Sandra Torija Garcia

Expediente 680/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 126 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
680/2015
Año
2015
Actuaciones
126
Última actuación
22/09/2016

Partes del expediente

  • Sandra Torija Garcia
  • Martha Maria Delgado Mendoza
  • Juez Primero de lo Penal de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 126.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, atento a su contenido se provee: Téngase a la autoridad oficiante remitiendo un oficio suscrito por el Juez Primero Penal en el distrito judicial de Puebla, atento el contenido del mencionado oficio, se provee: AUTORIDAD ACUSA RECIBO DE EXPEDIENTE. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: Téngase a la Jueza Primero Penal del distrito judicial de Puebla, acusando recibo del oficio 35501/2016, de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, así como de las copias certificadas deducidas del proceso 179/2015; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA NUMERO DIECISIETE, EL ACUERDO DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías (fojas 889 a 919). En dicho fallo, la protección constitucional se concedió por vicios de forma, para el efecto de que: .el Juez Primero Penal de Puebla: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, solo por cuanto hace a *****, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero purgando los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá reiterar que se acredita el cuerpo del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento, previsto y sancionado en los artículos 10 fracción III, 13, fracción IV, 40 y 41 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. b) En el apartado de la probable responsabilidad penal, deberá exponer en forma clara las pruebas que le resultaron aptas para justificar la probable responsabilidad de la inculpada ahora quejosa, debiendo precisar cuál fue el grado de su participación en los hechos, pues ante la diversidad de sujetos activos, es evidente que cada uno de ellos debió desplegar una conducta determinada, tendente a evidenciar que la quejosa fue una de las personas que alojó en el hotel a las pasivos para que realizaran el servicio sexual previo pago de treinta pesos por el cuarto y una bolsa con un condón, y por ende, a beneficiarse con la explotación sexual de las agraviadas, en el caso concreto debe explicar cuál fue o en qué consistió la participación de la hoy quejosa en la ejecución del delito en estudio; estudio que deberá realizar fundando y motivado su determinación. foja 917. Por auto de catorce de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 976 y 977). Ahora bien, en cumplimiento a dicho fallo, el Juez Primero Penal de Puebla, mediante oficio 4869 de diecinueve de julio de dos mil quince, recibido por este órgano jurisdiccional el veinte de julio de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de formal prisión diecinueve de julio de dos mil dieciséis (fojas 982 a 1042), en el que consta que: a) Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintinueve de abril de dos mil quince, respecto de la parte quejosa ******; y dictó uno nuevo, en el que: b) Reiteró la acreditación del cuerpo del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento, previsto y sancionado en los artículos 10 fracción III, 13, fracción IV, 40 y 41 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, c) Expuso las razones por las cuales estimó acreditada la probable responsabilidad de la peticionaria de amparo ******* en la comisión del ilícito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento; al señalar: c1) Que la quejosa fue coautora material del hecho constitutivo de delito en términos del artículo 21, fracción I, del Código de Defensa Social, en razón de que junto con otras personas bajo determinadas circunstancias de lugar, tiempo y modo ejecutaron el referido ilícito, esto es, el veintiuno de abril de dos mil quince en compañía de otros dos sujetos, se le encontró en el interior del domicilio situado en calle ****** destinado para hotel, en el que diversas personas del sexo femenino ofrecieron servicios sexuales a cambio de una determinada cantidad de dinero, de la que entregaban treinta pesos en la recepción del hotel por el uso de la habitación, asimismo se les proporcionaba una bolsa de plástico con un preservativo; beneficio del que la peticionaria de amparo recibió el importe de mil quinientos pesos por cinco días de trabajo, c2) Que la peticionaria de amparo fue detenida en flagrancia delictiva, al encontrarse en el hotel de referencia cobrando a los diversos clientes por el alojamiento respectivo, pues se le ubicó en el interior del área de caja de esa negociación, y c3) Que de las declaraciones de las diversas agraviadas que identificó el juez responsable, se obtuvo que éstas señalaron directamente a la peticionaria de amparo como la persona que se encontró encargada del referido hotel, realizando el cobro de treinta pesos por el alojamiento, y a su vez entregando una bolsa en cuyo interior venía un preservativo, aseando el lugar y realizando tareas de mantenimiento. Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, sin que realizara manifestación alguna (fojas 1043 y 1086). Por tanto, si el Juez responsable, el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintinueve de abril de dos mil quince, respecto de la parte quejosa ******; y dictó uno nuevo, en el que reiteró la acreditación del cuerpo del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento, previsto y sancionado en los artículos 10 fracción III, 13, fracción IV, 40 y 41 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y en el apartado de la probable responsabilidad penal, expuso qué pruebas resultaron aptas para justificar la probable responsabilidad de la inculpada ahora quejosa, a través de las declaraciones de diversas agraviadas, y precisó su grado de participación en los hechos como coautora material del referido ilícito; son razones por la que se consideran que la sentencia dictada en autos ha quedado cumplida. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE.

