Sandra Rosas Cruz

Expediente 815/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
815/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Sandra Rosas Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de once de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    córdoba, Veracruz, a once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa, S******, no dio cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que indicara si también señalaba como autoridad responsable a la licenciada Alicia Ponce Frías, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido auto, y se procede a proveer lo conducente únicamente por las autoridades señaladas como responsables en su escrito de demanda que no fueron objeto de prevención. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Sandra Rosas Cruz, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, del escrito de demanda se advierte que la parte promovente reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: "[.] 1. La pérdida de los AUTOS ORIGINALES DEL PROCESO 1681/2019, tal y como se aprecia en el acuerdo de fecha TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, pronunciado por el JUEZ DE CONTROL DE PUEBLA, al contestar el exhorto 91/2021 suscrito por JUEZ DE CONTROL DE ORIZABA, manifiesta que no puede enviar los autos originales, ni demás constancias, ya que los envió a través del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, de tal suerte que si no los tiene ninguno de los juzgados, entonces por lógica es que están perdidos y este hecho es imputable a cualquiera de las responsables. 2. La falta fundamentación y motivación, del acuerdo pronunciado en fecha VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. 3. La ilegalidad del auto de fecha VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ya que la responsable jamás tuvo a la vista los autos y solo emite el acuerdo apoyándose en lo que dicen los oficios girados por el Juez de Control de Puebla. 4. Le reclamo la Ilegal dilación existente en el trámite del proceso penal del cual estoy siendo objeto, pues si bien es cierto en fecha VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO dicha responsable, pronunció un acuerdo en el cual se declarara competente, también es cierto que el JUEZ DE CONTROL DE PUEBLA, que conoce de la CAUSA PENAL NÚMERO 1681/2019, remitió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz los autos desde el día VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, esto mediante oficio número 29593/2019/JC, es decir, veintiún meses después la autoridad responsable se pronunció respecto de la incompetencia, sin embargo, la responsable no da impulso procesal y por tal motivo la situación jurídica sigue siendo la misma, es decir, INCIERTA. Y tiene una sola razón y es que no tiene los autos a la vista, tan es así que el JUEZ DE CONTROL DE ORIZABA, los requiere por EXHORTO 91/2021, al JUEZ DE CONTROL DE PUEBLA. También es importante señalar que, al día de hoy, no existen constancias de los medios de comunicación oficial que se dieron entre las autoridades señaladas como responsables, de tal suerte, que aún no existe certeza de cuándo y qué constancias le fueron remitidas, Pues lo único que es cierto, es que la quejosa se encuentra bajo prisión preventiva y el juicio está totalmente viciado y paralizado. Así mismo desde este momento aclaro que según la ley orgánica del poder judicial del estado de Veracruz, solo establece la figura de juez de control, ante la incertidumbre de la autoridad que gira el exhorto. B) Señalo con tal carácter al CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, como autoridad ejecutora de la orden de prisión preventiva ordenada por el JUEZ DE CONTROL DE PUEBLA, mismo que al Día de hoy se supone ya no es competente [.]". Precisado lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. [.]." Dicho precepto prevé la causa de improcedencia ante el supuesto de litispendencia, la cual para su actualización se requiere la existencia de otro juicio de garantías que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así, para su actualización requiere la identidad en los juicios de amparo respecto de: a) La parte quejosa. b) Las autoridades responsables. c) Actos reclamados. Por tanto, si los actos reclamados en el juicio de amparo 837/2021, promovido por la propia quejosa, Sandra Rosas Cruz, consisten en: "C. Amplío en contra DEI JUEZ DE CONTROL DE PROCESO, PROCEDIMIENTO PENAL Y ORAL Y ENJUICIAMIENTO AL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, DEL DÉCIMO QUINTO DISTRITO JUDICIAL, DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN ORIZABA, DOCTOR OSCAR LUS LOZADA HERNANDEZ a quien en adelante denominaré como DOCTOR OSCAR LUIS LOZADA HERNANDEZ, por lo que respecta a los siguientes actos: 1. Le reclamo la Ilegal dilación existente en el trámite del proceso penal del cual estoy siendo objeto, pues si bien es cierto en fecha VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.dicha responsable, pronuncio un acuerdo en el cual se declarara competente, también es cierto que el JUEZ DE CONTROL DE PUEBLA, que conoce de la CAUSA PENAL NÚMERO 1681/2019, remitió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz los autos desde el día VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, esto mediante oficio número 29593/2019/JC, es decir, veintiún meses después la autoridad responsable se pronunció respecto de la incompetencia, sin embargo, como he manifestado en el escrito inicial de amparo, la responsable no da impulso procesal y por tal motivo la situación jurídica sigue siendo la misma, es decir INCIERTA. Y esto tiene una sola razón y es que no tiene los autos a la vista, tan es así que el JUEZ DE CONTROL DE ORIZABA, los requiere por EXHORTO 91/2021, al JUEZ DE CONTROL DE PUEBLA. 2.- La falta fundamentación y motivación, del acuerdo pronunciado en fecha VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. 3.- La ilegalidad del auto de fecha VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ya que la responsable jamás tuvo a la vista los autos y sólo emite el acuerdo apoyándose en lo que dicen los oficios girados por el Juez de Control de Puebla. 4.- La pérdida de los AUTOS ORIGINALES DEL PROCESO 1681/2019. D) Amplío en contra de CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, como autoridad ejecutora de la orden de prisión preventiva ordenada por el JUEZ DE CONTROL DE PUEBLA, mismo que al Día de hoy se supone ya no es competente". Actos que reclama del doctor Oscar Luis Lozada Hernández, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento del Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, Titular del Centro de Reinserción Social de Puebla, y otras autoridades. Por tanto, entre la demanda de amparo que motivó la formación del juicio de amparo número 837/2021; y la demanda que dio origen el presente expediente 815/2021, existe igualdad en los siguientes elementos: ? Parte quejosa: Sandra Rosas Cruz. ? Autoridades responsables: Doctor Oscar Luis Lozada Hernández, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento del Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, y Titular del Centro de Reinserción Social de Puebla. Acto reclamado. 1. La dilación de veintiún meses para pronunciarse respecto de la competencia que planteó el Juez de Puebla en el proceso penal 1681/2019. 2. La pérdida de los autos originales del proceso penal 1681/2019. 