Sandra Teresa Perez Cruz

Expediente 685/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
685/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Sandra Teresa Perez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio JAESPO/PRESIDENCIA/1500/2021 y anexo, remitido por la autoridad responsable, para que en el término de tres días hábiles expresara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad, acuerdo que se le notificó el siete de octubre del año en curso. Atendiendo a lo anterior, este órgano de control constitucional, procede a resolver de oficio, de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor. Conforme a la ejecutoria de amparo emitida por este Juzgado, la protección de la Justicia Federal se otorgó para el siguiente efecto: Los integrantes de la Junta responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, dicten el acuerdo que corresponda con relación a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en su expediente 13/2020. Ahora, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los lineamientos precisados, haciendo el examen de las constancias remitidas por la responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de las documentales referidas se advierte que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, el seis de agosto del año en curso, procedió a la calificación de pruebas, así como de la audiencia de pruebas y alegatos y resolución en su fase de desahogo de pruebas, celebrada el ocho de septiembre del presente año, en el expediente laboral 13/2020. Lo anterior permite concluir que la responsable atendió el núcleo esencial de la concesión del amparo, pues acordó lo relacionado a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente 13/2020. Por tanto, con apoyo en lo previsto por los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso B del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; primero de octubre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite en forma digital copia certificada del auto de calificación de pruebas de seis de agosto del año en curso, así como de la audiencia de pruebas y alegatos y resolución en su fase de desahogo de pruebas, celebrada el ocho de septiembre del presente año, en el expediente laboral 13/2020. En atención a lo anterior y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio JAESPO/PRESIDENCIA/1500/2021 y anexo, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio se procederá a analizar el cumplimiento de la sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada del oficio y anexos que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, los cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tal documento; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 685/2021. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la plataforma de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación el veintitrés de junio de dos mil veintiuno y turnado en esa fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad a este juzgado, por razón de turno, SANDRA TERESA PÉREZ CRUZ, por conducto de su apoderado legal Erick Díaz Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Autoridad responsable, actos reclamados, y derechos humanos que se estiman vulnerados. Señaló como autoridad responsable a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, de quien reclamó, esencialmente, la omisión de no calificar las pruebas ofrecidas por las partes en su expediente 13/2020. Actos que estimó vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión a trámite de la demanda. Por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le compete; y, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual se celebró en sus fases de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Tribunal y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca no rindió su informe justificado, no obstante que quedó legalmente notificado de su petición el nueve de julio de este año, por lo tanto, se presume cierto el acto reclamado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. TERCERO. Conceptos de violación. La parte agraviada expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes, los que se tienen por reproducidos en este apartado, al no existir precepto legal que obligue a su literal transcripción, y con apoyo en la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/129, visible en la página quinientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." CUARTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Son FUNDADOS los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, pues se advierte una violación al derecho humano contenido en el artículo 17 Constitucional. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en la página trescientos setenta y tres del tomo XXV, abril de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones". En dicho criterio, se señala medularmente que el artículo 17 de la Constitución Federal, establece el derecho humano relativo a la impartición de justicia, entre cuyos atributos, está el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; de acuerdo con el citado artículo constitucional, la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En el asunto, la parte quejosa indicó en su demanda: ".Sin embargo, la Autoridad Responsable ha omitido, administrar justicia pronta y expedita como lo establece el precepto constitucional antes señalado, lo anterior es así ya que desde el treinta de marzo del año dos mil veintiuno, fecha en la cual se cumplió el acuerdo de fecha nueve de febrero del año dos mil veintiuno, por medio del cual se da vista a la parte actora, hoy quejosa, de las contestaciones de los demandados con la finalidad de hacer manifestaciones y objetar pruebas, es por ello que se acudió a formular réplica y objeción de pruebas en los términos que la ley de la materia laboral competente nos establece, teniendo como acto seguido realizar el acuerdo de calificación de pruebas para preparar la AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN, situación que la Autoridad Responsable, hasta el día de hoy no ha sido acordada y notificada a la actora, hoy quejosa, lo cual también es contrario a lo establecido en el artículo 82 y 85 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado." (sic) Bajo ese contexto, como se dijo, son fundados los conceptos de violación, porque los integrantes de la junta responsable desatienden lo previsto en los artículos 82 y 85 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado; así como los numerales 685 y 880 de la Ley Federal del Trabajo que disponen: DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL "CAPITULO TERCERO. DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA JUNTA DE ARBITRAJE. ARTICULO 82. El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan a la Junta de Arbitraje se reducirá a la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la respuesta que se dé en igual forma, y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y en la que se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio de la propia Junta se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda. ARTICULO 85. Si no se contestó la demanda, se dará por contestada en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario que sólo podrá referirse a destruir los hechos afirmados en la reclamación. Contestada la demanda, la Junta dictará las medidas necesarias para la preparación de las pruebas ofrecidas por las partes y que no estuvieren a su disposición a efecto de que no sufra dilación la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes" Ahora bien, del treinta de marzo de dos mil veintiuno, fecha en que la parte actora (aquí quejosa) replicó y objetó las pruebas ofrecidas por su contraparte, a la fecha en que se resuelve, ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días que prevé la fracción IV del artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, cuatro meses sin que se hubiera pronunciado al respecto, por lo que se transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho establecido en el artículo 17 Constitucional, que establece que la justicia debe ser pronta y expedita. Efectos de la concesión del amparo. En ese orden, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo y con objeto de restituir a la quejosa en el pleno goce de su derecho humano violentado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que los integrantes de la Junta responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, dicten el acuerdo que corresponda con relación a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en su expediente 13/2020. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintisiete del apéndice (actualización dos mil dos), tomo I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C. materia Constitucional, Novena Época, con registro 921075, de texto y rubro siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". QUINTO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. SEXTO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a SANDRA TERESA PÉREZ CRUZ, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al último considerando de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese

  4. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido en proveído de veinticinco de junio del año en curso, a la autoridad responsable Miembros de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, a efecto de rendir su informe justificado. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y cúmplase.

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