Sandra Rocío Rocha Muro
Expediente 580/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Sandra Rocío Rocha Muro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que transcurrió el término legal, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de esta ejecutoria. Notifíquese
- Juicio de Amparo Directo
Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causa de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "SÉPTIMO. Improcedencia. A juicio de este Tribunal Colegiado, resulta innecesario analizar tanto las consideraciones en que se sustenta la resolución reclamada, como los conceptos de violación que en su contra formula la parte actora, aquí quejosa, toda vez que se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuestión que obliga a sobreseer, atento a lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la invocada ley, conforme a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama una determinación emitida en cumplimiento de un fallo protector, por cuyos efectos, la responsable no actúa ya con plena jurisdicción para decidir; antes bien, tal autoridad debe necesariamente cumplir con los efectos precisados en el fallo protector. Sirve de sustento a lo expuesto, por identidad jurídica, la Tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal1." En el caso, la quejosa reclama el laudo de siete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 258/2017, el cual se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio de derechos 956/2019, en la que se ordenó absolver a la parte demandada Secretaría General de Gobierno del Estado (hoy tercera interesada) del pago del concepto siete ahora concepto veinticuatro, denominado prestaciones al personal. Ahora, los antecedentes relevantes advertidos del juicio laboral 256/2019, son los siguientes: I. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil diecisiete2, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, Sandra Rocío Rocha Muro demandó de la Secretaría de Administración del estado de Zacatecas, las 1 Tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83, del tomo XVIII, diciembre de 2003, página 83, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro 182624 2 Fojas 1 a 3 del expediente laboral. ?????????? siguientes prestaciones: "a) Por la retención ilegal de la prestación laboral del concepto siete estímulo a personal ahora concepto veinticuatro, por la cantidad de $5,327.87 (cinco mil trescientos veintisiete pesos 87/100 m.n.) quincenales, que se me venía pagando como un parte integral de mi salario desde el día 15 de noviembre del 2013, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 de la Ley del Servicio Civil en vigor en el Estado; b) y los que se sigan reteniendo durante la sustanciación de este juicio y su pago hasta el total cumplimiento del laudo del presente juicio a razón de $5,327.87 (cinco mil trescientos veintisiete pesos 87/100 m.n.).". II. Mediante auto de doce de septiembre siguiente3, previa aclaración, el anotado órgano laboral radicó dicho libelo con el número 258/2017; lo admitió a trámite; ordenó el emplazamiento de la autoridad demandada, Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. III. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió la contestación de la demanda y se ordenó dar vista a la parte actora con el mismo; y el siete de febrero subsecuente, se celebró la audiencia de ley, en la que se tuvo a la parte actora ratificando su demanda y a la hoy quejosa su escrito de contestación; así como ofreciendo sus respectivos medios convictivos; respecto de los cuales algunos fueron admitidos el siete de junio posterior4. IV. Seguida la secuela procedimental, el doce de septiembre de dos mil dieciocho5, se declaró cerrada la instrucción en el procedimiento de origen y, el quince de julio de dos mil diecinueve6, se dictó el laudo correspondiente al tenor de los puntos resolutivos siguiente: "PRIMERO. Que se resuelva que la Sandra Rocía Rocha Muro acreditó los presupuestos para la procedencia de acción de pago de retención de prestaciones; en tanto que la Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas, no acreditó sus excepciones y defensas. SEGUNDO. Se condena a la Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas del pago de retención de prestaciones a Sandra Rocía Rocha Muro, desde la fecha que se comprobó que no se pagó que lo fue treinta de mayo del año dos mil diecisiete a la fecha quince de julio de dos mil diecinueve, a pagar la cantidad de $271,721.37 (doscientos setenta y uno mil (sic) setecientos veintiuno pesos 37/100 m.n.), en el trabajo que viene desempeñando en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, en términos de lo expuesto en el considerado VIII, de la presente resolución. TERCERO. Que se notifique y se cumpla.". 3 Foja 9 del expediente laboral de origen. 4 Fojas 17 y 151 a 153 del controvertido de origen. 5 Foja 173 del juicio laboral. 6 Fojas 190 a 197 del juicio laboral. V. El treinta de agosto de dos mil diecinueve7, el Tribunal laboral responsable emitió aclaración del laudo respecto a los puntos que solicitó la actora Sandra Rocío Rocha Muro, en la que determinó lo siguiente: "Se condena a la Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas del pago de la retención de prestaciones desde la fecha que se comprobó que no se le pago que fue el treinta de mayo del año dos mil diecisiete a la fecha quince de julio del año dos mil diecinueve, a pagar la cantidad de $371,721.37 (doscientos sesenta y un mil seiscientos veintiuno (sic) pesos 37/100 M.N.). Así mismo, lo procedente es condenar a la demandada al pago del estímulo 07 hasta su nivelación de dicha cantidad de $5,327.87 (cinco mil trescientos pesos 87/100 m.n.) quincenales y le sea agregado al salario de la suscrita. Por parte de la demanda Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas". VI. Inconforme con el laudo señalado en párrafos precedentes y su aclaración la parte demanda Secretaría de Administración, interpuso demanda de amparo ante el Tribunal responsable8. VII. Una vez recibida la demanda en la Oficialía de Partes de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, se ordenó formar el expediente y se le asignó el número 956/2019, en el cual se emitió la resolución correspondiente el treinta de enero de dos mil veinte, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, en auxilio a este Órgano Colegiado de Circuito; ejecutoria en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de esta ejecutoria". En dicha resolución se otorgó la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "NOVENO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN OTORGADA. A fin de restituir a la amparista en el pleno goce de sus derechos fundamentales conculcados, en términos de lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo se precisa que la concesión que se le otorga es para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas realice lo siguiente: (a).