Sandra Vásquez Pardo

Expediente 403/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
403/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Sandra Vásquez Pardo
  • Instituto Nacional de Migración

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Incidente. No se aperturó. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de junio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa la situación migratoria de los quejosos Sandra Vásquez Pardo, Sandra Pardo Novo y Yadira Ledon de la Torre, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de los quejosos queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, los quejosos Sandra Vásquez Pardo, Sandra Pardo Novo y Yadira Ledon de la Torre, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN con domicilio en AV. MELGAR N.1, GARITA INTERNACIONAL, ZONA CENTRO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, C.P. 21100. 2. DIRECCIÓN DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio en AV. MELGAR N.1, GARITA INTERNACIONAL, ZONA CENTRO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA, C.P. 21100. De lo anterior, también los que como consecuencia se hayan llevado a cabo por conducto de FACTORES DEPENDIENTES, AGENTES, EJECUTORES, INFERIORES JERÁRQUICOS, SUBALTERNOS O SUBORDINADOS. IV. ACTO RECLAMADO.- De las Autoridades Responsables antes señaladas se reclama: PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, que se hace depende de la detención o retención del quejoso, en la estación migratoria de esta ciudad. INCOMUNICACIÓN. DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, PROSCRIPCIÓN Y DESTIERRO DEL QUEJOSO INMINENTE DEL QUEJOSO. La NEGATIVA de la Autoridad Migratoria de PERMITIR EL ACCESO DE ASESORÍA LEGAL O ASISTENCIA JURÍDICA Y CONSULAR." (sic). De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de estar alojados en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual puede concluir con su deportación o retorno. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el uno de abril del año en curso, se otorgó a los ahora gestores del amparo la condición de estancia de visitantes por permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que los dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada, ya que se le otorgó la libertad en su condición de visitante, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se les restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la jurisprudencia cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a los autorizados de la parte quejosa. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado para celebrar la audiencia constitucional programada para el día de la fecha, virtud que no obran la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado; por tanto se provee lo siguiente: Requerimiento. Requiérase nuevamente al Sub Representante del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe el trámite actual en que se encuentra el procedimiento administrativo migratorio de los extranjeros quejosos Sandra Vázquez Pardo, Sandra Pardo Novo y Yadira León de la Torre, y, de igual manera, informe cuántos días tienen alojados los quejosos en esa estación migratoria, para lo cual deberá anexar copia certificada, íntegra y legible, de las constancias relativas a tal circunstancias. Apercibimiento. Se previene a la autoridad de referencia que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Lo anterior, dado que puede sobrevenir alguna causal de improcedencia de conformidad con en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe: "Registro digital: 176291 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 163/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 319 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las once horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos dentro del presente juicio de amparo. Requerimiento. Requiérase al Sub Representante del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe el trámite actual en que se encuentra el procedimiento administrativo migratorio de los extranjeros quejosos Sandra Vázquez Pardo, Sandra Pardo Novo y Yadira León de la Torre, y, de igual manera, informe cuántos días tienen alojados los quejosos en esa estación migratoria, para lo cual deberá anexar copia certificada, íntegra y legible, de las constancias relativas a tal circunstancias. Apercibimiento. Se previene a la autoridad de referencia que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Lo anterior, dado que puede sobrevenir alguna causal de improcedencia de conformidad con en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe: "Registro digital: 176291 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 163/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 319 Tipo: Jurisprudencia "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Diferimiento. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las once horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Oscar Eduardo Aguirre Beltran, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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