Sandra Velazquez Lara

Expediente 502/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
502/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Sandra Velazquez Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovido por *****, por propio derecho y en su carácter de Presidenta y Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, quienes promueven contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y otra autoridad. Regístrese en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 502/2022 y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que ******, por propio derecho y en su carácter de Presidenta y Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 235/2010. En el caso, respecto del acto reclamado por la quejosa Sandra Velázquez Lara, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del artículo antes transcrito, se advierte que para que opere la causal de improcedencia antes transcrita se requiere la existencia de los siguientes elementos: a) Que se haya promovido con anterioridad otro juicio de amparo; b) Que ese juicio se encuentre pendiente de resolución, en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Que exista entre ambos juicios coincidencia en cuanto a la parte que figura como la parte quejosa, las autoridades responsables y el acto reclamado. Dichos elementos se encuentran acreditados fehacientemente en el caso a estudio, con las constancias que obran en autos del juicio de amparo 42/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se tiene a la vista como hecho notorio atento a lo que dispone el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se advierte lo siguiente: El juicio de amparo 42/2022, del índice de este Juzgado Federal, fue promovido por ******, por propio derecho y en representación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, donde reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la multa consistente en doscientos cincuenta días de salarios mínimos impuesta mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral de origen 235/2010. La audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de mayo de dos mil veintidós. Entonces, de conformidad con la citada norma, para que opere la causal de improcedencia aludida, se requiere que el acto reclamado sea el mismo que la parte quejosa reclamó en otro diverso juicio de amparo, contra la misma autoridad responsable y que se encuentre en trámite o en revisión; en virtud, que se considera que la finalidad de la causal de improcedencia prevista por el legislador es evitar la emisión de sentencias contradictorias. Esto es así, en virtud de que en dicho juicio (42/2022), la quejosa *****, promovió en contra de la misma autoridad responsable (Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero), en donde reclamó el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 235/2010. Luego, en el presente juicio de amparo (42/2022), señaló como acto reclamado, el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 235/2010, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero (que constituye el acto reclamado en aquél juicio). Por tanto, basta la comparación entre el juicio de amparo identificado con el expediente número 42/2022, con el presente (502/2022), para advertir que se trata de la misma quejosa, la misma autoridad responsable y en esencia, el mismo acto reclamado. En las relatadas condiciones, al advertirse de la demanda de amparo que nos ocupa, que el acto que se reclama es materia de otro juicio de amparo, el cual se encuentra en trámite, en este mismo juzgado federal; es inconcuso que se da la figura de la litispendencia y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se sobresee en el presente juicio con fundamento en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la Tesis I.11o.C.31 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2019187, Décima Época, libro 63, Febrero de 2019, tomo II, visible a página 3029, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Ahora bien, respecto del acto reclamado por ******, por propio derecho y en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, y ésta última ligada a los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, 6° y 7°, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 7°. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares..." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - - Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. En esas circunstancias, ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las jurisprudencias 2a./J. 142/2017 (10a.), 2a./J. 103/2014 (10a.), 2a./J. 3/2001 y 2a./J. 65/2015 que la imposición de las medidas de apremio a un servidor público -como en el caso de una multa-, constituyen una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla con su propio peculio, no así con el presupuesto asignado a la dependencia del gobierno de que se trate; de ahí que la multa así impuesta es susceptible de violar derechos fundamentales de la persona física, afectando su esfera jurídica, por lo que tal persona, por derecho propio o por conducto de apoderado legal mediante testimonio notarial, es la única legitimada para promover el juicio de amparo en su representación, y no así algún funcionario designado como: 1.- apoderado legal del titular de la dependencia al que se le impuso multa o 2.- apoderado legal de la defensa jurídica de la dependencia en lo particular. Sirve de apoyo por analogía en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 775, que dice: "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. La multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos; sin embargo, la multa referida se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, de manera que no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. Además, el legislador no distinguió respecto del alcance, términos, situaciones o etapas procesales en que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo podría verificarse, sino que fue tajante al prever en el artículo 9o. de la Ley de Amparo que sería "para todos los trámites en el juicio de amparo", lo que se corrobora con las facultades con que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. Lo anterior no implica que la persona moral tenga legitimación como parte en el medio de impugnación que cuestiona la multa mencionada, así como que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que la originaron, y que si el medio de defensa no es exitoso, debe cubrir la multa con sus propios recursos en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 103/2014 (10a.). Ilustra lo anterior, las siguientes Jurisprudencias 2a./J. 3/2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, febrero de dos mil uno, página ciento diez, que dice: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo". Asimismo, es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J. 103/2014 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo I, cuyo texto es el siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión". En ese sentido, del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 235/2010, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el cual se invocó anteriormente como hecho notorio, se advierte en lo que interesa: "[.] en este acto se procede hacer efectivo el apercibimiento anunciado en auto de seis de marzo de dos mil veinte, a los CC. ****, como Presidenta Municipal, consistente en unas multas de 500 días de salario mínimo, al C. ******la cual asciende a $43,440.00 y de 250 días de salario mínimo a la C. *****, la cual asciende a $21,720.00 [.]" Ahora, considerando que al haberse promovido la presente instancia por ******, por propio derecho y en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero; es incuestionable que éste, carece de legitimación necesaria para promover el presente juicio de amparo indirecto, pues el referido procedimiento donde se impuso la medida de apremio sólo afecta a la persona física a la que se impuso, es decir, sólo afecta a *****. En ese sentido, se tiene que conforme a la Ley de Amparo y a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acreditamiento del interés jurídico corresponde a la parte quejosa; sin embargo, para acreditar el citado interés jurídico, el promovente acompañó copia certificada de su nombramiento; documental en la que consta las facultades para representar al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, no así para representar a la persona física, a la que se impuso la medida de apremio en el juicio laboral burocrático 235/2010. Es por ello que, quien ahora resuelve no puede desatender la intención del promovente de haber acudido a esta instancia constitucional como Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, pues para tal efecto remitió copia certificada de su nombramiento; pues estimar lo contrario sería sustanciar y resolver el juicio de amparo en que se actúa en un sentido distinto al propuesto y solicitado por la parte quejosa. Por tanto, se concluye que resolver el presente asunto sin tomar en cuenta las constancias exhibidas como anexos a la demanda de amparo, implicaría sustanciar el juicio en que se actúa y resolverlo en un sentido distinto al propuesto y solicitado por la parte quejosa. Por lo anterior, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO, por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo propuesta. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; por tanto, las notificaciones personales del presente juicio de amparo, deberán realizarse vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en virtud que cumplen con lo que establece el artículo 3º de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. AUTORIZADOS. Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista *****, toda vez que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, debidamente registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se le tiene por autorizada para oír notificaciones e imponerse de los autos a la diversa persona que designa, sin gozar de las demás facultades que tiene el autorizado en términos amplios, en razón de la certificación secretarial de cuenta. Finalmente, téngasele señalando correo electrónico y número telefónico; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico y número telefónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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