Sandra Soto Alvarado

Expediente 415/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
415/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • Sandra Soto Alvarado
  • Tzitziki Pineda Peña

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio que suscribe el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado con residencia en Uruapan, Michoacán, por medio del cual acusa de recibo del juicio de amparo número I-415/2018-C, que le fue remitido por éste órgano jurisdiccional mediante oficio 5897; asimismo, informa que aceptó la competencia y se avocó al estudio del asunto en cuestión, formando el expediente respectivo. Asimismo, el escrito de cuenta signado por -, con el carácter que tiene debidamente acreditado en el juicio en que se actúa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda; sin embargo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad virtud a que las constancias originales de las que deriva el presente cuaderno de antecedentes fueron remitidas al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado con residencia en Uruapan, de acuerdo a la incompetencia planteada en proveído de once de los actuales; por tanto, tiene expedito su derecho para hacer la solicitud correspondiente ante el Juez respectivo -Juez Quinto de Distrito en el Estado con residencia en Uruapan, Michoacán-. Ahora, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, este órgano jurisdiccional por una parte declinó la competencia para conocer y resolver el presente asunto y por otra desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído que DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por - sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de cuenta, regístrese bajo el número I-415/2018-C; ahora, en lo que respecta a los quejosos -de la demanda de amparo -específicamente del apartados de hechos- se advierte que su lugar de trabajo es en diversas comunidades pertenecientes a los municipios de Aguililla, Apatzingán, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Parácuaro, Tancítaro y Uruapan, todos del Estado de Michoacán, lo que se corrobora con las diversas documentales que adjuntaron a su libelo constitucional, ahora, respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado se debe atender no solo a que la resolución materia del acto reclamado, por sí mismo tenga una ejecución material de manera directa o inmediata, si lleva una ejecución implícita, la cual implica analizar la naturaleza del acto o resolución reclamada y las consecuencias que produce. En ese sentido, cabe destacar lo que dispone el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales previene lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda..." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esas condiciones, en principio debe determinarse si los actos reclamados requieren de ejecución material, a efecto de determinar qué regla rige la competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio. En el presente se reclama la retención de salarios y la supresión de las plazas de los quejosos mencionados, los cuales, como ya se dijo, tienen sus plazas en diversas comunidades pertenecientes a los municipios de -, todos del Estado de Michoacán; por lo que lleva una ejecución implícita, derivado de la naturaleza del acto o resolución reclamada y las consecuencias que produce, además se considera que el Juez de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, es el que debe de conocer del presente asunto. Por tal razón, es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; entonces, si la ejecución material del acto reclamado será en dicho Distrito Judicial, y corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, por ser el que ejerce jurisdicción en aquellos municipios. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Materia Común, visible en la página 995, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO. Del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que, con independencia del lugar donde radique la autoridad ordenadora, si el acto reclamado tiene carácter ejecutivo, el conocimiento de la instancia constitucional recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; por ende, al constituir la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz una norma autoaplicativa que sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones, entendiendo por éstos, aquellos en los cuales se desempeñen como docentes o autoridades educativas y escolares, es que resulta evidente que la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de esa normatividad, se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en la que se encuentre el centro de trabajo de los quejosos, así manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, al haber promovido el juicio constitucional en su carácter de trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; sobre todo, porque la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, desde el auto de admisión, pues no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables; de modo que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz, a partir de esa fase del procedimiento, basta que en la demanda se hubiera señalado el lugar donde los quejosos tienen su fuente de trabajo para corroborar la competencia del juez federal ante quien se presentó, si ello aconteció bajo protesta de decir verdad; sin perjuicio de que durante el juicio o en la audiencia constitucional se pueda concluir de manera diversa." Consecuentemente, si el acto reclamado conlleva ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán -únicamente en lo que respecta a los quejosos antes mencionados-, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto a dicho Juez de Distrito para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo correspondiente. Lo anterior cobra fuerza con la tesis publicada en la página 73, Volúmenes 217-228 Tercera Parte, materia común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". En cambio, respecto de los actos reclamados por ********************al Secretario de Educación en el Estado y otras autoridades, se procede a analizar su libelo constitucional y se advierte que señalaron como acto reclamado el siguiente: ". IV. ACTOS RECLAMADOS: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS SE RECLAMA: DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. La orden que en forma verbal y escrita emitió el día 02 dos de octubre de 2017 dos mil diecisiete a sus subordinados Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado y Jefe del Departamento de Normatividad de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado, a fin de que iniciaran a nuestras espaldas y sin concedernos el derecho humano de audiencia, el procedimiento administrativo a fin de suprimirnos las plazas y claves laborales que venimos hasta hoy día ejerciendo como maestros de educación primaria al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado; así como la retención de nuestros salarios a que tenemos derecho como empleados de la Secretaría de Educación en el Estado. DEL ENLACE JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. Se reclama la emisión de los oficios de data 30 treinta de octubre de 2017 dos mil diecisiete; 07 siete de febrero de 2018 dos mil dieciocho; 08 ocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho, y 09 nueve de febrero de 2018 dos mil dieciocho; todo ello en cumplimiento a la orden que en forma verbal y escrita le diera el Secretario de Educación en el Estado; oficios mediante los cuales ordena al Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación, lleve a cabo los procedimientos administrativos necesarios a efecto de que se nos revoquen en forma definitiva y se nos supriman las plazas y claves laborales que venimos hasta hoy día ejerciendo como maestros de educación primaria al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado; así como la retención definitiva de nuestros salarios a que tenemos derechos como empleados de tal Secretaría. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD DE LA DELEGACIÓN ADMINITRATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. Se reclama, la emisión de los oficios de fechas 09 nueve y 15 quince de febrero de 2018 dos mil dieciocho; ello en cumplimiento a la orden verbal y escrita girada por el Secretario de Educación en el Estado; oficios mediante los cuales le solicita al Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación, que lleve a cabo la supresión definitiva de las plazas y claves laborales que venimos hasta hoy día ejerciendo como maestros de educación primaria al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado; así como la retención definitiva de nuestros salarios a que tenemos derechos por la prestación de nuestros servicios (.) ". El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que disponen los artículos 61 fracción XXIII y 5° fracción II ambos de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Lo resaltado y subrayado es por parte de este juzgado.". Lo anterior, dado que el acto que reclaman los citados quejosos al Secretario de Educación en el Estado, Delegado Administrativo y demás autoridades responsables, todas de la Secretaría de Educación en el Estado , para los efectos del juicio de amparo no tienen el carácter de autoridades responsables. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridades responsables al Secretario de Educación en el Estado, Delegado Administrativo y demás autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar los actos reclamados (supresión administrativa de la plaza de base), actuaron en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. De lo expuesto por los quejosos en su demanda de amparo, se desprende que mantienen una relación laboral con la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, desempeñando los cargos de empleados, los que se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron a su escrito de demanda -las que adquirieron valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo- y que hacen prueba plena de la relación laboral que existe entre la quejosa y las responsables. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que las autoridades responsables al momento de emitirla, no se ubicaron en una posición de supra a subordinación con la quejosa, pues el resguardo de la clave presupuestal que le fue otorgada como docente y la retención de su salario, es atendiendo a la relación de trabajo que la une con dicha dependencia. Por ende, las decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si los actos reclamados provienen de un nexo de índole laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. En efecto, pues al tener el carácter de trabajadores de base de conformidad con el artículo 1° de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, el cual establece que dicha ley regulará las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y los Municipios, por una parte y por la otra, los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de partición estatal y municipal, es inconcuso que cualquier cuestión derivada con la terminación de trabajo, como en el presente caso, debe ventilarse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior, al tenor del artículo 96, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, el cual establece que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las dependencias y sus trabajadores. Circunstancia que en el presente asunto se encuentra acreditado de manera manifiesta e indudable, pues de la lectura integral de la demanda de amparo se puede constatar que la parte quejosa intenta combatir a través del juicio de amparo, lo que denomina como el la retención de salarios y la supresión de las plazas que han venido ejerciendo. Actualizándose así la hipótesis contenida en el artículo 96, fracción I, en relación con los diversos artículos 38 y 39 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán. Es de citarse por identidad jurídica, ilustra la tesis VII.2o.A.T.10 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, febrero de 1999, página 487, de la voz: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal". De lo anterior resulta, que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, misma que se tramita ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y las autoridades que señala como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Sirve de apoyo por las razones que expone, la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". Máxime, la naturaleza del acto reclamado (retención de salarios y supresión de las plazas), es de carácter eminentemente laboral; además, existe un procedimiento ordinario ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, a través del cual puede ser ejercido un control difuso de los derechos humanos y su eficacia horizontal. Al respecto, cobra aplicación la tesis 2a. CII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN CONOCER DE LAS DEMANDAS FORMULADAS POR TRABAJADORES INCORPORADOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN ESTATAL EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA ENTIDAD. Toca al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán conocer de la demanda sobre prestaciones derivadas de la relación laboral entablada por un trabajador de la Secretaría de Educación del Estado, que con anterioridad pertenecía a la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal, ya que de conformidad con el artículo 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, en ese tribunal recae la competencia para conocer de los conflictos individuales suscitados entre las dependencias estatales y sus trabajadores, en razón de que al suscribirse el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio correspondiente el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, la secretaría estatal adquirió el carácter de patrón sustituto de los trabajadores que laboraban en los planteles escolares federales que fueron incorporados al sistema educativo estatal, subrogándose en las obligaciones laborales que tenía la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal con esos empleados". Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ********************. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se tiene a la parte quejosa, señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo constitucional y por autorizados para tal efecto a las personas que refiere.

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