3. El auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal 214/2021, en la parte que prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; y su ejecución. De ahí que en la especie se actualice la causal prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que la parte quejosa en el juicio de amparo 837/2021, señaló adicionalmente otras autoridades responsables y actos reclamados; sin embargo, aun ante ello, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues lo relevante en el caso es que ambos juicios fueron promovidos por Sandra Rosas Cruz, se combate, como ya se dijo, la dilación respecto de la competencia que planteó el Juez de Puebla, la pérdida de los autos originales del proceso penal 1681/2019 y el auto que prorrogó la medida cautelar, atribuido a las mismas responsables. Por tanto, en ambos juicios existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del proceso penal del cual derivan los actos reclamados. Estimar lo contrario, permitiría llegar a lo absurdo de que para evadir esta causa de improcedencia, la parte quejosa se limitara a variar sólo semánticamente su acto reclamado y precisar otras autoridades, cuando en sustancia es lo mismo, lo que no sería jurídicamente posible, al no ser la intención del legislador. En tales condiciones, se llega a la conclusión de que si en el presente asunto se reclaman sustancialmente los mismos actos que en el juicio de amparo 815/2021, de este índice; resulta notoriamente improcedente en razón de que los actos combatidos son materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolverse en definitiva, operando el principio de litispendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 235, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, correspondiente al Apéndice 2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así como la diversa tesis VII.P 83 K. emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en Materia Común, Tomo XV, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y cinco, página 260, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuya sinopsis es: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En consecuencia, se impone desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda, con fundamento en el numeral 113, de la propia codificación. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En cuanto al domicilio y autorizados, deberá estarse a lo acordado en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se acordó lo conducente. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *************, contra actos del Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento del Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, Doctor Oscar Luis Lozada Hernández, y otra autoridad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por ...., autorizado en términos amplios de la parte quejosa, y anexos de cuenta; mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, no ha lugar a proveer en relación al contenido el escrito de cuenta, toda vez que quien lo signa resulta ser el autorizado de la peticionaria de amparo; quien de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Amparo, tiene facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la Litis constitucional. Lo anterior es así, dado que de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional exige que la demanda o ampliación de demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo; lo cual evidencia que debe contar con la firma autógrafa o electrónica de la quejosa, o en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquéllos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razonamientos, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página número 68, del Tomo XXXIII, correspondiente al mes de junio de 2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la Litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Por tanto, subsiste el requerimiento formulado y el apercibimiento decretado en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito firmado por . tercero interesado en el presente juicio de amparo, con tres copias, sin anexos; mediante el cual interpone incidente criminal por los motivos ahí expuestos; al respecto se provee: Resulta improcedente admitir y tramitar el incidente criminal que se plantea, en el presente asunto ya se dictó sentencia definitiva, la cual se tuvo por cumplida el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y se ordenó el archivo del presente juicio como concluido. Además, resulta improcedente su tramitación, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Amparo, el ordenamiento supletorio de aquélla es el Código Federal de Procedimientos Civiles, no el Código Nacional de Procedimientos Penales; y el artículo 66 expresamente prevé que en el juicio de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento, lo que no ocurre en el caso, pues la Ley de Amparo no prevé la existencia de un incidente criminal. En lo conducente, se invoca como apoyo la tesis I.12o.C.16 C sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto 2005, Materia Civil Común, página 1925, de rubro y texto: "INCIDENTE CRIMINAL. LA LEY DE AMPARO NO LO PREVÉ Y SU PROCEDENCIA ATENTARÍA CONTRA LA NATURALEZA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. La Ley de Amparo únicamente prevé la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, no así la de ordenamientos locales, esto es, no permite la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en la sustanciación del juicio de garantías. Así, el artículo 35 de la Ley de Amparo es claro al establecer que en el juicio de garantías no se sustanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente previstos en la ley y en su tercer párrafo dispone que "los demás incidentes que surjan", si por su naturaleza fueran de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin sustanciación. En este contexto, es de señalar que la aludida ley no prevé de manera alguna la existencia de algún incidente criminal en la tramitación del juicio constitucional. Ello obedece al hecho de que el juicio de garantías debe ser un medio de defensa ágil, libre de obstáculos que tengan por objeto producir el retardo innecesario de la resolución de los asuntos, conforme a ese espíritu, se advierte que la ley no establece la suspensión del trámite del juicio de garantías, salvo casos excepcionales, como el previsto en el artículo 53 de la ley de la materia, cuando se haya suscitado una cuestión de competencia y en el supuesto del artículo 101 de la propia ley, tratándose del recurso de queja. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Amparo, una vez iniciada la audiencia constitucional, sólo puede ser suspendida para tramitar el incidente de falsedad de documentos, previsto en el propio numeral. Si se admitiera a trámite el incidente criminal y con ello se suspendiera o paralizara el desarrollo del juicio de amparo, dicha actuación sería contraria a las disposiciones del ordenamiento legal invocado y la sustanciación del juicio de garantías, siendo incuestionable que el incidente criminal pugna con la naturaleza del juicio de garantías, lo que hace improcedente un incidente criminal propuesto en el juicio de amparo". En consecuencia, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, se desecha por notoriamente improcedente el incidente criminal planteado.

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