Sandra Susana Muñoz Munguia
Expediente 1597/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1597/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2022
Partes del expediente
- Sandra Susana Muñoz Munguia
- Sandra Susana Muñoz Munguia y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en términos del artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En términos del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezcan a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que acompañó a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, podrán ser destruidos junto con el expediente. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA V. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en términos del artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En términos del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezcan a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que acompañó a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, podrán ser destruidos junto con el expediente. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de octubre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Sandra Susana Muñoz Munguia, por propio derecho y en representación de sus menores hijo de iniciales C.M.M. y V.H.M.M. contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y regístrese con el número 1597/2022-V. DESECHAMIENTO. Acorde a lo establecido en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 6°, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos, porque existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. En el artículo 6° de la Ley de Amparo se prevé que el juicio puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. En el presente asunto, se advierte que el escrito de demanda, con la que Sandra Susana Muñoz Munguia, pretende promover demanda de amparo, no tiene firma autógrafa de ésta. Por tanto, se deduce que el escrito de demanda no fue promovido por la citada quejosa, con lo que no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, de manera que si la demanda de amparo no cuenta con ella, se debe considerar que la promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional, siendo que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento se expresan para realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En esas condiciones, la demanda resulta improcedente, ya que tal deficiencia no se puede corregir mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Así también, es aplicable al presente asunto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, Tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Por ende, si en el presente asunto, se recibió la demanda sin firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento, se justifica su desechamiento de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sandra Susana Muñoz Munguia, por propio derecho y en representación de sus menores hijo de iniciales C.M.M. y V.H.M.M., con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6° de la misma legislación. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, se tienen por autorizadas a las personas que refiere la parte quejosa y para los efectos que precisa, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos y recibir documentos, por si haberlo solicitado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar señalado. Lo anterior, en razón que el correo electrónico que proporciona, no puede tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones, sin embargo, de ser necesario y a criterio de este juzgado, se le podrán comunicar al mismo, aspectos que son urgentes, así como a través de la lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, dadas las medidas de contingencia en los Órganos jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia ocasionada por la enfermedad Covid19. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA V AVISO QUEJOSA SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE CATORCE DE LOS CORRIENTES Toluca, Estado de México; catorce de octubre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Sandra Susana Muñoz Munguia, por propio derecho y en representación de sus menores hijo de iniciales C.M.M. y V.H.M.M. contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y regístrese con el número 1597/2022-V. DESECHAMIENTO. Acorde a lo establecido en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 6°, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos, porque existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. En el artículo 6° de la Ley de Amparo se prevé que el juicio puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. En el presente asunto, se advierte que el escrito de demanda, con la que Sandra Susana Muñoz Munguia, pretende promover demanda de amparo, no tiene firma autógrafa de ésta. Por tanto, se deduce que el escrito de demanda no fue promovido por la citada quejosa, con lo que no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, de manera que si la demanda de amparo no cuenta con ella, se debe considerar que la promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional, siendo que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento se expresan para realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En esas condiciones, la demanda resulta improcedente, ya que tal deficiencia no se puede corregir mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Así también, es aplicable al presente asunto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, Tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Por ende, si en el presente asunto, se recibió la demanda sin firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento, se justifica su desechamiento de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sandra Susana Muñoz Munguia, por propio derecho y en representación de sus menores hijo de iniciales C.M.M. y V.H.M.M., con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6° de la misma legislación. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, se tienen por autorizadas a las personas que refiere la parte quejosa y para los efectos que precisa, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos y recibir documentos, por si haberlo solicitado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar señalado. Lo anterior, en razón que el correo electrónico que proporciona, no puede tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones, sin embargo, de ser necesario y a criterio de este juzgado, se le podrán comunicar al mismo, aspectos que son urgentes, así como a través de la lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, dadas las medidas de contingencia en los Órganos jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia ocasionada por la enfermedad Covid19. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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