las esferas o hipótesis en ellas comprendidas y se denominan autoaplicativas o de individualización incondicionada. En cambio, hay otras normas cuyos efectos se producen de manera paulatina, por cuanto que su sola expedición no trae consigo la afectación de las situaciones prácticas en que operan, sino que es indispensable la comisión de una conducta aplicativa posterior que imponga y obligue a obedecer los mandatos en el propio ordenamiento, acto que está a cargo de una autoridad distinta a la decisoria; su observancia, pues, está supeditada a la realización de un hecho posterior de autoridad, por lo que su mera existencia o su sola promulgación, no causa perjuicio a la esfera jurídica de derechos de los gobernados en forma inmediata; a estas normas se les llama heteroaplicativas o de individualización condicionada. Al respecto, cobra aplicación la tesis jurisprudencial P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 198200, de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICA TIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Dicho lo anterior, como quedó señalado en el considerando segundo de esta sentencia, la parte quejosa reclama la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 54, fracción II, inciso 1), 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2020; ello, con motivo del que se considera su primer acto de aplicación materializado en el recibo 763289187, de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte. Al respecto, es cierto que el quejoso reclama la ley en su naturaleza heteroaplicativa, sin embargo, no acredita el acto de aplicación de las hipótesis contenidas en los artículos 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2020, ya que dichos preceptos establecen el cobro de otros derechos que no aparecen liquidados en el mencionado recibo. Es así, pues la contribución enterada por el quejoso corresponde únicamente a la hipótesis del artículo 54, fracción II, inciso 1), que establece el pago de derechos por inscripción de documentos relativos a la propiedad de bienes inmuebles, aplicando una tarifa de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), en este caso, por la operación realizada por la parte quejosa y que se refiere a la transmisión de dominio de bien inmueble, según se describe en el mencionado recibo de pago. Consecuentemente, al no acreditarse la aplicación de los supuestos que contienen los numerales 55, 56 fracciones II, VII, 58, 59 fracciones I, V, IX, X, 166, 167, 168, 169 y 170, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2020, claro es que no causan perjuicio al quejoso al ser de naturaleza heteroaplicativa, de manera que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con base en la cual procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a dichos numerales. Es así, pues en tratándose del amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo (como en el caso), el interés jurídico debe probarse fehacientemente, ya que no es suficiente que el quejoso se queje de la afectación que le causa la legislación reclamada, sino que debe probar el menoscabo jurídico que le causa el acto reclamado en lo particular, lo que implica al mismo tiempo la oportunidad y obligación de allegar los medios de convicción eficaces y suficientes para demostrar tal extremo. Lo anterior, ya que la demostración del interés jurídico del amparo contra leyes, no puede presumirse ni suponerse, sino que requiere de una demostración objetiva para estar en aptitud de abordar el estudio de las violaciones alegadas habida cuenta de que ello constituye un presupuesto indispensable para que proceda la acción constitucional intentada. Esto es así, pues de ser posible suponer el interés jurídico de la quejosa, se llegaría al extremo de que el peticionario pudiera encuadrarse en cualquiera de las disposiciones que comprende el ordenamiento impugnado y otorgar la protección constitucional, obligando al estado a resarcirle una afectación, por lo que lo hasta aquí estudiado pone en evidencia y evita tal acto irremediablemente separado de la finalidad del juicio de amparo. Sirve a lo expuesto, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 193-198, primera parte, página 180, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4º. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." Por otro lado, la causal en comento es infundada respecto de los demás numerales reclamados por la parte quejosa, pues como ya se dijo, del recibo de pago con número de folio 763289187, aparece que la parte quejosa enteró los derechos por inscripción de una operación de transmisión de dominio de bien inmueble, en términos del artículo 54 fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal de 2020. Por tanto, se tiene por acreditada la autoliquidación respectiva, pues como se dijo, de tal documento se advierte el supuesto normativo de causación que prevé dicho numeral, con lo cual se acredita fehacientemente el interés jurídico del peticionario del amparo para combatir la norma en el presente juicio. De ahí lo infundado de la causal de improcedencia en estudio, respecto del artículo 54 fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal de 2020. En apoyo a lo expuesto, se invoca la tesis jurisprudencial 30/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, junio de 1996, página 558, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada". De igual modo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 5/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, febrero 2016, página 657, del texto siguiente: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley". Por otro lado, la precitada autoridad responsable señala que al quejoso se le aplicó un beneficio fiscal derivado del "Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales", por