Sandra Rodríguez Bolaños
Expediente 753/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sandra Rodríguez Bolaños
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la inconforme **** formula sus alegatos; al respecto, hágase de su conocimiento que no es factible tener por ejercido ese derecho, porque el veintiséis de febrero del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en donde se dictó la sentencia correspondiente, por lo que la etapa de alegatos en dicha diligencia se ha verificado. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 753/2020 promovido por Sandra Rodríguez Bolaños en contra del acto de la autoridad que se precisará más adelante. I. ANTECEDENTES De las actuaciones que integran este asunto se advierte que el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, José Areli Juárez Solano demandó a Sandra Rodríguez Bolaños en la vía de controversias del orden familiar, la convivencia con su hija menor de edad identificada con las iniciales E.Z.J.R., de ese asunto correspondió conocer al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, quien lo radicó bajo el expediente 1/2019 y admitió a trámite la demanda. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, Sandra Rodríguez Bolaños dio contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que en el auto de seis de marzo posterior, la autoridad judicial tuvo por ejercido ese derecho. Por auto de trece de octubre de dos mil veinte, el Juez primario con motivo de las manifestaciones realizadas por el actor citó a los litigantes a una audiencia de carácter familiar que se verificaría a las doce horas del veintitrés de octubre siguiente; en ese proveído se requirió a la enjuiciada para que el día de la audiencia presentara a su descendiente menor de edad identificada con las iniciales E.Z.J.R. para realizar una certificación de alineó de la citada infante, bajo el apercibimiento que de no comparecer la demandada o de no presentar a la referida niña impondría en su contra la medida de apremio consistente en una multa; ese proveído se comunicó procesalmente a la quejosa por medio de cédula de notificación del trece de octubre posterior. A través del escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, Sandra Rodríguez Bolaños promovió un incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación practicada el trece del mes y año citados; en consecuencia, pidió que se declarara la nulidad de todas las actuaciones subsecuentes realizadas en el citado contradictorio. En el proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, tuvo por recibido dicho ocurso y previno a la inconforme para que dentro del plazo de tres días precisara si el incidente lo promovía en términos de lo establecido por el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, o bien, conforme a lo señalado por el diverso 977 del propio ordenamiento para que estuviera en aptitud de dar el trámite respectivo, bajo el apercibimiento que de no atender ese requerimiento tendría por no interpuesto el aludido incidente; es necesario indicar que la autoridad judicial dispuso que ese acuerdo se notificara por medio del tablero de avisos, porque la actora incidentista no proporcionó su identificador de usuario con el cual acreditara que estaba dada de alta en la plataforma de notificaciones electrónicas de ese órgano jurisdiccional. El nueve de noviembre de dos mil veinte, se notificó a la agraviada el auto preventivo anterior, dado que el Ejecutor adscrito al citado Tribunal fijó en el tablero de avisos del órgano jurisdiccional de su adscripción la cédula de notificación a la quejosa. La inconforme estima que la actuación del órgano de administración de justicia responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE Sandra Rodríguez Bolaños promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La justiciable señaló como autoridades responsables al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, y al Secretario Judicial de su adscripción, a quienes reclamó la omisión de proveer sobre el incidente de nulidad de actuaciones que promovió el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el juicio de controversias del orden familiar 1/2019 y, como consecuencia, pidió que se declarara la nulidad de todas las actuaciones posteriores realizadas en esa controversia. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró bajo el expediente 753/2020; desechó de plano el escrito inicial respecto del acto reclamado al Secretario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, y por otro, admitió a trámite el ocurso constitucional en relación con el acto impugnado a ese órgano jurisdiccional; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme combate el acto siguiente: Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, reclama: La omisión de proveer sobre el incidente de nulidad de actuaciones que promovió el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el juicio de controversias del orden familiar 1/2019 y, como consecuencia, pidió que se declarara la nulidad de todas las actuaciones posteriores realizadas en esa controversia. V. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO No es cierto el acto atribuido al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, consistente en la omisión de proveer sobre el incidente de nulidad de actuaciones que la disidente promovió el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el juicio de controversias del orden familiar 1/2019 y, como consecuencia, pidió que se declarara la nulidad de todas las actuaciones posteriores realizadas en esa controversia. Se sostiene lo anterior, porque la citada autoridad en su informe justificado negó la existencia de esa actuación, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Además, la inexistencia de esa actuación se desprende de las diversas constancias del aludido contradictorio que la mencionada responsable remitió en copias certificadas, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, de las actuaciones que obran en este asunto y de las relativas al juicio de origen se advierte lo siguiente: El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, José Areli Juárez Solano demandó a Sandra Rodríguez Bolaños en la vía de controversias del orden familiar, la convivencia con su hija menor de edad identificada con las iniciales E.Z.J.R., de ese asunto correspondió conocer al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, quien lo radicó bajo el expediente 1/2019 y admitió a trámite la demanda. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, Sandra Rodríguez Bolaños dio contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que en el auto de seis de marzo posterior, la autoridad judicial tuvo por ejercido ese derecho. Por auto de trece de octubre de dos mil veinte, el Juez primario con motivo de las manifestaciones realizadas por el actor citó a los litigantes a una audiencia de carácter familiar que se verificaría a las doce horas del veintitrés de octubre siguiente; en ese proveído se requirió a la enjuiciada para que el día de la audiencia presentara a su descendiente menor de edad identificada con las iniciales E.Z.J.R. para realizar una certificación de alineó de la citada infante, bajo el apercibimiento que de no comparecer la demandada o de no presentar a la referida niña impondría en su contra la medida de apremio consistente en una multa; ese proveído se comunicó procesalmente a la quejosa por medio de cédula de notificación del trece de octubre posterior. A través del escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, Sandra Rodríguez Bolaños promovió un incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación practicada el trece del mes y año citados; en consecuencia, pidió que se declarara la nulidad de todas las actuaciones subsecuentes realizadas en el citado contradictorio. En el proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, tuvo por recibido dicho ocurso y previno a la inconforme para que dentro del plazo de tres días precisara si el incidente lo promovía en términos de lo establecido por el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, o bien, conforme a lo señalado por el diverso 977 del propio ordenamiento para que estuviera en aptitud de dar el trámite respectivo, bajo el apercibimiento que de no atender ese requerimiento tendría por no interpuesto el aludido incidente; es necesario indicar que la autoridad judicial dispuso que ese acuerdo se notificara por medio del tablero de avisos, porque la actora incidentista no proporcionó su identificador de usuario con el cual acreditara que estaba dada de alta en la plataforma de notificaciones electrónicas de ese órgano jurisdiccional. El nueve de noviembre de dos mil veinte, se notificó a la agraviada el auto preventivo anterior, dado que el Ejecutor adscrito al citado Tribunal fijó en el tablero de avisos del órgano jurisdiccional de su adscripción la cédula de notificación a la quejosa. Lo anterior revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto omisivo atacado no existía. En efecto, se estima que al veintitrés de noviembre de dos mil veinte -data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión de proveer sobre el incidente de nulidad de actuaciones que la justiciable promovió el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el juicio de controversias del orden familiar 1/2019 y, como consecuencia, pidió que se declarara la nulidad de todas las actuaciones posteriores realizadas en esa controversia, porque como se estableció el tres de noviembre de dos mil veinte, en el citado contradictorio, el Juez responsable tuvo por recibida la demanda incidental y previno a la inconforme para que dentro del plazo de tres días precisara si el incidente lo promovía en términos de lo establecido por el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, o bien, conforme a lo señalado por el diverso 977 del propio ordenamiento para que estuviera en aptitud de dar el trámite respectivo, bajo el apercibimiento que de no atender ese requerimiento tendría por no interpuesto el aludido incidente y esa determinación se notificó a la disidente el nueve de noviembre siguiente. Tal situación evidencia que al menos siete días hábiles antes de que la justiciable presentara su demanda de amparo, el Ejecutor adscrito al órgano jurisdiccional responsable notificó a la titular de la acción constitucional el acuerdo preventivo que recayó a su escrito mediante el cual promovió el incidente de nulidad de actuaciones en el juicio de controversias del orden familiar 1/2019 y, como consecuencia, pidió que se declarara la nulidad de todas las actuaciones posteriores realizadas en ese contradictorio. Lo anterior pone de relieve que a la data en la que la disconforme promovió el juicio constitucional, el fedatario adscrito a la autoridad judicial responsable ya había notificado la determinación que recayó a la incidencia que la justiciable planteó en el juicio natural. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su demanda de amparo pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente, porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo reclamado era inexistente es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También cobra vigencia la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En razón de lo anterior, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia del acto atribuido al órgano jurisdiccional responsable. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto al acto combatido al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, consistente en la omisión de proveer sobre el incidente de nulidad de actuaciones que la disidente promovió el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el juicio de controversias del orden familiar 1/2019 y, como consecuencia, pidió que se declarara la nulidad de todas las actuaciones posteriores realizadas en esa controversia, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sandra Rodríguez Bolaños en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no se celebró ni difirió la audiencia constitucional en la fecha que estaba señalada, cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de plazos y términos que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, a fin de reprogramar la fecha de la audiencia constitucional, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Atento a ello, se fijan las CATORCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Sandra María Magdalena Rubio Martínez838/2023
- Sandra Maribel Méndez Cruz1040/2015
- Sandra Martínez Ramírez y Otros.732/2020
- SANDRA MAYRA CERNA GARCÍA y Otros.967/2021
- Sandra Pérez Alavez662/2015
- Sandra Pérez Cruz649/2021
- Sandra Ruth Rojas Laces1793/2015
- Sandra Soledad Ramírez Sernas99/2017
- Sandra Soledad Sosa Jiménez1831/2016
- Sandra Sorely Contreras Cañas799/2021
- Sandra Zacarías Andrés880/2023
- Sandy Hernández Cruz602/2015