Sandra Vázquez Molina

Expediente 314/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
314/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Sandra Vázquez Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, dos de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 314/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, dos de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 131 a 136), HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veinticinco de abril de dos mil veintidós (fojas 45 a 47 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 131 a 136), HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veinticinco de abril de dos mil veintidós (fojas 45 a 47 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 314/2022 promovido por SANDRA VÁZQUEZ MOLINA. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1-16). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de marzo dos mil veintidós, se acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 14-18). Se agregó a los autos el informe justificado de la autoridad responsable Fiscal Novena Especializada en Investigación de Delitos contra la Violencia, contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y de Trata de Personas del XVII Distrito Judicial (fojas 23-24, 46-47 y 126-127). Por auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se tuvo por agregado escrito signado por la parte quejosa en el que asentó su deseo de ampliar la demanda de amparo, lo cual no se le acordó favorable, al reclamar un diverso acto, ordenándose remitir su escrito original de ampliación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para darle el trámite de una nueva demanda de amparo y se turnara al Juez correspondiente (fojas 27-32). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional el día de hoy. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de acto dictado dentro de una investigación penal, que se dice son susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tal como el debido proceso y acceso a una justicia pronta y expedita, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, ya que el acto reclamado se materializa en el lugar que se tramita la investigación penal, el cual corresponde a la circunscripción territorial de éste Juzgado SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: -La negativa verbal del Fiscal responsable no permitir que la quejosa elija libremente a su defensor, la quejosa ha decidido defenderse a sí misma, toda vez que tengo libertad de elegir; la negativa verbal acaeció en la entrevista celebrada a las 11 horas el día 18 de marzo de 2022; a pesar de haber mostrado a la Fiscal la cédula profesional de que la suscrita es LICENCIADA EN DERECHO con cédula profesional número 2774176 expedida por la Secretaría correspondiente; además si no lo aceptaba debió nombrar defensor de oficio y no se hizo, se pusieron obstáculos para la defensa de la impetrante de amparo; así como la negativa del Fiscal responsable de dar acceso público a la carpeta de investigación y obtener las copias en la entrevista del día 18 de marzo de 2022; con este proceder se deja en estado de indefensión a la quejosa." Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia del acto. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Fiscal Novena Especializada en Investigación de Delitos contra la Violencia, contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y de Trata de Personas del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, negó categóricamente los actos reclamados (foja 23). Previo requerimiento la autoridad responsable mediante oficio 1338/2022, rectificó su informe justificado, manifestando que toda vez que como lo señala la quejosa, la Fiscalía a su cargo giró cita el ocho de marzo de dos mil veintidós, a efecto de ser entrevistada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós a las once horas, y que al no contar con abogado defensor se le indicó que subiera al segundo piso a la Oficina de Defensoría Pública, para que la quejosa se encontrara debidamente asistida de un abogado, para no violentar su derecho a una adecuada defensa tal como lo señalan los artículos 20 Apartado B, Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no omitiendo manifestar que el once de abril de dos mil veintidós, compareció la quejosa a la Fiscalía, se le notificaron sus derechos, así como los hechos que se le denuncian y el nombre de su acusador, y que por ende, la quejosa estuvo debidamente asistida por el licenciado Erick Roberto Bello Reynaud, defensor público adscrito a la ciudad de Veracruz (fojas 46-47 y 52-60). Asimismo, previo requerimiento la autoridad responsable mediante oficio 1831/2022, hizo referencia a que ya había enviado copias certificadas y completas de la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F9/663/2022, y que no existe en autos de la misma entrevista con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, y que si bien es cierto que el ocho de marzo de dos mil veintidós, se giró cita para que la quejosa compareciera en calidad de investigada ante esa fiscalía el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dicha diligencia no se llevó a cabo, girándose una segunda cita para el once de abril de dos mil veintidós, donde la quejosa estuvo debidamente asistida por el licenciado Erick Roberto Bello Reynaud, defensor público adscrito a la ciudad de Veracruz (fojas 126-127). Constancias que a las que se otorga valor probatorio en términos del numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, remitidos a través de medios electrónicos oficiales. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De dichas actuaciones no se advierte entrevista con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, acto que reclama en el presente asunto. Con el informe rendido por la autoridad responsable se le dio vista a la parte quejosa como consta en los autos de treinta de marzo de dos mil veintidós (foja 25) y la aquí quejosa no desvirtuó con pruebas la negativa de la autoridad responsable, ni realizó manifestación alguna en relación con las constancias remitidas por la autoridad, es decir, que ésta haya ordenado, participado o ejecutado el acto atribuido a la misma, lo que le correspondía realizar; con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Máxime que, por regla general, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer medios de prueba idóneos tendientes a controvertir las manifestaciones de la autoridad y demostrar, no sólo que el acto reclamado existe, sino además que es violatorio de sus derechos fundamentales, pues constituye una prerrogativa probatoria para la parte quejosa, la cual se desprende de la interpretación sistemática realizada de los artículos 117 a 124 de la Ley de Amparo; carga que, en el particular, no cumplió. Al respecto, es ilustrativa, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.) que se lee: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." (El resaltado se hace en esta sentencia) Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por SANDRA VÁZQUEZ MOLINA, contra los actos reclamados y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Leonor Hernández Ortiz, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio, signado por la 1. Fiscal Novena Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y de Trata de Personas, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de junio de la anualidad que transcurre. En esas condiciones, y ya que en proveídos de uno, quince y veintidós de junio del año en curso, se reservó de dar vista a las partes con el informe justificado, oficios y anexo que remitió la autoridad responsable, hasta en tanto la responsable diera cumplimiento a los requerimientos efectuados, y toda vez que lo antes expuesto ya aconteció, se acuerda lo procedente. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la citada autoridad responsable, y dese vista a las partes con el mismo, con el oficio de cuenta, así como con los oficios con registros 9938, 10856 y 11275 y anexos, para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable al oficios de cuenta y los oficios citados en párrafo que antecede, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, no median ocho días hábiles, ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista el veintinueve de junio del actual, surtirá sus efectos la notificación el treinta siguiente y el citado plazo comprenderá del uno de julio al catorce de julio del año en curso, y la audiencia constitucional se encuentra señalada para el seis de julio del año en curso. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del seis de julio de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.

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