lo cual, atendiendo a las cantidades estipuladas, se generó un descuento que disminuyó las cantidades pagadas por los derechos a que se refiere el artículo impugnado, con lo cual no se afecta el interés de la parte quejosa. Sin embargo, esa afirmación resulta infundada, porque, según se analizó, el precepto reclamado sí fue aplicado al peticionario de amparo, por lo que, aunque sea cierto que se le otorgó un beneficio fiscal, traducido en un descuento de la cantidad total, esa deducción fue posterior a la aplicación del numeral cuestionado, lo que, sin duda, revela que tiene como presupuesto la determinación del cobro del derecho para poderse aplicar el estímulo; de ahí que, el hecho de que se otorgue ese beneficio de ninguna manera implica dejar de aplicar el artículo impugnado, porque no incide en la determinación de su base gravable, sino en reintegrar cantidades previamente determinadas. En ese sentido, se reitera, la propuesta de improcedencia en estudio es infundada. En otro entorno, no es inadvertido lo alegado por la autoridad fiscal en el sentido de que la parte quejosa consintió expresamente la norma reclamada, debido a que aceptó los estímulos fiscales para el pago de los derechos de registro. Sin embargo, tal afirmación resulta infundada, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido el criterio de que si el quejoso presenta demanda de amparo contra la aplicación de una ley tributaria dentro del plazo legal computado a partir de que realizó el pago para gozar de la reducción de un porcentaje, tal proceder, no extraña el consentimiento de la norma que establece la contribución, dado que dicho pago se realiza para cumplir con sus obligaciones tributarias; sin que tal proceder torne improcedente el juicio de amparo, ya que al adoptar ese beneficio el sujeto obligado exclusivamente acata cumplir con las cargas fiscales. Se invoca la jurisprudencia 55/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo del 2010, página 830, que indica: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. NO LO ACTUALIZA EL PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA GOZAR DE LA REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE SOBRE SU MONTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 68/97, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE.", sostuvo que si el quejoso presenta demanda de amparo contra una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, tal proceder no constituye una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la norma que establece la contribución, pues dada la naturaleza fiscal de ésta, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada. Ahora bien, la circunstancia de que algunas leyes fiscales ofrezcan a sus destinatarios alguna reducción en las cantidades a enterar por su pago anticipado, esto es, por cubrirlas con anterioridad a la fecha ordinariamente programada para su recaudación, no implica una inexorable sumisión que torne improcedente el juicio constitucional, ya que al adoptar ese beneficio el sujeto obligado exclusivamente acepta cumplir oportunamente sus cargas fiscales, y esa observancia puntual de la ley no puede sancionarse con la supresión del acceso al juicio de garantías, ya que la sumisión al pago de las contribuciones, sea porque pese sobre el contribuyente la amenaza del cobro coactivo o por el estímulo del beneficio de una disminución que premie su pago anticipado, constituyen dos formas de conminar al sujeto pasivo del tributo para cumplir con sus obligaciones tributarias, de manera que este actúa para evitar sanciones o para obtener adicionalmente disminuciones en sus pagos, pero no por voluntad propia. Consecuentemente, si el juicio de amparo se promueve en tiempo y forma legales, contra el pago anticipado del impuesto predial que el contribuyente se autoliquide, no se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En otro entorno, este juzgado advierte que respecto a los actos reclamados al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistentes en la refrendo y publicación de la legislación impugnada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Lo anterior, en virtud de que no les corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que los actos que se les reclaman no fueron impugnados por vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo del Decreto tildado de inconstitucional. En efecto, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". (Lo subrayado es de este juzgado) La fracción transcrita establece que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y/o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, deben ser señaladas como responsables únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios; es decir, que en la demanda de amparo se formulen conceptos de violación tendientes a desvirtuar por ilegal el procedimiento mismo del refrendo y publicación de la normativa señalada como inconstitucional. De ahí que, al efectuar una interpretación de este numeral en sentido contrario, si no se reclaman vicios propios del proceso de refrendo y publicación de una norma tildada de inconstitucional, las autoridades emisoras no pueden ser consideradas como responsables en el juicio de amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte impetrante haya formulado concepto de violación alguno tendiente a combatir de ilegal el procedimiento de refrendo y publicación de la norma reclamada en el que tienen participación las autoridades en comento. Por tanto, al no combatirse vicios propios de su actuación en el proceso legislativo del Decreto reclamado, no les corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos de esta instancia. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del refrendo y publicación atribuida al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o.86 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 07 de agosto de 2015, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." Luego, toda vez este juzgador no advierte otra causal de improcedencia, ni otra hecha valer por las autoridades responsables, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Es fundado uno de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en relación a los actos reclamados al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, por las consideraciones que enseguida se exponen. En dicho motivo de disenso, la parte quejosa aduce que el artículo reclamado vulnera en su perjuicio los derechos de proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que establece el cobro de derechos que no atienden al costo del servicio prestado. Ello, porque sostiene que la determinación de los derechos causados por la inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, se sujetan a elementos extraños al costo que para el Estado representa la prestación de ese servicio, de tal manera que, por un mismo servicio se pagan diferentes tarifas, lo que no atiende a la capacidad contributiva del sujeto obligado ni da el mismo tratamiento a todos los que solicitan el servicio referido. Pues bien, el aludido concepto es fundado en la medida de que, efectivamente, el precepto combatido es violatorio del artículo 31, fracción IV, Constitucional, que establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Del precepto antes transcrito, se colige que en materia tributaria las leyes y los actos deben atender entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad. En materia de derechos por servicios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vista del respeto a los principios constitucionales en materia fiscal de equidad y proporcionalidad tributaria, para fijar el monto de tales derechos debe atenderse al objeto real del servicio prestado por el ente público y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Para corroborar lo anterior, resulta aplicable en su esencia la jurisprudencia 174, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, página 212, del tomo I, materia constitucional, 1917-2000, del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos." Es preciso puntualizar, que la proporcionalidad en las contribuciones establecidas por un servicio prestado por el gobierno en su carácter de persona de derecho público, en la actualidad se entiende no como el costo exacto, o aproximado a una contraprestación otorgada por el pago de una cuota y en función de la capacidad económica de los causantes del servicio solicitado. La proporcionalidad de los derechos debe darse en función de la interdependencia razonable entre el monto del pago de una cuota y el servicio prestado por el gobierno en uso de una función administrativa. El Tribunal Superior del País, ha establecido que, por equidad, debe entenderse como el trato igual para quienes realizan un mismo hecho imponible, es decir, para los contribuyentes; que se encuentran en la misma hipótesis de causación contenida en la norma tributaria, debe existir un tratamiento idéntico en relación con el pago del tributo. Así es, el principio de equidad en las contribuciones fiscales significa, solamente, que la norma legal que establece el tributo dé un trato igual a los gobernados que se encuentran comprendidos dentro de supuestos análogos y que reciban un similar servicio. En efecto, la equidad tributaria hemos de entenderla como el procurar que el impacto del gravamen sea el mismo para todas los sujetos obligados al pago de la contribución, siempre y cuando estén colocadas en la misma hipótesis de causación, ya que si realizan iguales actos, tienen similares bienes o riqueza, deben ser tratados en igualdad de condiciones, en cuanto al deber de aportar una parte de su capital para cubrir el gasto público y que esa equidad sea general, uniforme, justa y apegada a la legalidad, tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales, en relación con su capacidad económica. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis P./J.41/97 y P./J.42/97, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, consultable en las páginas 43 y 36, tomo V, junio de 1997, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos siguientes: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes Públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica". "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes Públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." Cuando se trata de derechos, como contribución, estos principios, como ya se señaló, se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, pues, para que se respete, la determinación de tal derecho, debe tomar en cuenta, el costo que representa para el Estado, la ejecución del servicio solicitado. Sentado el estudio sobre los principios constitucionales de cuya trasgresión se duele la parte quejosa, resulta importante transcribir el contenido de los artículos que establecen los derechos a pagar por el servicio prestado por el Registro Público, a saber: "TITULO III DE LOS DERECHOS (REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) CAPITULO PRIMERO POR SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO (REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) SECCION PRIMERA POR SERVICIOS DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) PRIMERA PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (ANTERIORMENTE ARTÍCULO 79, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) (REFORMADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017); II. Se pagará una cuota de $14,317.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. 2). Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades civiles y asociaciones de carácter civil, así como cualquier modificación a la escritura constitutiva. 3). Los contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria para su perfeccionamiento. 4). La inscripción de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; la de los títulos por virtud de los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, distintos del dominio; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas. 5). (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 6). Las inscripciones que deriven de la inscripción de actos jurídicos por los que se deban pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción II y 61, de la Sección de Comercio. 7). La inscripción de títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital y sólo sean consecuencia legal de contratos que se otorguen por las mismas partes que figuran en la primera escritura, sin aumentar el capital ni transferir derechos. 8). La inscripción del título o contrato cuando se aumente el capital o se transfiera algún derecho. (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. (ANTERIORMENTE ARTÍCULO 79-A, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017); ARTÍCULO 55. En la inscripción o registro de los documentos que se describen en la fracción II incisos 1), 4) y 8) del artículo anterior, si el valor de la operación que se contenga en el documento excede de $1'348,800.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), se pagará adicionalmente por lo que exceda de dicha cantidad el 6 al millar. ARTICULO 60.- Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) II. Se pagará una cuota de $14,317.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 1). La inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 2). Tratándose de sociedades mercantiles de capital fijo, por los aumentos de capital que se presente para su inscripción y sus modificaciones; (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 3). La inscripción de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. III. (DEROGADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) IV. (DEROGADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)"." De lo antes transcrito, se colige que la contribución prevista en dichos numerales constituye un derecho que conforme al artículo 3, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Coahuila, se define como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. En ese contexto, para determinar si la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la porción normativa combatida, cumple con los principios de proporcionalidad y equidad en materia de contribuciones, se debe comprobar si los derechos que prevé atienden exclusivamente al costo real que para el Estado tenga la prestación del servicio, en términos de lo antes expuesto. Este estudio se realiza de la siguiente manera: A) ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN II, INCISO 1), DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. Pues bien, conviene precisar que el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, dispone lo siguiente: "ARTICULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) II. Se pagará una cuota de $14,317.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 2). Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades civiles y asociaciones de carácter civil, así como cualquier modificación a la escritura constitutiva. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 3). Los contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria para su perfeccionamiento. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 4). La inscripción de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; la de los títulos por virtud de los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, distintos del dominio; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas. 5). (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 6). Las inscripciones que deriven de la inscripción de actos jurídicos por los que se deban pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción II y 61, de la Sección de Comercio. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 7). La inscripción de títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital y sólo sean consecuencia legal de contratos que se otorguen por las mismas partes que figuran en la primera escritura, sin aumentar el capital ni transferir derechos. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 8). La inscripción del título o contrato cuando se aumente el capital o se transfiera algún derecho. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. (REFORMADO Y REUBICADO [N. DE E. ANTES ARTÍCULO 79-A], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) En el caso concreto, el precepto impugnado señala que, para el pago de inscripción de documentos relativos a la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio o la posesión de bienes inmuebles, el Estado cobrará una cuota de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Así, al hacer una interpretación meramente literal de dicho precepto, se puede pensar que la cantidad de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional) atiende a una cuota fija y que, con ello, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad que debe imperar en materia tributaria en razón de que ésta sería igual para todos los que acudan a realizar el trámite respectivo. Sin embargo, dicho dispositivo vulnera los principios tributarios citados, en virtud de que no atiende al costo del servicio que presta la administración pública; sino al valor a que asciende lo que ha de inscribirse. En efecto, importa destacar que una disposición jurídica si bien tiene un contenido "prima facie", entendiéndose