- Deje insubsistente el laudo dictado el quince de julio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 258/2017 de su control estadístico y, como consecuencia de ello la aclaración del mismo dictada el treinta de agosto posterior. (b).- Hecho lo cual, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, absuelva a la demandada del pago de prestaciones que le fueron 7 Foja 200 del juicio de origen. 8 Foja 203 del juicio laboral de donde emana el acto reclamado ????????????? reclamadas." VIII. Una vez que dicha resolución causó estado, se requirió al Tribunal responsable para que diera cumplimiento a la sentencia dictada en dicho sumario, por lo que en acatamiento a dicha determinación dicha autoridad laboral procedió a emitir el diverso laudo de siete de abril de dos mil veintiuno, en el cual se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se deja insubsistente el laudo dictado el quince de julio de dos mil diecinueve y la aclaración de laudo emitido el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en los términos de la Ejecutoria derivada del A.D.L. 956/2019, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en la Ciudad de Zacatecas y en consecuencia, dictar la sentencia atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria dictada en sesión de treinta de enero de dos mil veinte. SEGUNDO. La ciudadana Sandra Rocío Rocha Muro, no acreditó los presupuestos principales de su acción, en tanto que la demandada Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas, si acreditó los extremos de su defensa; en consecuencia: SEGUNDO (sic). SE ABSUELVE a la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Zacatecas, de pagar cantidad alguna a Sandra Rocío Rocha Muro por el concepto siete ahora concepto veinticuatro, denominado estímulo al personal reclamado en el escrito inicial de demanda". Mediante resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, este tribunal laboral declaró que la autoridad responsable cumplió adecuadamente con la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 956/2019. En acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, debido a que no fue impugnada por las partes mediante el recurso de inconformidad. La información invocada con antelación, constituye un hecho notorio para los integrantes de este Tribunal Colegiado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y sólo para constancia se glosan las copias relativas al presente cuaderno de amparo. Sobre el tópico se puede citar la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista9." Dicho laudo es el que, como se precisó con antelación, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Así, del análisis de los efectos del fallo protector emitido en el precitado amparo directo 956/2019, el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, en auxilio a este Órgano Colegiado de Circuito, promovido por la parte demandada Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, contra el laudo dictado por el tribunal responsable el quince de julio de dos mil diecinueve y la aclaración de laudo emitido el treinta de agosto de dos mil diecinueve, así como de las consideraciones y del último resolutivo contenido en el laudo reclamado de siete de abril de dos mil veintiuno, se advierte claramente que este último no se pronunció con libertad de jurisdicción, sino en estricto acatamiento a los lineamientos que se le indicaron en el juicio constitucional de referencia, como es el hecho de que absolviera a la hoy tercera interesada del pago del concepto siete ahora concepto veinticuatro, denominado estímulo al personal reclamado por la actora aquí quejosa. Luego, es inconcuso que en términos del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo es improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio de amparo previo, a saber en el juicio de amparo directo 956/2019, del índice de este propio Tribunal Colegiado; por lo que analizar las consideraciones expuestas por la quejosa en sus conceptos de violación, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Lo anterior, es así, ya que la cosa juzgada radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones jurídicas que son sometidas a juicio, de modo que es una cualidad especial de los efectos de la sentencia, pues estos últimos, en virtud de la cosa juzgada material se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. En esta tesitura, la cosa juzgada representa una garantía de seguridad jurídica, porque tiene que llegar un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente sean inimpugnables y jurídicamente indiscutibles o inmutables; porque 9 Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2007, publicada en la página 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 172215 ?????????????? las decisiones del Tribunal se erigen como verdad legal y ya no pueden estar a discusión ni mucho menos reexaminarse, porque ello equivaldría a vulnerar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia cuya observancia, por cierto, es de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración10." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente 10 Jurisprudencia 57/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos veintinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 60, Tomo I, noviembre de dos mil dieciocho, registro 2018315 expediente a la ponencia de origen para que se dé cuenta al pleno. Notifíquese, por lista electrónica a la parte quejosa.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los autos del presente asunto y tomando en cuenta que mediante oficio SEADS/111/2022, de veintitrés de marzo del presente año, el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, informó la determinación aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido del cambio de adscripción del magistrado Gustavo Alcaraz Núñez, a este Tribunal Colegiado, a partir del uno de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 92 de la Ley de Amparo, llegada dicha fecha y sin que sea necesario nuevo proveído al respecto, retúrnense los autos de este asunto al magistrado en cita, a fin de que se formule el proyecto de resolución correspondiente. Por otro lado, hágase saber a las partes que este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, a partir del uno de mayo del presente año, estará integrado para resolver el presente asunto, por los magistrados Eduardo Antonio Loredo Moreleón (presidente), Pedro Guillermo Siller González Pico y Gustavo Alcaraz Núñez. Notifíquese
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