Sandra Rojas de la Cruz
Expediente 1414/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1414/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sandra Rojas de la Cruz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, sin que se haya promovido el referido medio de impugnación; en consecuencia, se declara firme dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar y se ordena el archivo como asunto terminado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta presentada por ***, por propio derecho, contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, regístrese su ingreso bajo el número *** Desechamiento. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación a cargo de este juzgado de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En cumplimiento a lo anterior, este órgano de control constitucional estima que la demanda de amparo presentada a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, debe desecharse de plano, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, es dable señalar que el acto reclamado en esta instancia constitucional es el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente SAE/204/2021 del índice de la autoridad responsable, mismo que se encuentra inmerso en la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, mediante el cual no se le permitió la comparecencia al apoderado legal de la trabajadora de nombre ***, por no haber acreditado la calidad de licenciado en derecho, de conformidad con lo estipulado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se puede concluir que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio que se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando lo reclamado no sea de los actos considerados como tales, el juicio biinstancial será improcedente. Respecto del tema, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V, de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Pues con tal precisión se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen. Bajo esas premisas, el acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente SAE/204/2021 del índice de la autoridad responsable, mismo que se encuentra inmerso en la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, mediante el cual no se le permitió la comparecencia al apoderado legal de la trabajadora de nombre ***, por no haber acreditado la calidad de licenciado en derecho, de conformidad con lo estipulado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, es un acto intraprocesal que sus efectos materiales y jurídicos y las consecuencias de dicha emisión, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pudiera ser reparada si la afectada obtiene sentencia favorable y, de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal impugnable en los términos de los artículos 170, 171 y 172 de la ley de la materia, es decir, a través del amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva. Lo anterior sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad de los acuerdos que reclama la quejosa, pues estos resultan en violaciones procesales cuyos efectos se extingue en el caso de obtener una resolución definitiva favorable en el juicio de origen. ... Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, este último en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda presentada por ***, por propio derecho.
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