por ello, lo que se aprecia a primera vista o en principio; sin embargo, no sólo goza de esa dimensión lingüística, ya que una vez promulgada, se inserta en un conjunto ordenado al que denominamos "sistema jurídico", que obliga a todo interprete a analizar las disposiciones, no de una por una o aislando una del resto, sino que, teniendo en mente la propia funcionalidad del sistema, analizarlas bajo un criterio sistemático a fin de saber cuál es el verdadero signi?cado del enunciado normativo y, con ello, conocer cuáles son las consecuencias y efectos que tendrá la norma sobre la esfera jurídica de los gobernados. Más aún, porque atendiendo a la completitud de dicho sistema jurídico, no sólo existen normas expresas, sino también las implícitas que derivan de una simple inferencia analógica (a contrario). Bajo esa óptica, en el caso, aun cuando el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la ley citada, establezca, prima facie, una cantidad única de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de derechos de inscripción de documentos relativos a la propiedad, no puede considerarse como disposición equitativa y que no atienda a ningún elemento ajeno para determinar su cuantificación; pues el diverso numeral 55 del mismo ordenamiento, hace una referencia expresa al artículo que le precede, al disponer lo siguiente: "ARTICULO 55. En la inscripción o registro de los documentos que se describen en la fracción II incisos 1), 4) y 8) del artículo anterior, si el valor de la operación que se contenga en el documento excede de $1'348,800.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), se pagará adicionalmente por lo que exceda de dicha cantidad el 6 al millar." Consecuentemente, resulta válido afirmar que las anteriores disposiciones conforman la siguiente norma positiva: ? Por concepto de pago de derechos por la inscripción de títulos relativos a la propiedad, cuya operación sea igual o menor a $1'348,800.00 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), se cobrará $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional) y respecto de las operaciones mayores a esta cantidad, se cobrará el 6 al millar sobre el excedente. Lo que incluso se corrobora con la información mostrada en la página oficial de internet del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Coahuila de Zaragoza, la cual constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se desprende que, en el rubro de "pago de derechos registrales", para proceder a la cuantificación respectiva, además de mencionar el número de escritura, se requiere que el interesado proporcione el monto de la operación, así como el monto catastral, para que en su caso, la autoridad responsable verifique cuál de esas cantidades es la mayor y así saber si aplica la cuota de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional) o si además, aplica la tasa del 6 al millar. Así las cosas, para el suscrito juzgador resulta indudable que los artículos 54, fracción II, inciso 1), y 55, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho, como lo es el valor de lo que ha de inscribirse; lo que resulta violatorio a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, ya que se están tomando en cuenta elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, siendo que en el caso no se trata del pago de un impuesto, sino del pago de derechos que, como ya se dijo, sólo deben analizarse en función de la correlación que guarda entre la cuota a pagar y el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos. Para mejor comprensión, podemos preguntarnos ¿Por qué alguien cuyo título contiene una operación de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N).), no paga lo mismo que alguien cuya operación asciende a $1,000,000.00 ( un millón de pesos 00/100 moneda nacional). Como primera respuesta sería dable señalar que es porque el de la operación de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N).), se ubica en el supuesto normativo contemplado en el artículo 55, de la legislación citada; empero, la respuesta correcta es porque existe un trato inequitativo derivado de dicho elemento ajeno atinente al costo de la operación; pues este resulta totalmente subjetivo y, desde luego, no guarda congruencia con el servicio prestado. En ese punto sirve volver a los cuestionamientos: ¿por qué el legislador no estableció una cuota única que contemplara las operaciones por cantidades de hasta $1, 500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional)? o ¿por qué no una de hasta $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional)? o ¿por qué simplemente no estableció un pago único y universal como derecho de inscripción de todos los títulos, con independencia del valor de la operación que contienen?, precisamente atendiendo a los lineamientos establecidos por nuestro Máximo Tribunal. Así, desde el momento en que el legislador establece de forma implícita, distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción, que dependen de que el valor de la operación, sea igual o menor a $1'348,800.00 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional) cuando se trate de la inscripción de títulos relativos a la propiedad, vulnera los derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, en atención a que no existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, ya que no se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En ese sentido, lo anterior refleja que el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2020, es violatorio de los derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, en atención a que paga más derechos el contribuyente que solicita el registro de una operación relacionada con un negocio de mayor cuantía, siendo que ese aspecto no guarda relación alguna con el costo de la prestación del servicio. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 95/2009 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, de la Novena Época de rubro y contenido siguientes: "DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero." Ahora, no se desatiende que dentro la norma combatida (54, fracción II, inciso 1), el legislador estableció que para los servicios de inscripción se incluyen los costos para su revisión, calificación, publicidad, disposición para su consulta, conservación y archivo, etcétera, cómo forma de justificar la cuota de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional); empero, con ello no se explica el por qué se está tomando el valor de la operación para saber si sólo se cobra los $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional) o además, el seis al millar. Lo que se explicaría sólo si se asumiera una postura en que a mayor valor o costo de la propiedad, mayor es el gasto que se genera para la revisión, calificación, publicidad, disposición, conservación y archivo del documento; lo que, desde luego no es así, pues el servicio de inscripción es el mismo. En resumen, es válido afirmar que desde el momento en que existe más de una cuota como contraprestación para el pago de inscripciones ante el Registro Público, es decir, una para operaciones mayores a un millón trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos, cuando se trate de la inscripción de títulos relativos a la propiedad, y otra para las que sean menores a dicha cantidad, ello por sí sólo es indicativo que dicha tarifas no se fijan de acuerdo al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31 Constitucional, al existir diversas cuotas para el mismo servicio público. Es decir, tales disposiciones constituyen un sistema normativo para regular el servicio de inscripción, de ahí que, debe concluirse que no se encuentra justificada la diferenciación en las tarifas que describen los precitados numerales, aunque se trata del mismo despliegue técnico por parte del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, por ende, se genera una vulneración al principio proporcionalidad tributaria previsto en el aludido precepto constitucional. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia PC.VIII. J/12 A (10a.), emitida por el Pleno del Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020403, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, materia administrativa, página 3634, que dice: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II, 79-A, 79-B, 82, FRACCIÓN IV, 82-A Y 82-B DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2017, QUE PREVÉN EL PAGO DE DIVERSAS CUOTAS POR AQUEL CONCEPTO, CONFORMAN UN SISTEMA NORMATIVO CON IDENTIDAD DE OBJETO AL REGULAR EL MISMO SERVICIO PÚBLICO. Del análisis de los artículos 79-A, 79-B, 82-A y 82-B de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en 2017, se evidencia que son interdependientes de los diversos preceptos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la misma legislación, al existir entre ellos una vinculación que revela una relación directa entre sí, indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa y fuente, en virtud de que establecen el pago de diversas cuotas por derechos por servicios registrales de actos jurídicos sobre la adquisición de bienes inmuebles, derechos reales o créditos; por tanto, constituyen un sistema normativo con identidad de objeto, lo que implica que deben ser analizados en cuanto a su sentido, alcance y aplicación, para determinar si la cantidad que contemplan refleja el costo del servicio para el Estado." En consecuencia, procede otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, contra el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2020, ya que es inconstitucional por violentar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en términos de la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya quedó precisado anteriormente. B) PAGO DE CUOTAS MÍNIMAS COMO CUMPLIMIENTO AL DEBER DE CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO. Ahora bien, previo a establecer los efectos del amparo, es importante destacar que la Segunda Sala de nuestro más alto tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS", ha sostenido que cuando un "derecho" resulta inconstitucional en razón de que su cobro no guarda relación con el servicio prestado por el Estado, los efectos del amparo no pueden ser para que se libere al contribuyente de la totalidad del pago del derecho, ya que al existir un servicio otorgado, implica que necesariamente hubo una erogación por parte del gobierno para el trámite y registro respectivo, de ahí que los usuarios no pueden obtener tal derecho sin pagar algún costo, sino que deberán pagar la cuota mínima fija, la cual se entiende justa para el pago del derecho en cuestión, en virtud de que dicha cantidad es igual para todos los contribuyentes que reciben el mismo servicio. No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no resulta aplicable la jurisprudencia citada, ya que la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza no contempla una cantidad mínima "general", aplicable a todos los supuestos para el pago de inscripción relativos a la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio o la posesión de bienes inmuebles; de tal manera que no existe una tasa común en el que incidan todos los solicitantes de dichos servicios; lo que no permite que la parte quejosa liquide los correspondientes derechos por una cantidad mínima, pues como se dijo, ésta no se establece en el aludido dispositivo impugnado. Máxime que el vicio de inconstitucionalidad de las normas recae en uno de los elementos esenciales del tributo como es la base gravable y no en alguna variable, de ahí que todo el sistema impositivo queda afectado. s decir, tal como se analizó, los artículos 54, fracción II, inciso 1), y 55, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, prevén distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, atendiendo al valor de lo que ha de inscribirse, de ahí que se encuentra viciado un elemento esencial de la contribución, y al estar afectado tan sólo uno de ellos, afecta el mecanismo esencial del tributo, lo que implica que éste no pueda subsistir y, por tanto, la concesión del amparo, debe ser para que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo en cuestión. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio jurisprudencial PC.VIII. J/7 A (10a.) emitido por el Pleno del Octavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo II, de la Décima Época, de rubro y contenido siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PÚBLICO RELATIVOS A LA PROPIEDAD Y AL COMERCIO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II Y 82, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2015, DERIVADA DE DIVERSOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De la jurisprudencia P./J. 62/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 11, con el rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se advierte que si el vicio de inconstitucionalidad de la norma recae en uno de los elementos esenciales del tributo y no en alguna variable, todo el sistema impositivo queda afectado, de manera que el efecto del amparo será desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria. Ahora bien, los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en 2015, prevén, respectivamente, distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción o registro de documentos relativos a la propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como de créditos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, atendiendo al valor del inmueble o monto de la operación, lo que de acuerdo con diversos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Consecuentemente, si la inconstitucionalidad de dichos preceptos reside en sus elementos esenciales, al calcular los derechos conforme a uno ajeno, los efectos del fallo protector consisten en que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria y le sean devueltas las cantidades pagadas por concepto de derechos de registro, sin que con ello se contraríe la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 1244, con el rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.", al ser inaplicable por no prever las disposiciones reclamadas una tarifa mínima." OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y en vigor a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. 2. Deje insubsistente el pago contenido en el recibo de cuatro de agosto de dos mil veinte, expedido a nombre del quejoso con número de referencia 763289187. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva al justiciable las cantidades pagadas en el mencionado recibo, si se tiene en cuenta que el contribuyente fue objeto de subsidio. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, de la Novena Época de rubro y contenido siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Cabe aclarar que con independencia de que en este juicio se hubiese sobreseído respecto a la autoridad denominada Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, esta determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia, entre ellas a la autoridad antes citada; y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236 emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 159, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por José de Jesús Mejia Santana, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José de Jesús Mejia Santana, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica al quejoso. Estado de autos. Vista la certificación que antecede se advierte que han transcurrido los cinco días concedidos a la parte quejosa en auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, a efecto de que aclarara su demanda de amparo, sin que lo hiciera. No presentada. Atento a lo anterior, dado que la parte quejosa no desahogó el requerimiento en cuestión; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, lo procedente es tener por no presentada la demanda de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Oficio. Se tiene por recibido el oficio 3161/2021-SA, signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el contenido del acuerdo de presidencia de doce de julio de dos mil veintiuno, dentro del amparo directo civil 557/2021, por medio de la cual, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo directo promovida por Sandra Verónica de Lara Robles, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, del Ramo Mercantil, con residencia en esta ciudad, por medio de la cual, declinó competencia, a favor un Juzgado de Distrito en La Laguna, correspondiendo por turno, a éste órgano jurisdiccional. Acuse de recibo. Gírese el acuse de recibo de estilo. Se avoca al conocimiento del asunto. Este juzgado acepta la competencia declinada y asume el conocimiento del asunto. Registro. Regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 882/2021-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Suspensión del acto reclamado. En relación a la suspensión del acto reclamado, concedida por la autoridad responsable, y en atención a lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, debe decirse que la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, en auxilio de la Justicia de la Unión, ha dejado de surtir efectos, a partir de que este órgano jurisdiccional asume el conocimiento del asunto, toda vez que tal determinación la realizó