Sandra Rocío Escobedo Rivera
Expediente 1996/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1996/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sandra Rocío Escobedo Rivera
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintinueve de noviembre de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos exhibidos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
se publica el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, con efectos de notificar a la parte quejosa: Vista; la demanda de amparo presentada por Sandra Rocío Escobedo Rivera, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Bajo el cuadro normativo expuesto, se evidencia que el plazo presupuestal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo, es de quince días contados en la forma que estatuye el artículo 18, de la Ley de Amparo, que por regla general es de quince días, de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiere surtido efectos la notificación del acto reclamado, de acuerdo a la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretende reclamar; y, c) Desde el día siguiente que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Ahora la parte quejosa en su escrito de demanda, señala como acto reclamado el auto emitido por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, en el expediente civil 21/2017 de once de junio de dos mil diecisiete (sic), el cual refiere nunca fue notificada; ahora, señala la quejosa bajo protesta de decir verdad, que a las siete de la mañana del veinte de octubre de dos mil dieciocho, acudieron personas adscritas al juzgado a se ha hecho referencia, y le pidieron el desalojo inmediato del bien inmueble de su propiedad, incluso con apoyo de elementos de la fuerza pública del municipio de Guadalupe, Zacatecas y que ese día se dio cuenta de esa orden judicial. Por ello, si el sábado veinte de octubre de este año, la quejosa tuvo conocimiento que se le pretendía desalojar del bien inmueble que refiere, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a trascurrir el día hábil siguiente, que fue el lunes veintidós de octubre de dos mil dieciocho, mismo que concluyó el trece de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior en razón a que durante el mes de octubre de este año, fueron inhábiles los días veintisiete y veintiocho, mientras que en el mes de noviembre fueron inhábiles lo días uno, dos, tres, cuatro, diez y once. Luego, de la boleta de turno impresa por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, se evidencia que la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, lo que se corrobora con el sello asentado en la parte superior derecha de la demanda de cuenta, por dicha oficialía, por lo que es incontrovertible que transcurrieron en perjuicio de la parte quejosa, los quince días que concede el artículo 17, de la Ley de Amparo, para acudir a juicio constitucional. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea y con ello, se considera que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Lo anterior además, porque la quejosa no se encuentra dentro de los plazos de excepción a que se refieren las fracciones I a IV, del numeral 17 multicitado, porque en el caso no se reclama una norma general autoaplicativa; no se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; el amparo no se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, el acto reclamado tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Sandra Rocío Escobedo Rivera, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida la Fe, número uno (1), carretera a Sauceda de la Borda, en Guadalupe, Zacatecas; y, como autorizado en términos del segundo párrafo, parte final del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Hugo César Jiménez Huitrado, toda vez que no se proporcionó información que lo acredite como licenciado en derecho para ser autorizado en términos amplios, tal como lo exige el propio numeral para la materia que dio origen a este juicio (civil).
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas y el testimonio de la ejecutoria de veintitrés de noviembre del año en curso, dictada dentro del recurso de queja penal 99/2018, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja.". Anótese el registro y acúsese recibo. Por tanto, se reanuda el procedimiento en este juicio; y se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio. Consecuentemente, a efecto de acatar la ejecutoria emitida el quince de noviembre en curso, dentro del recurso de queja administrativo 79/2018, en relación a lo siguiente: "Por otra parte, en lo que sí asiste razón al recurrente, es cuando sostiene que el juez de Distrito omitió proveer en relación con el diverso acto reclamado relativo a que no se le da intervención en la indagatoria seguida en su contra, que también hizo valer en la demanda de amparo de que se trata, pues expresamente refirió: ". sin que se me dé la intervención para poder acreditar mi inocencia ya que se me deja en estado de indefensión al no saber porque delito se me acusa ni quien señala como responsable como tampoco sé cuáles son las pruebas que hay en mi contra y si éstas son suficientes para justificar dicho acto de molestia dejándome en estado total de indefensión, al privarme de mi derecho de defensa.". En ese sentido, a fin de subsanar la omisión en que incurrió el juez federal, procede que este Tribunal Colegiado declare fundado el presente recurso de queja, a fin de que el referido juzgador provea lo conducente sobre el acto omitido, en términos de los artículos 112 a 115 de la Ley de Amparo, lo que implica que este órgano revisor no puede asumir la jurisdicción que a dijo juez de Distrito le corresponde.". Se admite a trámite la demanda de amparo presentada por Salvador Guerrero Avelar, contra el acto reclamado consistente en ". sin que se me dé la intervención para poder acreditar mi inocencia ya que se me deja en estado de indefensión al no saber porque delito se me acusa ni quien señala como responsable como tampoco sé cuáles son las pruebas que hay en mi contra y si éstas son suficientes para justificar dicho acto de molestia dejándome en estado total de indefensión, al privarme de mi derecho de defensa.". Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídanse informes con justificación a las autoridades responsables. Finalmente, toda vez que por auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se reservó proveer lo conducente en cuanto al escrito presentado por el quejoso Salvador Guerrero Avelar, el treinta de julio en cita, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciocho de julio de la presente anualidad, dictado en el presente expediente, hasta en tanto se resolvieran diversas quejas, lo que en el caso ya acontece, se acuerda: Agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda el ocurso que suscribe el quejoso Salvador Guerrero Avelar, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciocho de julio de la presente anualidad, dictado en este juicio. Por tanto, con fundamento en el párrafo primero del artículo 101 de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la interposición del citado recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de no hacerlo así, se enviarán únicamente el escrito del recurso, copia del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas por el promovente del recurso y las demás que este órgano jurisdiccional estime pertinentes.
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