  3. Principal

    SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías (fojas 889 a 919). En dicho fallo, la protección constitucional se concedió por vicios de forma, para el efecto de que: ".el Juez Primero Penal de Puebla: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, solo por cuanto hace a Sandra Torija García, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero purgando los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá reiterar que se acredita el cuerpo del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento, previsto y sancionado en los artículos 10 fracción III, 13, fracción IV, 40 y 41 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. b) En el apartado de la probable responsabilidad penal, deberá exponer en forma clara las pruebas que le resultaron aptas para justificar la probable responsabilidad de la inculpada ahora quejosa, debiendo precisar cuál fue el grado de su participación en los hechos, pues ante la diversidad de sujetos activos, es evidente que cada uno de ellos debió desplegar una conducta determinada, tendente a evidenciar que la quejosa fue una de las personas que alojó en el hotel a las pasivos para que realizaran el servicio sexual previo pago de treinta pesos por el cuarto y una bolsa con un condón, y por ende, a beneficiarse con la explotación sexual de las agraviadas, en el caso concreto debe explicar cuál fue o en qué consistió la participación de la hoy quejosa en la ejecución del delito en estudio; estudio que deberá realizar fundando y motivado su determinación. foja 917. Por auto de catorce de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 976 y 977). Ahora bien, en cumplimiento a dicho fallo, el Juez Primero Penal de Puebla, mediante oficio 4869 de diecinueve de julio de dos mil quince, recibido por este órgano jurisdiccional el veinte de julio de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de formal prisión diecinueve de julio de dos mil dieciséis (fojas 982 a 1042), en el que consta que: a) Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintinueve de abril de dos mil quince, respecto de la parte quejosa Sandra Torija García; y dictó uno nuevo, en el que: b) Reiteró la acreditación del cuerpo del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento, previsto y sancionado en los artículos 10 fracción III, 13, fracción IV, 40 y 41 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, c) Expuso las razones por las cuales estimó acreditada la probable responsabilidad de la peticionaria de amparo Sandra Torija García en la comisión del ilícito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento; al señalar: c1) Que la quejosa fue coautora material del hecho constitutivo de delito en términos del artículo 21, fracción I, del Código de Defensa Social, en razón de que junto con otras personas bajo determinadas circunstancias de lugar, tiempo y modo ejecutaron el referido ilícito, esto es, el veintiuno de abril de dos mil quince en compañía de otros dos sujetos, se le encontró en el interior del domicilio situado en calle catorce poniente 310-B, entre cinco y tres norte de la colonia centro en Puebla, destinado para hotel, en el que diversas personas del sexo femenino ofrecieron servicios sexuales a cambio de una determinada cantidad de dinero, de la que entregaban treinta pesos en la recepción del hotel por el uso de la habitación, asimismo se les proporcionaba una bolsa de plástico con un preservativo; beneficio del que la peticionaria de amparo recibió el importe de mil quinientos pesos por cinco días de trabajo, c2) Que la peticionaria de amparo fue detenida en flagrancia delictiva, al encontrarse en el hotel de referencia cobrando a los diversos clientes por el alojamiento respectivo, pues se le ubicó en el interior del área de caja de esa negociación, y c3) Que de las declaraciones de las diversas agraviadas que identificó el juez responsable, se obtuvo que éstas señalaron directamente a la peticionaria de amparo como la persona que se encontró encargada del referido hotel, realizando el cobro de treinta pesos por el alojamiento, y a su vez entregando una bolsa en cuyo interior venía un preservativo, aseando el lugar y realizando tareas de mantenimiento. Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, sin que realizara manifestación alguna (fojas 1043 y 1086). Por tanto, si el Juez responsable, el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintinueve de abril de dos mil quince, respecto de la parte quejosa Sandra Torija García; y dictó uno nuevo, en el que reiteró la acreditación del cuerpo del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento, previsto y sancionado en los artículos 10 fracción III, 13, fracción IV, 40 y 41 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y en el apartado de la probable responsabilidad penal, expuso qué pruebas resultaron aptas para justificar la probable responsabilidad de la inculpada ahora quejosa, a través de las declaraciones de diversas agraviadas, y precisó su grado de participación en los hechos como coautora material del referido ilícito; son razones por la que se consideran que la sentencia dictada en autos ha quedado cumplida. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA NÚMERO OCHO, EL ACUERDO DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías (fojas 889 a 919). En dicho fallo, la protección constitucional se concedió por vicios de forma, para el efecto de que: ".el Juez Primero Penal de Puebla: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, solo por cuanto hace a Sandra Torija García, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero purgando los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá reiterar que se acredita el cuerpo del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento, previsto y sancionado en los artículos 10 fracción III, 13, fracción IV, 40 y 41 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. b) En el apartado de la probable responsabilidad penal, deberá exponer en forma clara las pruebas que le resultaron aptas para justificar la probable responsabilidad de la inculpada ahora quejosa, debiendo precisar cuál fue el grado de su participación en los hechos, pues ante la diversidad de sujetos activos, es evidente que cada uno de ellos debió desplegar una conducta determinada, tendente a evidenciar que la quejosa fue una de las personas que alojó en el hotel a las pasivos para que realizaran el servicio sexual previo pago de treinta pesos por el cuarto y una bolsa con un condón, y por ende, a beneficiarse con la explotación sexual de las agraviadas, en el caso concreto debe explicar cuál fue o en qué consistió la participación de la hoy quejosa en la ejecución del delito en estudio; estudio que deberá realizar fundando y motivado su determinación. foja 917. Por auto de catorce de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 976 y 977). Ahora bien, en cumplimiento a dicho fallo, el Juez Primero Penal de Puebla, mediante oficio 4869 de diecinueve de julio de dos mil quince, recibido por este órgano jurisdiccional el veinte de julio de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de formal prisión diecinueve de julio de dos mil dieciséis (fojas 982 a 1042), en el que consta que: a) Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintinueve de abril de dos mil quince, respecto de la parte quejosa Sandra Torija García; y dictó uno nuevo, en el que: b) Reiteró la acreditación del cuerpo del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento, previsto y sancionado en los artículos 10 fracción III, 13, fracción IV, 40 y 41 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, c) Expuso las razones por las cuales estimó acreditada la probable responsabilidad de la peticionaria de amparo Sandra Torija García en la comisión del ilícito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento; al señalar: c1) Que la quejosa fue coautora material del hecho constitutivo de delito en términos del artículo 21, fracción I, del Código de Defensa Social, en razón de que junto con otras personas bajo determinadas circunstancias de lugar, tiempo y modo ejecutaron el referido ilícito, esto es, el veintiuno de abril de dos mil quince en compañía de otros dos sujetos, se le encontró en el interior del domicilio situado en calle catorce poniente 310-B, entre cinco y tres norte de la colonia centro en Puebla, destinado para hotel, en el que diversas personas del sexo femenino ofrecieron servicios sexuales a cambio de una determinada cantidad de dinero, de la que entregaban treinta pesos en la recepción del hotel por el uso de la habitación, asimismo se les proporcionaba una bolsa de plástico con un preservativo; beneficio del que la peticionaria de amparo recibió el importe de mil quinientos pesos por cinco días de trabajo, c2) Que la peticionaria de amparo fue detenida en flagrancia delictiva, al encontrarse en el hotel de referencia cobrando a los diversos clientes por el alojamiento respectivo, pues se le ubicó en el interior del área de caja de esa negociación, y c3) Que de las declaraciones de las diversas agraviadas que identificó el juez responsable, se obtuvo que éstas señalaron directamente a la peticionaria de amparo como la persona que se encontró encargada del referido hotel, realizando el cobro de treinta pesos por el alojamiento, y a su vez entregando una bolsa en cuyo interior venía un preservativo, aseando el lugar y realizando tareas de mantenimiento. Mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, sin que realizara manifestación alguna (fojas 1043 y 1086). Por tanto, si el Juez responsable, el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintinueve de abril de dos mil quince, respecto de la parte quejosa Sandra Torija García; y dictó uno nuevo, en el que reiteró la acreditación del cuerpo del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y en la modalidad de alojamiento, previsto y sancionado en los artículos 10 fracción III, 13, fracción IV, 40 y 41 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y en el apartado de la probable responsabilidad penal, expuso qué pruebas resultaron aptas para justificar la probable responsabilidad de la inculpada ahora quejosa, a través de las declaraciones de diversas agraviadas, y precisó su grado de participación en los hechos como coautora material del referido ilícito; son razones por la que se consideran que la sentencia dictada en autos ha quedado cumplida. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE.

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