dentro del trámite del amparo promovido en la vía directa, por lo que a partir de este momento, se deberá de estar a las reglas que rigen la vía indirecta para la tramitación del mismo; aunado a que la autoridad responsable no se encuentra facultada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo competencia de los jueces de distrito. De ahí que la medida cautelar decretada por la responsable ha dejado de surtir sus efectos, con este auto inicial. Se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 85/2016 sustentada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, página 1105, del texto siguiente: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL AMPARO DEL QUE DERIVA DICHO RECURSO SE REMITE POR INCOMPETENCIA A UN JUZGADO DE DISTRITO A PARTIR DE QUE EL JUEZ INICIA SU TRÁMITE. Cuando un tribunal colegiado de circuito se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo, por corresponder a un juez de distrito su trámite y resolución, debe declararse sin materia el recurso de queja promovido con fundamento en el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la situación de facto sobre la suspensión y los medios de defensa relacionados, está supeditada al trámite del amparo directo, pues la autoridad responsable emite su decisión en torno a la suspensión u omite pronunciarse al respecto, en su carácter de auxiliar de la Justicia Federal y, por tanto, al declararse incompetente el tribunal colegiado de circuito para conocer del juicio de amparo, pierde esa calidad, para conservar únicamente la de autoridad responsable y deja de tener capacidad legal para resolver sobre la suspensión y, en consecuencia, la materia del recurso de queja, ya sea en su omisión o pronunciamiento, desaparece cuando el juez de distrito recibe los autos del juicio de amparo e inicia su trámite". Prevención. Con fundamento en el artículo 114 fracciones I, II, IV y V, en relación con el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, -como establece el párrafo segundo del numeral 114, de la Ley de la Materia-, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, aclare la demanda de amparo en los siguientes términos: i. Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Lo anterior es así, dado que resulta necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, y de su demanda de amparo se advierte que aun cuando manifiesta algunos antecedentes, no formula la totalidad de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia 1.15º.A.28 K, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2613, tomo XXVI, septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 64/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 713, tomo I, noviembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable". ii. Precise cual es el acto que reclama, puesto que no es claro en el apartado relativo. Ello es así, en tanto que en la demanda de amparo señala que es la orden de embargo de dieciocho de mayo del año en curso, sin que precise si ya se llevó a cabo la misma. iii. Si el acto reclamado lo constituye el acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso, dentro del juicio ejecutivo mercantil 121/2021, deberá precisar si contra dicho acuerdo interpuso el medio de defensa ordinario, y en su caso, el trámite que se dio al mismo y en caso de que el acto reclamado sea una diversa actuación, también deberá precisar si interpuso el medio de defensa ordinario. iv. Señale si tiene el carácter de parte demanda en el juicio mercantil de origen y en su caso, si compareció al mismo. v. Asimismo, deberá precisar cuáles son las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, así como el estado procesal que guarda el mismo, y en caso de existir sentencia definitiva, indique, cuales son las prestaciones a que fue condenada. vi. Asimismo deberá señalar, en caso de haberse efectuado el embargo respectivo, cuales son los bienes embargados. vii. Señale con el carácter de terceros interesados a la totalidad de las partes del juicio de origen, debiendo precisar el carácter que ostentan en el mismo, así como su domicilio, para estar en aptitud de llamarlos a juicio. viii. Deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que éste último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Son aplicables las jurisprudencias P./J. 35/2001 y P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles -ambas- en la página 503, Tomo XIII, de mayo de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros a continuación se transcriben: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA". "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibimiento. De incumplir con las prevenciones que en este acuerdo se le formulan, dentro del término concedido, se acordará lo que en derecho corresponda. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tiene como autorizados únicamente para oir yrecibir notificaciones a las personas que menciona en su escrito de demanda, en tanto que su cédula profesional no se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Con fundamento en los artículos 22 y 28 del precitado acuerdo general 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notificación personal. Para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con el promovente, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Entrega de oficios. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Reserva notificación. En atención a que es del conocimiento oficial que las autoridades responsables, así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, se encuentran gozando de su periodo vacacional, una vez que reanuden labores, sin necesidad de nuevo acuerdo, háganse las notificaciones del presente proveído. Notifíquese personalmente.

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